En las últimas horas, se conoció que la Corte Constitucional tumbó el decreto con el que el Gobierno Nacional ordenó, a través del Decreto 1274 de 2023, la creación de una institución de educación superior indígena propia del pueblo Wayúu.
Según un comunicado de la alta corte, se resolvió declarar la inexequibilidad, con efectos retroactivos (es decir, desde la fecha de su expedición), del Decreto 1270 de 2023, mediante el cual se adoptaron medidas en materia de salud en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado en el departamento de La Guajira.
En contexto: Cosas que debe saber para creer (o no) en las promesas de Petro de nuevas universidades.
Además de esto, la Corte Constitucional también tumbó otros tres decretos que buscaban recuperar las salinas Marítimas de Manaure, medidas del espectro radioeléctrico y la protección de su riqueza cultural.
#NotaDePrensa | EXPEDIENTES RE-350, 352, 353, 356, 360
— Corte Constitucional (@CConstitucional) October 26, 2023
Decisiones de la Corte sobre decretos que adoptaron medidas en el marco de la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el departamento de La Guajira. ▶️ https://t.co/63tpzd4ZZl
La propuesta del Gobierno, concretada por un decreto a principios de agosto de 2023, buscaba la creación de una institución pública de carácter especial y autónoma. Esta tendría como objetivo “la formación integral y la investigación en el marco del Sistema Educativo Indígena Propio, y contribuir al reconocimiento de la diversidad étnica y cultural del pueblo Wayúu y de todas y todos los colombianos”.
En particular, durante su puesta en funcionamiento se priorizaría la creación de la facultad de Ciencias de la salud y de programas como ingenierías en energías limpias, ingenierías en aguas y administración turística. El Ministerio de Educación deberá brindar el acompañamiento técnico necesario.
Nota recomendada: Petro ordena crear institución de educación superior indígena wayúu en La Guajira.
En cuanto a las fuentes de financiamiento, el gobierno señaló que esta dispondría de los recursos, por medio del Mineducación, para la puesta en funcionamiento de la institución, “de conformidad con sus disponibilidades presupuestales, sin perjuicio de los demás recursos que perciba la institución de educación superior”.
No es la primera vez que Petro le apuesta a la creación de nuevas Instituciones de Educación Superior (IES) o abrir nuevas sedes. En su viaje al Amazonas, en agosto de 2022, prometió una universidad pública para la región. Lo mismo hizo en su visita a San Andrés, el pasado julio, cuando señaló que la construcción de la Universidad Raizal del Caribe sería prioridad de su Gobierno.
Vale señalar que esta idea había sido criticada por expertos del sector de la educación superior. Como comentó hace algunos meses a El Espectador, Maximiliano Gómez Torres, exviceministro de Educación superior, ninguna de estas nuevas IES están aprobadas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND). Sin embargo, en ese documento sí hay una ambiciosa apuesta: construir o mejorar, de aquí a 2026, 26 universidades, en zonas como Catatumbo y La Mojana, 16 multicampus o complejos de educación superior públicos y 10 nuevas sedes del SENA.
Además, hace algunos meses en opinión de Ignacio Mantilla, exrector de la Universidad Nacional, es que estas propuestas, que son muy aplaudidas en época electoral, terminan siendo un “grandísimo error porque irrigan al país de la mala calidad de la educación”. “Las problemáticas del sistema educativo no van a ser resueltas con la construcción de nuevas universidades”, añadió Hernando Bayona, exviceministro de Educación básica y media.
No basta, como recordó hace una semanas Natalia Ariza, exviceministra de Educación superior, con el deseo de un mandatario; pues si son instituciones públicas, deben ser creadas por ley para luego atravesar un largo camino burocrático en el que, en caso de no tener certeza de los propósitos, las buenas intenciones pueden resultar en un muy mal experimento.
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