La crisis que atraviesa la Universidad Nacional desde hace casi dos meses por la designación de Ismael Peña como rector, sumo un nuevo capítulo en la mañana de este lunes (20 de mayo). Precisamente, Peña interpuso una denuncia en contra del ministro de Educación ad hoc, Juan David Correa, “por la presunta comisión del delito cometido de prevaricato por acción”, luego de emitir la resolución 007480 en la que Correa le ordenó al CSU designar un rector encargado mientras se resuelve la situación jurídica de la designación de Peña.
Cabe recordar que, a mediados de la semana pasada, Correa publicó dicha resolución en la que ordenó al CSU convocar una sesión extraordinaria cuyo “único punto del orden del día sea encargar a un rector (a) de manera transitoria”.
Sin embargo, como contamos en esta nota, la sesión del CSU, que se adelantó el viernes (17 de mayo), se levantó sin que se eligiera un rector encargado. Eso sí, la resolución ha despertado todo tipo de reacciones. Mientras el ministerio de Educación ha defendido su decisión al señalar que esta no vulnera la autonomía universitaria, varias personas de la comunidad educativa, como Peña, y entidades como la Procuraduría, se han manifestado en contra de esta decisión.
De hecho, a finales de la semana pasada, la Procuraduría anunció la apertura de una investigación en contra de Correa por la presunta extralimitación de funciones “al convocar de manera irregular al Consejo Superior para nombrar rector de manera provisional”.
Siguiendo esta línea, en su reciente denuncia, Peña expuso tres argumentos por los cuales considera que el ministro de Educación ad hoc habría incurrido en el delito de prevaricato. El primero de ellos, apunta a que Correa habría incumplido con lo que dice la Ley 1470 de 2014, que en “ninguno de sus apartados faculta al Ministro de Educación Ad Hoc para ordenar al CSU a nombrar un rector encargado”.
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En segundo lugar, también se menciona al Acuerdo 011 de 2005 del CSU, cuyo numeral 24 establece que una rectoría encargada puede ser establecida únicamente cuando el rector se ausenta de manera temporal, lo cual, en palabras de Peña, no aplicaría para la actual situación.
Por último, se expone que tampoco hubo un tiempo adecuado para un recurso de reposición, como establece la ley, tras la resolución de Mineducación, “así que es claro que solo hubo una intención de proferir una resolución contraria a derecho y que el afectado(s) no tuviera(n) posibilidad de controvertir”, explica Peña.
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Es importante mencionar que esta no es la única demanda que ha recibido la resolución emitida por Mineducación para nombrar a un rector encargado: el pasado 16 de mayo se radicó una ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y el 17 de mayo otra por parte de la Fundación para el Estado de Derecho.
¿Por qué ha sido controversial la designación del rector en la Unal?
Hay varios motivos. El primero de ellos es que la comunidad universitaria, en una consulta no vinculante, apoyó mayoritariamente la candidatura de Leopoldo Múnera para la rectoría. Sin embargo, el elegido por el CSU para el cargo fue Peña.
El segundo, tiene que ver con el método de votación elegido por el CSU en la sesión del 21 de marzo. Ha sido tal la controversia, que el mismo ministerio de Educación anunció que interpondrá acciones judiciales, pues consideran que la metodología de voto es contraria a lo establecido en la norma.
Los motivos más recientes, tienen que ver con que la ministra de Educación se ha negado a firmar el acta de posesión de Peña como rector, razón por la cual este decidió posesionarse en la Notaría 14, en Bogotá, ante siete testigos y la notaria Érika Andrea Macías.
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