Proyecto de ley para crisis financiera de universidades públicas quedó para 2025

Este lunes 16 de diciembre, durante el último día de sesiones ordinarias en el Congreso de la República, la Comisión Séptima del Senado decidió aplazar para 2025 la votación del proyecto de ley que pretende enfrentar la crisis financiera de las universidades públicas.

De manera específica, se trataba del “Acuerdo Nacional por el Rescate Financiero de la Educación Superior Pública”, que busca modificar los artículos 86 y 87 de la Ley 30. En ellos se establece la “fórmula” que define el dinero que le destina año a año el Gobierno a las Instituciones de Educación Superior Públicas (IES).

“Desde el Ministerio de Educación continuaremos avanzando para garantizar a todas y todos los jóvenes del país el acceso a la educación pública como un derecho, no como un privilegio”, afirmó el Ministerio de Educación a través de su cuenta de X (antes Twitter) tras la decisión de la Comisión Séptima.

El proyecto de ley había sido radicado el pasado 3 de septiembre como la principal bandera de la gestión del ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín. En su momento, el jefe de esa cartera había dicho que este acuerdo es “el primer paso hacia la reforma integral de la Ley 30, que contiene el Plan Nacional de Desarrollo”.

Como lo contamos en esta nota, entre las principales apuestas de la iniciativa está la modificación del esquema de financiación para las IES públicas. Por eso, desde la cartera proponen que en los próximos 15 años se alcance una inversión del 1% del Producto Interno Bruto (PIB) en la educación superior del país.

Además, establece que los presupuestos de las universidades públicas se compongan de transferencias del presupuesto nacional, aportes de entes territoriales y recursos propios, para que así los aportes se ajusten anualmente con base en el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES) y no con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), como sucede en la actualidad.

Como lo hemos mencionado en estas páginas, algunas IES públicas se encuentran en una crisis financiera complicada. La que se recrudeció de manera más visible fue la Universidad de Antioquia, la segunda pública más grande del país, que tiene un hueco de recursos superior a los $350.000 millones de pesos.

Por su parte, la Universidad Nacional afirmó en su momento que, aunque la crisis presupuestal afecta a todas las instituciones públicas de Colombia, la situación actual de la UdeA es una “oportunidad para superarla y crear nuevas fortalezas interinstitucionales, resultantes del apoyo mutuo, que nos permitan materializar el derecho a una educación pública, gratuita y de calidad en Colombia”.

Luego de la decisión de la Comisión Séptima del Senado, se espera que el proyecto de ley continúe su debate después del receso legislativo en febrero de 2025, aunque aún no se ha definido una fecha exacta.

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Este lunes 16 de diciembre, durante el último día de sesiones ordinarias en el Congreso de la República, la Comisión Séptima del Senado decidió aplazar para 2025 la votación del proyecto de ley que pretende enfrentar la crisis financiera de las universidades públicas.

De manera específica, se trataba del “Acuerdo Nacional por el Rescate Financiero de la Educación Superior Pública”, que busca modificar los artículos 86 y 87 de la Ley 30. En ellos se establece la “fórmula” que define el dinero que le destina año a año el Gobierno a las Instituciones de Educación Superior Públicas (IES).

“Desde el Ministerio de Educación continuaremos avanzando para garantizar a todas y todos los jóvenes del país el acceso a la educación pública como un derecho, no como un privilegio”, afirmó el Ministerio de Educación a través de su cuenta de X (antes Twitter) tras la decisión de la Comisión Séptima.

El proyecto de ley había sido radicado el pasado 3 de septiembre como la principal bandera de la gestión del ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín. En su momento, el jefe de esa cartera había dicho que este acuerdo es “el primer paso hacia la reforma integral de la Ley 30, que contiene el Plan Nacional de Desarrollo”.

Como lo contamos en esta nota, entre las principales apuestas de la iniciativa está la modificación del esquema de financiación para las IES públicas. Por eso, desde la cartera proponen que en los próximos 15 años se alcance una inversión del 1% del Producto Interno Bruto (PIB) en la educación superior del país.

Además, establece que los presupuestos de las universidades públicas se compongan de transferencias del presupuesto nacional, aportes de entes territoriales y recursos propios, para que así los aportes se ajusten anualmente con base en el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES) y no con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), como sucede en la actualidad.

Como lo hemos mencionado en estas páginas, algunas IES públicas se encuentran en una crisis financiera complicada. La que se recrudeció de manera más visible fue la Universidad de Antioquia, la segunda pública más grande del país, que tiene un hueco de recursos superior a los $350.000 millones de pesos.

Por su parte, la Universidad Nacional afirmó en su momento que, aunque la crisis presupuestal afecta a todas las instituciones públicas de Colombia, la situación actual de la UdeA es una “oportunidad para superarla y crear nuevas fortalezas interinstitucionales, resultantes del apoyo mutuo, que nos permitan materializar el derecho a una educación pública, gratuita y de calidad en Colombia”.

Luego de la decisión de la Comisión Séptima del Senado, se espera que el proyecto de ley continúe su debate después del receso legislativo en febrero de 2025, aunque aún no se ha definido una fecha exacta.

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