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                                                                                                                                Nuevas claves para prevenir el acoso sexual en universidades

                                                                                                                                El Mineducación publicó un documento que establece una serie de recomendaciones para construir una educación superior inclusiva, con perspectiva de género y diversidad sexual.

                                                                                                                                Juan miguel Hernández Bonilla

                                                                                                                                El documento recogió la voz de grupos estudiantiles, investigadores independientes y servidores públicos.
                                                                                                                                PUBLICIDAD

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                                                                                                                                Esta investigación, titulada Enfoque e identidades de género para los lineamientos en la política de educación superior inclusiva, fue realizada por la escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional y por el Grupo Interdisciplinario de Estudios de Género (GIEG), y recogió la voz de grupos estudiantiles, investigadores independientes, servidores públicos y fundaciones dedicadas a garantizar la calidad y los derechos educativos. El resultado: un trabajo riguroso e interdisciplinario que pretende convertirse en la principal herramienta de los estudiantes, los profesores y los directivos para afrontar el reto de un sistema de educación superior para todos y todas.

                                                                                                                                PUBLICIDAD

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                                                                                                                                Read more!

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                                                                                                                                De hecho, en la sentencia del caso de la profesora Mónica Godoy, la Corte le reiteró al ministerio la urgencia de una cartilla que incluyera los deberes y las obligaciones de las universidades en relación con los casos de acoso laboral o de violencia sexual, y sirviera como referente para crear normas que regulen los casos de discriminación por sexo o género en contra de estudiantes y docentes en los centros de educación superior.

                                                                                                                                “El documento está muy completo. Tiene un enfoque interseccional y diferencial, hace recomendaciones concretas para personas LGBTI y para mujeres, para personas del contexto rural, que hacen parte de los programas como Ser Pilo Paga y demás. También habla de la masculinización de ciertas facultades y es enfático en decir que hay estereotipos en la academia y que esa violencia simbólica también afecta el desarrollo de las estudiantes y da pie para el acoso”, dijo Natalia Lozano, del colectivo Polifonía y estudiante de ciencia política y comunicación social de la Universidad Javeriana.

                                                                                                                                PUBLICIDAD

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                                                                                                                                Read more!

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                                                                                                                                Las primeras sugerencias tienen como propósito “ampliar el ingreso de las mujeres a todos los niveles de la educación superior”. Para ello se proponen varias acciones en cada principio de justicia. En redistribución, por ejemplo, se sugiere “promover la implementación de políticas diferenciales (programas de admisión especial, cupos) para ampliar el acceso de poblaciones excluidas del sistema de educación superior, priorizando a mujeres y personas LGBTI en condiciones de mayor vulnerabilidad por pobreza, víctimas del conflicto armado, trans, indígenas, afros, campesinas, con discapacidad, mujeres con cargas de cuidado y mujeres mayores”.

                                                                                                                                No ad for you

                                                                                                                                En las acciones de reconocimiento se busca analizar, en coordinación con el Icfes, la evaluación de las pruebas Saber, para identificar posibles sesgos de género en su diseño. En participación, el documento sugiere estimular una información amplia y sin estereotipos de género y sexualidad a estudiantes de la básica y media sobre la oferta de carreras y profesiones en la educación superior.

                                                                                                                                De acuerdo con Natalia Lozano, una de las cosas que hacen falta para poder materializar estas recomendaciones es que el ministerio plantee y diseñe un mecanismo para hacerles seguimiento a los protocolos y así se pueda evaluar si las universidades los están teniendo en cuenta o no.

                                                                                                                                El documento recogió la voz de grupos estudiantiles, investigadores independientes y servidores públicos.
                                                                                                                                PUBLICIDAD

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                                                                                                                                Esta investigación, titulada Enfoque e identidades de género para los lineamientos en la política de educación superior inclusiva, fue realizada por la escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional y por el Grupo Interdisciplinario de Estudios de Género (GIEG), y recogió la voz de grupos estudiantiles, investigadores independientes, servidores públicos y fundaciones dedicadas a garantizar la calidad y los derechos educativos. El resultado: un trabajo riguroso e interdisciplinario que pretende convertirse en la principal herramienta de los estudiantes, los profesores y los directivos para afrontar el reto de un sistema de educación superior para todos y todas.

                                                                                                                                PUBLICIDAD

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                                                                                                                                Read more!

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                                                                                                                                De hecho, en la sentencia del caso de la profesora Mónica Godoy, la Corte le reiteró al ministerio la urgencia de una cartilla que incluyera los deberes y las obligaciones de las universidades en relación con los casos de acoso laboral o de violencia sexual, y sirviera como referente para crear normas que regulen los casos de discriminación por sexo o género en contra de estudiantes y docentes en los centros de educación superior.

                                                                                                                                “El documento está muy completo. Tiene un enfoque interseccional y diferencial, hace recomendaciones concretas para personas LGBTI y para mujeres, para personas del contexto rural, que hacen parte de los programas como Ser Pilo Paga y demás. También habla de la masculinización de ciertas facultades y es enfático en decir que hay estereotipos en la academia y que esa violencia simbólica también afecta el desarrollo de las estudiantes y da pie para el acoso”, dijo Natalia Lozano, del colectivo Polifonía y estudiante de ciencia política y comunicación social de la Universidad Javeriana.

                                                                                                                                PUBLICIDAD

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                                                                                                                                Read more!

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                                                                                                                                Las primeras sugerencias tienen como propósito “ampliar el ingreso de las mujeres a todos los niveles de la educación superior”. Para ello se proponen varias acciones en cada principio de justicia. En redistribución, por ejemplo, se sugiere “promover la implementación de políticas diferenciales (programas de admisión especial, cupos) para ampliar el acceso de poblaciones excluidas del sistema de educación superior, priorizando a mujeres y personas LGBTI en condiciones de mayor vulnerabilidad por pobreza, víctimas del conflicto armado, trans, indígenas, afros, campesinas, con discapacidad, mujeres con cargas de cuidado y mujeres mayores”.

                                                                                                                                No ad for you

                                                                                                                                En las acciones de reconocimiento se busca analizar, en coordinación con el Icfes, la evaluación de las pruebas Saber, para identificar posibles sesgos de género en su diseño. En participación, el documento sugiere estimular una información amplia y sin estereotipos de género y sexualidad a estudiantes de la básica y media sobre la oferta de carreras y profesiones en la educación superior.

                                                                                                                                De acuerdo con Natalia Lozano, una de las cosas que hacen falta para poder materializar estas recomendaciones es que el ministerio plantee y diseñe un mecanismo para hacerles seguimiento a los protocolos y así se pueda evaluar si las universidades los están teniendo en cuenta o no.

                                                                                                                                Por Juan miguel Hernández Bonilla

                                                                                                                                Ver todas las noticias
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