Versiones encontradas por el lío de los megacolegios

En julio, el alcalde de Manizales, Octavio Cardona, y el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, denunciaron ante los micrófonos de W Radio el incumplimiento en la reparación de siete colegios públicos de Manizales, y 53 mega colegios en Antioquia, por parte de la multinacional portuguesa Mota-Engil: “La Alcaldía de Manizales firmó en 2016 un convenio por $20.000 millones con el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación (FFIE), para reparar siete sedes de colegios públicos de la ciudad. Esos contratos se los adjudicaron a Mota-Engil. Tres años después no han comenzado ninguna de las obras”, dijo Cardona. Y añadió: “Estos retrasos están afectando el derecho a la educación de más de 10.000 niños del municipio”, dijo Cardona.

La ministra de Educación, María Victoria Angulo, hizo público un documento esta semana que reveló que de los 541 proyectos de infraestructura educativa adjudicados por el Gobierno pasado en 2016, solo se han entregado 117. De acuerdo con la información, estos proyectos fueron adjudicados a nueve contratistas, por un valor de $3,2 billones. La multinacional Mota-Engil recibió 248 (6.035 aulas) y de los 541 proyectos y hasta ahora ha entregado 17.

Las interventorías del contrato solicitaron finalizar anticipadamente 207 proyectos hace dos meses, pero solo hasta esta semana la multinacional decidió renunciar a la construcción de los megacolegios a su cargo. Según el MEN, la empresa Mota-Engil abandonó la obra. En cambio, según la multinacional, las razones de su decisión son gracias al incumplimiento del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación (PA-FFIE). “Se ha dicho que hemos abandonado las obras, eso es falso. Mota-Engil no fue quien abandonó las obras de infraestructura educativa, quien las abandonó fue el FFIE”. “El FFIE no ha abandonado las obras, debido a que no es el ejecutor de estas, por el contrario, hace seguimiento permanente a los proyectos, razón por la cual alertó sobre esta grave situación”, se defendió el MEN.

La versión que entregó a los medios la empresa Mota-Engil es que, a la fecha, han ejecutado y entregado obras por un valor de 261.000 millones, de los cuales el PA-FFIE ha pagado 149.000 millones. Sobre este punto, el Ministerio de Educación dijo que “al contratista Mota Engil, a la fecha, se le ha cancelado la totalidad de los pagos conforme se encuentra establecido en los contratos, esto es hito cumplido y recibido a satisfacción por la interventoría. Lo que permite señalar que, dado que no hay hitos terminados y recibidos a satisfacción, por la parálisis de las obras, a la fecha el estado colombiano no tiene pagos pendientes al contratista”.

Lo que le achaca la multinacional al Fondo es que hay 56 órdenes de inicio para construcciones que nunca les llegaron, y que por eso no pudieron comenzar a construirlas. “En una construcción hay dos fases: diseño y construcción. Para cada una, el contratante, en este caso el Fondo, debe dar una orden de inicio. El FIIF dejó de dar órdenes de inicio para iniciar los proyectos. Hay en este momento 56 proyectos con diseños recibido a satisfacción, que cuentan con licencia de construcción. Pero contrario a lo que dice el contrato, que se debe dar orden de inicio para la fase de construcción en los seis días consecuentes, estamos frente a 56 proyectos que presentan 10 meses aguardando la orden de inicio. Por eso decimos que hay abandono del contrato por parte de ellos”, dice Pedro Teixeira, gerente de Mota-Engil en Colombia. Los proyectos están Valle del Cauca, Antioquia, Cauca y Risaralda.

“Esta administración nunca ha estado de acuerdo con el proceso de selección, adelantado por la administración anterior, así como la forma en que fue estructurado, tal y como ellos mismo los han reconocido abiertamente”, expresó la multinacional en un comunicado.

Según la empresa, entre las razones por las cuales deciden terminar los contratos del acuerdo de obra, están la “falta de emisión de las órdenes de inicio de la fase de construcción, los retrasos en los pagos al contratista, el incumplimiento en los plazos definidos para la revisión de las facturas presentadas y el no otorgamiento de prórrogas o suspensiones”.

Sobre porqué la demora para tomar la decisión de renunciaron a la construcción de los mega colegios a su cargo, dijeron: “Estas terminaciones, que fueron declaradas unilateralmente, y en nuestro concepto, ilegalmente. Hay una intención de terminar todos los otros contratos. Por eso tomamos la decisión de salir. No por falta de capacidad, pero porque entendemos que esa es la intención del fondo, que terminemos los contratos. Lo que nosotros propusimos fue iniciar una etapa para terminar de común acuerdo el contrato”. La decisión fue acompañada de una suspensión inmediata de las obras. “La terminación anticipada por incumplimiento se encuentra establecida en los contratos suscritos por las partes. En virtud de lo anterior, se ha garantizado el debido proceso en cada uno de los procedimientos adelantados a la fecha, sustentados en los informes de las interventorías”, dijo el MEN.

Dudas sobre su músculo financiero

En enero de este año, la W Radio reveló un informe de Price Waterhouse Cooper que asegura que la sucursal presenta un déficit patrimonial de 4.734 millones de pesos, es decir que decía que la empresa no tenía el músculo financiero necesario. Esta situación, dice la consultora, “genera una incertidumbre significativa sobre la capacidad de la sucursal de continuar como un negocio en marcha”. Sobre este punto se refirió Teixeiros: “Somos la quinta empresa más grande de América Latina, entonces no hay duda de que tenemos el músculo financiero, y estamos ejecutando otros contratos en el país (…) Estamos en una situación compleja porque la verdad, tenemos unas platas muy importantes por recibir”.

Sobre si van a demandar al Estado, dijeron que presentaron una demanda por la que no han recibido respuesta por la modificación unilateral e intempestiva de la forma de medición del desempeño del contratista. La empresa entregó un documento en donde se dice que el cambio de gerencia del FFIE fue contraproducente para la ejecución del contrato. "Con la entrada de Juan Carlos Franco (en octubre de 2018) a la gerencia del FFIE se verifició un cambio importante en la forma de manejo el contrato(...)En resultado, las demoras en la ejecución incrementaron de forma exponencial(...) Con el cambio de gerencia, pasamos de estar en el nivel máximo de calificación (sobresaliente) al nivel más bajo (deficiente)", reza el documento. 

“Necesitamos encontrar la manera de terminar estos contratos. Sentémonos y resolvamos. Entregamos eso en una comunicación el 3 de septiembre y aún no recibimos respuesta”. Según la empresa, solo han tenido siete reuniones con largos silencios, mientras que el Ministerio dice que siempre han estado dispuestos al diálogo. (Se agrava el escándalo de los megacolegios)

El FFIE ya abrió una nueva convocatoria para “conformar un banco de oferentes elegibles” para completar los proyectos. “Se presentaron 58 firmas constructoras, de las cuales 41 están habilitadas para la asignación de proyectos en 17 departamentos. Estas invitaciones se realizan con la finalidad de obtener una lista de oferentes preseleccionados para posibles nuevas contrataciones o eventuales cesiones de obra, y cuentan con cambios importantes en su estructuración, de tal forma que la futura contratación se ejecute con condiciones financieras, jurídicas y técnicas que permitan avanzar con oportunidad y calidad en la ejecución física de las obras.”, dice el MEN.

Según José Ignacio Vélez, abogado de la empresa, hacer esta convocatoria sin haber resuelto la terminación del contrato es ilegal. “Esto no está quieto. Los tribunales determinarán los comportamientos que tomaron. No están quietos, están contratando”, asegura Teixeiros.

Para “no seguir aplazando la construcción” le dan al Fondo 30 días de plazo para resolver la terminación del contrato en común acuerdo y “evitar embrollos judiciales”. 

La multinacional portuguesa ha construido en Colombia el Malecón de Barranquilla (inaugurado hace pocos días), canalizó los arroyos de Barranquilla y amplió el Terminal de contenedores del puerto de Buenaventura, entre otros.

En julio, el alcalde de Manizales, Octavio Cardona, y el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, denunciaron ante los micrófonos de W Radio el incumplimiento en la reparación de siete colegios públicos de Manizales, y 53 mega colegios en Antioquia, por parte de la multinacional portuguesa Mota-Engil: “La Alcaldía de Manizales firmó en 2016 un convenio por $20.000 millones con el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación (FFIE), para reparar siete sedes de colegios públicos de la ciudad. Esos contratos se los adjudicaron a Mota-Engil. Tres años después no han comenzado ninguna de las obras”, dijo Cardona. Y añadió: “Estos retrasos están afectando el derecho a la educación de más de 10.000 niños del municipio”, dijo Cardona.

La ministra de Educación, María Victoria Angulo, hizo público un documento esta semana que reveló que de los 541 proyectos de infraestructura educativa adjudicados por el Gobierno pasado en 2016, solo se han entregado 117. De acuerdo con la información, estos proyectos fueron adjudicados a nueve contratistas, por un valor de $3,2 billones. La multinacional Mota-Engil recibió 248 (6.035 aulas) y de los 541 proyectos y hasta ahora ha entregado 17.

Las interventorías del contrato solicitaron finalizar anticipadamente 207 proyectos hace dos meses, pero solo hasta esta semana la multinacional decidió renunciar a la construcción de los megacolegios a su cargo. Según el MEN, la empresa Mota-Engil abandonó la obra. En cambio, según la multinacional, las razones de su decisión son gracias al incumplimiento del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación (PA-FFIE). “Se ha dicho que hemos abandonado las obras, eso es falso. Mota-Engil no fue quien abandonó las obras de infraestructura educativa, quien las abandonó fue el FFIE”. “El FFIE no ha abandonado las obras, debido a que no es el ejecutor de estas, por el contrario, hace seguimiento permanente a los proyectos, razón por la cual alertó sobre esta grave situación”, se defendió el MEN.

La versión que entregó a los medios la empresa Mota-Engil es que, a la fecha, han ejecutado y entregado obras por un valor de 261.000 millones, de los cuales el PA-FFIE ha pagado 149.000 millones. Sobre este punto, el Ministerio de Educación dijo que “al contratista Mota Engil, a la fecha, se le ha cancelado la totalidad de los pagos conforme se encuentra establecido en los contratos, esto es hito cumplido y recibido a satisfacción por la interventoría. Lo que permite señalar que, dado que no hay hitos terminados y recibidos a satisfacción, por la parálisis de las obras, a la fecha el estado colombiano no tiene pagos pendientes al contratista”.

Lo que le achaca la multinacional al Fondo es que hay 56 órdenes de inicio para construcciones que nunca les llegaron, y que por eso no pudieron comenzar a construirlas. “En una construcción hay dos fases: diseño y construcción. Para cada una, el contratante, en este caso el Fondo, debe dar una orden de inicio. El FIIF dejó de dar órdenes de inicio para iniciar los proyectos. Hay en este momento 56 proyectos con diseños recibido a satisfacción, que cuentan con licencia de construcción. Pero contrario a lo que dice el contrato, que se debe dar orden de inicio para la fase de construcción en los seis días consecuentes, estamos frente a 56 proyectos que presentan 10 meses aguardando la orden de inicio. Por eso decimos que hay abandono del contrato por parte de ellos”, dice Pedro Teixeira, gerente de Mota-Engil en Colombia. Los proyectos están Valle del Cauca, Antioquia, Cauca y Risaralda.

“Esta administración nunca ha estado de acuerdo con el proceso de selección, adelantado por la administración anterior, así como la forma en que fue estructurado, tal y como ellos mismo los han reconocido abiertamente”, expresó la multinacional en un comunicado.

Según la empresa, entre las razones por las cuales deciden terminar los contratos del acuerdo de obra, están la “falta de emisión de las órdenes de inicio de la fase de construcción, los retrasos en los pagos al contratista, el incumplimiento en los plazos definidos para la revisión de las facturas presentadas y el no otorgamiento de prórrogas o suspensiones”.

Sobre porqué la demora para tomar la decisión de renunciaron a la construcción de los mega colegios a su cargo, dijeron: “Estas terminaciones, que fueron declaradas unilateralmente, y en nuestro concepto, ilegalmente. Hay una intención de terminar todos los otros contratos. Por eso tomamos la decisión de salir. No por falta de capacidad, pero porque entendemos que esa es la intención del fondo, que terminemos los contratos. Lo que nosotros propusimos fue iniciar una etapa para terminar de común acuerdo el contrato”. La decisión fue acompañada de una suspensión inmediata de las obras. “La terminación anticipada por incumplimiento se encuentra establecida en los contratos suscritos por las partes. En virtud de lo anterior, se ha garantizado el debido proceso en cada uno de los procedimientos adelantados a la fecha, sustentados en los informes de las interventorías”, dijo el MEN.

Dudas sobre su músculo financiero

En enero de este año, la W Radio reveló un informe de Price Waterhouse Cooper que asegura que la sucursal presenta un déficit patrimonial de 4.734 millones de pesos, es decir que decía que la empresa no tenía el músculo financiero necesario. Esta situación, dice la consultora, “genera una incertidumbre significativa sobre la capacidad de la sucursal de continuar como un negocio en marcha”. Sobre este punto se refirió Teixeiros: “Somos la quinta empresa más grande de América Latina, entonces no hay duda de que tenemos el músculo financiero, y estamos ejecutando otros contratos en el país (…) Estamos en una situación compleja porque la verdad, tenemos unas platas muy importantes por recibir”.

Sobre si van a demandar al Estado, dijeron que presentaron una demanda por la que no han recibido respuesta por la modificación unilateral e intempestiva de la forma de medición del desempeño del contratista. La empresa entregó un documento en donde se dice que el cambio de gerencia del FFIE fue contraproducente para la ejecución del contrato. "Con la entrada de Juan Carlos Franco (en octubre de 2018) a la gerencia del FFIE se verifició un cambio importante en la forma de manejo el contrato(...)En resultado, las demoras en la ejecución incrementaron de forma exponencial(...) Con el cambio de gerencia, pasamos de estar en el nivel máximo de calificación (sobresaliente) al nivel más bajo (deficiente)", reza el documento. 

“Necesitamos encontrar la manera de terminar estos contratos. Sentémonos y resolvamos. Entregamos eso en una comunicación el 3 de septiembre y aún no recibimos respuesta”. Según la empresa, solo han tenido siete reuniones con largos silencios, mientras que el Ministerio dice que siempre han estado dispuestos al diálogo. (Se agrava el escándalo de los megacolegios)

El FFIE ya abrió una nueva convocatoria para “conformar un banco de oferentes elegibles” para completar los proyectos. “Se presentaron 58 firmas constructoras, de las cuales 41 están habilitadas para la asignación de proyectos en 17 departamentos. Estas invitaciones se realizan con la finalidad de obtener una lista de oferentes preseleccionados para posibles nuevas contrataciones o eventuales cesiones de obra, y cuentan con cambios importantes en su estructuración, de tal forma que la futura contratación se ejecute con condiciones financieras, jurídicas y técnicas que permitan avanzar con oportunidad y calidad en la ejecución física de las obras.”, dice el MEN.

Según José Ignacio Vélez, abogado de la empresa, hacer esta convocatoria sin haber resuelto la terminación del contrato es ilegal. “Esto no está quieto. Los tribunales determinarán los comportamientos que tomaron. No están quietos, están contratando”, asegura Teixeiros.

Para “no seguir aplazando la construcción” le dan al Fondo 30 días de plazo para resolver la terminación del contrato en común acuerdo y “evitar embrollos judiciales”. 

La multinacional portuguesa ha construido en Colombia el Malecón de Barranquilla (inaugurado hace pocos días), canalizó los arroyos de Barranquilla y amplió el Terminal de contenedores del puerto de Buenaventura, entre otros.