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Una aclaración. Hace cuatro meses, la Secretaría de Educación de Bogotá envió un memorando a los rectores, secretarios académicos y otros funcionarios insistiendo en que todos los niños y niñas venezolanos tienen derecho a estudiar en Colombia. Esa garantía no distingue por condición migratoria; tanto los menores que tienen un sello en su pasaporte como aquellos que cruzaron la frontera omitiendo sus controles pueden acceder a una institución educativa. Sin embargo, un sinfín de familias están en este momento en ascuas esperando que sus hijos sean aceptados en el sistema educativo nacional. (Lea: Ventas informales: tire y afloje entre universidad pública y sus estudiantes)
Lucía Ramírez ha seguido de cerca este problema desde Dejusticia, centro de investigación en temas de derechos humanos. En los últimos dos años, a la cabeza de estudios relacionados con la migración venezolana, ha identificado las principales barreras a las que se enfrenta esta población. Porque, si bien el Ministerio de Educación registra entre sus matrículas un total de 246.473 estudiantes de origen venezolano hasta la fecha, la realidad es que hay obstáculos en el acceso, la permanencia y la acción.
El primero de ellos es el desconocimiento de las instituciones educativas. Todo lo que deben saber está comprendido en un instructivo de once páginas firmado por Helga Hernández, viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media de 2018, y Christian Kruger, entonces director de Migración Colombia. Se trata de la circular n.° 16 de 2018 en la que absuelven a los colegios de sanciones por brindarles estudio a menores sin visa, cédula de extranjería ni Permiso Especial de Permanencia (conocido como PEP). El único requerimiento es que sus padres se comprometan a legalizar tal situación.
Aunque comprometerse con ello no es suficiente, según la investigación de Ramírez, pues ella comenta que “desde hace dos años que se hizo el registro de población migrante no ha habido posibilidades para que los que entraron irregularmente al país puedan regular su situación. La alternativa es el permiso especial para temas laborales, enfocado a los adultos que hayan sellado pasaporte”. Pero las instituciones educativas, ignorando a tal punto este inconveniente, exigen documentación imposible de conseguir, como afiliación al Sisbén y a una EPS.
Ese es el caso de Merlin Zerpa, una profesora de Maracaibo que llegó con sus hijos a Bogotá hace un año. Ya matriculados en el Colegio Distrital Estrella del Sur (Codes) en Ciudad Bolívar, hace unos días le advirtieron que en caso de no tener inscrito en una EPS a Daniel Fernández, de 16 años, lo reportarían a Bienestar Familiar. El problema es que le negaron la encuesta del Sisbén, porque le faltaba el sello de ingreso en el pasaporte. ¿La razón? Haber cruzado la frontera por las trochas. En esa misma condición, cerca de 280.000 niños, niñas y adolescentes residían en el país hasta octubre del año pasado, según Migración Colombia.
El hijo de Sthefany Barrios es uno de ellos. Cargando a su bebé de dos años, aterrorizada, esta mujer de 26 años esquivó los controles fronterizos y se instaló hace ocho meses en el barrio María Paz, de la localidad de Kennedy, en el sur de la capital. Desde entonces ha buscado un cupo para su hijo Dylan Pirela en jardines infantiles de Bienestar Familiar, pero “me han dicho que para poderlo matricularlo tengo que pedir una cita al Sisbén. Hace una semana fui y me dijeron que tenía que tener el PEP para poder darme la cita. Yo les dije que no teníamos nada de eso porque entramos ilegales”.
Estas afiliaciones no son la única barrera. El tema de los cupos es un problema estructural que afecta en gran medida a los migrantes, sobre todo en las zonas más vulnerables. Esa es una de las respuestas que más han escuchado Alexánder García y su esposa Wilsa Tandanosa cada vez que se acercan a una guardería. Ambos rebuscan en Soacha una escuela que le abra espacio a su hijo Samuel José García, de dos años, que pasó la frontera en un descuido de los oficiales y sobre los brazos de su abuela, sin reporte migratorio.
Tiene sentido que la capacidad educativa esté desbordada. Solo en Bogotá, por ejemplo, se cuentan 40.119 estudiantes venezolanos, el 96 % de ellos inscritos a colegios públicos según datos del Ministerio de Educación. Esta cifra convierte a la capital en la ciudad con mayor número de alumnos migrantes, seguida por Cúcuta, Medellín, Barranquilla, Riohacha, Cartagena y Santa Marta. Una demanda tal que, a los ojos de la investigadora, exige capacitación a docentes para “manejar niños extranjeros, situación de discriminación o xenofobia”.
Con ese fin, la cartera educativa creó el Sistema Unificado de Información de Convivencia Escolar. Allí identifican las situaciones de agresión y acoso para impulsar acciones pedagógicas. En departamentos como Norte de Santander, Arauca y Nariño trabajan con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en una campaña que lleva hasta los salones material lúdico sobre el tema. No obstante
Esta problemática es la que menos les preocupa a los investigadores. Su atención se concentra en jóvenes que están en edad cercana a los grados 10 y 11, pues en algunos casos no los reciben en los colegios porque saben que no los pueden graduar”, sostiene Ramírez.
Andri Josué Rincón, de 17 años, es uno de los jóvenes afectados. A su padre Ascalio Rincón le exigen documentos apostillados para matricularlo en el Colegio Distrital Los Alpes, localidad de San Cristóbal (Bogotá). Haber entrado al país sin pasaporte porque no tenían cómo costearlo y haber llegado a Colombia faltándole solo el último año para graduarse como bachiller no le auguran mucha suerte con los trámites. El lío está en que para recibir un diploma debe tener un documento de identificación válido. Lo mismo sucede para aquellos alumnos migrantes que presentan las pruebas Icfes. “No les entregan los resultados, dado que para el Icfes no hay los mecanismos de trazabilidad del documento del estudiante”, explica la cartera educativa.
Mineducación espera resolver esas barreras, que ahogan en mayor medida a los migrantes irregulares, a través de un “Permiso Especial de Permanencia para el sector Educación (PEP-E)”. La iniciativa, cocinada con Migración Colombia, Cancillería y la Gerencia de Fronteras de la Presidencia, se encuentra en un borrador de decreto. Su espera, ansiada por estas familias y otras más, permitirá regularizar a aquellos menores sin documentos que pese a tener el derecho de estudiar se chocan con obstáculos en el camino.