¿Una nueva Superintendencia de Educación? Un cheque en blanco al portador

Cursa en el Congreso un proyecto de acto legislativo (08 de 2024) que propone modificar la Constitución Política para, entre otros aspectos, crear una Superintendencia de Educación. En términos de la propuesta “El Estado, a través de la Superintendencia de Educación, ejercerá la suprema inspección, vigilancia y control, como una política pública independiente de la política educativa, sobre los prestadores de servicio educativo en todos los niveles y formas, sean estos públicos y privados (…)”. Con una consigna tan general, no es posible determinar si la iniciativa favorece o no al sistema educativo colombiano.

Llama la atención que, dentro de la propuesta (incluyendo la exposición de motivos), no hay información sobre cómo se propone la estructura, el alcance, las funciones o la coordinación con otras autoridades educativas de dicha Superintendencia. Tampoco hay un concepto del costo estimado del nuevo ente regulador. Así como está, la aprobación del acto legislativo sería un cheque en blanco al portador. Uno probablemente muy costoso y con mucho poder.

Crear la Superintendencia de Educación implica recursos y esfuerzos muy importantes. A falta de un concepto financiero, desde el Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) hicimos algunos supuestos y estimamos su costo aproximado. Para cubrir las más de 55.000 sedes educativas del país, los solos salarios de este nuevo cuerpo regulador se estiman en $0.4 billones (pesos) anuales. ¿Serían estos recursos independientes a los ya girados a la cartera de educación? O, ¿entrarían a disputar el ya insuficiente presupuesto del sector educativo? No se sabe. Lo que sí se sabe es que, $0.4 billones es el equivalente a financiar la matrícula de al menos 34.000 estudiantes en colegios oficiales. No es un monto menor como para tomarse la aprobación a la ligera.

Por otra parte, este acto legislativo fue creado con la intención de mejorar la calidad educativa, un objetivo que comparto plenamente. Sin embargo, resulta sorprendente que, mientras se busca modificar la Constitución para enfatizar la inspección, vigilancia y control (con un enfoque sancionatorio), no se propongan estrategias directas para fomentar la calidad educativa. ¿No es más indicativo de los logros y dificultades de una escuela el porcentaje de niños que saben leer en tercer grado, que su habilidad para superar trámites burocráticos? O pensemos en las escuelas rurales que pasan meses sin recibir clase: estos niños no necesitan un superintendente, ¡necesitan un buen profesor!

Sin duda, uno de los retos más grandes que tiene Colombia en materia de educación es elevar la calidad. Para ello, debemos fortalecer los sistemas que la fomenten y acompañen a las instituciones que más lo necesitan. Es imperativo desarrollar sistemas de información efectivos y articulados que permitan monitorear los avances y enfocar mejor los esfuerzos del Ministerio de Educación y las entidades territoriales. Hoy, la falta de información confiable y digerible no solo obstaculiza la creación de políticas educativas de impacto, sino también impide la rápida identificación de aquellos casos que exigen acompañamiento urgente. También necesitamos sistematizar para localizar a los niños, niñas y jóvenes que abandonan la escuela antes de llegar a grado 11° —¡casi un 50%!—.

Asimismo, brindar a los padres y cuidadores datos claros y accesibles sobre los colegios empoderará su rol como veedores de la educación de sus hijos. El acompañamiento, junto con una mayor y mejor información, ayudaría a impulsar la calidad y reduciría de manera natural la necesidad y el costo de un ente regulador.

Las experiencias internacionales con las Superintendencias de Educación han sido diversas. En algunos casos, ha mejorado la rendición de cuentas; en otros, el exceso de burocracia ha desviado a las escuelas de su enfoque académico hacia lo administrativo. El éxito o fracaso depende en gran medida de cómo se estructure el ente regulador, pero de eso aún no hay claridad. Como tampoco hay claridad de por qué se apunta a modificar la constitución pudiendo ser una ley ordinaria. Con tanta incertidumbre y tanto en juego, la propuesta de la Superintendencia en el actual acto legislativo, reprueba.

*Directora del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) - Pontificia Universidad Javeriana

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Cursa en el Congreso un proyecto de acto legislativo (08 de 2024) que propone modificar la Constitución Política para, entre otros aspectos, crear una Superintendencia de Educación. En términos de la propuesta “El Estado, a través de la Superintendencia de Educación, ejercerá la suprema inspección, vigilancia y control, como una política pública independiente de la política educativa, sobre los prestadores de servicio educativo en todos los niveles y formas, sean estos públicos y privados (…)”. Con una consigna tan general, no es posible determinar si la iniciativa favorece o no al sistema educativo colombiano.

Llama la atención que, dentro de la propuesta (incluyendo la exposición de motivos), no hay información sobre cómo se propone la estructura, el alcance, las funciones o la coordinación con otras autoridades educativas de dicha Superintendencia. Tampoco hay un concepto del costo estimado del nuevo ente regulador. Así como está, la aprobación del acto legislativo sería un cheque en blanco al portador. Uno probablemente muy costoso y con mucho poder.

Crear la Superintendencia de Educación implica recursos y esfuerzos muy importantes. A falta de un concepto financiero, desde el Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) hicimos algunos supuestos y estimamos su costo aproximado. Para cubrir las más de 55.000 sedes educativas del país, los solos salarios de este nuevo cuerpo regulador se estiman en $0.4 billones (pesos) anuales. ¿Serían estos recursos independientes a los ya girados a la cartera de educación? O, ¿entrarían a disputar el ya insuficiente presupuesto del sector educativo? No se sabe. Lo que sí se sabe es que, $0.4 billones es el equivalente a financiar la matrícula de al menos 34.000 estudiantes en colegios oficiales. No es un monto menor como para tomarse la aprobación a la ligera.

Por otra parte, este acto legislativo fue creado con la intención de mejorar la calidad educativa, un objetivo que comparto plenamente. Sin embargo, resulta sorprendente que, mientras se busca modificar la Constitución para enfatizar la inspección, vigilancia y control (con un enfoque sancionatorio), no se propongan estrategias directas para fomentar la calidad educativa. ¿No es más indicativo de los logros y dificultades de una escuela el porcentaje de niños que saben leer en tercer grado, que su habilidad para superar trámites burocráticos? O pensemos en las escuelas rurales que pasan meses sin recibir clase: estos niños no necesitan un superintendente, ¡necesitan un buen profesor!

Sin duda, uno de los retos más grandes que tiene Colombia en materia de educación es elevar la calidad. Para ello, debemos fortalecer los sistemas que la fomenten y acompañen a las instituciones que más lo necesitan. Es imperativo desarrollar sistemas de información efectivos y articulados que permitan monitorear los avances y enfocar mejor los esfuerzos del Ministerio de Educación y las entidades territoriales. Hoy, la falta de información confiable y digerible no solo obstaculiza la creación de políticas educativas de impacto, sino también impide la rápida identificación de aquellos casos que exigen acompañamiento urgente. También necesitamos sistematizar para localizar a los niños, niñas y jóvenes que abandonan la escuela antes de llegar a grado 11° —¡casi un 50%!—.

Asimismo, brindar a los padres y cuidadores datos claros y accesibles sobre los colegios empoderará su rol como veedores de la educación de sus hijos. El acompañamiento, junto con una mayor y mejor información, ayudaría a impulsar la calidad y reduciría de manera natural la necesidad y el costo de un ente regulador.

Las experiencias internacionales con las Superintendencias de Educación han sido diversas. En algunos casos, ha mejorado la rendición de cuentas; en otros, el exceso de burocracia ha desviado a las escuelas de su enfoque académico hacia lo administrativo. El éxito o fracaso depende en gran medida de cómo se estructure el ente regulador, pero de eso aún no hay claridad. Como tampoco hay claridad de por qué se apunta a modificar la constitución pudiendo ser una ley ordinaria. Con tanta incertidumbre y tanto en juego, la propuesta de la Superintendencia en el actual acto legislativo, reprueba.

*Directora del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) - Pontificia Universidad Javeriana

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