La Procuraduría abrió una investigación contra Juan David Correa Ulloa, quien fue nombrado por el presidente Gustavo Petro como ministro de Educación Nacional (ad hoc), para vigilar el proceso de designación de rector en la Universidad Nacional, luego de que la ministra Aurora Vergara se declarara impedida para participar en ese proceso. La razón, dice la entidad, es la presunta extralimitación de funciones de Correa “al convocar de manera irregular al Consejo Superior para nombrar rector de manera provisional”.
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La decisión de la Procuraduría se dio ante la queja interpuesta por el rector designado, Ismael Peña Reyes, quien calificó la orden del ministro ad hoc, expuesta en la resolución 007480 del 15 de mayo, como una acción que “viola la autonomía universitaria”. Para el rector designado este es un valor que le garantiza a las instituciones de educación superior que puedan “trabajar en la formación de sus jóvenes y en la gestión del conocimiento con independencia de los gobiernos de turno, en beneficio de la sociedad”. Además, dijo, la decisión de Juan David Correa “desconoce los principios fundamentales del derecho como el principio a la legalidad y al debido proceso”.
En la resolución se daba un plazo de 24 horas al Consejo Superior Universitario (CSU) de la Unal para nombrar un rector encargado, mientras se toma una decisión definitiva sobre la designación de Ismael Peña, quien se posesionó el 2 de mayo en una notaria de Bogotá.
Aunque el rector designado sostiene que su elección se hizo de acuerdo con la ley y la normatividad institucional vigente el pasado 21 de marzo, en la resolución se afirma que la manera como se posesionó es “inexistente” por no cumplir con tres elementos: uno, que haya un acto de administrativo que hace posible la posesión; dos, que se desarrollen las mínimas formalidades del acto de posesión, como la aceptación del cargo por el servidor nombrado; y tres, que esto se realice ante la autoridad competente.
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La misma resolución también ordena solucionar el tema de la representación estudiantil, pues cabe recordar que, el pasado martes, 14 de mayo, el CSU aceptó la renuncia de Sara Jiménez, quien era representante de los estudiantes de la Nacional. La joven había denunciado ataques y hostigamiento tras su participación en la designación de José Ismael Peña como rector.
Ante este punto, la Procuraduría sostuvo que evaluará las instrucciones expuestas en el documento sobre adoptar medidas que permitieran superar la vacancia de la representación estudiantil en el Consejo, “con lo que pudo vulnerar la autonomía universitaria”.
¿Por qué ha sido controversial la designación del rector en la Unal?
Hay dos motivos. El primero es que la comunidad universitaria, en una consulta no vinculante, apoyó mayoritariamente la candidatura de Leopoldo Múnera para la rectoría. Sin embargo, el elegido por el CSU para el cargo fue Peña.
El segundo motivo, que ha puesto una mayor complejidad jurídica a la discusión, es que la ministra de Educación, Aurora Vergara, no ha firmado el acta de posesión de Peña como rector, por este motivo decidió posesionarse en la Notaría 14, en Bogotá, ante siete testigos y la notaria Érika Andrea Macías.
Uno de los hechos más reciente en este proceso es que Vergara se declaró impedida para ejercer las funciones de inspección y vigilancia en el proceso de designación de Peña. Desde el 8 de mayo, quien está a cargo de esto, como representación del Ministerio de Educación, es Juan David Correa, ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes.