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El presidente Gustavo Petro sancionó en las últimas horas la Ley 2307 de 2023, “por la cual se establece la gratuidad en los programas de pregrado en las instituciones de educación superior públicas del país”. (Puede leer: Educación superior gratis para todos, aunque con varios “peros”)
Cabe recordar que esta ley tiene como objetivo que todos los jóvenes del país que quieran estudiar en las universidades, instituciones universitarias o técnicas y tecnológicas públicas lo puedan hacer de forma gratuita, sin importar el estrato al que pertenezcan.
Sin embargo, como lo advirtió hace unas semanas Jairo Torres, presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE), es necesario hacer una aclaración fundamental: en su artículo número 2, la ley establece que el Gobierno Nacional “garantizará la financiación necesaria para asegurar la gratuidad en el valor de la matrícula de los programas de pregrado en instituciones de educación superior pública”. (Le puede interesar: ¿Tiene problemas con la convalidación de su título académico? No es el único)
“Una cosa es la gratuidad de la educación superior, que implicaría manutención, transporte y matrícula, y otro la matrícula cero, que significa ese beneficio en el precio de la matrícula”, enfatizaba Torres hace unos días.
Aunque el objetivo de la política es que cualquier joven pueda acceder a la matrícula de un pregrado en una universidad pública de manera gratuita, en el tercer artículo se señala que habrá una priorización. De esta hacen parte los grupos poblacionales en condición de vulnerabilidad, ya sea por la focalización socioeconómica Sisbén IV o el instrumento que se elija. (También puede leer: Si quiere hacer una maestría en ciencias agropecuarias, puede postularse a estas becas)
También hacen parte de la priorización las víctimas del conflicto armado, quienes pertenezcan a comunidades étnicas (indígenas rom, raizales, afrodescendientes, palenqueros), así como personas con discapacidad, madres cabeza de familia y jóvenes graduados como bachiller de colegios públicos en zonas rurales del país.
Si bien el Gobierno Nacional todavía tiene seis meses para reglamentar la ley, por lo cual aún no se conocen muchos detalles de cómo funcionará, varios investigadores y académicos han señalado algunos reparos sobre este proyecto.
Hace unas semanas, Luz Karime Abadía, codirectora del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana (LEE), contaba que en Colombia el sistema educativo promueve la desigualdad. “Ante tantas necesidades y escasez de recursos se requieren políticas con buena focalización para garantizar que los subsidios y las oportunidades lleguen a los que más los necesitan”. (Puede interesarle: Reforma a la educación superior costaría $6,8 billones según cálculos de Mineducación)
Para Gabriel Angarita, exasesor del director de Política Microeconómica del Ministerio de Hacienda en 2021 y estudiante de la Escuela de Políticas Públicas de la Universidad de Chicago, esta ley beneficiará “mucho más a las personas en colegios privados que los que están hoy en colegios públicos”.
Si quiere conocer más críticas y reparos a la ley que acaba de ser sancionada por el presidente Gustavo Petro, y que fue iniciativa de María José Pizarro, senadora del Pacto Histórico, puede leer nuestro artículo: Educación superior gratis para todos, aunque con varios “peros”.