UNAL admite a profesor cuestionado por acoso sexual como candidato a rectoría

La Universidad Nacional tiene 49.000 estudiantes en todo el país y fue la primera institución de educación superior en adoptar un protocolo para prevenir y atender violencias basadas en género.

Este 23 de marzo se elegirá el nuevo rector o rectora entre los cuatro candidatos: Dolly Montoya (quien busca ser reelegida como rectora), Jorge Iván Bula Escobar, Diego Fernando Hernández Losada y Moisés Ildefonso Cetré Castillo. Este último candidato es el menos conocido de los cuatro, sin embargo, es quien más ha dado de qué hablar.

El 17 de febrero, casi dos semanas después de que cerraran las inscripciones a rectoría, las representantes del Comité de Asuntos de Género de las sedes Bogotá, Medellín y Manizales de la Universidad Nacional denunciaron públicamente que este PhD en Economía y profesor del Instituto de Estudios Urbanos porque tenía dos investigaciones disciplinarias, una por amenaza y otra por acoso sexual a dos mujeres de la comunidad académica.

El 17 de febrero, las ocho representantes estudiantiles enviaron un derecho de petición a la Veeduría Disciplinaria de la universidad solicitando información sobre las actividades precisas del profesor Cetré en la Universidad, el estado de los procesos disciplinarios en su contra, y si cumplía con los requisitos para ocupar el cargo de rector.

Según respondió la Universidad Nacional, al profesor Moisés Cetré Castillo se le han adelantado dos trámites disciplinarios: el primero inició en diciembre de 2015 y se archivó en junio de 2018. “No está relacionado con violencia de género”, dice la universidad (que tampoco especifica con que sí lo estaba). El segundo proceso inició en junio de 2017 y se archivó en diciembre de 2020, este último por acoso sexual y amenaza.

Algunas experiencias fueron compartidas a través de redes sociales, y varias mujeres han compartido sus testimonios.

Según dijo la directora de Veeduría Disciplinaria, Diana Yamile Rodríguez, en respuesta al derecho de petición del Comité de Género, “ninguno de los candidatos a la Rectoría tiene procesos disciplinarios abiertos por violencias de género y/o violencias sexuales. Esa información fue verificada desde esta Dirección, junto con las Oficinas de Veeduría Disciplinaria de las sedes Bogotá, Medellín, Manizales y Palmira”.

Pero tal vez la discusión de fondo es cuál es el perfil de una persona idónea para ocupar uno de los cargos más importante de la educación pública en Colombia, y por qué las violencias de género no son un criterio que se toma en cuenta.

Cetré es el único candidato a rectoría de esta universidad pública con historia de procesos disciplinarios por amenaza o acoso sexual, y aunque los procesos estén archivados no significa que estén fallados, o que sean falsos, solo que se vencieron los términos o que la universidad no pudo probar si el docente era inocente o culpable de lo que se le acusaba. (La historia de los tres profesores de Antropología de la UNAL señalados de acoso sexual)

Tal vez lo que más llama la atención sobre el proceso es que, según el protocolo institucional de atención a violencias basadas en género, el plazo para que culmine una investigación por violencia basada en género es de un año, pero la investigación contra Cetré duró cuatro y se archivó en diciembre de 2020. Pero las razones del archivo del proceso no están claras: según denunciaron las integrantes del Comité, la decisión y las razones por las que se archivó no se aclararon en el derecho de petición.

De todos modos, tener una investigación abierta (tanto dentro de la universidad como ante la justicia ordinaria) no es impedimento para ser designado como rector o para ser candidato. Según el Estatuto General de la Unal, solo se necesita ser ciudadano colombiano, tener título universitario, haber desarrollado actividades académicas durante mínimo ocho años, y tener dos años de experiencia administrativa (que según la misma universidad, Cetré no tiene).

Entre los requisitos documentales para la candidatura a rectoría, se pide una manifestación expresa de no haber sido condenado por hechos punibles (salvo delitos políticos o culposos) ni sancionado en el ejercicio de su profesión o disciplinariamente por faltas graves o gravísimas, y la violencia basada en género no es una de ellas según los estatutos de la misma universidad. “Que el Estatuto Disciplinario no hable de violencia basada en género, específicamente, no quiere decir que no se constituyan dentro del proceso como faltas graves o gravísimas”, explica María Alejandra Baquero, representante estudiantil ante el Consejo de Sede Bogotá de la UNAL. (Profesor de la UDistrital acusado en Procuraduría por estudiante)

Por otro lado, y según la misma universidad, tener un proceso disciplinario abierto no es impedimento para una candidatura ni es un dato solicitado para presentarse. “La normatividad vigente no restringe la participación en el proceso de designación de Rector a los aspirantes que se encuentren vinculados a un proceso disciplinario en calidad de indagado o investigado o sobre los cuales se haya presentado alguna denuncia por violencias basadas en género, la información sobre estos aspectos no es verificada. No obstante lo anterior, se aclara que la información que se verifica es la relacionada con antecedentes penales o disciplinarios producto de sentencias o fallos debidamente ejecutoriados”, escribió la Veeduría Disciplinaria. Es decir que los procesos disciplinarios por violencia de género no se verifican. No son un criterio.

Las propuestas que preocupan a las mujeres

Por otro lado, la propuesta a rectoría de Cetré han sido criticadas por las mujeres del Comité de Género porque la que encabeza la lista es reorganizar la Oficina de Asuntos Disciplinarios de manera que se pueda contar con un grupo de profesionales que asesore a los profesores a estructurar sus defensas. “Algunas universidades utilizan este modelo. Muchos docentes que son investigados sufren curvas innecesarias de ansiedad y no hay nadie que les apoye. El docente prepara el escrito, pero el abogado le ayuda a organizar y discutir mejor su opción de defensa. Eso no compromete al abogado, pero será de gran ayuda para muchos colegas. Trabajaré con carácter de urgencia para que haya por lo menos uno en cada sede”, reza el documento que envió el profesor a la comunidad universitaria.

Lo que preocupa de la propuesta es que en esa oficina es donde se tramitan las quejas y denuncias por violencias basadas en género, y que solo considera la defensa para profesores y no para estudiantes o personal administrativo que haya interpuesto una denuncia.

“Es inconcebible que las instancias de la Universidad se pasen la pelota: Veeduría Disciplinaria no sentencia la sanción disciplinaria, la Secretaría General no verifica las denuncias por violencia de género, y finalmente se permite aspirar al cargo de dirigencia de la Universidad más grande del país, a un profesor con acusaciones por acoso sexual. La Universidad Nacional está incumpliendo con el Acuerdo 035 del 2012 (política institucional por la equidad de género e igualdad de oportunidades), al no tomar ningún tipo de medidas de prevención ni detección, y a su vez, siendo agente activo en violencia institucional, por negligencia y falta de debido proceso con enfoque de género. Además, protege a los denunciados al permitirles usar el correo masivo de la Universidad, que le llega a más de 300.000 personas, para enviar mensajes revictimizantes, mientras a nosotras nos niegan el derecho de elegir la Rectoría de manera democrátical”, dijo Valentina Andrade Bautista, representante estudiantil ante el Observatorio de Asuntos de Género, integrante de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios (ACEU). (SOS por el acoso sexual en universidades)

Cabe decir, eso sí, que ni la Política Institucional por la Equidad ni el Protocolo para la Prevención de Violencias basadas en Género de la Universidad Nacional son explícitas para impedir que una persona con procesos abiertos o archivados por violencias basadas en género aspire a la rectoría.

A lo mejor cualquier universidad refleja la sociedad en la que se inscribe, y su aparato interno funciona de manera similar al de cualquier institución. Para elegir cargos públicos (como un concejal o un congresista) rige el mismo principio de presunción de inocencia, y las investigaciones penales en curso (por violencia de género o no) no son impedimento para presentar una candidatura.

“En el Protocolo de la Universidad las violencias basadas en género y las violencias sexuales vulneran los derechos humanos y afectan la dignidad de las personas. Sin embargo, todo esto queda a disposición de quiénes son competentes para conocer y resolver el caso, es decir, la misma Universidad, quienes interpretan la norma y deciden si sancionan o no. El caso de Moisés Cetré lleva cuatro años en que la víctima no ha tenido garantías para la resolución de su caso, que fue archivado. Eso no le quita al profesor la responsabilidad que tiene como miembro de la comunidad de responsabilizarse ante lo sucedido y de bajar su candidatura”, agrega María Baquero.

La defensa del Cetré

La denuncia por violencia de género tiene antecedentes, según reconoce el mismo Cetré, dado que también fue acusado por violencia de género en 2003, en su época como profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Industrial de Santander, en Bucaramanga. Entre 1994 y 2004, se desempeñó como profesor en esa universidad pública.

Sobre la denuncia de violencia de género no hay registro en la Universidad Industrial de Santander, dado que el protocolo de violencias basadas en género solo se adoptó hasta 2018, y el profesor Cetré salió de esa universidad en julio de 2004, pero según dijo, las denuncias eran falsas y respondían a una retaliación a las denuncias que hizo ante el entonces procurador Edgargo Maya Villazón sobre desvío de recursos públicos dentro de la universidad.

“En la época de la UIS salimos a bailar un día cuatro personas, y con la niña que no bailé resultó acosada. Se armó un escándalo y la fiscal le dijo muy seria a ella que si estaba mintiendo, y la chica se echó para atrás. Ya había ido al consejo académico para decir que yo la había violentado(…) La violencia de género es una pantalla que ponen cuando usted tiene una trayectoria de defensa de los dineros públicos. Qué curioso que digan que uno acosa y acosa y no aparece una sola denuncia en la Fiscalía, ¿eso no le parece a usted raro?”, dijo el profesor.

Para los casos que tiene archivados en la Universidad Nacional por violencia de género, el profesor dice que responde a rencillas por el poder que lo encuentran incómodo. “La universidad me asignó una monitora a la que nunca invité a salir. Le dije “cuando tenga tiempo vamos a almorzar” porque yo tenía un restaurante detrás del Carulla de la carrera séptima. A almorzar, no cenar. Ella no llegaba a clases y no enviaba las diapositivas que tenía que enviar y en una cafetería me puse enérgico con ella y solicité que le cancelaran el contrato. La otra denuncia es una secretaria que me pidió que le fuera de fiador para un apartamento. Ella fue hasta mi apartamento pero yo no la conocía en realidd, y le dije que no. Menos mal había cámaras en mi edificio para desmentir esas acusaciones”, dijo Cetré.

También mencionó en un correo interno que los cuestionamientos sobre su idoneidad para el cargo (dado que no cumple con dos años de experiencia administrativa) corresponden a discriminación racial: “Es claro que necesitamos un gobierno nuestro. Pero ese “gobierno” es de unos cuantos o es de todos? Si es un gobierno de todos, debemos estar incluidos blancos, negros, gitanos, etc. Pero ese tema se viene comentando hace décadas, y nada ha pasado y sospecho que tardará mucho para que pase algo”, escribió el profesor.

La discusión sobre qué personas son idóneas para los cargos de rectoría es aún más pertinente este año, cuando 13 universidades del país (incluyendo a la Nacional) están en elecciones y una, la Universidad de Antioquia, ya eligió a Jhon Jairo Arboleda de nuevo como rector hasta 2024.

Por ahora continúan los censos a docentes, estudiantes y egresados para votar por el nuevo rector o rectora. La consulta electrónica está programada para el 18 de marzo y, teniendo en cuenta estos resultados, el Consejo Superior Universitario designará nueva cabeza de la universidad pública más importante del país.