Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Este 19 de octubre el Ministerio de Educación emitió un comunicado en el que advierte de una grave situación que se está presentando en la comunidad educativa del Chocó: varios alumnos y profesores han recibido amenazas.
Los alumnos y los maestros pertenecen a la Universidad Tecnológica del Chocó - Diego Luis Córdoba, y en los últimos días han estado participando de Asamblea Triestamentaria.
“Hemos comunicado una alerta temprana a la Fiscalía General de la Nación, a la Policía Nacional, a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio del Interior y en general, a los entes de control competentes, para que se activen rutas que permitan, en el marco de sus competencias, atender esta situación en vía de salvaguardar la integridad y la seguridad de las personas que han sido amenazadas y en general de la comunidad de la Universidad”, indica el Mineducación a través de un comunicado.
Así mismo, señala que “rechaza cualquier forma de agresión contra los estamentos de la institución”. Además, pide a toda la comunidad que proteja y rodee a los estudiantes, y le solicita a la administración de la institución que genere espacios seguros que garanticen el diálogo constructivo y los derechos fundamentales de todos los miembros.
¿Qué es lo que sucede en la U. Tecnológica del Chocó?
Este año, la Universidad Tecnológica del Chocó no ha estado libre de controversia. Quien estaba a la cabeza, como rector, había sido destituido por la entonces ministra de Educación, Aurora Figueroa, debido a unas supuestas irregularidades que se estaban presentando al interior de la institución.
Sin embargo, a inicios de septiembre, un juez administrativo de Quibdó ordenó reintegrar en el cargo al rector David Emilio Mosquera. El juez consideró que Mosquera tiene derecho a estar en el cargo mientras avanza el proceso de investigación. Su período va hasta el 18 de noviembre de 2024.
La Procuraduría General de la Nación fue la otra entidad que también se involucró en ese proceso. Hace un mes se conoció que abrió una investigación contra Mosquera y otros exfuncionarios de la institución por una serie de presuntas irregularidades en un contrato en el que, al parecer, hubo falsificación de una firma y la indebida destinación de recursos del Sistema General de Regalías.
De acuerdo con la Procuraduría, las posibles irregularidades se habrían cometido en un proyecto de inversión para el mejoramiento del sector maderero, financiado con $15.500 millones provenientes de regalías. Uno de los puntos que investiga el ente de control es la posible falsificación de la firma de Palacios Mosquera en una resolución en la que la universidad realizó un pago a la empresa interventora, la Corporación Bienestar Verde.
👩🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚