Antes de que termine este semestre se presentará ante el Consejo Superior Universitario (CSU), conocido por ser el organismo máximo de dirección y gobierno en la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), un proyecto que, entre otras cosas, buca reforma al Estatuto Estudiantil de la institución. Tras conocerse el borrador del documento se han generado reparos señalados por la comunidad estudiantil respecto a la potencial limitación de su organización y acción política. Pero, primero es esencial entender que el Estatuto Estudiantil es el documento que establece las normas que “permiten orientar y desarrollar las políticas y programas de Bienestar Estudiantil y regular la participación de los estudiantes en la Universidad con la comunidad universitaria”. Así está explicado en el artículo 2 del acuerdo 044 de 2009 que se busca reformar.
Este proceso de reforma comenzó hace poco menos de un año, justo cuando Dolly Montoya, rectora reelegida para el periodo 2021-2024, está a punto de culminar su mandato. Esto, según varias organizaciones estudiantiles, es conocido como un “paquetazo” de reformas.
Con esta etiqueta, las organizaciones estudiantiles hacen referencia a una serie de reformas que se han intentado tramitar en los últimos meses, incluyendo la aprobación de la reforma a posgrados, en la que la representación estudiantil votó en contra. También está la reforma a extensión que está en espera de surtir su propio proceso y, por supuesto, el mencionado borrador del Estatuto Estudiantil.
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Esta no es la primera vez que un proyecto de reforma a esta normativa genera reacciones por parte de la comunidad estudiantil. En 2017, durante la rectoría de Ignacio Mantilla, se revisó una posible modificación a este acuerdo, sin embargo, la propuesta resultó en paros estudiantiles en distintas sedes de la universidad que detuvieron el proceso, según cuenta Juan Sebastián Jiménez, periodista y politólogo de la UNAL.
En su momento, Jenifer Pedraza, exlideresa estudiantil y ahora congresista de la República, celebró la suspensión del proceso vía Twitter -ahora X-: “¡Tumbamos la reforma! Los estudiantes de la UNAL le ganamos el pulso a Mantilla y Santos que querían imponer su reforma al estatuto”.
La propuesta de reforma actual, por otro lado, responde también a la sentencia T-061 de 2022, en donde legitima el escrache a partir del caso de Fabián Sanabria, profesor de la Universidad Nacional señalado por presunto acoso sexual.
De acuerdo con la sentencia, la rectora de la Universidad Nacional, en dos meses, tenía que citar a los colectivos estudiantiles, a la Escuela de Estudios de Género, al Observatorio de asuntos de género, a la Facultad de Derecho, Ciencias políticas y Sociales, entre otras instancias, para actualizar los protocolos de género.
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La universidad tenía máximo un año para, además, examinar y “elevar a norma de alcance nacional de las ocho sedes de la Universidad, las experiencias exitosas de prevención y sensibilización contra violencias basadas en el género creadas por las diversas facultades de la universidad”
En respuesta a la inconformidad de una buena parte de la comunidad estudiantil sobre el proceso de participación y el cumplimiento de esta sentencia, la institución ha desarrollado múltiples espacios de discusión y aportes, avanzando mesas de trabajo convocadas desde las Direcciones de Bienestar Universitario de Sede y Facultad.
En esta misma línea, en el proceso también se ha dado al Comité Nacional de Representantes Estudiantiles (CNRE) la oportunidad de discutir y presentar una propuesta propia a partir del borrador sobre este mecanismo. Lenny Romero, una de las voceras estudiantiles de Trabajo Social y parte de este comité, asegura que estas propuestas y reparos no han sido tomadas en cuenta por la institución.
El borrador de reforma presenta en el capítulo II “las faltas y su graduación”, la clasificación de las faltas (leves, graves y gravísimas), sin mayor cambio respecto al documento vigente. Sin embargo, varias mesas de trabajo estudiantiles, que han analizado y discutido el documento, denuncian que los riesgos estarían en el apartado de los criterios de graduación de la falta.
En conversación con representantes estudiantiles, que pidieron mantener sus nombres en confidencialidad por miedo a represalias, expresaron que la caracterización y la posibilidad de amplia interpretación por parte de un comité, elegido en su mayoría por las directivas de la institución, demuestra la intención de limitar la capacidad de organización y acción política estudiantil.
Explican que existe un riesgo por ambigüedad, dado que ya no habría situaciones agravantes o atenuantes, solamente criterios de graduación abiertos a la interpretación de las autoridades disciplinarias, además de esto, señalan que se caracterizan una serie de acciones que sí o sí serían clasificadas como leves, graves o gravísimas.
En el listado se incluyen acciones como:
• Usar indebidamente los datos e imágenes personales de integrantes de la comunidad universitaria.
• Ocupar, tomar o bloquear de forma violenta vehículos o espacios de propiedad, administración o uso de la Universidad.
• Utilizar u ocupar sin autorización y para fines diferentes al desarrollo de las actividades institucionales, los servicios públicos, los campus universitarios, bienes muebles e inmuebles de propiedad o uso de la Universidad, así como permanecer en los campus en horarios no autorizados.
• Impedir el normal desarrollo de las actividades de formación, bienestar, investigación y extensión, los procesos administrativos y demás actividades institucionales o cuando se actúe en representación de la Universidad.
• Realizar acciones que pongan en riesgo la seguridad o integridad física o psicológica individual o colectiva, actuando en calidad de estudiante de la Universidad.
• Impedir el desarrollo de la actividad académica en el aula de clases.
Valentina Jaimes, representante ante el departamento de Ciencia Política de la UNAL y parte de la colectiva política “La Creciente”, cuenta con preocupación que la universidad busca limitar acciones como el bloqueo de facultades, “el saloneo para llamar a las asambleas o la creación y difusión de panfletos denuncia al proponer en este nuevo estatuto una caracterización de acciones donde entrarían estas prácticas, vulnerando la naturaleza política de las mismas y propendiendo por la persecución al movimiento estudiantil”
Así mismo, otros representantes estudiantiles, que también piden reservar su identidad, señalaron una severidad alarmante incluso en casos de faltas leves, donde normalmente se sancionaría con una actividad formativa, puesto que un artículo propuesto en el borrador plantea, respecto a dichas sanciones, consecuencias para los estudiantes tales como retirar sus apoyos socioeconómicos, terminar vinculaciones remuneradas e imposibilitar su vinculación futura. También plantea la imposibilidad de ejercer su posición como representante estudiantil o de ser elegido a estas posiciones.
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Entre otros reparos, se señaló que buena parte del proceso disciplinario quedaría en manos de la interpretación por parte de los integrantes del nuevo Comité de Investigaciones Disciplinarias de Sede, creado por este borrador, que pasaría a ser una instancia vital para investigar los procesos disciplinarios.
En el acuerdo vigente, en contraste, se describen las conductas que vulneran el orden académico y las faltas que infringen el bienestar colectivo e individual, sin embargo, se establecen criterios para la calificación de dichas faltas, además de circunstancias atenuantes o agravantes. Es decir, una acción en sí misma no tiene una clasificación, sino que son objeto de análisis por el Comité de Resolución de Conflictos de Facultad, exponiendo los hechos y realiza su recomendación ante el Consejo de Facultad, quien toma la determinación del caso.
Esta coyuntura, en la que se muestran las tensiones entre las visiones del aparato institucional de la Universidad Nacional y su comunidad estudiantil, tiene de fondo una carrera contra el tiempo, puesto que la universidad también se encuentra en el proceso de designación de rector que terminaría el próximo 21 de marzo, cuando el Consejo Superior Universitario, que también tiene que aprobar la reforma al Estatuto Estudiantil, escoja al próximo rector de la institución en sesión extraordinaria.
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