Prueba de fuego en el Congreso para la principal apuesta en educación del Gobierno

Los próximos días serán cruciales para que se apruebe el principal proyecto de ley del gobierno de Gustavo Petro en educación: la ley estatutaria, que busca que la educación sea reconocida como un derecho fundamental en todos sus niveles, desde preescolar hasta la educación superior. Luego de una larga pausa, la discusión se reactivará este martes 2 de abril, aunque parece que no tendrá nada fácil el camino, como se pensaba hace unos meses.

Los próximos días serán cruciales para que se apruebe el principal proyecto de ley del gobierno de Gustavo Petro en educación: la ley estatutaria, que busca que la educación sea reconocida como un derecho fundamental en todos sus niveles, desde preescolar hasta la educación superior. Luego de una larga pausa, la discusión se reactivará este martes 2 de abril, aunque parece que no tendrá nada fácil el camino, como se pensaba hace unos meses.

Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes, ha señalado que la prioridad de esta legislatura será sacar adelante este proyecto, pero lo cierto es que, en medio de varias controversias y entre el aplazamiento de las votaciones, hoy está en una carrera contrarreloj. Para que prospere deberá superar tres debates: uno en la plenaria de la Cámara, que se empieza a discutir hoy, y los dos en el Senado. Además, como es una ley estatutaria, debe tramitarse en una misma legislatura, es decir, antes del 20 de junio.

Sin embargo, y pese a que se le ha ido enredando el camino a este proyecto, en su primera prueba (que fue el 13 de diciembre en el primer debate en Cámara), esta ley, a diferencia de varios proyectos del Gobierno, como la reforma a la salud, consiguió consenso. Gabriel Becerra, representante a la Cámara del Pacto Histórico, cuenta que de los 10 ponentes, ocho estuvieron de acuerdo con el documento. Los otros dos (Hernán Cadavid, del Centro Democrático, y Marelen Castillo, de la Liga contra la Corrupción) presentaron una ponencia alternativa. Es decir, no estaban en contra y tampoco pidieron archivarla.

Aunque esta ley ha sido una bandera del Gobierno y ha tenido mayor acogida en el Congreso, todavía persisten algunas inquietudes entre el sector educativo, tanto de forma como de fondo. A los ojos de Hernando Bayona, exviceministro de Educación Preescolar Básica y Media, el documento que se debatirá mañana presenta unos cambios “marginales y algo cosméticos”, pues para él no son modificaciones profundas y le siguen faltando variaciones de fondo.

Entre estas variaciones de fondo, en opinión de Bayona, quien también es profesor asociado de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes, está buscar un “hilo conductor” que permita que el derecho fundamental a la educación se pueda articular con las cuatro “A”: asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. El propósito de esta conexión es básicamente que las personas puedan entender a qué tienen derecho, cómo lo pueden exigir o cuáles son las entidades que lo pueden garantizar.

La falta de claridad en estos conceptos también se ha reflejado en la definición del sistema de educación que está descrito en el documento, en opinión de Francisco Cajiao, consultor en educación. El articulado, como está aprobado inicialmente, no explica con claridad cómo se organizaría y esto, añade, sería grave. Para entender mejor la problemática basta con ver lo que pasa con el Sena, que en la actualidad no es parte del sistema educativo (de hecho, su administración está en cabeza del Ministerio de Trabajo), pero es clave en el cumplimiento de las metas del Gobierno, como los 500.000 nuevos cupos en educación superior.

El SENA, no obstante, no es el único actor clave para cumplir esta meta. También es fundamental que intervengan las universidades privadas, pues, según los cálculos de Julián de Zubiría, experto en educación y director del Instituto Alberto Merani, las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas solo podrían cubrir entre un 5 y un 10%. Pero, añade, para llegar a este número “se requerirían muchísimas inversiones y en tiempos breves”. Entre ellas, por ejemplo, está modificar los sistemas donde se maneja el presupuesto de educación. También enfatiza en que la ley no deberá afectar la calidad de la educación.

Aunque los vacíos en varios de los conceptos ha sido una de las principales críticas, para algunos el documento trata de abarcar muchos términos, pero sin mucha precisión. Por ejemplo, señala Cecilia Dimate, decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Externado, para ser una ley estatutaria es un documento demasiado grande y un ejemplo de ello son los principios que deben guiar el derecho a la educación. “De un debate a otro pasaron de 15 a 24 y, se podrían dejar los básicos, incluso algunos de ellos están recogidos en los demás artículos de la ley”, dice.

Los artículos más polémicos de la ley estatutaria

Además de esas críticas, hay otros artículos puntuales que han generado bastante ruido, como es el caso del artículo 18 que hace referencia al derecho a la educación superior. En este apartado, anota Dimate, se incluye el componente de la educación posmedia, que es la educación a la que accedemos después de finalizar la educación básica y media (que es el colegio). Sin embargo, no entregan detalles de cómo se implementará.

¿Este nivel debería ser regulado por el Estado?, es una de las preguntas que muchos se hacen. De acuerdo con Dimate, como se está hablando de un derecho fundamental a la educación, en teoría, se estaría incluyendo todas las modalidades, entre las que está la educación universitaria o profesional, educación tecnológica, educación para el trabajo y el desarrollo humano e, incluso, las normales.

Pero en opinión de Cajiao, la disputa tiene que ir más allá de lo escrito en el documento, porque se debe tener en cuenta que la Corte Constitucional en una de sus sentencias define que este no es un derecho absoluto, sino que es uno condicionado. Para entenderlo mejor, añade, “alguien adquiere el derecho a la educación superior siempre y cuando supere las pruebas, los exámenes, las exigencias académicas, entre otros requisitos”.

Otra de las inquietudes que han surgido en los debates es la relacionada con el tema del presupuesto. A pesar de que en varias oportunidades la ministra de Educación, Aurora Vergara, ha señalado que una ley estatutaria no debe precisar el monto de financiación, para Sergio Lancheros, integrante del Grupo de Investigación en Políticas Públicas de Educación Superior de la U. Nacional, es esencial que se conozca un cálculo real de cuánto cuesta este proyecto, sobre todo porque las instituciones educativas van a acceder a una serie de compromisos, como ampliar cobertura o mejorar la infraestructura.

De hecho, a los ojos de Lancheros, en el documento se repite una y otra vez que se garantizará el derecho a la educación en todos sus niveles, es decir, desde la educación preescolar hasta la superior, pero el interrogante gira en torno a los recursos que deberá invertir el Estado para cumplir este derecho. Para él, uno de los grandes retos es establecer ese monto.

Al igual que el costo, es fundamental conocer los mecanismos de cómo se van a lograr estas metas, en opinión de Fabio Pulido, experto en derecho constitucional de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana. El único dato que se tiene, hasta el momento, es que el Gobierno tendrá dos años para crear un sistema y asegurar la progresividad, pero, añade, no enfatiza si creará una política pública o qué acciones desarrollará.

También ha generado discusión el literal U del artículo 5, donde se establece como un principio el derecho a la libertad de los padres para elegir qué tipo de educación reciben los hijos. Según dice la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, en medio del primer debate este fue un punto en el que cedió el Gobierno para conseguir un consenso. Lo problemático de este apartado, en opinión de Pedraza, es que podría implicar, por ejemplo, restricciones en los contenidos o también se puede interpretar en el sentido de que los padres puedan elegir si la educación que el gobierno garantiza es pública o privada.

Pero, ¿por qué sería problemático? Gloria Bernal, directora del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana, cuenta que este modelo busca darle un subsidio a la demanda, es decir, a las familias que van a estudiar para que elijan a dónde van o a dónde no. Pero, añade, la controversia surge porque “podría haber una potencial transferencia de recursos públicos a entidades privadas”.

La congresista tampoco ve con buenos ojos el artículo 14, donde se plantean los deberes, puntualmente uno que señala que los estudiantes deben tener una relación armónica con toda la comunidad universitaria. En su opinión, no se debería condicionar el acceso al derecho fundamental a la educación a ese tipo de planteamientos y pone como ejemplo los avances que ha tenido el movimiento estudiantil en las diversas universidades públicas.

El artículo 9, que habla de aceptabilidad (calidad e idoneidad), también ha generado reproches, pues, como señala Pulido sobre este tema hay varios reparos al estipular que el Estado vigilará la idoneidad ética de los profesores. Señala que en Chile se registra un antecedente, cuando la Corte Interamericana condenó al país por exigir títulos de idoneidad ética y asegura que esto claramente podría ser una violación a la libertad de cátedra.

Con este telón de fondo, los representantes a la Cámara discutirán hoy ese documento impulsado por el Ministerio de Educación. La pregunta que todos se hacen es si podrá prosperar en medio de estas tensiones antes del 20 de junio. En medio de todo, lo cierto es que, como dice Becerra, la educación sea un derecho fundamental en todos sus niveles es una deuda histórica que tiene el país desde hace más de 30 años.

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