Sexualidad, de un tabú a una materia pendiente en Colombia

Poco después de que la Corte Constitucional anunciara su decisión de despenalizar el aborto, en varios de nuestros chats familiares empezaron a circular mensajes a favor y en contra del fallo. En uno de ellos, una mujer que bordea los 50 años resumió la postura de varios opositores: “Estas generaciones, en su gran mayoría, son proaborto. No les importan los valores y mucho menos tienen temor a dios porque no creen en él (...) La gente se indigna cuando le hacen daño a un perrito que es indefenso, pero es inconcebible que piensen que es normal acabar con un ser que se forma en sus entrañas. Mucho dolor e indignación”. (Lea: Los desafíos para una educación de la sexualidad en Colombia)

Poco después de que la Corte Constitucional anunciara su decisión de despenalizar el aborto, en varios de nuestros chats familiares empezaron a circular mensajes a favor y en contra del fallo. En uno de ellos, una mujer que bordea los 50 años resumió la postura de varios opositores: “Estas generaciones, en su gran mayoría, son proaborto. No les importan los valores y mucho menos tienen temor a dios porque no creen en él (...) La gente se indigna cuando le hacen daño a un perrito que es indefenso, pero es inconcebible que piensen que es normal acabar con un ser que se forma en sus entrañas. Mucho dolor e indignación”. (Lea: Los desafíos para una educación de la sexualidad en Colombia)

Tras un cruce de mensajes y contraargumentos, ella, que respondía desde Cúcuta, rebatió con un párrafo demoledor: “Esto es darle carta abierta a todos los adolescentes irresponsables a que aborten cada vez que se embaracen. Y ese cuento de la educación sexual está mandado a recoger. Hasta el más pobre tiene un celular y por ahí se encuentra información y desinformación por montones. Los que se embarazan en esta época son muy brutos e irresponsables y los que abortan son unos egoístas. ¿Por qué cuando tienen relaciones no piensan en las consecuencias?”.

Esa posición muestra, de alguna manera, lo complejo que puede llegar a ser hablar de aborto y de sexualidad, en general, en Colombia. Como sucede siempre que estos temas se cuelan en la agenda pública, no hay cifras ni relatos que logren cambiar esas rígidas posturas. La muestra es que mientras usted lee este artículo, posiblemente, algunos opositores estén marchando en algunas ciudades con pancartas en contra de la despenalización del aborto.

Como sucedía con la persona defraudada que escribía en el chat de WhatsApp, para muchos no es fácil advertir que detrás de estas discusiones se esconden muchos asuntos y realidades que pocas veces se roban tantos titulares y debates radiales. Uno de ellos lo reveló el DANE hace solo un par de semanas: como no había sucedido hace años, el porcentaje de nacimientos en niñas menores de catorce años creció. En comparación con 2020, en 2021 hubo un incremento del 19,4 %. Si miramos con un poco más de detalle, los números hacen crecer la tragedia: en el tercer trimestre el aumento fue del 31,5 %.

“Dramático” es la mejor palabra que María Mercedes Vivas usa para describir ese escenario. Como médica y directora de Oriéntame —organización que lleva más de cuatro décadas trabajando por la salud sexual y reproductiva en Colombia—, cree que lo que está sucediendo demuestra las fallas y la desarticulación entre una política pública, el Estado y las familias.

“Son las personas que más debemos cuidar y requieren mayor protección. Niñas teniendo niños es, sin duda, un escenario dramático. La pandemia nos trajo un reto muy grande al estar todos en un mismo espacio, donde se estaba mezclando lo privado y lo público. Y en mayor medida, salió mal para las más vulnerables; las que menos se pueden cuidar, las que necesitan más cuidado de los demás”.

Hay muchas más razones que soportan ese calificativo, pero la profesora Helena Hernández, abogada penalista y docente universitaria, se lo había sintetizado a este diario hace unos meses: “Si una persona mayor tiene relaciones sexuales con una niña o niño de trece años, está cometiendo un delito. Esos embarazos son productos de, al menos, acceso carnal abusivo con menor de catorce años, porque otros casos seguramente serán accesos carnales violentos”. En otras palabras, mientras estábamos encerrados por el covid-19, se cometieron muchos delitos muy graves contra niñas menores de edad. (Puede leer: Tenemos que hablar de medicamentos para abortar)

Estos embarazos adolescentes, escribía en El Espectador el grupo de profesores de la Universidad de los Andes que conformaron Colev —iniciativa para orientar conversaciones públicas en torno a la pandemia—, implican serias consecuencias para las menores. Quienes quedan en embarazo a temprana edad tienen una menor posibilidad de finalizar el bachillerato. En su futuro, además, será más probable que padezcan precarización laboral.

Para decirlo un poco más claro, como lo señalaba un informe de 2018 elaborado por Profamilia y Plan International con base en la última Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS), el embarazo puede tener consecuencias devastadoras para la salud y la vida de las niñas. “Muchas adolescentes todavía no están físicamente preparadas para el embarazo o el parto y son, por lo tanto, más vulnerables frente a complicaciones. Las adolescentes y jóvenes en embarazo tienen mayor posibilidad de abandonar sus estudios, volver a quedar en embarazo y con ello menor posibilidad de acceder a trabajos bien remunerados”, apuntaban los autores.

Desde hace varios años el mundo de la salud había puesto los ojos sobre ese problema. Por mencionar un ejemplo, The Lancet, una de las revistas científicas más prestigiosas, creó una comisión que reunía a investigadores de varias disciplinas para analizar con más cuidado lo que estaba sucediendo en el mundo en torno a los derechos sexuales y reproductivos. En su informe, publicado en mayo de 2018, los delegados repasan con preocupación varios puntos, entre ellos, los embarazos adolescentes y no deseados.

Casi en tono de súplica, pedían a los gobiernos “abrazar la salud y los derechos sexuales y reproductivos”, pues, anotaban, tienen implicaciones de “largo alcance para la salud de las personas y para el desarrollo social y económico”. Embarazos no deseados, las complicaciones del embarazo y el parto, el aborto inseguro y la violencia de género eran algunos de los puntos que solicitaban abordar porque estaban amenazando la salud de las mujeres.

Su artículo principal estaba lleno de cifras preocupantes: 214 millones de mujeres en edad reproductiva en las regiones en desarrollo tienen una necesidad insatisfecha de anticoncepción moderna; alrededor del 44 % de todos los embarazos en todo el mundo no son deseados y el 56 % de ellos terminan en abortos inducidos. Pero acceder a un aborto inseguro, recordaban, “representan una seria amenaza para la salud de las mujeres (...) Es muy seguro cuando se realiza de acuerdo con las pautas médicas”.

“Lograr la salud sexual y reproductiva se basa en la realización de los derechos sexuales y reproductivos, muchos de los cuales a menudo se pasan por alto, como, por ejemplo, el derecho a controlar su propio cuerpo, definir su sexualidad, elegir su pareja y recibir información confidencial, respetuosa y servicios de alta calidad”, añadían en otro apartado. (Le puede interesar: Quién protege a las niñas colombianas de embarazos forzados)

Entre los muchos números que utilizaban como argumento para mostrar por qué los gobiernos debían hacer todo lo posible por garantizar esos derechos, había uno escalofriante sobre Colombia: durante el período de conflicto interno, se estima que 21 niñas de diez a catorce años fueron violadas diariamente; es decir, unas 7.500 cada año.

Colombia, ¿rajada en educación sexual?

Los párrafos del chat familiar con los que empezó este texto mostraban también un profundo desconocimiento de la complejidad que esconden estos asuntos. En palabras del pediatra neonatólogo Hernando Baquero, el gran error es asumirlos como discusiones de blanco y negro, cuando están llenas de matices.

El caso del embarazo adolescente, un tema que trasnocha tanto a salubristas como a sociólogos y diversos profesionales de ciencias sociales, tiene particularidades y raíces difíciles de exterminar. Profamilia y Plan lo resumían así en otra página de su informe: “En síntesis, el embarazo en adolescentes es resultado de la desigualdad social y la falta de oportunidades en la educación y el empleo, lo cual a menudo perpetúa el ciclo de la pobreza, causas que a su vez determinan la mortalidad y morbilidad”.

La muestra es que en Colombia, como en la mayor parte del mundo, esos embarazos se dan en las poblaciones más vulnerables. Los niveles más altos se dan en quienes conforman el grupo (quintil) más bajo de riqueza (el 20,3 %), en las mujeres que migraron en los cinco años anteriores a la realización de la encuesta (20,3 %), en las mujeres que viven en municipios afectados directamente por el conflicto armado y en las adolescentes que están en zonas rurales (18,6 %).

En esos lugares, señala Aurora Revuelta Fuentes, responsable médica de Médicos Sin Fronteras para Latinoamérica, es en los que debemos pensar. “Allí no es fácil acceder a servicios de salud y la mujer muchas veces no le puede dar continuidad a su método anticonceptivo. En momentos de conflicto, los que atienden los puestos médicos se van”, dice. Su experiencia le ha mostrado que entre la población más vulnerable que no puede acceder a salud en medio de situaciones humanitarias siempre suelen estar las mujeres y las niñas. (Lea también: ¿Qué es despenalizar el aborto? Las claves del fallo que cambió reglas en Colombia)

En el caso de los embarazos en jóvenes, hay otro agravante difícil de solucionar en el futuro: por cada adolescente que ha tenido un embarazo y continúa asistiendo al colegio hay nueve que, ante el embarazo, abandonan la escuela. Entonces, apuntaban Profamilia y Plan, “el embarazo, la maternidad y la paternidad en la adolescencia se explican en gran parte por la falta de oportunidades (en gran medida, ser pobre), la deserción escolar y la limitada e inoportuna información sobre sexualidad desde tempranas edades”.

Porque así hoy internet haya masificado el acceso a la información, si hay algo que han pedido a gritos quienes estudian la sexualidad es que existan programas de educación sexual en los colegios, otro punto que no puede mencionarse en nuestro país sin que incomode y confunda a muchos padres y madres. ¿Por qué? Tal vez, nos había dicho hace un par de años para otro reportaje la profesora Elvia Vargas, doctora en Psicología y una de las personas que más ha estudiado la educación sexual, “trabajar en sexualidad confronta a la cultura colombiana, donde prevalece una concepción de la familia compuesta por un papá y una mamá”.

A sus ojos, uno de los principales errores en los que suelen caer quienes se ponen nerviosos cuando escuchan estas palabras es confundir la sexualidad con el acto sexual. Pero, a diferencia de lo que suelen hacer ver algunos políticos, se trata, nos explicaba, “de una dimensión de la identidad que determina nuestras decisiones, el rumbo que le damos a la vida e influye en el bienestar físico, psicológico y social”.

Hablar de educación sexual en Colombia merecería un artículo aparte. Desde que en 2016 líderes católicos junto a iglesias cristianas protestaron contra unas cartillas que promovían la educación sexual que fueron malinterpretadas por miles de creyentes, el tabú, en vez de disiparse, tomó fuerza.

“Con ese episodio se retrocedieron cuarenta años en educación sexual en Colombia”, asegura Mariana Sáenz de Santamaría, fundadora de Poderosas, fundación que da talleres de derechos sexuales y reproductivos integrales a niñas y adolescentes en Colombia. “Los programas que existen tienen un problema y es que hablan de la ‘prevención del embarazo adolescente’, y ese enfoque le pone muchas cargas a la niña o mujer. Les pone toda la responsabilidad a ellas y no entiende la multicausalidad de este fenómeno. Se debe hablar de promoción de los derechos sexuales y reproductivos, o de autonomía y libertad. Pero aún hay mucho miedo de llamar a los programas por este nombre”. Para ella, pese a que es ley desde la resolución 3303 de 1993, lo cierto es que en Colombia no hay una educación sexual integral”.

Hay muchas razones que podrían ayudar a entender por qué ese tipo de educación es valiosa, pero el informe de la comisión de The Lancet tenía un buen párrafo que las condensaba: “La educación integral en sexualidad en las escuelas es una estrategia basada en la evidencia que puede lograr un cambio generalizado al proporcionar a cientos de millones de niños y adolescentes el conocimiento y las habilidades para abordar los problemas de salud reproductiva, salud sexual y sexualidad en la adolescencia y la edad adulta (...) Los programas exitosos mejoran el conocimiento y la autoestima, cambian positivamente las actitudes, el género y las normas sociales, aumentan la toma de decisiones y las habilidades de comunicación, retrasan la iniciación sexual y aumentan el uso de anticonceptivos”.

En Colombia, el primer intento de establecer uno de esos programas se hizo en 1993 con el Proyecto Nacional de Educación Sexual. Más tarde, en el gobierno de Álvaro Uribe se creó otro con un nombre difícil de recordar: Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía (PESCC). Cuando en 2014 la profesora Elvia Vargas, de la U. de los Andes, lo evaluó junto con otros colegas, encontró que había logrado que los estudiantes tuvieran su primera relación sexual más tarde y que los alumnos y maestros reportaran un clima escolar agradable y seguro. Pero en 2013, seis años después de haberlo puesto en marcha, solo había llegado al 17 % de los colegios.

Hoy el Ministerio de Educación del gobierno de Duque asegura que entregó a las Secretarías de Educación los lineamientos para que implementen proyectos pedagógicos con base en el PESCC, pero aclara que cada institución educativa tiene la autonomía de adoptar los métodos de enseñanza. Uno de sus énfasis hoy se centra en lo que llaman la “Línea entornos para la vida, la convivencia y la ciudadanía”, programa que se basa en “la promoción de competencias ciudadanas y socioemocionales en docentes, para transformar sus prácticas, fortalecer la participación, el reconocimiento de la diversidad y la prevención de violencias en los entornos escolares”. Desde esa cartera aseguran que han acompañado a 5.700 educadores y a las 96 secretarías de Educación. (Puede leer: Los países en donde el aborto está permitido usando semanas de gestación)

“Asumimos el tema de educación en sexualidad en relación con el desarrollo de competencias socioemocionales para afianzar la toma de decisiones sobre un proyecto de vida, el cuidado y autocuidado; así como la prevención de las violencias basadas en género y las violencias sexuales de manera integral”, añaden en el Ministerio.

Pero, por solo mencionar un aspecto de este tipo de educación, según la última Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS), el 80 % de los alumnos negaron haber participado en actividades relacionadas con este tema en su último año. Nuevamente, quienes menos acceso a información tienen son las poblaciones más vulnerables: las mujeres con más bajo nivel educativo recibieron información sobre sexualidad por primera vez a los 22 años, mientras que las que tuvieron el privilegio de acceder a educación superior lo hicieron a los 15 años. La diferencia de oportunidad es de casi siete años.

En los próximos meses Colombia tendrá una nueva hoja de ruta que marcará el camino para que el país aborde la salud pública de los siguientes 10 años. El Plan Decenal de Salud Pública, como se llama oficialmente, será la guía hasta 2031 y reemplazará un “Plan” que dejó varias metas sin cumplir. En una evaluación hecha por el Ministerio de Salud, esa cartera encontró dimensiones calificadas con un avance “muy bueno” o “bueno”, pero otras con un avance “crítico”. Las dimensiones, dice, que reporta mayor número de metas en estado “crítico” son, justamente, las de “gestión diferencial de poblaciones vulnerables” y “sexualidad y derechos sexuales y reproductivos”.

El que tiene uno de los peores porcentajes de cumplimiento (32%) es el objetivo que, al parecer, solo quedó en el papel: “Para el año 2021, el 80% de las instituciones educativas públicas garantizará que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes cuenten con una educación sexual, basada en el ejercicio de derechos humanos, sexuales y reproductivos, desde un enfoque de género y diferencial”. (Le puede interesar: Bitácora de un atropello repetido: el aborto en cinco relatos estremecedores)