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Este artículo fue publicado originalmente en MANIFIESTA, un medio de comunicación enfocado en las realidades de las mujeres en Colombia. Lea el original aquí*
El pasado 21 de enero una mezcolanza de materiales escolares inundó el Parque de las Luces en el centro de Medellín: marcadores y colores, silbatos y cartulinas donde decenas de profesoras, madres comunitarias, nutricionistas, profesionales de psicología y cocina, escribían mensajes dirigidos al Alcalde Daniel Quintero.
Ese día reemplazaron los salones de clase vacíos desde hace meses por plantarse frente a la Secretaría de Educación para sentar su voz de protesta. El motivo principal: los cambios en las condiciones de contratación del programa Buen Comienzo, que empleó durante años a fundaciones, asociaciones y corporaciones de base comunitaria ubicadas a lo largo de los barrios y comunas de la capital de Antioquia.
Aproximadamente 33 fundaciones, llamadas “oferentes” dentro de este programa y política pública de atención a la primera infancia, se enteraron a través del noticiero Telemedellín que ya no podrían ser contratistas de Buen Comienzo para 2021, pues debían estar inscritas en el Banco Nacional de Oferentes de la Primera Infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF.
Yolanda Gómez Delgado, directora de la Fundación Salas Cunas Gota de Leche, asegura que el cinco de enero les llegaron los requerimientos técnicos, jurídicos y financieros para preparar la documentación, pero no estaba ese requisito. “Según ellos, eso le daría calidad al servicio, lo cual es rotundamente erróneo”, dijo Gómez, cuya fundación tiene 103 años de existencia, certificación del Icontec y reconocimiento entre las familias de los barrios que atienden.
De acuerdo con el concejal de Medellín por el partido Alianza Verde, Daniel Duque, esta condición fue una excusa para dejar por fuera a casi el 40% de prestadores y prestadoras del servicio en Medellín, pues el banco de oferentes del ICBF está cerrado desde octubre del año pasado. “Se necesita tener un padrino político para entrar”, dijo el concejal en el panel de Lunes de Ciudad del 8 de febrero.
Lo que es cierto es que hoy, a 18 de febrero de 2021, varios jardines infantiles en modalidad de atención por ocho horas no han comenzado a operar, especialmente los de barrios periféricos como El Pacífico o el Trece de Noviembre. “Le he estado preguntando a las profes y me dicen que por ahora no hay información de cuándo se inicia”, cuenta Roselyn Ediluz Díaz Suárez, la mamá de Gabriel.
Roselyn tiene 25 años, es venezolana y tiene otros dos hijos: Diego, de nueve años que estudia en una institución pública de la ciudad, y Miguel Ángel, de dos, a quien iba a inscribir en el jardín de Buen Comienzo del barrio Las Golondrinas cuando llegó la pandemia por la COVID-19.
Vive con su padre de 53 años y su esposo en este barrio, el último de la comuna 8 (Villa Hermosa). Desde allí se observa todo el Valle de Aburrá y no hay senderos con jardineras a los lados o calles pavimentadas. En cambio, hay escaleras de barro rodeadas por maleza, casas de madera con techos de zinc acuñados por ladrillos para evitar que se los lleve el viento o las lluvias y desagües de PVC sin pintar. El barrio aún no existe en el Plan de Ordenamiento Territorial.
En 2019, Roselyn se sostenía con su trabajo como empleada doméstica. Iba a las casas que le permitieran llevar su hijo más pequeño, mientras Gabriel iba a estudiar al jardín de Buen Comienzo. Pero la pandemia acabó con su trabajo, confinó a sus hijos en su casa y obligó a su esposo a trabajar los siete días de la semana como obrero de construcción para compensar las horas que ella no podía hacerlo.
“Nos ha hecho mucha falta tener a Gabriel en Buen Comienzo. Él me pregunta qué tareas hay para hacer y por más que uno le dé colores, no tiene la formación que tenían sus profes para enseñarle”, asegura Roselyn. “Además, nos servía mucho el kit alimentario que recibíamos cada semana. Aunque me decían que era solo para él, tengo tres hijos y es importante darles a todos”. La última vez que la familia de Roselyn pudo acceder a estos alimentos fue el 18 de diciembre de 2020, cuando terminó el año lectivo en el Buen Comienzo de Golondrinas.
Algunos kilómetros más allá, al nororiente de Medellín, Natalia Gaviria Jaramillo con su hijo Isaac, un bebé de quince meses, parece repetir la historia de Roselyn. Ella vive en Playón de los Comuneros, barrio de la comuna 2 (Santa Cruz) y también tiene otro hijo de nueve años. Durante 2020 su bebé recibía un complemento alimentario cada mes o mes y medio, junto con una bolsita con materiales didácticos.
“Crearon un grupo de WhatsApp y cuando nos entregaban el complemento, nos mandaban videos que nos explicaban qué actividad debíamos hacer y debíamos mandar la foto, la evidencia. Y así cada semana”, cuenta.
Natalia es ama de casa desde que nació su hijo pequeño y describe su hogar como un caos total desde que inició la pandemia, pues está encargada de todo y debe hacer tareas con su hijo mayor. “Varias veces no hice las actividades del bebé”, admitió. “Si antes no tenía un tiempo para mí sola, ya mucho menos estando todo el día acá con ellos. Se siente más el estrés”.
En el hogar de Natalia el complemento del bebé suavizaba un poco la carga económica, hoy asumida totalmente por su esposo. “En noviembre del año pasado nos dijeron que iban a entregar el último complemento del año y el grupo de WhatsApp lo eliminaron. Que este año volvían a crear otro y nos informaban. No dijeron nada más, no me dijeron de inscripciones ni qué había que llevar. No hubo acompañamiento”, describe Natalia.
También contó que del programa les mandaron un enlace web para hacer la prematrícula que promovió la Alcaldía para el año siguiente. Pero cuando entró, aunque aparecía el documento de Isaac, la plataforma no le permitió identificarse como su madre. “Tuve muchos inconvenientes para hacer ese registro porque mi documento no aparecía, entonces lo dejé así”, dice.
Gabriel, el hijo de Roselyn, sí se prematriculó, aunque no ha recibido información. Fueron los agentes educativos de la Fundación Mundo Mejor, que hasta el año pasado operó en el jardín de Golondrinas, quienes ayudaron a la madre en el proceso. Pero a Isaac lo atendían en la Acción Comunal del barrio Pablo VI. Natalia nunca conoció el nombre de la fundación contratista en la que estaba inscrita su bebé. Por eso no ha tenido con quién comunicarse ni sabe a quién llamar.
Los cambios en la alcaldía de Daniel Quintero
“En Buen Comienzo durante años se contrató a dedo a entidades sin exigir requisitos técnicos y financieros, sin propuesta pedagógica y con estándares inferiores a los exigidos por ICBF. Habían irregularidades inaceptables. Si cumplen requisitos podrán operar en otro caso, no”. Así respondió por Twitter el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, el mismo día que docentes, psicólogos, nutricionistas y auxiliares hicieron el plantón en el Parque de las Luces para exigir garantías laborales este 2021.
Al día siguiente, Quintero explicó en una rueda de prensa que a quienes no participaban del banco de oferentes del ICBF se les permitiría demostrar ante la Alcaldía que tenían las condiciones mínimas para operar este año. Luego de eso los 33 oferentes recibieron la nueva relación técnica de cómo iban a funcionar en 2021, con la pandemia por el COVID-19 aún presente y la necesidad de tener que educar en alternancia.
De acuerdo con documentos de esta invitación, el costo de atención por cada cupo de una niña o un niño disminuyó, pero el número que cada docente atendía aumentó. Cada oferente recibirá por la atención de cada niña o niño recibió $333.814 en 2020, y en 2021 recibió $266.569: una rebaja de casi $68.000. La tarifa de alimentación mensual también bajó: pasó de $132.520 a $68.640. Casi la mitad.
Cuando se le preguntó a la directora de la Unidad Administrativa Especial del Programa Buen Comienzo, Vivian Puerta, a qué se debía esta baja en el presupuesto, contestó que anteriormente los nutricionistas y psicólogos hacían parte de la nómina de los oferentes y lo que hará el programa en 2021 será conformar su propio equipo de 330 personas que irían a las 16 comunas y 5 corregimientos de la ciudad. Además, explicó, esperan que cada profesora atienda a 36 niños por jornada: 12 en presencialidad, 12 en una contrajornada virtual y 12 más en actividades asincrónicas.
Así, las niñas y niños que asistan a sus centros educativos pasarían cuatro horas con sus docentes, tres días a la semana. “Aunque fuera cuatro horas, lo mandaría para que él aprenda, porque las maestras de allá saben qué es lo que están haciendo, uno casi no. Y para poder tener tiempo para mí, para que me rinda acá en la casa”, opina Natalia.
Sin embargo a Roselyn se le complicaría la vida, porque necesita encontrar un trabajo este año. “No son las mismas horas, ¿dónde voy a encontrar un trabajo que me permita ir y venir en ese tiempo?”, se pregunta, pues el bus que la lleva al centro de la ciudad puede tardar hasta dos horas en subir y bajar desde Golondrinas.
“La alcaldía está olvidando que Buen Comienzo no es una hoja de Excel”, sentenció Juan Calle en el evento de Lunes de Ciudad. Él fue mentor pedagógico del programa, agente educativo, es experto en primera infancia y estuvo en el programa hasta 2020. “Los que hemos sido docentes sabemos la energía que esto requiere”, opinó sobre la carga laboral de las profesoras en la nueva relación técnica que propuso la Alcaldía.
Este mentor teme que los agentes educativos sufran el “síndrome del quemado”, es decir, estallar con obligaciones laborales, pues dice que la educación se fundamenta en relaciones con seres humanos. “La primera figura de referencia para un niño es su agente educativo, después de los padres. Lo que está logrando Buen Comienzo con este esquema es una cantidad infinita de docentes separadas de su vocación, de lo que las pone a vibrar”.
Lizeth Marcela Cataño Rúa, licenciada en Educación Preescolar del Tecnológico de Antioquia y agente educativa de Buen Comienzo desde 2013, piensa parecido a Calle. Liz, como le gusta que le digan, tiene 30 años y vive con su mamá y su gato en la comuna 3, Manrique. “Educar es formar vínculos afectivos”, dice, mientras que cuenta que aún conserva amistad en Facebook con muchas de las madres que conoció en Buen Comienzo.
Liz supo durante siete años lo que era madrugar y viajar hasta la otra banda de la ciudad, a comunas como la 7, Robledo, o la 13, San Javier, encartada con una “BarnieBolsa” donde cargaba cartón paja, marcadores, su computador, planillas de asistencia, entre otros materiales didácticos. También conoce muy bien la incertidumbre que se repetía cada diciembre, enero y febrero de todos los años causada por un contrato de prestación de servicios.
“Cuando uno termina una jornada llega a trabajar a la casa, a escuchar a la coordinadora, enviar correos electrónicos. Los lunes teníamos siempre capacitaciones. No es pegar un Piolín en la pared y ya”, cuenta.
En San Javier, comuna que fue el lugar de trabajo de Liz durante dos años, vive Yaritza Berrío, en el barrio Antonio Nariño. Es madre de una niña de dos años y le da la razón a la docente: “no es lo mismo un acompañamiento como mamá que una persona realmente preparada para educar”. Yaritza es ama de casa y cuando puede, trabaja como independiente. Asegura que en realidad necesita el acompañamiento para la niña y para ella misma, pues se la tiene que dejar a su mamá cuando trabaja y cuando se queda con ella le “brega” a enseñar lo poco que sabe. “Mi mamá y yo tenemos un horario donde le enseñamos a la niña a hacer rayitas, bolitas, rasgar papel. Pero no es lo mismo”, describe.
“Solicité el cupo para la niña este año y quedaron que nos avisaban a partir del 20 de enero. Luego nos llamaron y nos dijeron que teníamos que ir a retirar los papeles porque no se había firmado contrato con la Alcaldía”, narra sobre lo que le ocurrió con el oferente de Buen Comienzo de su barrio, la Asociación Amigos de los Niños.
Optó por ir entonces a otro jardín de Buen Comienzo, el del barrio El Socorro, donde prematricularon a la niña y le quedaron de avisar. “Este es el momento que no nos han llamado, no nos han dicho nada”, se queja Yaritza.
“Fue como cerrarnos la puerta inmediatamente”
Buen Comienzo es un programa de la Secretaría de Educación de Medellín cuya atención se desglosa en tres modalidades: Entorno Familiar (niños de cero a 23 meses), institucional de ocho horas y jardines infantiles (ambos para niños de dos a cinco años). Se creó en la alcaldía de Sergio Fajardo, con el Acuerdo Municipal 14 de 2004 para atender a las familias más vulnerables y actualmente llega a todos los estratos socioeconómicos de Medellín.
En esa época Buen Comienzo era el único programa del país que tenía recursos propios para atender de forma integral a la niñez. Fue entonces cuando el ICBF le solicitó ayuda a Medellín para crear el programa nacional De Cero a Siempre.
Comenzó a operar en cinco Ludotekas del INDER (Instituto de Deportes y Recreación de Medellín) y en 2010 se aprobó e inició la construcción de 16 jardines infantiles, siete de los cuales se entregaron un año después cuando el Programa se convirtió en la Política Pública de Atención Integral a la Primera Infancia a través del Acuerdo Municipal 058 de 2011.
Cuando Aníbal Gaviria llegó al poder, en 2012, Buen Comienzo dejó de ser una dependencia autónoma y empezó a ser parte de la Secretaría de Educación. Y cuando Federico Gutiérrez fue alcalde (de 2016 a 2019), la secretaría decidió cerrar el banco de oferentes, es decir, el medio por donde una institución se podía postular, año tras año, a ser un operador de este programa. Durante el mandato de Gutiérrez y por contratación directa regulada por la Ley 1150 de 2007, se entregaron los contratos a organizaciones que trabajaban con el programa desde que inició.
En medio de la polémica por el cambio en las condiciones de la contratación y su posterior retraso este 2021, Vivian Puerta, la directora de Buen Comienzo, el Secretario General del municipio, Jhonatan Villada, y el personero de Medellín, William Yeffer Vivas Lloreda, convocaron a otra rueda de prensa para anunciar que la Alcaldía denunció a una de las organizaciones oferentes, la Fundación Carla Cristina, por falsedad en documento público y fraude procesal. La denuncia se debió a que presentaron un documento con fecha de 2021 y en realidad había sido expedido en 2019.
Esto terminó siendo un lunar administrativo para una fundación que llevaba más de 10 años como oferente del programa y atendía alrededor de 1.595 niñas y niños a quienes tendrán que buscarles otros centros de atención, otras profesoras. Con quienes se tendrá que construir un vínculo afectivo nuevo. También es la organización para la que Liz trabajó como profesora y nos contó que allí, como profesional, sintió que estaba en el lugar correcto; por eso la defiende.
Distintos agentes educativos estuvieron también presentes en esa rueda de prensa y cuando las cámaras se esfumaron, la directora Vivian Puerta charló con ellos. Tanto agentes de Carla Cristina como de otros oferentes manifestaron su apoyo a la fundación y le preguntaron a la directora qué iba a pasar con su futuro laboral.
Aunque Puerta les aseguró que no los iba a dejar solos, una de ellas le expresó: “nosotras trabajamos en uno de los sectores más vulnerables de Medellín, Bello Oriente, de Santo Domingo para arriba (comuna 1, Popular), donde hay mucha necesidad y carencia, donde las familias no tienen internet, ¿qué va a pasar con esos niños?”.
Lo mismo se pregunta Liz cuando piensa en cuántos niños de Santo Domingo Savio a las 10 de la mañana ni siquiera se han tomado una aguapanela, porque asegura que el momento más difícil de sus días de profe era cuando se daba cuenta de la realidad de los barrios.
“Un día subí, encartada y con un solazo, a visitar a una mamá gestante. Ella me ofreció limonada, pero era más el agua que el limón y el azúcar. Me fui pensando: ¿se alimentará bien? No toma leche, no consume calcio, no tiene nevera. Salí con el corazón arrugado. La realidad es fuerte, te das cuenta de que son familias que si tienen para desayunar no tienen para almorzar o comer”, relata Liz. Mientras tanto, Yaritza continúa levantándose a las cuatro o cinco de la mañana para organizar a los niños y llevárselos a su mamá para salir a buscar trabajo. “Todo fue como cerrarnos la puerta inmediatamente, porque nos dijeron: ‘retiren los papeles de la niña que este año no se firmó’, pero el programa seguía siendo particular y así no nos da”, cuenta.
Buen Comienzo en entredicho
El concejal Daniel Duque denunció en su cuenta de Twitter que, aunque a los oferentes les exigieron requisitos y documentación nueva, por otro lado la Alcaldía pensaba entregar los cupos de modalidad Entorno Familiar -niñas y niños de 0 a 23 meses- a la Corporación Colombia Avanza, cuyo representante legal es el exconcejal de Bello para el periodo 2007 – 2011 Henry Paulison Gómez Montoya.
Duque presentó un documento donde se evidencia que Colombia Avanza realizó la solicitud para ingresar al banco de oferentes del ICBF apenas en 2019, requisito exigido por la Alcaldía pero, como expresaron las fundaciones, jamás se había solicitado antes, pues siempre contrataban directamente con la Secretaría de Educación por decisión dell antecesor de Quintero, el exalcalde Federico Gutiérrez.
El concejal también advirtió la relación del exconcejal de Bello con la familia Suárez Mira, asociados al poder político de este municipio del norte del Valle de Aburrá, con algunos de sus miembros procesados por diversos delitos. César Suárez Mira, exalcalde de Bello, fue acusado y posteriormente absuelto por falsedad en documento público y Óscar Suárez Mira, excongresista, fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por enriquecimiento ilícito.
Además, una nota de prensa de La W Radio asegura que en campaña, el señor Henry Paulison Gómez le donó refrigerios, bebidas alcohólicas y consiguió la sede de campaña del Grupo Significativo de Ciudadanos Independientes, por el que Quintero aspiró a la alcaldía.
En medio de las movidas políticas, la directora Vivian Puerta dio como fecha clave el 15 de febrero para comenzar a operar la modalidad Institucional de Buen Comienzo. Pero hoy no está contratada la mayoría de oferentes del programa y tampoco las 330 personas de roles psicosociales y de nutrición para atención integral desvinculada de cada centro educativo. Tampoco existe hasta el momento un convenio o contrato para interventorías.
Medellín cuenta aproximadamente con 175 mil niñas y niños entre cero y cinco años, de acuerdo con Medellín Cómo Vamos (la alianza interinstitucional privada que analiza la calidad de vida en la ciudad) de los cuales más de 8.000 padecen de desnutrición crónica. Esta se relaciona con problemas de crecimiento y consecuencias irreversibles para el desarrollo cognitivo de las niñas y los niños.
El Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020-2023 tiene las metas de atender, a través de Buen Comienzo a 104 mil niñas y niños para el final del cuatrienio; y de disminuir la desnutrición crónica en 3 puntos porcentuales (de 7,4% a 4,4%). Sin embargo, Medellín Cómo Vamos advirtió que en el Plan de Desarrollo “no se mencionan proyectos específicos que apunten al logro de la meta de la reducción de la desnutrición y tampoco se incluyó el indicador de mortalidad por casos de desnutrición en menores de 5 años”. Juan Calle explicó en Lunes de Ciudad que el ADN de Buen Comienzo solía ser tener en el corazón de cada barrio y comuna a un equipo de atención integral que garantizara educación, nutrición y análisis psicosocial, cuando se creó el programa.
Hoy, cuando ya no hay un equipo integral en cada centro y los oferentes solo contarán con un profesional de psicología por cada 720 niños, Medellín parece estar concibiendo la desnutrición como una condición de vida normalizada para los barrios más vulnerables de la ciudad.
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