Universidades públicas dicen que están al borde de la quiebra

Directivos de la Universidad Nacional, la Universidad del Valle, la Universidad de Antioquia y la Universidad Tecnológica de Pereira advirtieron que las universidades públicas enfrentan un grave problema financiero y pidieron al gobierno incluir en el presupuesto del próximo año un incremento, por una sola vez, de 9% en la asignación de recursos.
 
“El pronóstico de supervivencia está francamente comprometido. Se trata de una medida urgente”, señaló Beatriz Sánchez, vicerrectora general de la Universidad Nacional. Según explicó la directiva, mientras los aportes que hace la Nación crecen al ritmo del IPC, las obligaciones e inversiones de las universidades aumentan a un ritmo mayor.
 
Edgar Varela, vicerrector administrativo de la Universidad del Valle, argumentó que hace 17 años, cuando se expidió la Ley 30 de 1992, las universidades eran diferentes a las de hoy. “Por ejemplo, no existía internet y la inversión en las plataformas de sistemas no estaban contempladas en el presupuesto de las instituciones”.

Añadió a los factores que han provocado el desequilibrio: el incremento en los aportes a pensiones y a salud; el pago extra a las primas de vacaciones y por recreación de los docentes; incrementos en gastos prestacionales a docentes ocasionales y personal supernumerario y los costos de procesos de acreditación y certificaciones.

Por si fuera poco, las universidades asumieron los descuentos a las matrículas de quienes votan en las elecciones. Sólo en este último rubro, se han visto obligadas a devolver unos 65.000 pesos, que en opinión de Varela, debería asumir el Ministerio del Interior y Justicia.
 
“Se nos han impuesto una serie de gastos que nos han generado un hueco fiscal”, concluyó Varela quien advirtió que en una reunión con el Presidente Álvaro Uribe se expuso el tema y se concertó una mesa de trabajo.

Los representantes de las cuatro grandes universidades públicas coincidieron en señalar la falta de voluntad política de la Ministra de Educación para concertar un acuerdo presupuestal pese a que representantes del Ministerio de Hacienda y de Planeación Nacional han afirmado que la propuesta de incrementar en 9%, por una vez, es viable.

 “Una cosa dijo el Presidente y otra está haciendo la Ministra”, apuntó Beatriz Sánchez.

Varela, de la Universidad del Valle, señaló que el presupuesto que maneja el propio Ministerio de Educación, para invertir en enseñanza superior pasó de tres mil millones a casi 200 mil millones pero esos recursos, que ejecuta el propio gobierno, no llegan directamente a las universidades.
“Las universidades están asfixiadas”, añadió Fernando Noreña, vicerrector de la Universidad Tecnológica de Pereira.

Enfatizó que los esfuerzos que hacen las instituciones para compensar ese desequilibrio financiero ofreciendo diplomados y otros programas académicos asì como servicios de consultoría no son suficientes: “ O nos volvemos empresas de consultoría o nos dedicamos a la educación”.

Sus colegas resaltaron que el aumento de cobertura (la universidad pública es responsable del 52% de la matrícula en el país)  ha corrido por cuenta de las instituciones públicas y ese esfuerzo no ha sido compensado adecuadamente.

 Pastor Acevedo, director de la oficina jurídica de la Universidad de Antioquia concluyó que las “universidades públicas están condenadas a desaparecer por cuenta de las políticas del Ministerio de Educación”.
Vea documento en que se analiza la situación financiera de las universidades y la propuesta para financiarlas.

Directivos de la Universidad Nacional, la Universidad del Valle, la Universidad de Antioquia y la Universidad Tecnológica de Pereira advirtieron que las universidades públicas enfrentan un grave problema financiero y pidieron al gobierno incluir en el presupuesto del próximo año un incremento, por una sola vez, de 9% en la asignación de recursos.
 
“El pronóstico de supervivencia está francamente comprometido. Se trata de una medida urgente”, señaló Beatriz Sánchez, vicerrectora general de la Universidad Nacional. Según explicó la directiva, mientras los aportes que hace la Nación crecen al ritmo del IPC, las obligaciones e inversiones de las universidades aumentan a un ritmo mayor.
 
Edgar Varela, vicerrector administrativo de la Universidad del Valle, argumentó que hace 17 años, cuando se expidió la Ley 30 de 1992, las universidades eran diferentes a las de hoy. “Por ejemplo, no existía internet y la inversión en las plataformas de sistemas no estaban contempladas en el presupuesto de las instituciones”.

Añadió a los factores que han provocado el desequilibrio: el incremento en los aportes a pensiones y a salud; el pago extra a las primas de vacaciones y por recreación de los docentes; incrementos en gastos prestacionales a docentes ocasionales y personal supernumerario y los costos de procesos de acreditación y certificaciones.

Por si fuera poco, las universidades asumieron los descuentos a las matrículas de quienes votan en las elecciones. Sólo en este último rubro, se han visto obligadas a devolver unos 65.000 pesos, que en opinión de Varela, debería asumir el Ministerio del Interior y Justicia.
 
“Se nos han impuesto una serie de gastos que nos han generado un hueco fiscal”, concluyó Varela quien advirtió que en una reunión con el Presidente Álvaro Uribe se expuso el tema y se concertó una mesa de trabajo.

Los representantes de las cuatro grandes universidades públicas coincidieron en señalar la falta de voluntad política de la Ministra de Educación para concertar un acuerdo presupuestal pese a que representantes del Ministerio de Hacienda y de Planeación Nacional han afirmado que la propuesta de incrementar en 9%, por una vez, es viable.

 “Una cosa dijo el Presidente y otra está haciendo la Ministra”, apuntó Beatriz Sánchez.

Varela, de la Universidad del Valle, señaló que el presupuesto que maneja el propio Ministerio de Educación, para invertir en enseñanza superior pasó de tres mil millones a casi 200 mil millones pero esos recursos, que ejecuta el propio gobierno, no llegan directamente a las universidades.
“Las universidades están asfixiadas”, añadió Fernando Noreña, vicerrector de la Universidad Tecnológica de Pereira.

Enfatizó que los esfuerzos que hacen las instituciones para compensar ese desequilibrio financiero ofreciendo diplomados y otros programas académicos asì como servicios de consultoría no son suficientes: “ O nos volvemos empresas de consultoría o nos dedicamos a la educación”.

Sus colegas resaltaron que el aumento de cobertura (la universidad pública es responsable del 52% de la matrícula en el país)  ha corrido por cuenta de las instituciones públicas y ese esfuerzo no ha sido compensado adecuadamente.

 Pastor Acevedo, director de la oficina jurídica de la Universidad de Antioquia concluyó que las “universidades públicas están condenadas a desaparecer por cuenta de las políticas del Ministerio de Educación”.
Vea documento en que se analiza la situación financiera de las universidades y la propuesta para financiarlas.