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La Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior (Aciet), que representa a más de 90 instituciones públicas y privadas del país, se pronunció ante la compleja situación que atraviesa desde hace un par de meses la Universidad Nacional de Colombia.
A través de un comunicado, la Asocación rechazó la Resolución 007480 emitida por el ministro de Educación ad hoc, Juan David Correa, en la que le ordenó al Consejo Superior Universitario (CSU) de la Nacional delegar un rector encargado mientras se resuelve la situación jurídica de la designación y posesión de Ismael Peña.
Para Aciet, “estas decisiones constituyen una grave vulneración del principio gobierno universitario, como de la autonomía universitaria, baluartes fundamentales del Sistema Colombiano de Educación Superior - SCES”. De acuerdo con la Asociación, la situación no solo afectaría a la Universidad Nacional, sino que sentaría un “peligroso precedente” para todas las instituciones de educación superior del país.
A la vez que Aciet le hizo un llamado urgente a las autoridades gubernamentales para que se respete las decisiones del gobierno institucional, también invitó a que se promueva un diálogo constructivo que lleve a solucionar pronto “el ambiente enrarecido y caótico en esta cardinal casa de estudios superiores”.
Según se lee en el comunicado, tanto el Ministerio de Educación Nacional como el Consejo Superior Universitario han sido incapaces de superar la coyuntura que se creó desde el proceso de elección y designación del rector.
El comunicado de Aciet llega días después de que la Asociación de Universidades Colombianas (Ascun) también manifestara su rechazo por la Resolución 007480. Justo este lunes (20 de mayo) se conoció que Ismael Peña, designado como rector por el CSU, interpuso una denuncia penal contra Correa por dicha Resolución, actuación por la que el ministro de Educación ad hoc ya está siendo investigado por la Procuraduría.
Sin embargo, la decisión ha sido defendida por el Ministerio de Educación, quienes aseguraron que la medida no vulnera la autonomía universitaria, ya que sigue siendo el CSU el órgano encargado de tomar las decisiones sobre la universidad.
Se cumplen dos meses de crisis en la universidad
Hace dos meses, el Consejo Superior Universitario (CSU) daba a conocer que José Ismael Peña había sido designado como rector para el periodo 2024-2027. Las protestas de estudiantes no se hicieron esperar, pues esperaban que este órgano respetara los resultados de una consulta no vinculante que dio como ganador al candidato Leopoldo Múnera.
La tensión fue aumentando en los días siguientes, pues se conoció que el CSU había utilizado un método de elección que ha sido cuestionado por varios miembros de la comunidad educativa y que, incluso, originó acciones jurídicas por parte del Ministerio de Educación, donde lo consideran contrario a la normativa.
Mientras se acercaba la fecha para que Peña se posesionara, la crisis se agudizó al conocerse que la ministra de Educación, Aurora Vergara, no firmaría el acta que oficializaba la designación. Las razones, como hemos explicado en otras notas, apuntaban a que ni la ministra, ni las delegadas del presidente, estaban satisfechas con el acta que se les hizo llegar.
Sin el acta, y por ende sin la validación de la ministra, Peña se presentó en una notaría para posesionarse como rector, un acto que fue rechazado por el mismo ministerio y que abrió una nueva ventana de acciones jurídicas. La reciente resolución del ministro de Educación ad hoc, como se ha dicho, amplió aún más esa vía.
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