“No acostumbro a usurpar cargos públicos”: Leopoldo Múnera

Cuando su nombre ganó la consulta entre los estudiantes y el cuerpo de profesores de la Universidad Nacional —35 % contra 8 % que obtuvo el rector designado por el Consejo Superior Universitario (CSU)—, ¿se imaginó que un mes después ese centro educativo estaría en medio del caos que vive hoy? ¿Creyó que usted sería confirmado en ese cargo o conocía el rechazo que su candidatura provocaba en varios miembros del Consejo?

Gané la consulta en los tres estamentos: estudiantes, profesores y egresados. Por los resultados de esa consulta, el programa presentado y los méritos académicos, consideré que me podían designar como rector. Pero no me imaginé que el Consejo Superior Universitario adoptaría una decisión que no tuviera en cuenta la legitimidad y legalidad del proceso. Sabía que al menos tres integrantes del CSU no compartían algunas propuestas que le hice a la comunidad, que la ministra y las dos delegadas del presidente se comprometieron a votar por quien ganara la consulta, y que la representante estudiantil, en forma expresa, y el representante profesoral, durante su campaña para ser integrantes del Consejo, aseguraron que iban a respetar el voto de sus respectivas comunidades.

Por lo que se supo después, ni la representante de los estudiantes ni el de los profesores cumplieron su promesa de respetar la decisión de sus comunidades pues votaron en su contra y lo hicieron a favor del candidato de la rectora saliente, Dolly Montoya; es decir, del profesor Ismael Peña. ¿Cómo se explica ese cambio de posición?

Ellos dos incumplieron el compromiso que tenían con las comunidades que representaban, y lo hicieron porque están de acuerdo con otros tres integrantes del Consejo Superior en cuanto al proyecto de universidad que impulsan: un centro universitario de venta de servicios académicos.

¿Cómo así “venta de servicios académicos”? Eso ¿qué quiere decir?

Que han fijado el eje de la universidad en su función de extensión mercantilizada: se le vende el servicio académico a quien esté dispuesto a comprarlo o adquirirlo.

Usted y la comunidad universitaria que lo apoya sabían que respetar los resultados de la consulta no era obligatorio y que, por tanto, no tenía que ser acatada por los miembros del Consejo. Pese a ello, persiste y crece el rechazo a la designación del profesor Peña. ¿Cómo se entiende esa divergencia?

De acuerdo con la normatividad interna, la consulta no es vinculante, pero debe ser tenida en cuenta para la designación del rector; es decir, debe constituir uno de sus criterios relevantes. El rechazo persiste y crece por la indignación de estudiantes, profesores, trabajadores y egresados ante una decisión que consideran arbitraria y no ha tenido ninguna justificación razonable y pública. Además, el procedimiento que se empleó fue manipulado para eliminar, antes de la decisión final, al candidato con mayor votación en la consulta.

¿En qué se notó la que califica como “manipulación” del procedimiento?

La manipulación del proceso consistió en la eliminación del candidato que tuvo mayor favoritismo en la consulta mediante la utilización de un método de votación ponderado que es inaplicable según las normas de la universidad. Esas normas, por el contrario, contemplan la formación de la mayoría absoluta para la elección del rector.

Fue el resultado que dio el llamado “método Borda”. ¿Cómo fue aplicado y en qué consiste?

Aplicaron el voto ponderado para designar a quien tuviera el menor rechazo o desfavorabilidad entre los miembros del Consejo Superior (en lugar de elegir al candidato preferido por la mayoría). Es la primera vez que ese método se emplea para escoger al rector y se opone a la normatividad de la universidad.

Para usted, ¿es cierto que, tras el extraño método aplicado para elegir al profesor Peña se encuentran varios exrectores incluyendo a la recientemente retirada de ese cargo, Dolly Montoya?

La mayoría de los exrectores apoyaron el nombramiento de Peña, tal como lo hizo la profesora Montoya.

Pero ¿por qué? ¿Qué los motiva a forzar esa designación?

Como dije antes, son afines al proyecto de universidad que, en general, implica la continuidad de las políticas implementadas durante sus administraciones con el respaldo de los gobiernos de turno, que participaron en su designación como rectores.

En conclusión, ¿se puede afirmar que los gobiernos de Duque, Santos y Uribe —para mencionar solo los del siglo XXI—, ejercieron, durante sus cuatrienios, influencia en la elección de rector de la Nacional y que, a cambio, los designados se comprometieron a aplicar ciertas políticas educativas?

Yo no diría “a cambio de”, sino que los rectores designados tenían afinidad con las políticas del gobierno de turno.

¿Por qué la mayoría de miembros del Consejo Superior prefiere mantener en secreto el voto que depositó a favor de Peña y en su contra (aunque han dicho que es para resguardar su seguridad, puesto que han recibido amenazas)?

La seguridad de los integrantes del CSU, como la de los jueces, se puede resguardar con medidas de protección. No se requiere el voto secreto. Este garantiza el anonimato y el cambio repentino de las preferencias de los votantes, como sucedió entre la primera y la segunda ronda de votación. En la primera, cinco integrantes del Consejo Superior Universitario me dieron la mayor votación; en la segunda ronda, dos de ellos me asignaron la más baja, unos minutos después.

¿Quiénes fueron los dos que cambiaron tan drásticamente de opinión?

De acuerdo con lo que se ha publicado se puede inferir quiénes son pero, como no conocemos el texto completo de las actas, prefiero no decir sus nombres.

Peña ha dicho que no se “aferra al cargo”, sino que está defendiendo la autonomía de la Universidad Nacional. ¿Cuál es su opinión al respecto?

La designación y autoposesión ilegal del profesor Peña constituyen una violación grave de la autonomía universitaria, que no debe ser permitida en el sistema de educación superior colombiano.

Entonces, ¿la autonomía universitaria también se ha convertido en un arma ideológica en disputa? Lo digo porque hoy todos argumentan que la defienden…

No me gusta el término “arma ideológica”, pero se puede decir que el significado de la autonomía universitaria es motivo de controversia en estos momentos.

Aparte de la duda jurídica sobre la legalidad de la “posesión” del profesor Peña en una notaría, ¿cómo evalúa ese inédito acto y su respaldo a este por parte de la mayoría de miembros del Consejo Superior?

Es un acto desesperado que no produce efectos jurídicos y constituye, precisamente, una clara violación de la autonomía universitaria por parte de quien, después, se proclama como su defensor.

Por tratarse del más grande e importante centro de educación superior del país, sorprende el áspero rumbo que ha tomado el debate, ajeno a la academia pero común en ambientes partidistas o de ambiciones personalistas. Entonces, ¿puede ser verdad que la mayoría del CSU pretende retener el control administrativo de la universidad con criterios políticos e ideológicos más que por intereses académicos?

Quienes votaron a favor de designar al profesor Peña como rector no dieron argumentos a partir de criterios académicos, sino de sesgos subjetivos relacionados con su posición política y su concepción de universidad. Para una parte importante de la comunidad universitaria no es claro por qué se aferran al control administrativo de la Nacional.

Para comprender bien, ¿el control administrativo de la universidad es necesario para manejar el presupuesto de casi $3 billones asignado en 2024, pero ¿también para orientar el carácter académico y el rumbo de las investigaciones en la Nacional?

Desde luego. Mediante el control administrativo se pueden definir todas las actividades de la universidad y el cumplimiento de sus tres funciones: docencia, investigación y extensión (interrelación con la sociedad).

La ministra titular de Educación, Aurora Vergara, quien se ha negado a firmar la designación de Peña, se declaró impedida para continuar interviniendo en el desarrollo de este conflictivo proceso. Se designó como ministro ad hoc a Juan David Correa, de la cartera de las Culturas. En cuanto a usted, ¿acatará lo que él resuelva?

Acataré los resultados mientras estén amparados por la presunción de legalidad o por la legalidad misma. Resulta paradójico que quienes afirman defender la institucionalidad la desconozcan cuando no les conviene o cuando no corresponde a sus intereses. La captura de la autonomía universitaria y su utilización en función de intereses particulares por parte de los integrantes del CSU que designaron a Peña como rector ha llevado a las medidas de vigilancia adoptadas por el ministro ad hoc.

Justamente en estos días han llovido críticas en contra del ministro ad hoc debido a que dio plazo al Consejo Superior para nombrar a un rector provisional mientras se resuelve el conflicto. Casi de inmediato, la Procuraduría de Margarita Cabello le abrió investigación disciplinaria a Correa por presunta extralimitación de funciones. ¿Sí se estarían destapando intereses políticos ocultos en la universidad?

Creo que se están conociendo públicamente intereses que han estado ocultos en la universidad durante muchos años, que han incidido en el nombramiento de varios rectores.

Usted y dos reputados juristas que han sido profesores en la Universidad Nacional (Rodrigo Uprimny y Alberto Yepes) presentaron demanda de nulidad contra el nombramiento de Peña. ¿Cuáles son sus argumentos?

1. Designación irregular de rector por la utilización del “método Borda”. 2. Falta de competencia para reformar el estatuto general de la universidad y las normas que regulan la adopción de las decisiones en el CSU en ese proceso. 3. No aplicación del principio de mayoría absoluta, pues fui elegido en la primera ronda de votación: cinco votos de ocho, con el puntaje superior. 4. Violación de la libertad de elección de los integrantes del Consejo Superior al imponer la eliminación de candidatos y no permitir que se votara por uno de los cinco en cada ronda hasta la definitiva. 5. Desviación de poder debido a la manipulación del proceso. 6. Falta de motivación y desconocimiento de normas superiores relacionadas con los principios de transparencia, publicidad y participación.

La intensa discusión en el Consejo Superior Universitario y sus decisiones han derivado en violencia física en el campus y sus alrededores. Quienes participan en las protestas manifiestan —en cartelones y pancartas— rechazo a Peña y, muchos, respaldo a su nombre. ¿Se siente responsable, de alguna manera, por los actos vandálicos desatados?

No, no me siento responsable. Desde el comienzo propuse la desobediencia civil, que se caracteriza por la no violencia. En toda mi carrera académica he criticado, sin ambigüedades, el uso sistemático de la violencia en algunas expresiones de la protesta estudiantil. Las manifestaciones violentas tienen su dinámica dentro de la protesta universitaria que la deslegitima y dificulta el logro de sus objetivos. En los últimos años, ese tipo de actos ha aumentado debido a la distancia que separa a la administración de las reivindicaciones estudiantiles, y al sentimiento de frustración de los alumnos ante la imposibilidad de transformar la universidad por los canales institucionales, además de los efectos del conflicto armado en los campus. Es más: mi permanente crítica a la utilización de la violencia en la protesta estudiantil ha producido el rechazo expreso de quienes la usan o estiman legítimo hacerlo.

Está a punto de ser cancelado el semestre académico con perjuicio para toda la comunidad. ¿Haría alguna propuesta para evitar la pérdida de este periodo de estudios para estudiantes y el cuerpo profesoral?

En carta dirigida a la comunidad universitaria y antes de la adopción de las medidas de vigilancia, hice una propuesta: la de nombrar a un rector encargado que garantice a todos la transición institucional hasta cuando sea designado un rector en propiedad con el cumplimiento de los requisitos legales, y hasta cuando se posesione ante la autoridad competente y la comunidad académica.

Por todas sus manifestaciones y decisiones, supongo que está seguro de que el rector legítimo de la Nacional es usted. No obstante, si no se llegara a un consenso universitario o jurídico, ¿estaría dispuesto a hacer a un lado su candidatura y propiciar una tercería que no incluya su nombre ni el de Ismael Peña?

No soy “el rector legítimo”, pues no he sido designado y no acostumbro a usurpar cargos públicos ni autoposesionarme ante testigos para luego protocolizar el acto en una notaría. Una “tercería”, como usted la llama, implicaría desconocer el proceso legítimo que se hizo hasta el momento de la designación, e ignorar la voluntad mayoritaria de la comunidad universitaria en la consulta. No le encuentro ninguna justificación a esa propuesta, que estaría orientada a negarle a la comunidad su participación para elegir autoridades académicas como consecuencia de un acto ilegal e ilegítimo del CSU; es decir, implicaría avalar un procedimiento similar al de la designación de Peña como rector. El Consejo Superior debe designar al rector en una sesión que respete los reglamentos de la Universidad Nacional de Colombia, las leyes y la carta política.

Para concluir: en la universidad se empieza a debatir la necesidad de adelantar una especie de “constituyente” interna. ¿Sabe en qué consistiría y con cuáles propósitos se haría?

En la comunidad académica se viene hablando del proceso constituyente universitario desde hace varios años. No es una discusión reciente. Ese proceso consistiría en adelantar un trabajo colectivo con el fin de redefinir el sentido, la organización y el gobierno de la universidad pública colombiana.

¿Disputa por el rector o por el poder en la Nacional?

La Universidad Nacional está en medio de una “guerra” desatada, allí, desde el 21 de marzo, hace casi dos meses, cuando el Consejo Superior Universitario (CSU) del mayor centro de educación superior del país, designó en el cargo de rector a José Ismael Peña quien fue vicerrector de la saliente cabeza de esa institución, Dolly Montoya. Montoya es una de los ocho miembros del Consejo y, según varios observadores del estropeado proceso, también es la persona que manejó los hilos del poder que ella detentaba en las instancias académicas para dejar, en su reemplazo, a su amigo y cercano funcionario. La disputa que surgió en cuanto se supo que el elegido era Peña, se produjo porque, antes de la decisión del CSU, se había realizado una consulta entre estudiantes, profesores y egresados que dio amplio margen de favoritismo por el profesor Leopoldo Múnera. El hecho de que el resultado de la consulta de la comunidad universitaria se hubiera desconocido, no solo creo malestar en el campus. Además de violentos actos de protesta que todavía continúan, destapó la que parece ser una confrontación entre quienes han sido rectores elegidos con apoyo de gobiernos tradicionales, y los estamentos que se sienten representados por Múnera.

Peña, un profesor cercano a la exrectora Dolly Montoya

De José Ismael Peña, el polémico rector escogido por la mayoría de los miembros del Consejo Superior de la Universidad Nacional pero en contravía de los resultados de la consulta interna entre los miembros de la comunidad académica, no se sabía mucho antes de su designación. Su nombre y figura, sin embargo, han estado presentes, durante las últimas semanas, en todos los medios de comunicación por el rechazo argumentado, de una parte, pero también violento, de la otra parte, a su elección. De Peña se conoce, ahora, que ha sido profesor en las facultades de Ingeniería por varios años y, también, que fue, presuntamente, privilegiado por la recién retirada rectora Dolly Montoya, no solo con buenos cargos sino con posiciones en que acumulaba poderes de decisión. A la supuesta manipulación del proceso para que Peña fuera el designado y para eliminar a sus competidores, se sumó su cuestionada posesión en una notaría, hecho sin antecedentes en las universidades del país. El debate ha crecido con la pública posición del Gobierno que tiene injerencia en las instancias universitarias debido a que asigna el presupuesto de su funcionamiento y a que la ministra de Educación tiene asiento, con voz y voto, en el Consejo.

Cuando su nombre ganó la consulta entre los estudiantes y el cuerpo de profesores de la Universidad Nacional —35 % contra 8 % que obtuvo el rector designado por el Consejo Superior Universitario (CSU)—, ¿se imaginó que un mes después ese centro educativo estaría en medio del caos que vive hoy? ¿Creyó que usted sería confirmado en ese cargo o conocía el rechazo que su candidatura provocaba en varios miembros del Consejo?

Gané la consulta en los tres estamentos: estudiantes, profesores y egresados. Por los resultados de esa consulta, el programa presentado y los méritos académicos, consideré que me podían designar como rector. Pero no me imaginé que el Consejo Superior Universitario adoptaría una decisión que no tuviera en cuenta la legitimidad y legalidad del proceso. Sabía que al menos tres integrantes del CSU no compartían algunas propuestas que le hice a la comunidad, que la ministra y las dos delegadas del presidente se comprometieron a votar por quien ganara la consulta, y que la representante estudiantil, en forma expresa, y el representante profesoral, durante su campaña para ser integrantes del Consejo, aseguraron que iban a respetar el voto de sus respectivas comunidades.

Por lo que se supo después, ni la representante de los estudiantes ni el de los profesores cumplieron su promesa de respetar la decisión de sus comunidades pues votaron en su contra y lo hicieron a favor del candidato de la rectora saliente, Dolly Montoya; es decir, del profesor Ismael Peña. ¿Cómo se explica ese cambio de posición?

Ellos dos incumplieron el compromiso que tenían con las comunidades que representaban, y lo hicieron porque están de acuerdo con otros tres integrantes del Consejo Superior en cuanto al proyecto de universidad que impulsan: un centro universitario de venta de servicios académicos.

¿Cómo así “venta de servicios académicos”? Eso ¿qué quiere decir?

Que han fijado el eje de la universidad en su función de extensión mercantilizada: se le vende el servicio académico a quien esté dispuesto a comprarlo o adquirirlo.

Usted y la comunidad universitaria que lo apoya sabían que respetar los resultados de la consulta no era obligatorio y que, por tanto, no tenía que ser acatada por los miembros del Consejo. Pese a ello, persiste y crece el rechazo a la designación del profesor Peña. ¿Cómo se entiende esa divergencia?

De acuerdo con la normatividad interna, la consulta no es vinculante, pero debe ser tenida en cuenta para la designación del rector; es decir, debe constituir uno de sus criterios relevantes. El rechazo persiste y crece por la indignación de estudiantes, profesores, trabajadores y egresados ante una decisión que consideran arbitraria y no ha tenido ninguna justificación razonable y pública. Además, el procedimiento que se empleó fue manipulado para eliminar, antes de la decisión final, al candidato con mayor votación en la consulta.

¿En qué se notó la que califica como “manipulación” del procedimiento?

La manipulación del proceso consistió en la eliminación del candidato que tuvo mayor favoritismo en la consulta mediante la utilización de un método de votación ponderado que es inaplicable según las normas de la universidad. Esas normas, por el contrario, contemplan la formación de la mayoría absoluta para la elección del rector.

Fue el resultado que dio el llamado “método Borda”. ¿Cómo fue aplicado y en qué consiste?

Aplicaron el voto ponderado para designar a quien tuviera el menor rechazo o desfavorabilidad entre los miembros del Consejo Superior (en lugar de elegir al candidato preferido por la mayoría). Es la primera vez que ese método se emplea para escoger al rector y se opone a la normatividad de la universidad.

Para usted, ¿es cierto que, tras el extraño método aplicado para elegir al profesor Peña se encuentran varios exrectores incluyendo a la recientemente retirada de ese cargo, Dolly Montoya?

La mayoría de los exrectores apoyaron el nombramiento de Peña, tal como lo hizo la profesora Montoya.

Pero ¿por qué? ¿Qué los motiva a forzar esa designación?

Como dije antes, son afines al proyecto de universidad que, en general, implica la continuidad de las políticas implementadas durante sus administraciones con el respaldo de los gobiernos de turno, que participaron en su designación como rectores.

En conclusión, ¿se puede afirmar que los gobiernos de Duque, Santos y Uribe —para mencionar solo los del siglo XXI—, ejercieron, durante sus cuatrienios, influencia en la elección de rector de la Nacional y que, a cambio, los designados se comprometieron a aplicar ciertas políticas educativas?

Yo no diría “a cambio de”, sino que los rectores designados tenían afinidad con las políticas del gobierno de turno.

¿Por qué la mayoría de miembros del Consejo Superior prefiere mantener en secreto el voto que depositó a favor de Peña y en su contra (aunque han dicho que es para resguardar su seguridad, puesto que han recibido amenazas)?

La seguridad de los integrantes del CSU, como la de los jueces, se puede resguardar con medidas de protección. No se requiere el voto secreto. Este garantiza el anonimato y el cambio repentino de las preferencias de los votantes, como sucedió entre la primera y la segunda ronda de votación. En la primera, cinco integrantes del Consejo Superior Universitario me dieron la mayor votación; en la segunda ronda, dos de ellos me asignaron la más baja, unos minutos después.

¿Quiénes fueron los dos que cambiaron tan drásticamente de opinión?

De acuerdo con lo que se ha publicado se puede inferir quiénes son pero, como no conocemos el texto completo de las actas, prefiero no decir sus nombres.

Peña ha dicho que no se “aferra al cargo”, sino que está defendiendo la autonomía de la Universidad Nacional. ¿Cuál es su opinión al respecto?

La designación y autoposesión ilegal del profesor Peña constituyen una violación grave de la autonomía universitaria, que no debe ser permitida en el sistema de educación superior colombiano.

Entonces, ¿la autonomía universitaria también se ha convertido en un arma ideológica en disputa? Lo digo porque hoy todos argumentan que la defienden…

No me gusta el término “arma ideológica”, pero se puede decir que el significado de la autonomía universitaria es motivo de controversia en estos momentos.

Aparte de la duda jurídica sobre la legalidad de la “posesión” del profesor Peña en una notaría, ¿cómo evalúa ese inédito acto y su respaldo a este por parte de la mayoría de miembros del Consejo Superior?

Es un acto desesperado que no produce efectos jurídicos y constituye, precisamente, una clara violación de la autonomía universitaria por parte de quien, después, se proclama como su defensor.

Por tratarse del más grande e importante centro de educación superior del país, sorprende el áspero rumbo que ha tomado el debate, ajeno a la academia pero común en ambientes partidistas o de ambiciones personalistas. Entonces, ¿puede ser verdad que la mayoría del CSU pretende retener el control administrativo de la universidad con criterios políticos e ideológicos más que por intereses académicos?

Quienes votaron a favor de designar al profesor Peña como rector no dieron argumentos a partir de criterios académicos, sino de sesgos subjetivos relacionados con su posición política y su concepción de universidad. Para una parte importante de la comunidad universitaria no es claro por qué se aferran al control administrativo de la Nacional.

Para comprender bien, ¿el control administrativo de la universidad es necesario para manejar el presupuesto de casi $3 billones asignado en 2024, pero ¿también para orientar el carácter académico y el rumbo de las investigaciones en la Nacional?

Desde luego. Mediante el control administrativo se pueden definir todas las actividades de la universidad y el cumplimiento de sus tres funciones: docencia, investigación y extensión (interrelación con la sociedad).

La ministra titular de Educación, Aurora Vergara, quien se ha negado a firmar la designación de Peña, se declaró impedida para continuar interviniendo en el desarrollo de este conflictivo proceso. Se designó como ministro ad hoc a Juan David Correa, de la cartera de las Culturas. En cuanto a usted, ¿acatará lo que él resuelva?

Acataré los resultados mientras estén amparados por la presunción de legalidad o por la legalidad misma. Resulta paradójico que quienes afirman defender la institucionalidad la desconozcan cuando no les conviene o cuando no corresponde a sus intereses. La captura de la autonomía universitaria y su utilización en función de intereses particulares por parte de los integrantes del CSU que designaron a Peña como rector ha llevado a las medidas de vigilancia adoptadas por el ministro ad hoc.

Justamente en estos días han llovido críticas en contra del ministro ad hoc debido a que dio plazo al Consejo Superior para nombrar a un rector provisional mientras se resuelve el conflicto. Casi de inmediato, la Procuraduría de Margarita Cabello le abrió investigación disciplinaria a Correa por presunta extralimitación de funciones. ¿Sí se estarían destapando intereses políticos ocultos en la universidad?

Creo que se están conociendo públicamente intereses que han estado ocultos en la universidad durante muchos años, que han incidido en el nombramiento de varios rectores.

Usted y dos reputados juristas que han sido profesores en la Universidad Nacional (Rodrigo Uprimny y Alberto Yepes) presentaron demanda de nulidad contra el nombramiento de Peña. ¿Cuáles son sus argumentos?

1. Designación irregular de rector por la utilización del “método Borda”. 2. Falta de competencia para reformar el estatuto general de la universidad y las normas que regulan la adopción de las decisiones en el CSU en ese proceso. 3. No aplicación del principio de mayoría absoluta, pues fui elegido en la primera ronda de votación: cinco votos de ocho, con el puntaje superior. 4. Violación de la libertad de elección de los integrantes del Consejo Superior al imponer la eliminación de candidatos y no permitir que se votara por uno de los cinco en cada ronda hasta la definitiva. 5. Desviación de poder debido a la manipulación del proceso. 6. Falta de motivación y desconocimiento de normas superiores relacionadas con los principios de transparencia, publicidad y participación.

La intensa discusión en el Consejo Superior Universitario y sus decisiones han derivado en violencia física en el campus y sus alrededores. Quienes participan en las protestas manifiestan —en cartelones y pancartas— rechazo a Peña y, muchos, respaldo a su nombre. ¿Se siente responsable, de alguna manera, por los actos vandálicos desatados?

No, no me siento responsable. Desde el comienzo propuse la desobediencia civil, que se caracteriza por la no violencia. En toda mi carrera académica he criticado, sin ambigüedades, el uso sistemático de la violencia en algunas expresiones de la protesta estudiantil. Las manifestaciones violentas tienen su dinámica dentro de la protesta universitaria que la deslegitima y dificulta el logro de sus objetivos. En los últimos años, ese tipo de actos ha aumentado debido a la distancia que separa a la administración de las reivindicaciones estudiantiles, y al sentimiento de frustración de los alumnos ante la imposibilidad de transformar la universidad por los canales institucionales, además de los efectos del conflicto armado en los campus. Es más: mi permanente crítica a la utilización de la violencia en la protesta estudiantil ha producido el rechazo expreso de quienes la usan o estiman legítimo hacerlo.

Está a punto de ser cancelado el semestre académico con perjuicio para toda la comunidad. ¿Haría alguna propuesta para evitar la pérdida de este periodo de estudios para estudiantes y el cuerpo profesoral?

En carta dirigida a la comunidad universitaria y antes de la adopción de las medidas de vigilancia, hice una propuesta: la de nombrar a un rector encargado que garantice a todos la transición institucional hasta cuando sea designado un rector en propiedad con el cumplimiento de los requisitos legales, y hasta cuando se posesione ante la autoridad competente y la comunidad académica.

Por todas sus manifestaciones y decisiones, supongo que está seguro de que el rector legítimo de la Nacional es usted. No obstante, si no se llegara a un consenso universitario o jurídico, ¿estaría dispuesto a hacer a un lado su candidatura y propiciar una tercería que no incluya su nombre ni el de Ismael Peña?

No soy “el rector legítimo”, pues no he sido designado y no acostumbro a usurpar cargos públicos ni autoposesionarme ante testigos para luego protocolizar el acto en una notaría. Una “tercería”, como usted la llama, implicaría desconocer el proceso legítimo que se hizo hasta el momento de la designación, e ignorar la voluntad mayoritaria de la comunidad universitaria en la consulta. No le encuentro ninguna justificación a esa propuesta, que estaría orientada a negarle a la comunidad su participación para elegir autoridades académicas como consecuencia de un acto ilegal e ilegítimo del CSU; es decir, implicaría avalar un procedimiento similar al de la designación de Peña como rector. El Consejo Superior debe designar al rector en una sesión que respete los reglamentos de la Universidad Nacional de Colombia, las leyes y la carta política.

Para concluir: en la universidad se empieza a debatir la necesidad de adelantar una especie de “constituyente” interna. ¿Sabe en qué consistiría y con cuáles propósitos se haría?

En la comunidad académica se viene hablando del proceso constituyente universitario desde hace varios años. No es una discusión reciente. Ese proceso consistiría en adelantar un trabajo colectivo con el fin de redefinir el sentido, la organización y el gobierno de la universidad pública colombiana.

¿Disputa por el rector o por el poder en la Nacional?

La Universidad Nacional está en medio de una “guerra” desatada, allí, desde el 21 de marzo, hace casi dos meses, cuando el Consejo Superior Universitario (CSU) del mayor centro de educación superior del país, designó en el cargo de rector a José Ismael Peña quien fue vicerrector de la saliente cabeza de esa institución, Dolly Montoya. Montoya es una de los ocho miembros del Consejo y, según varios observadores del estropeado proceso, también es la persona que manejó los hilos del poder que ella detentaba en las instancias académicas para dejar, en su reemplazo, a su amigo y cercano funcionario. La disputa que surgió en cuanto se supo que el elegido era Peña, se produjo porque, antes de la decisión del CSU, se había realizado una consulta entre estudiantes, profesores y egresados que dio amplio margen de favoritismo por el profesor Leopoldo Múnera. El hecho de que el resultado de la consulta de la comunidad universitaria se hubiera desconocido, no solo creo malestar en el campus. Además de violentos actos de protesta que todavía continúan, destapó la que parece ser una confrontación entre quienes han sido rectores elegidos con apoyo de gobiernos tradicionales, y los estamentos que se sienten representados por Múnera.

Peña, un profesor cercano a la exrectora Dolly Montoya

De José Ismael Peña, el polémico rector escogido por la mayoría de los miembros del Consejo Superior de la Universidad Nacional pero en contravía de los resultados de la consulta interna entre los miembros de la comunidad académica, no se sabía mucho antes de su designación. Su nombre y figura, sin embargo, han estado presentes, durante las últimas semanas, en todos los medios de comunicación por el rechazo argumentado, de una parte, pero también violento, de la otra parte, a su elección. De Peña se conoce, ahora, que ha sido profesor en las facultades de Ingeniería por varios años y, también, que fue, presuntamente, privilegiado por la recién retirada rectora Dolly Montoya, no solo con buenos cargos sino con posiciones en que acumulaba poderes de decisión. A la supuesta manipulación del proceso para que Peña fuera el designado y para eliminar a sus competidores, se sumó su cuestionada posesión en una notaría, hecho sin antecedentes en las universidades del país. El debate ha crecido con la pública posición del Gobierno que tiene injerencia en las instancias universitarias debido a que asigna el presupuesto de su funcionamiento y a que la ministra de Educación tiene asiento, con voz y voto, en el Consejo.