Siguen las controversias y las quejas un mes después de que entrara en operación el nuevo sistema de salud del magisterio, el cual tiene a cargo la atención de un poco más de 800 mil personas. Recientemente, se conoció que Mauricio Marín había renunciado al cargo de presidente de la Fiduprevisora, una fiducia que pasó de ser una intermediaria a uno de los actores clave en este nuevo modelo.
Tras el anuncio, la Procuradora General, Margarita Cabello, se pronunció y señaló que necesitaban conocer las condiciones en las que la Fiduprevisora iba a liderar la implementación de este nuevo sistema, sobre todo ahora, ”luego de la renuncia de su presidente y de las numerosas quejas que se han recibido en los últimos días”.
A los ojos de Cabello, la renuncia de Marín no soluciona los problemas que viene presentando la etapa de transición de este nuevo modelo, pues, según dice, es evidente “la improvisación que hubo en el consejo directivo al autorizar el cambio de sistema sin tener preparado el nuevo sistema, el cual se supone debía ser mejor que el anterior”.
Además, reiteró que la Fiduprevisora, una fiducia de la cual el Estado es socio mayoritario, no es la entidad adecuada para “estar encargada de elaborar, revisar y celebrar toda la contratación y, adicionalmente, vigilar la facturación, la prestación del servicio y encargarse de la auditoría”.
Entre las razones, como ya lo hemos explicado en varios artículos, es que la entidad no cuenta ni con la capacidad técnica, ni tecnológica para realizarlo. Además, no tiene las condiciones legales. Cabe resaltar que en este nuevo modelo se buscaba eliminar a los operadores, que eran los encargados de contratar a las clínicas y hospitales que iban a ofrecer la atención. Ahora, esta tarea queda en manos de la Fiduprevisora.
En el modelo anterior, la Fiduprevisora solo era un intermediario que contrataba a las 9 (a veces 13) empresas que operaban el sistema por regiones. Ahora, debió asumir el rol de dirección, organización de red, financiamiento y pago de servicios. Una labor para la que solo tuvo 41 días, como lo explicó el entonces presidente Marín en el debate de control del pasado 20 de mayo.
Cabello además explicó que ya los delegados encargados están adelantando las labores correspondientes, y, apenas se reúna la información necesaria que permita armar una radiografía de lo que está sucediendo, “se tomarán las acciones disciplinarias a que haya lugar”.
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