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Durante las últimas semanas, la situación financiera de la Universidad de Antioquia (UdeA) ha generado preocupación, especialmente por las demoras en los pagos que reportaron algunos maestros a finales del mes de mayo e inicios de junio.
El Consejo Superior Universitario (CSU) de esa institución se reunió en dos sesiones, el 28 de mayo y el 6 de junio, para plantear acciones que permitan mejorar la situación financiera de la universidad. “El Consejo Superior Universitario ha venido analizando y alertando, de manera permanente y desde tiempo atrás, sobre el desfinanciamiento estructural que presenta la Universidad de Antioquia. Esta situación, recientemente, tuvo mayor visibilidad cuando el pago de la nómina del periodo 9 del año en curso se realizó de manera escalonada, de acuerdo con el flujo de disponibilidad de recursos”, explicó el Consejo en un comunicado.
Esto, dice el CSU, fue una nueva señal para prestar atención a las finanzas de la institución. Para la institución, se llegó a este punto como resultado de un problema estructural relacionado con la Ley 30 de 1992, en la que se estableció que el Índice de Precios al Consumidor sería el criterio para aumentar anualmente los recursos de las universidades, que, sin embargo, han crecido en número de estudiantes e infraestructura a un ritmo mucho más rápido que el planteado en aquella ley.
“Esto, pese a los esfuerzos y estrategias de apalancamiento en recursos propios que en todos estos años ha gestionado la Universidad, ha generado una brecha histórica entre lo que recibe la Universidad y lo que ella requiere para llevar a cabo su misionalidad en todos sus campus. A pesar de esto, la institución aún está a tiempo de promover cambios estructurales e implementar acciones que permitan recuperar su salud financiera”, aseguran en el comunicado, en donde resaltan tres tipos de acción que se llevarán a cabo desde la universidad para intentar mejorar sus finanzas.
En primer lugar, el CSU dijo que “se deben intensificar las gestiones de los recursos con entidades gubernamentales del orden nacional y municipal, con el fin de aumentar los aportes que son necesarios para el funcionamiento de la institución”. A esto se suma la incidencia que espera tener la universidad en la construcción de políticas públicas que afecten el financiamiento de las universidades públicas.
También, hicieron una invitación a toda la comunidad universitaria a que se tomen acciones para “racionalizar” los gastos al interior de la institución, como los pagos por horas cátedra, los rubros que se destinan a viáticos y tiquetes de transporte.
“Cuidar y asumir como nunca el sentido de pertenencia que nos suscita esta casa de todos, es también la invitación que como corporación debemos plantearle a la comunidad universitaria. Hoy las acciones para intervenir el gasto al interior de la institución, suman un importante aporte en términos de eficiencia en la estructura administrativa y de reducción de costos operacionales”, añadió ese estamento universitario.
Finalmente, hizo un llamado a las diferentes sedes de la Universidad a que la formulación de proyectos para el Plan de Acción Institucional 2024-2027 tenga un enfoque en “necesidades y acciones realistas” que tengan en cuenta la situación financiera actual de la institución.
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