En agosto de 2018, el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) decidió adelantar un proceso de selección para completar varios cargos de funcionarios en la Rama Judicial. La Universidad Nacional firmó en ese entonces un contrato interadministrativo para realizar las pruebas psicotécnicas, de conocimientos, competencias y aptitudes. (Puede leer: Con estos mensajes de condolencias despiden al estudiante que murió en la U. Nacional)
Meses después, a inicios de diciembre de ese mismo año, las pruebas se llevaron a cabo y, antes de que se acabará 2018, la Unidad Administrativa de Carrera Judicial (Uacj) del CSJ, publicó los resultados. Sin embargo, luego de unas semanas, la Universidad admitió que había cometido un error técnico que alteraba los resultados.
En concreto, explicó la institución educativa, “en el proceso de ensamblaje y diagramación final de los cuadernillos se modificó el orden de las preguntas de la prueba de aptitudes, sin que se hubieren actualizado las claves en el procedimiento de calificación, cuestión que produjo imprecisión en la evaluación de los examinados”. (Le puede interesar: Renuncia en el sector educación: se va el director del Icfes)
Por este error, la Universidad debió realizar las pruebas nuevamente, las cuales se llevaron a cabo en julio de 2022, pero pagándolas con recursos propios. Una auditoría financiera realizada recientemente por la Contraloría encontró que para estas segundas pruebas, la institución debió invertir $2.934.309.706.
Según la Contraloría, este gasto se constituye en detrimento al patrimonio público por los casi 3.000 millones de pesos. Otro agravante, señala la entidad, es que a la fecha los cargos no se han podido proveer en propiedad.