Casi mil docentes nacionales e internacionales rechazan violencia oficial y militarización en Colombia

El 4 de mayo un grupo de docentes de varias universidades se unieron para escribir una carta rechazando la violencia estatal contra la población civil. “Las denuncias hechas por varias entidades, así como los videos grabados por ciudadanos en diferentes lugares de Colombia, dan cuenta del uso desmedido de la fuerza que socava las bases de una democracia”, es de las primeras cosas que afirma el documento.

Hoy, 10 de mayo, y solo ocho días después de que la carta se hiciera pública, son 935 los profesores y profesoras que la han firmado, no solo de universidades nacionales sino extranjeras. Se han unido a la manifestación de la no violencia estatal docentes de España, México, Francia, Estados Unidos, Argentina y Brasil, entre otros. (Le sugerimos: “La reacción del Gobierno no puede ser insultar a sus ciudadanos”: José Manuel Sabucedo)

La carta insiste en tres puntos:

1. · Conminamos a las autoridades locales y nacionales a que respeten el derecho constitucional a la protesta pacífica y reiteramos que sólo a través del diálogo y la concertación es posible construir acuerdos entre y con la ciudadanía. El agravamiento acelerado de la pobreza y la desigualdad en nuestro país vuelve esta tarea aún más urgente.
2. · Rechazamos el uso de la violencia oficial y la militarización de las ciudades como respuesta a la protesta social legítima. En un estado de derecho la fuerza pública no puede disparar indiscriminadamente contra civiles, atacar su integridad física, ni detenerlos arbitrariamente. La vida es sagrada y nuestro deber máximo como sociedad es protegerla, especialmente la de los y las jóvenes que constituyen el presente y el futuro de este país.
3. · Creemos firmemente que la movilización social es la expresión de una ciudadanía activa y de una democracia. La estigmatización de organizaciones sociales, colectivos y defensores de DDHH, y la represión de la protesta, son formas de cancelación violenta de las expresiones de malestar social, que limitan la participación de los colombianos y colombianas en la construcción de soluciones a nuestros problemas, y acentúan las formas de exclusión vigentes en nuestra sociedad.

Esta no es la única carta con la que docentes universitarios se han unido para rechazar la forma cómo el Gobierno ha manejado las protestas y el paro nacional. La semana pasada, también, varios profesores enviaron una carta afirmando que se unirían al paro nacional.

“Entre las 6 am del 28 de abril a las 12 m de la noche del 1 de mayo, 940 hechos de violencia policial en contra de los manifestantes y entre estos 21 homicidios, 4 víctimas de violencia sexual, 12 víctimas de agresión en sus de ojos, 672 detenciones arbitrarias, 92 víctimas de violencia física. Los relatos y las imágenes transmitidas por los y las jóvenes en la noche del 2 de mayo auguran un incremento notable de estas cifras, que seguramente las estadísticas oficiales no recogerán en su real magnitud. Colombia sufre el uso desmedido de la represión contra la ciudadanía, en especial contra los y las jóvenes, de los gases lacrimógenos, las aturdidoras, así como el uso de armas de corto y, largo alcance”, dice este documento.

Otra carta, esta vez dirigida al presidente Iván Duque y que para el 4 de mayo ya tenía 1.140 firmas, hacía un llamado a repudiar la violencia, el vandalismo, la afectación y destrucción a bienes públicos. “El Estado de derecho debe prevalecer siguiendo los derechos humanos, no de otra manera”. La carta le pide e pide a Duque que, como “Jefe Superior de la Policía Nacional y Comandante en Jefe de las Fuerzas Militares, ordene el cumplimiento absoluto e irrestricto de los derechos humanos y el respeto por la autoridad civil por parte de la fuerza pública, en todos los lugares del territorio nacional”.

El 4 de mayo un grupo de docentes de varias universidades se unieron para escribir una carta rechazando la violencia estatal contra la población civil. “Las denuncias hechas por varias entidades, así como los videos grabados por ciudadanos en diferentes lugares de Colombia, dan cuenta del uso desmedido de la fuerza que socava las bases de una democracia”, es de las primeras cosas que afirma el documento.

Hoy, 10 de mayo, y solo ocho días después de que la carta se hiciera pública, son 935 los profesores y profesoras que la han firmado, no solo de universidades nacionales sino extranjeras. Se han unido a la manifestación de la no violencia estatal docentes de España, México, Francia, Estados Unidos, Argentina y Brasil, entre otros. (Le sugerimos: “La reacción del Gobierno no puede ser insultar a sus ciudadanos”: José Manuel Sabucedo)

La carta insiste en tres puntos:

1. · Conminamos a las autoridades locales y nacionales a que respeten el derecho constitucional a la protesta pacífica y reiteramos que sólo a través del diálogo y la concertación es posible construir acuerdos entre y con la ciudadanía. El agravamiento acelerado de la pobreza y la desigualdad en nuestro país vuelve esta tarea aún más urgente.
2. · Rechazamos el uso de la violencia oficial y la militarización de las ciudades como respuesta a la protesta social legítima. En un estado de derecho la fuerza pública no puede disparar indiscriminadamente contra civiles, atacar su integridad física, ni detenerlos arbitrariamente. La vida es sagrada y nuestro deber máximo como sociedad es protegerla, especialmente la de los y las jóvenes que constituyen el presente y el futuro de este país.
3. · Creemos firmemente que la movilización social es la expresión de una ciudadanía activa y de una democracia. La estigmatización de organizaciones sociales, colectivos y defensores de DDHH, y la represión de la protesta, son formas de cancelación violenta de las expresiones de malestar social, que limitan la participación de los colombianos y colombianas en la construcción de soluciones a nuestros problemas, y acentúan las formas de exclusión vigentes en nuestra sociedad.

Esta no es la única carta con la que docentes universitarios se han unido para rechazar la forma cómo el Gobierno ha manejado las protestas y el paro nacional. La semana pasada, también, varios profesores enviaron una carta afirmando que se unirían al paro nacional.

“Entre las 6 am del 28 de abril a las 12 m de la noche del 1 de mayo, 940 hechos de violencia policial en contra de los manifestantes y entre estos 21 homicidios, 4 víctimas de violencia sexual, 12 víctimas de agresión en sus de ojos, 672 detenciones arbitrarias, 92 víctimas de violencia física. Los relatos y las imágenes transmitidas por los y las jóvenes en la noche del 2 de mayo auguran un incremento notable de estas cifras, que seguramente las estadísticas oficiales no recogerán en su real magnitud. Colombia sufre el uso desmedido de la represión contra la ciudadanía, en especial contra los y las jóvenes, de los gases lacrimógenos, las aturdidoras, así como el uso de armas de corto y, largo alcance”, dice este documento.

Otra carta, esta vez dirigida al presidente Iván Duque y que para el 4 de mayo ya tenía 1.140 firmas, hacía un llamado a repudiar la violencia, el vandalismo, la afectación y destrucción a bienes públicos. “El Estado de derecho debe prevalecer siguiendo los derechos humanos, no de otra manera”. La carta le pide e pide a Duque que, como “Jefe Superior de la Policía Nacional y Comandante en Jefe de las Fuerzas Militares, ordene el cumplimiento absoluto e irrestricto de los derechos humanos y el respeto por la autoridad civil por parte de la fuerza pública, en todos los lugares del territorio nacional”.