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Durante una comisión instalada para redactar un proyecto de ley que busca reformar la Ley 30 de 1992, Alejandro Gaviria, ministro de Educación aseguró que, para el siguiente año, la cartera ya tiene asegurados 210 mil millones de pesos, destinados específicamente para las universidades públicas.
“Para el 2023 ya existe un fortalecimiento de la base presupuestal de las universidades públicas, y garantizamos IPC + 5 puntos porcentuales, que son aproximadamente 210 mil millones de pesos, los cuales ya hacen parte del Presupuesto de la Nación”, indicó Gaviria. (También puede leer: Condonaciones de créditos de graduados con el Fondo Álvaro Ulcué Chocué continúan)
Este anuncio viene unas semanas después de que el Congreso aprobara el Presupuesto General de la Nación para el siguiente año. Este entregará al Ministerio de Educación, además, unos 300 mil millones de pesos de recursos de inversión y 140 mil millones de pesos de recursos de gratuidad. El Ministerio de Hacienda dio a conocer que el sector de la educación tendrá un presupuesto general de 54.8 billones de pesos.
Durante el debate que tuvo lugar este martes 25 de octubre, Gaviria y representantes del ministerio estudiaron una reforma al esquema de transferencia de recursos a las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas.
Los ponentes, a favor de hacer la reforma a la Ley 30 de 1992, “centraron su discusión en la necesidad de asegurar recursos estables para cerca de 2.400.000 estudiantes de educación superior del país, a través de un nuevo modelo de financiamiento, modificación que se considera el primer paso hacia una reforma integral de la norma que orienta la educación superior del país”, indicó el Ministerio de Educación en un comunicado. (Le puede interesar: “Al Icfes se le debe ver más allá de las pruebas”: Andrés Molano)
En la comisión participaron delegados el Congreso de la República, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Departamento Nacional de Planeación, del Sistema Universitario Estatal, la Red de Instituciones Técnicas, Tecnológicas y Universitarias públicas, profesores, trabajadores, y diversas organizaciones de estudiantes de las Instituciones de Educación Superior públicas.
“La Educación Superior tiene un déficit estructural y queremos reformar la Ley 30 de 1992, que cumple 30 años y es la que define la bolsa de recursos para este nivel educativo”, dijo Gaviria a través de un comunicado sobre el debate en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes.
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