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El secretario de un tribunal local del condado de Miami Dade, Harvey Rubin, emitió una orden de desalojo para la Universidad Autónoma del Caribe, sede Miami, por el no cumplimiento del pago de la renta correspondiente a tres meses.
Según el documento conocido por la W Radio, la arrendataria, Cristine Rodríguez, dio un plazo de cinco días para que la universidad se pusiera al día con el pago de la sede que abrió en junio de 2016. El retraso en el pago del salario de los maestros alertó al Departamento de Educación de Florida, que realizó una visita a la institución.
Pero la crisis financiera de la Uniautónoma no está solo en tierras extranjeras. Desde hace una semana, dos estudiantes marchan desde Barranquilla hasta Bogotá para exigir una solución a la crisis financiera de la Universidad Autónoma del Caribe. En conversación con W Radio, un estudiante de la sede Ocaña de la universidad, denunció que hace 3 meses no le pagan las cesantías a los docentes.
El Ministerio de Educación ya había ordenado al rector de la Uniautónoma, Ramsés Vargas Lamadrid, que pagara en 5 días hábiles la nómina de sus docentes y personal administrativo, el pasado 16 de enero, y la semana pasada, el 14 de febrero, la misma cartera emitió una resolución que ordena medidas preventivas y de vigilancia especial a la Universidad Autónoma del Caribe. Designaron un inspector in situ para vigilar la situación administrativay financiera de la universidad y le exigió un plan de mejoramiento.
Por otro lado, de acuerdo con la Emisora del Atlántico, hay una pelea cazada entre el Icetex y la Uniautónoma por 6.900 millones de pesos. Como le dijo a esa emisora la directora de créditos de la Universidad Autónoma del Caribe, Yeseni Morales, Icetex debe reembolsarle a Uniautónoma el 25% del valor de la matrícula de cada uno de los 2.394 estudiantes de estratos 1, 2 y 3. El Icetex, por su parte, afirmó en un comunicado que el cobro que está reclamando la Universidad Autónoma del Caribe no se puede realizar porque no informaron sobre el cobro que debía hacerse a los beneficiarios de un convenio de cofinanciación firmado en 2003 y por lo tanto, no existe una obligación del estudiante con el Icetex.
El desalojo tendría lugar el 17 de febrero.