Violencias basadas en género: de 316 IES, 261 entregaron sus protocolos

Las violencias basadas en género en las instituciones son una realidad latente. Entre enero de 2018 y febrero de 2022 se registran 876 casos de presunto abuso sexual en entornos escolares, según el Ministerio de Educación. Uno de los más recientes fue el de la Universidad de Antioquia, donde decenas de estudiantes, en su mayoría mujeres, publicaron el nombre de sus presuntos abusadores. A pesar de que la institución cuenta con un protocolo, las jóvenes señalaron que no era lo suficientemente operativo e incluso se sintieron revictimizadas.

Las violencias basadas en género en las instituciones son una realidad latente. Entre enero de 2018 y febrero de 2022 se registran 876 casos de presunto abuso sexual en entornos escolares, según el Ministerio de Educación. Uno de los más recientes fue el de la Universidad de Antioquia, donde decenas de estudiantes, en su mayoría mujeres, publicaron el nombre de sus presuntos abusadores. A pesar de que la institución cuenta con un protocolo, las jóvenes señalaron que no era lo suficientemente operativo e incluso se sintieron revictimizadas.

Una situación similar se repitió en la Nacional en octubre de 2022. El hecho fue publicado por la Mesa Feminista La Ramona, que conforma las organizaciones defensoras de las mujeres en esta institución, quienes por medio de sus redes sociales denunciaron que la universidad no había brindado apoyo psicológico a una joven que fue víctima de un presunto abuso sexual por parte de tres hombres dentro de las instalaciones de este plantel.

Por esos mismos días, en la Universidad de Caldas, los estudiantes instalaron una asamblea permanente. ¿La razón? Desde hace unas semanas, varias jóvenes venían denunciando que alumnos encapuchados se estaban metiendo a los baños de mujeres de la sede Bicentenario y, en algunos casos, las encerraban para acosarlas. Sin embargo, a pesar de las alertas, la institución no tomó medidas y se conoció el caso de una joven que fue presuntamente agredida sexualmente.

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Con el objetivo de garantizar una ruta adecuada de atención, que no revictimice y que busque estrategias de reparación y no repetición, el Ministerio de Educación expidió la resolución 14466 del 25 de julio de 2022, en la cual emitió lineamientos de prevención, detección, atención de violencias y cualquier tipo de discriminación basada en género para que las 316 Instituciones de Educación Superior (IES) elaboraran sus protocolos. El plazo de entrega se venció el 25 de enero.

Para Aurora Vergara, viceministra de Educación Superior, este tipo de violencias se tratan “de un tema de vulneración a los Derechos Humanos que requieren una atención efectiva y la priorización en la agenda pública”. Por eso, advierte, “es esencial que se destinen recursos físicos, tecnológicos, humanos y presupuestales para que todas las universidades públicas y privadas cuenten con instrumentos normativos dirigidos a atender, prevenir, investigar y sancionar casos de violencia”.

En el caso de los protocolos y planes de acción que fueron entregados por 261 IES, la viceministra explica que se basaron en cinco ejes: la sensibilización y prevención; atención; sanción; reparación; y, garantías de no repetición. Además, contó con factores como elementos para la promoción de equidad de género; una ruta interna de atención a las víctimas de violencia basada en género; o, un plan que mida cuantitativa y cualitativamente el avance, implementación y seguimiento de casos.

Pero, ¿qué pasará con las 55 que no entregaron? Cuenta que en 2019, desde el Ministerio de Educación, encabezado en ese entonces por la ministra María Victoria Angulo, se hizo un análisis para conocer cuántos planteles contaban con esta herramienta. Encontraron que solo 92 la tenían, es decir, solo un 31% de todas las IES del país podían tratar temas de violencias basadas en género.

Explicando el último registro que tenían de este tema sobre las IES, Vergara anota que desde la Subdirección de Apoyo a la Gestión del Ministerio se ha brindado un acompañamiento técnico para la formulación de los protocolos y los planes de acción. Además, desde agosto de 2022, la Subdirección de Inspección y Vigilancia emitió varias circulares en las que les recordó a los planteles los plazos para la entrega de los documentos finales.

Aunque la viceministra no da un lineamiento claro de lo que pasará con estas 55 IES, explica que en febrero se presentará un primer informe sobre los documentos que fueron entregados a la cartera. También dijo que estaban trabajando en el desarrollo y fortalecimiento de instrumentos de medición periódica para llevar un registro de los casos de violencias basadas en género que se presenten en las IES y “garantizar que se conviertan en espacios de cero violencia”, dice.

De hecho, son muy pocas las instituciones que cuentan con observatorios que lleven un registro de este tipo de violencias. La Universidad de Antioquia, por ejemplo, es una de ellas. De acuerdo con los reportes de la Dirección de Bienestar, “hay conocimiento de seis denuncias en la Fiscalía General de la Nación. Además, en los últimos tres años se han atendido 213 casos a través de la Ruta Violeta. En 2020, hasta el 30 de julio, se trataron 59″, aseguró hace un tiempo el plantel.

El Observatorio de Asuntos de Género de la Universidad Nacional es otro referente en este tema del seguimiento a los casos. Según sus registros, entre 2018 y agosto de 2021, solo en la sede de Bogotá se recibieron 454 denuncias, la mayoría de casos eran de acoso sexual, violencia psicológica, acto sexual no consentido o acceso carnal no consentido. En sus otros puntos, como Medellín, se presentaron 67 casos; en Manizales, 15; y 10 en Palmira.

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Con el propósito de que los textos finales no sean un cuello de botella, las instituciones deberán explicar de manera clara lo que significan las actuaciones y episodios de violencia de género, identificando los comportamientos, las actitudes, los lenguajes corporales y orales para detectar e identificar este tipo de violencias. El Espectador conoció que algunos de ellos ahora crearán un proceso disciplinario aparte para los temas de violencia y discriminaciones.

Matrículas 2021

• Durante 2021, se matricularon 2.448.271 personas en educación superior, de las cuales 1.307.376, es decir, el 53,4% eran mujeres; y 1.140.895 (el 46,6%) eran hombres.
• Técnica profesional → 36.889 (49,8%) hombres / 37.209 (50,2%) mujeres
• Tecnológica → 309.638 (50,1%) hombres / 308.041 (49,9%) mujeres
• Universitaria → 709.404 (45,2%) hombres / 858.789 (54,8%) mujeres
• Especialización técnico profesional → 29 (90,6%) hombres / 3 (9,4%) mujeres
• Especialización tecnológica → 2.602 (44,8%) hombres / 3.200 (55,2%) mujeres
• Especialización universitaria → 40.604 (41,7%) hombres / 56.830 (58,3%) mujeres
• Especialización médico quirúrgica → 2.570 (49,0%) hombres / 2.680 (51,0%) mujeres
• Maestría → 35.081 (48,2%) hombres / 37.728 (51,8%) mujeres
• Doctorado → 4.078 (58,5%) hombres / 2.896 (41,5%) mujeres

*Fuente: Observatorio Laboral para la Educación – OLE