¿Qué ha pasado con las denuncias de homofobia en colegio privado de Medellín?

Sara* y Daniela* eran novias mientras estudiaban en el colegio San Juan Bosco de Medellín. La mayoría de sus compañeras sabía de su relación. Incluso, en medio de una salida por fuera de la institución, sus amigas les tomaron una foto mientras se daban un beso como el recuerdo de un momento íntimo, bonito, que luego se transformó en un problema: las directivas del colegio encontraron la foto y citaron a ambas a una reunión. “Les dijeron que estaban dando mal ejemplo, que estaban causando desprestigio”, cuenta Ana*, quien actualmente estudia allí y conoció el caso de Sara y Daniela, quienes la autorizaron para contarlo.

Ana dice que lo que les sucedió a ellas no es aislado. El pasado 28 de mayo, el activista y politólogo Jonier Quiceno publicó en sus redes sociales, específicamente en Twitter, tres videos en los que estudiantes del colegio denunciaron de manera anónima experiencias de presunta homofobia por parte de las directivas del San Juan Bosco. También se habló de presunta discriminación racial. Según comentaron algunas alumnas afro, en el colegio les prohíben llevar su cabello de manera natural porque “no se ve bien con el uniforme”.

La institución negó todas las acusaciones en un comunicado que publicaron el 29 de mayo. En uno de los párrafos señala que “no es un secreto que desde hace varios años hemos tenido algunas niñas que han expresado su libre elección sexual sin que nunca se les haya negado el derecho a la educación, ni dado un trato diferencial”. La institución también dijo que ha tomado acciones para garantizar el apoyo de directivas, docentes y el resto de la comunidad educativa. El pasado 8 de junio, el colegio divulgó un comunicado interno en el que agrega que busca promover la participación de las estudiantes a través del Comité de Convivencia Escolar. Restablecer la sana convivencia en las aulas de clase era uno de los propósitos.

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“Debemos sentar claridad de que el hecho de instar a una buena presentación personal y a evitar manifestaciones afectivas inadecuadas (...) jamás se constituirá en una acción discriminatoria; por el contario, esta última constituye una obligación de cuidado de los menores”, dijo el San Juan Bosco. El centro educativo ha dicho que no es un secreto “la campaña mediática de desprestigio que han emprendido los activistas de diferentes grupos en contra de las instituciones educativas, principalmente de carácter privado y confesional, sin contar con ninguna evidencia de que sus manifestaciones sean ciertas”.

Hasta el momento, ninguna egresada o padre de familia de las actuales estudiantes ha puesto una denuncia formal por presunta homofobia contra el San Juan Bosco. El Espectador intentó comunicarse con las directivas para ampliar sus respuestas frente a las denuncias, pero no obtuvo una respuesta.

¿Qué dicen las denuncias?

Varias entidades de la Alcaldía de Medellín le han hecho seguimiento al caso: la Personería de la ciudad se manifestó diciendo que haría veeduría de lo ocurrido, y la Gerencia de Diversidad Sexual de la administración hizo presencia en ese colegio católico privado, cuya sede se encuentra en el barrio Belén. De hecho, el pasado 30 de mayo funcionarios, tanto de la Personería como de la Gerencia, fueron al colegio, pero, según le dijeron a El Espectador, no les abrieron la puerta. Días después, a inicios de junio, instalaron una mesa de diálogo a las afueras de la institución para discutir los presuntos casos de homofobia. En esa ocasión, las directivas tampoco los recibieron.

Desde que se conocieron las primeras denuncias en la red social de Quiceno, se han sumando más, como la de Antonia*. Ella es estudiante y señala que su caso comenzó 2021 cuando conoció a otra estudiante de la que se hizo pareja. Ambas comenzaron a pasar tiempo juntas entre los descansos de clase y eso levantó “sospechas”. “Nos amenazaron con llevarnos a la psicóloga, con la cual tuvimos diferentes reuniones en las que nos decía que esto estaba mal y estábamos confundidas; que esa no era la vida que Dios quería para nosotras. Ella nos dijo que solo nos podía ayudar a través de la religión y de la biblia”.

Antonia contó que la situación empeoró cuando las directivas le prohibieron a ella y a su pareja tomarse de las manos o siquiera abrazarse mientras estaban en la institución. Y, según Ana, esa misma advertencia aplica para todas las estudiantes. Incluso, algunas de ellas han sido llevadas ante las directivas por mera “sospecha” de que tengan una relación sentimental. “En otra ocasión, a unas estudiantes las acusaron de tener una relación poliamorosa porque pasaban mucho tiempo juntas. No era cierto, pero les dijeron que no podían estar cerca y tampoco abrazarse”, dice Ana.

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Daniel*, un exdocente del colegio quien estuvo en la institución por seis meses hasta el pasado 6 de junio, confirma lo dicho por Ana. “Una niña no puede abrazar a otra por sospecha, toda la institución está advertida por eso. Escuché que ninguna podía desprestigiar los valores del colegio”, dice él, quien además cuenta que ha visto muchas chicas que son pareja ingresar a la oficina de la dirección y quedarse durante mucho tiempo. “Ellas salen tristes porque les dicen que deben adherirse a la normativa del colegio. También les dicen que van a llamar a sus papás a contarles que están en una relación homosexual”.

Según Ana, muchas de las estudiantes ni siquiera habían salido del clóset antes de que las directivas del San Juan Bosco llamaran a sus papás: “A una exalumna le pasó que, básicamente, la llevaron a la psicorientadora y le exigieron que se tenía que quedar hasta que aceptara que estaba en una relación con otra estudiante”.

Para Cristian de la Rosa de Caribe Afirmativo, una corporación que trabaja por los derechos LGBTIQ+, lo que las estudiantes cuentan podría entrar en un terreno peligroso: “Hay un riesgo muy grande, sobre todo en las personas menores de edad que están desarrollando su personalidad. Puede haber repercusiones psicológicas y de desarrollo en un futuro”, dice. En Colombia hay un proyecto de ley que busca prohibir cualquier esfuerzo de “corregir” la orientación sexual. Fue radicado enla Cámara de Representantes, y será discutido en primer debate en la Comisión Séptima antes del 16 de junio de este año. Sus impulsores señalan que en el país se siguen viviendo casos de discriminación que a veces pasan desapercibidos.

De hecho, organizaciones como Sentiido han venido denunciando a nivel nacional lo que consideran un ambiente educativo “hostil” para las personas diversas. El año pasado esta entidad realizó un censo entre la población LGBTIQ+ menores de edad en el que preguntaron sobre el colegio, el hogar y los espacios religiosos. Se encuestaron a un total de 4.801 personas. En las instituciones educativas la encuesta evidenció que más de la mitad (54,6 %) de estudiantes consultados se sintieron inseguros por su orientación sexual.

Los comentarios homofóbicos también estuvieron presentes: el 52,9 % de los encuestados dijo haber escuchado a otros estudiantes decirlos, mientras que en el 65 % de los casos se trató de los mismos docentes o el personal de los colegios. De manera más grave, 7 de cada 10 estudiantes nunca acudieron a las rutas de atención ni reportaron incidentes de discriminación al personal del colegio.

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¿Existe un conducto regular para denunciar?

Daniel dice que las estudiantes necesitan ser escuchadas por las entidades correspondientes e incluso, cuando sea necesario, recibir atención psicológica. “También necesitamos que se haga seguimiento a la aplicación del manual de convivencia”, continúa el docente.

El Espectador conoció la versión más reciente del manual de convivencia del San Juan Bosco, donde se afirma que se sigue lo dicho por la Ley 1098 de 2006, el código de infancia y adolescencia, que reglamenta ambientes de seguridad, protección y acompañamiento a los estudiantes. Se menciona la ley 1620 de 2013, que reconoce que no pueden ocurrir casos de discriminación o abuso hacia personas con orientación sexual diversa en instituciones educativas privadas y públicas. Esta norma cobró relevancia en 2014, luego de que Sergio Urrego, un estudiante de 17 años, se quitara la vida en Bogotá tras sufrir bullying por ser gay.

Ante el incumplimiento de la ley 1620, surgió la sentencia T-478 de 2015, que entre otras cosas ratifica que todos los colegios, sin importar su naturaleza, deben garantizar espacios seguros para las personas LGBTIQ+. Otras sentencias, la T-562 de 2013 y T-443 de 2020, ratifican eso mismo. El artículo 29 de la misma ley 1620 dice que los colegios deben activar una Ruta Integral para la Convivencia Escolar ante situaciones específicas de conflicto, acoso escolar o vulneración de los derechos sexuales y reproductivos que no puedan ser resueltos a través del manual de convivencia. Ahí otras instancias y autoridades deben atender los casos.

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El San Juan Bosco tiene un conducto regular en su manual de convivencia que está definido así: “aquellas instancias (personas involucradas en la situación problema: directivo, empleado, docente, estudiante, padre de familia, entre otros) mediante las cuales se concreta el evento pedagógico – formativo aplicado. En cada uno de los pasos del conducto regular media siempre el diálogo, el derecho a la defensa y la intención pedagógica formativa, bases de la convivencia social. En cualquier caso, la instancia directamente involucrada plantea la solución pertinente”.

Pero a personas como Daniel les preocupa que “las chicas no tienen mecanismos de defensa: el manual de convivencia no estipula sobre los procesos y los derechos que tienen las estudiantes. Eso sí, llaman a sus padres de familia cuando se dan cuenta de que algunas de ellas son pareja y los condicionan a un pensamiento. La amenaza con dañarles la hoja de vida a las menores es una constante”. Ana tiene una opinión similar: “no se le está dando el debido cumplimiento a lo reglamentado, mucho menos al respecto por la diversidad que aboga la ley 1620 de 2013″.

¿Qué ha pasado hasta ahora?

Durante estas semanas diversas entidades de la sociedad civil y algunas de índole estatal están haciendo acompañamiento legal de las estudiantes y sus padres de familia. A Quiceno, quien publicó las primeras denuncias, lo amenazaron en sus redes sociales. “Con nuestros hijos no te metas, vas a saber pronto las consecuencias de querer imponer esas ideologías perversas en nuestros colegios”, le escribió un usuario anónimo, quien además le dijo que se “cuidara”, pues conocía los lugares que él frecuentaba en la ciudad. El activista ya interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.

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La Secretaría de Educación de Medellín le dijo a El Espectador que profesionales psicosociales de su programa “Entorno Escolar protector”, junto a su equipo de Gerencia Educativa, han hecho presencia en el San Juan Bosco. Lo que buscan es garantizar los derechos de los estudiantes en establecimientos públicos y privados. El personero de Medellín, William Yeffer Vivas, agregó que el colegio deberá someterse a una “intervención con el Observatorio de Mujeres Diversidades Sexuales y de Género, el Grupo de Asuntos Étnicos, Migrantes y Refugiados”.

*Nombres reservados por petición.

Sara* y Daniela* eran novias mientras estudiaban en el colegio San Juan Bosco de Medellín. La mayoría de sus compañeras sabía de su relación. Incluso, en medio de una salida por fuera de la institución, sus amigas les tomaron una foto mientras se daban un beso como el recuerdo de un momento íntimo, bonito, que luego se transformó en un problema: las directivas del colegio encontraron la foto y citaron a ambas a una reunión. “Les dijeron que estaban dando mal ejemplo, que estaban causando desprestigio”, cuenta Ana*, quien actualmente estudia allí y conoció el caso de Sara y Daniela, quienes la autorizaron para contarlo.

Ana dice que lo que les sucedió a ellas no es aislado. El pasado 28 de mayo, el activista y politólogo Jonier Quiceno publicó en sus redes sociales, específicamente en Twitter, tres videos en los que estudiantes del colegio denunciaron de manera anónima experiencias de presunta homofobia por parte de las directivas del San Juan Bosco. También se habló de presunta discriminación racial. Según comentaron algunas alumnas afro, en el colegio les prohíben llevar su cabello de manera natural porque “no se ve bien con el uniforme”.

La institución negó todas las acusaciones en un comunicado que publicaron el 29 de mayo. En uno de los párrafos señala que “no es un secreto que desde hace varios años hemos tenido algunas niñas que han expresado su libre elección sexual sin que nunca se les haya negado el derecho a la educación, ni dado un trato diferencial”. La institución también dijo que ha tomado acciones para garantizar el apoyo de directivas, docentes y el resto de la comunidad educativa. El pasado 8 de junio, el colegio divulgó un comunicado interno en el que agrega que busca promover la participación de las estudiantes a través del Comité de Convivencia Escolar. Restablecer la sana convivencia en las aulas de clase era uno de los propósitos.

Puede ver: A diferencia de otras entidades, en el Icfes sí pidieron la renuncia del director

“Debemos sentar claridad de que el hecho de instar a una buena presentación personal y a evitar manifestaciones afectivas inadecuadas (...) jamás se constituirá en una acción discriminatoria; por el contario, esta última constituye una obligación de cuidado de los menores”, dijo el San Juan Bosco. El centro educativo ha dicho que no es un secreto “la campaña mediática de desprestigio que han emprendido los activistas de diferentes grupos en contra de las instituciones educativas, principalmente de carácter privado y confesional, sin contar con ninguna evidencia de que sus manifestaciones sean ciertas”.

Hasta el momento, ninguna egresada o padre de familia de las actuales estudiantes ha puesto una denuncia formal por presunta homofobia contra el San Juan Bosco. El Espectador intentó comunicarse con las directivas para ampliar sus respuestas frente a las denuncias, pero no obtuvo una respuesta.

¿Qué dicen las denuncias?

Varias entidades de la Alcaldía de Medellín le han hecho seguimiento al caso: la Personería de la ciudad se manifestó diciendo que haría veeduría de lo ocurrido, y la Gerencia de Diversidad Sexual de la administración hizo presencia en ese colegio católico privado, cuya sede se encuentra en el barrio Belén. De hecho, el pasado 30 de mayo funcionarios, tanto de la Personería como de la Gerencia, fueron al colegio, pero, según le dijeron a El Espectador, no les abrieron la puerta. Días después, a inicios de junio, instalaron una mesa de diálogo a las afueras de la institución para discutir los presuntos casos de homofobia. En esa ocasión, las directivas tampoco los recibieron.

Desde que se conocieron las primeras denuncias en la red social de Quiceno, se han sumando más, como la de Antonia*. Ella es estudiante y señala que su caso comenzó 2021 cuando conoció a otra estudiante de la que se hizo pareja. Ambas comenzaron a pasar tiempo juntas entre los descansos de clase y eso levantó “sospechas”. “Nos amenazaron con llevarnos a la psicóloga, con la cual tuvimos diferentes reuniones en las que nos decía que esto estaba mal y estábamos confundidas; que esa no era la vida que Dios quería para nosotras. Ella nos dijo que solo nos podía ayudar a través de la religión y de la biblia”.

Antonia contó que la situación empeoró cuando las directivas le prohibieron a ella y a su pareja tomarse de las manos o siquiera abrazarse mientras estaban en la institución. Y, según Ana, esa misma advertencia aplica para todas las estudiantes. Incluso, algunas de ellas han sido llevadas ante las directivas por mera “sospecha” de que tengan una relación sentimental. “En otra ocasión, a unas estudiantes las acusaron de tener una relación poliamorosa porque pasaban mucho tiempo juntas. No era cierto, pero les dijeron que no podían estar cerca y tampoco abrazarse”, dice Ana.

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Daniel*, un exdocente del colegio quien estuvo en la institución por seis meses hasta el pasado 6 de junio, confirma lo dicho por Ana. “Una niña no puede abrazar a otra por sospecha, toda la institución está advertida por eso. Escuché que ninguna podía desprestigiar los valores del colegio”, dice él, quien además cuenta que ha visto muchas chicas que son pareja ingresar a la oficina de la dirección y quedarse durante mucho tiempo. “Ellas salen tristes porque les dicen que deben adherirse a la normativa del colegio. También les dicen que van a llamar a sus papás a contarles que están en una relación homosexual”.

Según Ana, muchas de las estudiantes ni siquiera habían salido del clóset antes de que las directivas del San Juan Bosco llamaran a sus papás: “A una exalumna le pasó que, básicamente, la llevaron a la psicorientadora y le exigieron que se tenía que quedar hasta que aceptara que estaba en una relación con otra estudiante”.

Para Cristian de la Rosa de Caribe Afirmativo, una corporación que trabaja por los derechos LGBTIQ+, lo que las estudiantes cuentan podría entrar en un terreno peligroso: “Hay un riesgo muy grande, sobre todo en las personas menores de edad que están desarrollando su personalidad. Puede haber repercusiones psicológicas y de desarrollo en un futuro”, dice. En Colombia hay un proyecto de ley que busca prohibir cualquier esfuerzo de “corregir” la orientación sexual. Fue radicado enla Cámara de Representantes, y será discutido en primer debate en la Comisión Séptima antes del 16 de junio de este año. Sus impulsores señalan que en el país se siguen viviendo casos de discriminación que a veces pasan desapercibidos.

De hecho, organizaciones como Sentiido han venido denunciando a nivel nacional lo que consideran un ambiente educativo “hostil” para las personas diversas. El año pasado esta entidad realizó un censo entre la población LGBTIQ+ menores de edad en el que preguntaron sobre el colegio, el hogar y los espacios religiosos. Se encuestaron a un total de 4.801 personas. En las instituciones educativas la encuesta evidenció que más de la mitad (54,6 %) de estudiantes consultados se sintieron inseguros por su orientación sexual.

Los comentarios homofóbicos también estuvieron presentes: el 52,9 % de los encuestados dijo haber escuchado a otros estudiantes decirlos, mientras que en el 65 % de los casos se trató de los mismos docentes o el personal de los colegios. De manera más grave, 7 de cada 10 estudiantes nunca acudieron a las rutas de atención ni reportaron incidentes de discriminación al personal del colegio.

Puede ver: Abren convocatorias para la Beca Nicanor, ¿quiénes pueden postularse?

¿Existe un conducto regular para denunciar?

Daniel dice que las estudiantes necesitan ser escuchadas por las entidades correspondientes e incluso, cuando sea necesario, recibir atención psicológica. “También necesitamos que se haga seguimiento a la aplicación del manual de convivencia”, continúa el docente.

El Espectador conoció la versión más reciente del manual de convivencia del San Juan Bosco, donde se afirma que se sigue lo dicho por la Ley 1098 de 2006, el código de infancia y adolescencia, que reglamenta ambientes de seguridad, protección y acompañamiento a los estudiantes. Se menciona la ley 1620 de 2013, que reconoce que no pueden ocurrir casos de discriminación o abuso hacia personas con orientación sexual diversa en instituciones educativas privadas y públicas. Esta norma cobró relevancia en 2014, luego de que Sergio Urrego, un estudiante de 17 años, se quitara la vida en Bogotá tras sufrir bullying por ser gay.

Ante el incumplimiento de la ley 1620, surgió la sentencia T-478 de 2015, que entre otras cosas ratifica que todos los colegios, sin importar su naturaleza, deben garantizar espacios seguros para las personas LGBTIQ+. Otras sentencias, la T-562 de 2013 y T-443 de 2020, ratifican eso mismo. El artículo 29 de la misma ley 1620 dice que los colegios deben activar una Ruta Integral para la Convivencia Escolar ante situaciones específicas de conflicto, acoso escolar o vulneración de los derechos sexuales y reproductivos que no puedan ser resueltos a través del manual de convivencia. Ahí otras instancias y autoridades deben atender los casos.

Puede ver: ¿En cuánto quedó el aumento salarial de los profesores de instituciones públicas?

El San Juan Bosco tiene un conducto regular en su manual de convivencia que está definido así: “aquellas instancias (personas involucradas en la situación problema: directivo, empleado, docente, estudiante, padre de familia, entre otros) mediante las cuales se concreta el evento pedagógico – formativo aplicado. En cada uno de los pasos del conducto regular media siempre el diálogo, el derecho a la defensa y la intención pedagógica formativa, bases de la convivencia social. En cualquier caso, la instancia directamente involucrada plantea la solución pertinente”.

Pero a personas como Daniel les preocupa que “las chicas no tienen mecanismos de defensa: el manual de convivencia no estipula sobre los procesos y los derechos que tienen las estudiantes. Eso sí, llaman a sus padres de familia cuando se dan cuenta de que algunas de ellas son pareja y los condicionan a un pensamiento. La amenaza con dañarles la hoja de vida a las menores es una constante”. Ana tiene una opinión similar: “no se le está dando el debido cumplimiento a lo reglamentado, mucho menos al respecto por la diversidad que aboga la ley 1620 de 2013″.

¿Qué ha pasado hasta ahora?

Durante estas semanas diversas entidades de la sociedad civil y algunas de índole estatal están haciendo acompañamiento legal de las estudiantes y sus padres de familia. A Quiceno, quien publicó las primeras denuncias, lo amenazaron en sus redes sociales. “Con nuestros hijos no te metas, vas a saber pronto las consecuencias de querer imponer esas ideologías perversas en nuestros colegios”, le escribió un usuario anónimo, quien además le dijo que se “cuidara”, pues conocía los lugares que él frecuentaba en la ciudad. El activista ya interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.

Puede ver: En Cundinamarca 5.000 jóvenes podrán tomar gratis un curso de Python

La Secretaría de Educación de Medellín le dijo a El Espectador que profesionales psicosociales de su programa “Entorno Escolar protector”, junto a su equipo de Gerencia Educativa, han hecho presencia en el San Juan Bosco. Lo que buscan es garantizar los derechos de los estudiantes en establecimientos públicos y privados. El personero de Medellín, William Yeffer Vivas, agregó que el colegio deberá someterse a una “intervención con el Observatorio de Mujeres Diversidades Sexuales y de Género, el Grupo de Asuntos Étnicos, Migrantes y Refugiados”.

*Nombres reservados por petición.