Reformas educativas en el Congreso: ¿Soluciones o nuevos problemas?

Después de la fallida propuesta de ley estatutaria de educación liderada por el Ministerio de Educación (MEN), han surgido varias iniciativas de reforma educativa. En esta columna, me referiré a tres de ellas que están actualmente en trámite en el Congreso: la del senador Julio Elías, la del senador Alejandro Chacón y la del MEN, liderada por el ministro Daniel Rojas.

El proyecto de ley del senador Elías incluye tres propuestas: 1) prohibir remuneraciones excesivas al personal directivo y administrativo de todos los establecimientos educativos privados, desde preescolar hasta superior, 2) impedir incrementos por encima de la inflación en matrículas, pensiones y otros cobros periódicos en instituciones públicas o privadas sin autorización previa del MEN o la Secretaría de Educación correspondiente y 3) prohibir recargos en el valor de la matrícula cuando el pago se realice después de la fecha de vencimiento.

Este proyecto podría afectar negativamente la calidad educativa y la atracción de personal docente y directivo altamente cualificado. La remuneración es crucial para atraer y retener talento. Limitar los salarios podría dificultar que las instituciones privadas compitan en el mercado laboral, reduciendo la disponibilidad de profesionales cualificados y afectando así la calidad del servicio. Es fundamental permitir que las instituciones educativas, al igual que otras organizaciones, ofrezcan salarios competitivos. En Colombia, los salarios en el sector educativo ya están por debajo de otros sectores económicos.

Además, surgen varias preguntas: ¿Qué se considera una remuneración excesiva? ¿En qué evidencia se basa el senador Elías para afirmar que las instituciones privadas pagan salarios excesivos? ¿Por qué no se incluyen también los establecimientos oficiales? Si algo merece la pena revisión es el decreto 1279, que establece bonificaciones permanentes por producción intelectual a profesores de universidades públicas, generando incentivos perversos de autoría y publicaciones de baja calidad.

Por otro lado, prohibir incrementos por encima de la inflación podría comprometer la sostenibilidad financiera y la calidad de las instituciones educativas. Actualmente, los incrementos de matrícula en colegios privados están regulados por el MEN, que establece límites según criterios de calidad e inclusión. Los colegios con certificación de calidad pueden aumentar las tarifas por encima de la inflación. En el caso de las universidades privadas, gozan de autonomía universitaria y pueden hacer aumentos de salarios por encima de la inflación, aunque estas deben justificar dichos aumentos ante el MEN.

Los costos de las instituciones educativas aumentan cada año más que la inflación, como lo muestra el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES) calculado por el DANE. El gasto en personal, que es el rubro más significativo, no siempre aumenta en línea con la inflación, sino por encima, ya que está vinculado a incrementos del salario mínimo. Además, hay gastos que dependen de la tasa de cambio, como la compra de tecnología, y otros que también superan la inflación, como el pago de servicios públicos por ejemplo la energía. Limitar los incrementos de matrículas y pensiones hará financieramente inviable la operación de estas instituciones, ya que sus gastos seguirán subiendo más rápido que sus ingresos. Este es precisamente uno de los factores que ha contribuido a la desfinanciación de las universidades públicas.

La prohibición de recargos por pago tardío también podría generar problemas financieros, afectando la capacidad de las instituciones para operar eficientemente. Los recargos son una herramienta para incentivar el pago puntual y gestionar el flujo de efectivo. Sin ellos, no habría incentivos para pagar a tiempo, y las instituciones enfrentarían incertidumbre sobre sus ingresos, dificultando su operación. La falta de ingresos podría llevar a reducir recursos o servicios, afectando la calidad educativa.

La propuesta del senador Chacón pretende modificar el artículo 67 de la Constitución para declarar la educación como un derecho fundamental. Esto es adecuado para la educación inicial, preescolar, básica y media. Sin embargo, el problema surge al considerar la educación superior, donde la cobertura es del 55%, las instituciones públicas tienen limitaciones de capacidad y no hay oferta en todo el país. Además, no todos los jóvenes desean o necesitan acceder a la educación superior. Se requiere una visión más amplia que incluya la educación posmedia, es decir, la certificación por competencias y la educación para el trabajo. Un derecho fundamental debe garantizarse de manera inmediata, lo que plantea la pregunta: ¿de dónde saldrán los recursos para asegurar este derecho a todos aquellos que lo demanden?

Finalmente, la reforma del MEN busca modificar los artículos 86 y 87 de la Ley 30, que establecen las fórmulas para determinar los montos que el gobierno nacional debe girar a las universidades públicas para funcionamiento e inversión. Además, propone la creación de una base presupuestal para que todas las Instituciones Técnicas, Tecnológicas y Universitarias (ITTUs) reciban recursos de la nación, no solo de las entidades territoriales. Actualmente, solo 67 de las 87 instituciones públicas reciben recursos nacionales bajo los mecanismos establecidos por el MEN.

El artículo 86 estipula que cada año se deben girar recursos a las instituciones para su funcionamiento ajustados a la inflación del año anterior. El artículo 87 establece recursos adicionales en función de indicadores de calidad, permanencia, extensión, bienestar, entre otros, basados en el 30% del incremento real del PIB. La reforma propone ajustar el incremento anual con el ICES de las universidades públicas y que el aumento de recursos corresponda al 70% del incremento real del PIB. Aunque es importante destinar más recursos a las universidades públicas para cubrir déficits y mejorar la calidad, es crucial definir de dónde provendrán estos recursos y garantizar una mayor eficiencia en el gasto. Ante las limitaciones presupuestales, lo ideal sería priorizar la inversión en educación preescolar y media. Es fácil promulgar leyes, pero lo fundamental es asegurar los recursos para su aplicación efectiva.

Sin duda la educación en Colombia requiere ajustes en su reglamentación, pero no como están surgiendo actualmente, con propuestas de ley desarticuladas, contradictorias y poco pertinentes. Propuestas que en lugar de generar las transformaciones positivas que necesita el sector, de aprobarse serán un gran retroceso.

*Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Javeriana.

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Después de la fallida propuesta de ley estatutaria de educación liderada por el Ministerio de Educación (MEN), han surgido varias iniciativas de reforma educativa. En esta columna, me referiré a tres de ellas que están actualmente en trámite en el Congreso: la del senador Julio Elías, la del senador Alejandro Chacón y la del MEN, liderada por el ministro Daniel Rojas.

El proyecto de ley del senador Elías incluye tres propuestas: 1) prohibir remuneraciones excesivas al personal directivo y administrativo de todos los establecimientos educativos privados, desde preescolar hasta superior, 2) impedir incrementos por encima de la inflación en matrículas, pensiones y otros cobros periódicos en instituciones públicas o privadas sin autorización previa del MEN o la Secretaría de Educación correspondiente y 3) prohibir recargos en el valor de la matrícula cuando el pago se realice después de la fecha de vencimiento.

Este proyecto podría afectar negativamente la calidad educativa y la atracción de personal docente y directivo altamente cualificado. La remuneración es crucial para atraer y retener talento. Limitar los salarios podría dificultar que las instituciones privadas compitan en el mercado laboral, reduciendo la disponibilidad de profesionales cualificados y afectando así la calidad del servicio. Es fundamental permitir que las instituciones educativas, al igual que otras organizaciones, ofrezcan salarios competitivos. En Colombia, los salarios en el sector educativo ya están por debajo de otros sectores económicos.

Además, surgen varias preguntas: ¿Qué se considera una remuneración excesiva? ¿En qué evidencia se basa el senador Elías para afirmar que las instituciones privadas pagan salarios excesivos? ¿Por qué no se incluyen también los establecimientos oficiales? Si algo merece la pena revisión es el decreto 1279, que establece bonificaciones permanentes por producción intelectual a profesores de universidades públicas, generando incentivos perversos de autoría y publicaciones de baja calidad.

Por otro lado, prohibir incrementos por encima de la inflación podría comprometer la sostenibilidad financiera y la calidad de las instituciones educativas. Actualmente, los incrementos de matrícula en colegios privados están regulados por el MEN, que establece límites según criterios de calidad e inclusión. Los colegios con certificación de calidad pueden aumentar las tarifas por encima de la inflación. En el caso de las universidades privadas, gozan de autonomía universitaria y pueden hacer aumentos de salarios por encima de la inflación, aunque estas deben justificar dichos aumentos ante el MEN.

Los costos de las instituciones educativas aumentan cada año más que la inflación, como lo muestra el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES) calculado por el DANE. El gasto en personal, que es el rubro más significativo, no siempre aumenta en línea con la inflación, sino por encima, ya que está vinculado a incrementos del salario mínimo. Además, hay gastos que dependen de la tasa de cambio, como la compra de tecnología, y otros que también superan la inflación, como el pago de servicios públicos por ejemplo la energía. Limitar los incrementos de matrículas y pensiones hará financieramente inviable la operación de estas instituciones, ya que sus gastos seguirán subiendo más rápido que sus ingresos. Este es precisamente uno de los factores que ha contribuido a la desfinanciación de las universidades públicas.

La prohibición de recargos por pago tardío también podría generar problemas financieros, afectando la capacidad de las instituciones para operar eficientemente. Los recargos son una herramienta para incentivar el pago puntual y gestionar el flujo de efectivo. Sin ellos, no habría incentivos para pagar a tiempo, y las instituciones enfrentarían incertidumbre sobre sus ingresos, dificultando su operación. La falta de ingresos podría llevar a reducir recursos o servicios, afectando la calidad educativa.

La propuesta del senador Chacón pretende modificar el artículo 67 de la Constitución para declarar la educación como un derecho fundamental. Esto es adecuado para la educación inicial, preescolar, básica y media. Sin embargo, el problema surge al considerar la educación superior, donde la cobertura es del 55%, las instituciones públicas tienen limitaciones de capacidad y no hay oferta en todo el país. Además, no todos los jóvenes desean o necesitan acceder a la educación superior. Se requiere una visión más amplia que incluya la educación posmedia, es decir, la certificación por competencias y la educación para el trabajo. Un derecho fundamental debe garantizarse de manera inmediata, lo que plantea la pregunta: ¿de dónde saldrán los recursos para asegurar este derecho a todos aquellos que lo demanden?

Finalmente, la reforma del MEN busca modificar los artículos 86 y 87 de la Ley 30, que establecen las fórmulas para determinar los montos que el gobierno nacional debe girar a las universidades públicas para funcionamiento e inversión. Además, propone la creación de una base presupuestal para que todas las Instituciones Técnicas, Tecnológicas y Universitarias (ITTUs) reciban recursos de la nación, no solo de las entidades territoriales. Actualmente, solo 67 de las 87 instituciones públicas reciben recursos nacionales bajo los mecanismos establecidos por el MEN.

El artículo 86 estipula que cada año se deben girar recursos a las instituciones para su funcionamiento ajustados a la inflación del año anterior. El artículo 87 establece recursos adicionales en función de indicadores de calidad, permanencia, extensión, bienestar, entre otros, basados en el 30% del incremento real del PIB. La reforma propone ajustar el incremento anual con el ICES de las universidades públicas y que el aumento de recursos corresponda al 70% del incremento real del PIB. Aunque es importante destinar más recursos a las universidades públicas para cubrir déficits y mejorar la calidad, es crucial definir de dónde provendrán estos recursos y garantizar una mayor eficiencia en el gasto. Ante las limitaciones presupuestales, lo ideal sería priorizar la inversión en educación preescolar y media. Es fácil promulgar leyes, pero lo fundamental es asegurar los recursos para su aplicación efectiva.

Sin duda la educación en Colombia requiere ajustes en su reglamentación, pero no como están surgiendo actualmente, con propuestas de ley desarticuladas, contradictorias y poco pertinentes. Propuestas que en lugar de generar las transformaciones positivas que necesita el sector, de aprobarse serán un gran retroceso.

*Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Javeriana.

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