Textos escolares, un negocio en debate

Es un tema cíclico: cada seis meses arranca una nueva temporada escolar y con ésta llega la discusión acerca de lo caros que son los útiles y textos. Un debate todavía más importante debido al frágil momento económico por el que atraviesa el país y la posibilidad de que estos artículos suban un 5% debido al posible aumento del IVA que estudia el Gobierno.

Algunos padres logran cumplir con su obligación y otros sólo pueden adquirir una parte de los útiles. Según Enrique González Villa, presidente de la Cámara Colombiana del Libro, en Colombia hay alrededor de 11 millones de estudiantes y las ventas de las editoriales no sobrepasan los 10 millones de textos.

En el caso de los colegios públicos, dice González, la falta de textos escolares se debe a que “el Estado no está cumpliendo con la gratuidad completa y no dota a las instituciones con estos recursos”. En el caso de los privados, a que se piden muchos útiles además de los textos, que encarecen las listas. Eso sin contar con que “los padres gastan el dinero en cosas que no son tan indispensables y no establecen prioridades”.

El presidente de la Cámara Colombiana del Libro asegura que el precio de los textos escolares no es tan alto, si se tiene en cuenta el proceso de creación. Y agrega que el monto anual de este material tampoco es excesivo: “Estamos hablando de menos de $400.000 para todo el año. Se trata de casi $33.000 mensuales, una suma fácil de sustentar teniendo en cuenta su beneficio”.

No todos piensan igual, sobre todo si se tiene en cuenta que en Colombia el salario promedio es bajo. Al final, muchos padres eligen fotocopiar los libros o buscarlos por internet. Varios llaman a esto piratería y otros, soluciones. Lo preocupante es que en vez de centrarse en la discusión acerca de los precios y las formas como circula el conocimiento, el escenario tiende a reducirse a la supervivencia del libro o a la batalla en contra de quienes violan los derechos de autor.

Pilar Sáenz, coordinadora de Proyectos de la Fundación Karisma, cree que lo realmente importante es buscar otras alternativas que le sirvan a todo el mundo. Y enfatiza en que los textos escolares sí son costosos. Si bien es consciente de que la realización de un libro es un proceso dispendioso debido a la investigación y tiempo que demanda, también está segura de que si se modifica la parte de la cadena que tiene que ver con la producción y distribución, el resultado beneficiaría a los consumidores.

¿Cómo? En países como India, Estados Unidos o Finlandia (al menos parcialmente) los textos escolares se crean de forma colaborativa con los profesores, involucrando el contexto de los estudiantes, para que sean acordes a su entorno. A los docentes se les paga por su trabajo y los libros se rigen bajo una licencia abierta que permite que cualquiera pueda retomar el material para usarlo y modificarlo.

Por otro lado, el hecho de producir y publicar digitalmente disminuye dramáticamente el costo de distribución. En el caso de India, por ejemplo, los textos escolares no sólo fueron ediciones digitales. Después de circular de esta forma, el gobierno pidió que se imprimieran copias.

El principal argumento de quienes están de este lado de la mesa es que el conocimiento es abundante y “tratar de generar una escasez artificialmente va en detrimento, incluso, de la producción cultural. Si compartimos conocimiento, generamos más conocimiento”, asegura Sáenz.

En cambio, para Enrique González, la posibilidad de que exista un sistema de recursos abiertos es un poco atrevido: “Pensar que como hay piratería y delincuencia se deben abrir los derechos y que la actividad como negocio se acabe es como proponer que los restaurantes abran a cierta hora y den la comida gratis porque la gente tiene hambre”.

Lo cierto es que Colombia ya dio el primer paso hacia la apertura de contenidos escolares con iniciativas como Colombia Aprende. En el último año, el Ministerio de Educación desarrolló 40 mil nuevas piezas educativas, que están disponibles de manera digital y gratuita. Es tan solo un escalón, pues el Ministerio dejó claro que estos contenidos son un complemento de los libros que los maestros usan en clase.

Sin embargo, se está sembrando la posibilidad de que a futuro la educación en Colombia pueda funcionar de esta manera. No en vano, al indagar con esta cartera cómo llegar a concesos con las editoriales, si este sistema fuera establecido en los colegios del país, su respuesta contundente.

“En Colombia la educación con calidad es un derecho fundamental y nuestro deber como Gobierno es garantizarlo. Hay familias que pueden pagar por acceder a contenidos que ofrece el mercado, pero la mayoría no pueden hacerlo. Es allí donde el Estado debe suplir las necesidades, y esta era una necesidad que hemos cubierto para beneficio de todos los colombianos”. La puerta se ha abierto.

Es un tema cíclico: cada seis meses arranca una nueva temporada escolar y con ésta llega la discusión acerca de lo caros que son los útiles y textos. Un debate todavía más importante debido al frágil momento económico por el que atraviesa el país y la posibilidad de que estos artículos suban un 5% debido al posible aumento del IVA que estudia el Gobierno.

Algunos padres logran cumplir con su obligación y otros sólo pueden adquirir una parte de los útiles. Según Enrique González Villa, presidente de la Cámara Colombiana del Libro, en Colombia hay alrededor de 11 millones de estudiantes y las ventas de las editoriales no sobrepasan los 10 millones de textos.

En el caso de los colegios públicos, dice González, la falta de textos escolares se debe a que “el Estado no está cumpliendo con la gratuidad completa y no dota a las instituciones con estos recursos”. En el caso de los privados, a que se piden muchos útiles además de los textos, que encarecen las listas. Eso sin contar con que “los padres gastan el dinero en cosas que no son tan indispensables y no establecen prioridades”.

El presidente de la Cámara Colombiana del Libro asegura que el precio de los textos escolares no es tan alto, si se tiene en cuenta el proceso de creación. Y agrega que el monto anual de este material tampoco es excesivo: “Estamos hablando de menos de $400.000 para todo el año. Se trata de casi $33.000 mensuales, una suma fácil de sustentar teniendo en cuenta su beneficio”.

No todos piensan igual, sobre todo si se tiene en cuenta que en Colombia el salario promedio es bajo. Al final, muchos padres eligen fotocopiar los libros o buscarlos por internet. Varios llaman a esto piratería y otros, soluciones. Lo preocupante es que en vez de centrarse en la discusión acerca de los precios y las formas como circula el conocimiento, el escenario tiende a reducirse a la supervivencia del libro o a la batalla en contra de quienes violan los derechos de autor.

Pilar Sáenz, coordinadora de Proyectos de la Fundación Karisma, cree que lo realmente importante es buscar otras alternativas que le sirvan a todo el mundo. Y enfatiza en que los textos escolares sí son costosos. Si bien es consciente de que la realización de un libro es un proceso dispendioso debido a la investigación y tiempo que demanda, también está segura de que si se modifica la parte de la cadena que tiene que ver con la producción y distribución, el resultado beneficiaría a los consumidores.

¿Cómo? En países como India, Estados Unidos o Finlandia (al menos parcialmente) los textos escolares se crean de forma colaborativa con los profesores, involucrando el contexto de los estudiantes, para que sean acordes a su entorno. A los docentes se les paga por su trabajo y los libros se rigen bajo una licencia abierta que permite que cualquiera pueda retomar el material para usarlo y modificarlo.

Por otro lado, el hecho de producir y publicar digitalmente disminuye dramáticamente el costo de distribución. En el caso de India, por ejemplo, los textos escolares no sólo fueron ediciones digitales. Después de circular de esta forma, el gobierno pidió que se imprimieran copias.

El principal argumento de quienes están de este lado de la mesa es que el conocimiento es abundante y “tratar de generar una escasez artificialmente va en detrimento, incluso, de la producción cultural. Si compartimos conocimiento, generamos más conocimiento”, asegura Sáenz.

En cambio, para Enrique González, la posibilidad de que exista un sistema de recursos abiertos es un poco atrevido: “Pensar que como hay piratería y delincuencia se deben abrir los derechos y que la actividad como negocio se acabe es como proponer que los restaurantes abran a cierta hora y den la comida gratis porque la gente tiene hambre”.

Lo cierto es que Colombia ya dio el primer paso hacia la apertura de contenidos escolares con iniciativas como Colombia Aprende. En el último año, el Ministerio de Educación desarrolló 40 mil nuevas piezas educativas, que están disponibles de manera digital y gratuita. Es tan solo un escalón, pues el Ministerio dejó claro que estos contenidos son un complemento de los libros que los maestros usan en clase.

Sin embargo, se está sembrando la posibilidad de que a futuro la educación en Colombia pueda funcionar de esta manera. No en vano, al indagar con esta cartera cómo llegar a concesos con las editoriales, si este sistema fuera establecido en los colegios del país, su respuesta contundente.

“En Colombia la educación con calidad es un derecho fundamental y nuestro deber como Gobierno es garantizarlo. Hay familias que pueden pagar por acceder a contenidos que ofrece el mercado, pero la mayoría no pueden hacerlo. Es allí donde el Estado debe suplir las necesidades, y esta era una necesidad que hemos cubierto para beneficio de todos los colombianos”. La puerta se ha abierto.