Réquiem por las universidades públicas

El pasado 3 de septiembre, la rectora de la Universidad Nacional, Dolly Montoya, hizo un anuncio grave que pasó desapercibido. “Necesitamos conseguir $60.000 millones antes de diciembre. Es urgente”, dijo durante una reunión de representantes estudiantiles en Medellín. Los jóvenes respaldaron sus palabras. Jennifer Pedraza, representante estudiantil ante el consejo superior universitario, fue enfática: “En los últimos seis años, la universidad ha creado 36 programas de pregrado y posgrado sin que haya aumentos significativos en la base presupuestal. Cada vez tenemos más gastos, pero seguimos casi con el mismo dinero de hace mucho tiempo”.

La situación de la Nacional se repite con frecuencia en las 32 universidades públicas del país. Es, además, un ejemplo claro para entender el déficit del sistema de educación superior, que ya asciende a $1,4 billones para funcionamiento y $15 billones para infraestructura, según cifras del Sistema Universitario Estatal (SUE).

La crisis de financiamiento actual es tan profunda que ha logrado sincronizar los intereses y las necesidades de profesores, estudiantes y directivos, tres fuerzas que casi nunca están de acuerdo. De hecho, durante las últimas semana fueron tendencia nacional en Twitter las etiquetas: #ChallengeXLasUniversidadesPúblicas y #SOSUniversidadesPúblicas, impulsadas por directivos y estudiantes de la Universidad de Antioquia. Se espera que la indignación virtual llegue a las calles el 10 de octubre con la gran marcha nacional estudiantil, que tiene como propósito conseguir un aumento significativo del presupuesto destinado a la educación y evitar así el colapso de las universidades públicas.

Para Pedro Hernández, presidente de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios (ASPU), el problema del desfinanciamiento encarna una paradoja insostenible: cada año las universidades públicas aumentan la cobertura y mejoran la calidad en docencia e investigación, pero el presupuesto que destina el Ministerio de Educación para financiarlas es menor en términos porcentuales. “En 2004 se destinó el 53 % del total del gasto de educación superior para financiar las universidades públicas; en 2017 solo fue el 37 %. Es decir, de los $2,8 billones que había en 2004, $1,4 billones llegaron a las universidades públicas, mientras que de los $8,9 billones de 2017 se invirtieron solo $3,2 billones en las universidades públicas”.

La situación es más compleja si se tiene en cuenta que en 2004 había 365.985 estudiantes haciendo el pregrado en universidades públicas y en 2017 fueron 576.393, un aumento del 57 %. El incremento en número de estudiantes de posgrado fue de 184 %, al pasar de 16.492 en 2005 a 46.794 en 2017.

Según Hernández, los más afectados con esta crisis han sido los profesores. De los 37.923 maestros que tienen las universidades públicas, solo 12.570 son de planta. El resto, 10.249 ocasionales y 15.104 de cátedra, padecen condiciones laborales muy difíciles. “El 68 % de los profesores de universidades públicas están precarizados. Sus salarios son muy bajos y solo tiene contrato ocho de los 12 meses del año. Muchas veces no pueden cotizar para salud y pensión”.

Nicolás Amaya, representante estudiantil al consejo superior de la Universidad Distrital, y Viviana Marín, estudiante de la Universidad de La Salle, comparten la preocupación del profesor Hernández. “El jueves pasado radicamos un pliego de peticiones ante el Congreso, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Educación y Presidencia, que busca empezar a saldar la deuda histórica que tiene el Estado con las universidades públicas del país”, dijo Amaya.

De acuerdo con Marín, el pliego recoge las conclusiones de un encuentro que se realizó en la Universidad de la Amazonia, en Caquetá, entre el 14 y el 17 de septiembre, y reunió a más de 1.500 estudiantes de distintas instituciones de educación superior del país. “El documento contiene 10 puntos de exigencias concretas para salvar las universidades. Las más importantes son: incremento de $4,5 billones para las universidades públicas, el congelamiento de las matrículas de las universidades privadas, la reliquidación de las deudas de los estudiantes con el Icetex con tasa real de interés 0 % y la condonación de los créditos de los estudiantes de Ser Pilo Paga, incluyendo a quienes hayan desertado del programa”, aseguró Marín.

Los asistentes al encuentro crearon la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior (Unees), una organización que recuerda la famosa Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE), que en 2011 impidió la reforma de la Ley 30. “Queremos una educación superior crítica, creadora y transformadora y estamos trabajando para conseguirla”, dijo Amaya. Mientras tanto, el Ministerio de Educación, en cabeza de María Victoria Angulo, guarda silencio. Los encargados de prensa dijeron que la cartera no se pronunciaría antes del 20 de octubre, cuando la plenaria del Congreso apruebe de forma definitiva el presupuesto para 2019.

El pasado 3 de septiembre, la rectora de la Universidad Nacional, Dolly Montoya, hizo un anuncio grave que pasó desapercibido. “Necesitamos conseguir $60.000 millones antes de diciembre. Es urgente”, dijo durante una reunión de representantes estudiantiles en Medellín. Los jóvenes respaldaron sus palabras. Jennifer Pedraza, representante estudiantil ante el consejo superior universitario, fue enfática: “En los últimos seis años, la universidad ha creado 36 programas de pregrado y posgrado sin que haya aumentos significativos en la base presupuestal. Cada vez tenemos más gastos, pero seguimos casi con el mismo dinero de hace mucho tiempo”.

La situación de la Nacional se repite con frecuencia en las 32 universidades públicas del país. Es, además, un ejemplo claro para entender el déficit del sistema de educación superior, que ya asciende a $1,4 billones para funcionamiento y $15 billones para infraestructura, según cifras del Sistema Universitario Estatal (SUE).

La crisis de financiamiento actual es tan profunda que ha logrado sincronizar los intereses y las necesidades de profesores, estudiantes y directivos, tres fuerzas que casi nunca están de acuerdo. De hecho, durante las últimas semana fueron tendencia nacional en Twitter las etiquetas: #ChallengeXLasUniversidadesPúblicas y #SOSUniversidadesPúblicas, impulsadas por directivos y estudiantes de la Universidad de Antioquia. Se espera que la indignación virtual llegue a las calles el 10 de octubre con la gran marcha nacional estudiantil, que tiene como propósito conseguir un aumento significativo del presupuesto destinado a la educación y evitar así el colapso de las universidades públicas.

Para Pedro Hernández, presidente de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios (ASPU), el problema del desfinanciamiento encarna una paradoja insostenible: cada año las universidades públicas aumentan la cobertura y mejoran la calidad en docencia e investigación, pero el presupuesto que destina el Ministerio de Educación para financiarlas es menor en términos porcentuales. “En 2004 se destinó el 53 % del total del gasto de educación superior para financiar las universidades públicas; en 2017 solo fue el 37 %. Es decir, de los $2,8 billones que había en 2004, $1,4 billones llegaron a las universidades públicas, mientras que de los $8,9 billones de 2017 se invirtieron solo $3,2 billones en las universidades públicas”.

La situación es más compleja si se tiene en cuenta que en 2004 había 365.985 estudiantes haciendo el pregrado en universidades públicas y en 2017 fueron 576.393, un aumento del 57 %. El incremento en número de estudiantes de posgrado fue de 184 %, al pasar de 16.492 en 2005 a 46.794 en 2017.

Según Hernández, los más afectados con esta crisis han sido los profesores. De los 37.923 maestros que tienen las universidades públicas, solo 12.570 son de planta. El resto, 10.249 ocasionales y 15.104 de cátedra, padecen condiciones laborales muy difíciles. “El 68 % de los profesores de universidades públicas están precarizados. Sus salarios son muy bajos y solo tiene contrato ocho de los 12 meses del año. Muchas veces no pueden cotizar para salud y pensión”.

Nicolás Amaya, representante estudiantil al consejo superior de la Universidad Distrital, y Viviana Marín, estudiante de la Universidad de La Salle, comparten la preocupación del profesor Hernández. “El jueves pasado radicamos un pliego de peticiones ante el Congreso, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Educación y Presidencia, que busca empezar a saldar la deuda histórica que tiene el Estado con las universidades públicas del país”, dijo Amaya.

De acuerdo con Marín, el pliego recoge las conclusiones de un encuentro que se realizó en la Universidad de la Amazonia, en Caquetá, entre el 14 y el 17 de septiembre, y reunió a más de 1.500 estudiantes de distintas instituciones de educación superior del país. “El documento contiene 10 puntos de exigencias concretas para salvar las universidades. Las más importantes son: incremento de $4,5 billones para las universidades públicas, el congelamiento de las matrículas de las universidades privadas, la reliquidación de las deudas de los estudiantes con el Icetex con tasa real de interés 0 % y la condonación de los créditos de los estudiantes de Ser Pilo Paga, incluyendo a quienes hayan desertado del programa”, aseguró Marín.

Los asistentes al encuentro crearon la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior (Unees), una organización que recuerda la famosa Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE), que en 2011 impidió la reforma de la Ley 30. “Queremos una educación superior crítica, creadora y transformadora y estamos trabajando para conseguirla”, dijo Amaya. Mientras tanto, el Ministerio de Educación, en cabeza de María Victoria Angulo, guarda silencio. Los encargados de prensa dijeron que la cartera no se pronunciaría antes del 20 de octubre, cuando la plenaria del Congreso apruebe de forma definitiva el presupuesto para 2019.