Reforma a la educación superior costaría $6,8 billones según cálculos de Mineducación

Desde el pasado 20 de julio, el ministerio de Educación, liderado por Aurora Vergara, dio a conocer el primer borrador a la reforma a la Ley 30, la norma más importante en educación superior. En esta, entre otras cosas, se determina el monto de dinero que todos los años debe destinar el Estado a las Instituciones de Educación Superior Públicas (IES). (Lea: Ana Carolina Quijano renuncia al viceministerio de Educación Superior)

Durante dos semanas, explicó Vergara, los diferentes actores del sistema tendrán la posibilidad de poner sus ajustes y sugerencias a este documento. Allí, como lo explicamos en este artículo, se proponen algunos cambios como la fórmula de transferencia, el objetivo del ICFES o una reforma al Icetex.

Recientemente, el ministerio publicó un documento en el que explica cuál será el impacto fiscal que podría tener esta reforma de llegarse a aprobar. Lo primero que aclara la cartera es que el principal porcentaje de este gasto adicional proviene de la modificación al esquema de transferencias que la Nación realiza a las IES.

La iniciativa propuesta por el Gobierno se compone de varios factores. El primero es que el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES) será el que determine las transferencias y ya no el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que es la fórmula que lleva rigiendo durante los últimos 30 años. El ICES será estimado por el DANE. (Puede leer: Ley estatutaria: la propuesta del Gobierno para regular el derecho a la educación)

Además, la reforma propuesta le permite al Estado disponer recursos adicionales de inversión para el fortalecimiento de las IES estatales, “fomentar el acceso, permanencia y graduación de los estudiantes y el mejoramiento integral de la calidad”. En ella también estará incluida la financiación a las Instituciones Técnicas, Tecnológicas y Universitarias (ITTU).

Teniendo en cuenta todas estas variables y con la nueva fórmula de financiación propuesta, el impacto fiscal total sería de cerca de $6,8 billones entre 2024 y 2026. Este monto, explica la cartera, se dividiría así: $5,8 billones serán para funcionamiento de las IES si se aprueba la fórmula propuesta. De este dinero, $2,4 billones estarían destinados a financiar el programa de ampliación de cobertura, llamado “Universidad en tu Territorio”.

El otro billón de pesos, añade la entidad, serán recursos adicionales destinados a la base presupuestal. “El gasto adicional estaría apalancado en los mayores ingresos que se derivan del recaudo de la Reforma Tributaria y que impactarían positivamente el Presupuesto General de la Nación”, añade. (Lea también: Elizabeth Blandón Bermúdez sería la nueva directora del ICFES)

El impacto que tendría esta reforma a mediano plazo, más o menos a 10 años, supondría recursos adicionales por más de $33 billones.

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Desde el pasado 20 de julio, el ministerio de Educación, liderado por Aurora Vergara, dio a conocer el primer borrador a la reforma a la Ley 30, la norma más importante en educación superior. En esta, entre otras cosas, se determina el monto de dinero que todos los años debe destinar el Estado a las Instituciones de Educación Superior Públicas (IES). (Lea: Ana Carolina Quijano renuncia al viceministerio de Educación Superior)

Durante dos semanas, explicó Vergara, los diferentes actores del sistema tendrán la posibilidad de poner sus ajustes y sugerencias a este documento. Allí, como lo explicamos en este artículo, se proponen algunos cambios como la fórmula de transferencia, el objetivo del ICFES o una reforma al Icetex.

Recientemente, el ministerio publicó un documento en el que explica cuál será el impacto fiscal que podría tener esta reforma de llegarse a aprobar. Lo primero que aclara la cartera es que el principal porcentaje de este gasto adicional proviene de la modificación al esquema de transferencias que la Nación realiza a las IES.

La iniciativa propuesta por el Gobierno se compone de varios factores. El primero es que el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES) será el que determine las transferencias y ya no el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que es la fórmula que lleva rigiendo durante los últimos 30 años. El ICES será estimado por el DANE. (Puede leer: Ley estatutaria: la propuesta del Gobierno para regular el derecho a la educación)

Además, la reforma propuesta le permite al Estado disponer recursos adicionales de inversión para el fortalecimiento de las IES estatales, “fomentar el acceso, permanencia y graduación de los estudiantes y el mejoramiento integral de la calidad”. En ella también estará incluida la financiación a las Instituciones Técnicas, Tecnológicas y Universitarias (ITTU).

Teniendo en cuenta todas estas variables y con la nueva fórmula de financiación propuesta, el impacto fiscal total sería de cerca de $6,8 billones entre 2024 y 2026. Este monto, explica la cartera, se dividiría así: $5,8 billones serán para funcionamiento de las IES si se aprueba la fórmula propuesta. De este dinero, $2,4 billones estarían destinados a financiar el programa de ampliación de cobertura, llamado “Universidad en tu Territorio”.

El otro billón de pesos, añade la entidad, serán recursos adicionales destinados a la base presupuestal. “El gasto adicional estaría apalancado en los mayores ingresos que se derivan del recaudo de la Reforma Tributaria y que impactarían positivamente el Presupuesto General de la Nación”, añade. (Lea también: Elizabeth Blandón Bermúdez sería la nueva directora del ICFES)

El impacto que tendría esta reforma a mediano plazo, más o menos a 10 años, supondría recursos adicionales por más de $33 billones.

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