El mes pasado, un grupo de más de 20 congresistas radicó un proyecto de Acto Legislativo que ha generado preocupación a la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN). Se trata del proyecto de Acto Legislativo No. 08 de 2024 en el que se busca modificar los artículos 67, 68, 69, 150 y 189 de la Constitución Política y se “regulariza la inspección, vigilancia y control en la educación”.
El documento firmado por congresistas como Miguel Polo Polo, Víctor Manuel Salcedo, Catherine Juvinao y Alfredo Rafael Deluque, será discutido en audiencia pública en el Congreso de la República el próximo martes 10 de septiembre a las 8:00 a.m. Para ASCUN, este proyecto plantea cambios que podrían tener repercusiones profundas en el sistema educativo del país. Puntualmente resaltan cinco puntos en los que no están de acuerdo.
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El primero, aseguran, es que el proyecto contempla otorgar al Jefe de Estado “un control directo sobre toda la educación del país, tanto pública como privada. Esta medida podría comprometer la autonomía de las instituciones educativas, un principio fundamental para el desarrollo de un sistema educativo libre y plural”, manifestaron a través de un comunicado.
En ese sentido, otro punto que les preocupa es la autonomía universitaria, pues, afirma, que el proyecto parece buscar, a través de distintos medios, la reducción de la autonomía de las universidades, colegios y todas las instituciones educativas del país, imponiendo una única forma de elegir a sus directivas.
El proyecto contempla la creación de la Superintendencia de Educación, lo que para ASCUN representa mayores costos y burocracia. “En un contexto de desfinanciación de las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas y debilitamiento de las privadas, la propuesta de crear una nueva entidad encargada no sólo de la supervisión, sino además del control de la educación resulta preocupante”. La razón, agregan, es porque la entidad duplicaría funciones ya asignadas a organismos existentes como CONACES, CNA, subdirecciones del MEN, ICFES y secretarías de educación, o funciones que tienen las mismas IES, generando costos adicionales y burocracia innecesaria.
Otro tema que no es claro para ASCUN es la poca justificación de una reforma constitucional “cuando ya se han generado leyes, decretos y sentencias constitucionales en el marco de la Constitución vigente”.
El proyecto presentado propone cambios como que la educación sea obligatorio entre los cero y los seis (6) años, hasta la educación superior en igualdad de condiciones, inclusiva, de calidad y pertinencia para todas las personas, y no entre los 5 y 15 años, como funciona ahora.