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Profesores de diferentes universidades del país se unen al Paro Nacional que se viven en Colombia desde el pasado 28 de abril y exigen al presidente Iván Duque no reprimir las protestas sociales y respetar los derechos humanos de todos los manifestantes. Así lo señaló un comunicado oficial firmado por más de 400 docentes.
“La ciudadanía, haciendo uso legítimo del derecho a la protesta, ha salido pacífica y masivamente a las calles en más de 500 municipios de Colombia, con gigantescas marchas en las principales ciudades -Cali, Medellín, Bogotá, Manizales, Barranquilla, Pereira, Popayán, Pasto, Ibagué, entre otras- (…) Las marchas han estado llenas de creatividad, de expresiones culturales, de participación en gigantescas asambleas populares, entre muchas otras formas de organización, reflexión y acción”, señala el comunicado.
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Aunque los profesores rechazaron los hechos violentos liderados por la población civil, advierten que son “mínimos” comparados con las manifestaciones pacíficas durante las marchas, por lo que no es justo estigmatizar al conjunto de la protesta social como vandalismo. En el comunicado incluyen las cifras publicadas por la ONG Temblores que ha venido haciendo seguimiento de violaciones a derechos de los marchantes durante las jornadas de la última semana.
“Entre las 6 am del 28 de abril a las 12 m de la noche del 1 de mayo, 940 hechos de violencia policial en contra de los manifestantes y entre estos 21 homicidios, 4 víctimas de violencia sexual, 12 víctimas de agresión en sus de ojos, 672 detenciones arbitrarias, 92 víctimas de violencia física. Los relatos y las imágenes transmitidas por los y las jóvenes en la noche del 2 de mayo auguran un incremento notable de estas cifras, que seguramente las estadísticas oficiales no recogerán en su real magnitud. Colombia sufre el uso desmedido de la represión contra la ciudadanía, en especial contra los y las jóvenes, de los gases lacrimógenos, las aturdidoras, así como el uso de armas de corto y, largo alcance”, agrega el documento.
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Los profesores reconocen el derecho a la protesta social consignado en la Constitución Política y señalan que la militarización de las ciudades es a toda costa “injustificable en un contexto en el que se viene cuestionando la legitimidad de la fuerza pública y las sistemáticas denuncias sobre estigmatización y criminalización de la protesta social”. Por esto, exigen al gobierno nacional:
1. Cesar la violencia contra las y los manifestantes inmediatamente y hacer un cambio radical del actual manejo militar y policial de la protesta social.
2. Desmilitarizar las ciudades y retirar al ESMAD del manejo de la protesta.
3. Construir canales de comunicación y diálogo con las diferentes organizaciones y movimientos sociales para consensuar las transformaciones de política pública que se requieren para superar la profunda crisis económica, política, social y sanitaria que atraviesa el país.
4. Establecer de manera muy ágil investigaciones serias, independientes y exhaustivas, de las graves violaciones de derechos humanos que se han producido en estos días, que impidan se presenten más violaciones a ellos y que los responsables de estos graves hechos sean judicializados.
La Universidad de los Andes también se unió a los profesores universitarios a través de otro comunicado, firmado por la Facultad de Ciencias Sociales , en el que manifestaron el rechazo a las violaciones a los derechos humanos por parte de integrantes de la fuerza pública durante movilizaciones sociales. “El monopolio de la fuerza estatal no debe ser usado para impedir el ejercicio legítimo del derecho a la protesta, fundamental en cualquier democracia. Vemos con preocupación que esta violencia se dirige particularmente contra la población joven que se está movilizando para expresar sus malestares, inquietudes y reivindicaciones ante las incertidumbres y condiciones de precarización económica y social, agudizadas hoy en día por la pandemia”, señala el comunicado.