Cien días de un estallido cultural

Hace una semana, 320 niños de diferentes lugares del país unieron sus voces en el corazón de Bogotá. Se desplazaron desde Tocancipá, Chía, Sopó, Guatavita, Madrid, Funza, Soacha, Turbaco y Cali hasta el teatro Jorge Eliécer Gaitán, en la capital. Ahí le cantaron a la vida, a la paz. El mismo día, 6 de noviembre, se develó una placa en homenaje a quienes sufrieron el holocausto del Palacio de Justicia. “¡Que cese el fuego!”, se lee en el metal, junto a la lista, los nombres de todas las víctimas de la toma y retoma, incluyendo a aquellas de desaparición forzada. Allí, junto con los presidentes de las altas cortes, familiares de las víctimas y servidores judiciales, estaba la ministra de Cultura, Patricia Ariza. El Concierto Multicolor del coro infantil se configura como parte del “Estallido cultural, por la paz y por la vida”, que promueve la cartera que dirige, y la placa, como una de las actividades de “Memoria viva”, uno de los cuatro ejes de gestión del Ministerio. Los dos hechos dan cuenta de la dirección hacia donde se quiere encaminar el sector desde el Gobierno.

“El ‘Estallido cultural’ es parte del resultado de los cien días de gobierno por parte del Ministerio, pero se nos extendió mucho más. Va hasta diciembre. Entonces no es un evento, es un acontecimiento, de ahí vamos a sacar un libro, un documental, una cartilla”, cuenta, entre sorbos de café, Patricia Ariza. Nos explica que el “estallido” comenzó como una iniciativa ciudadana de parte de los artistas, a la cual decidió sumarse el Ministerio de Cultura. En la programación de este acontecimiento ahora hay más de mil certámenes. “Ya perdí la cuenta, afortunadamente. Lo digo como un elogio: se nos salió de las manos. Es como una especie de patrimonio de la sociedad. Todo el mundo se quiere unir ahora al estallido, pero hay un asunto muy importante: no son solamente las expresiones artísticas, sino también habrá diálogos, en los que vamos a conversar sobre el papel de la cultura en la paz y en la defensa de la vida. Es decir, también los artistas, y lo digo como artista que soy, vamos a estar ahí como sujetos no solo presentando, sino dialogando”.

El “Estallido cultural” tiene un apellido: “‘Por la paz y por la vida”. Al igual que sucede con el eje de trabajo “Cultura de paz”, un intento del Ministerio para que “la paz, que es un bien superior, se logre posicionar en el imaginario colectivo”, como lo afirma Ariza. “En un país que está en un proceso de posguerra, defender los derechos no es una novedad, es más una coherencia y una sensatez de un Gobierno que llega con una idea clara, y es que la cultura sí genera paz”, asegura Yalesa Echeverría, gestora cultural.

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Este acontecimiento es parte, entonces, de las novedades. Es casi que el nuevo proyecto bandera de esta nueva dirección para el sector, que recibió $701 mil millones de presupuesto para 2023.

Hablando de las maniobras, sobresale la discusión del proyecto de reforma tributaria. Es decir, para hacer un balance de los primeros cien días de este Gobierno con respecto a la cultura, también se debería tener en cuenta que fueron varios los estímulos que se pusieron en riesgo, pero que se “salvaron”.

Y es que, para muchos de los integrantes del sector, se sigue hablando de la cultura como algo que hay que “salvar”. Esto es lo que criticaron varios de los artistas que entraron a la discusión sobre lo que se arriesgó en aquel documento presentando por el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo. En varias de esas conversaciones se dijo, además, que el tiempo “se perdía”, justamente, en estas batallas, que en teoría ya se habían ganado: riesgos para incentivos ya conseguidos, cambios de nombre para políticas culturales o hasta las instituciones, regreso a debates sobre derechos culturales ya conquistados, pero que, de nuevo, tambaleaban.

Para Gonzalo Castellanos, que ha asesorado a la mayoría de los ministerios de Cultura en Colombia y ha participado en la construcción de las leyes para el sector, el Ministerio parece presentar un planteamiento de la paz que no existiera, como si se estuviese descubriendo ahora, pero sostiene que ninguna de las herramientas que se han creado durante los últimos 20 años obedece a ideologías. Para él, todas las leyes, regulaciones, incentivos y herramientas han servido, incluso, para hacerles contrapeso a gobiernos de derecha. “Ese concepto de la economía naranja se quiere revaluar, pero sobre todo porque nunca existió. Nunca tuvo un piso conceptual, es pobre. El gobierno Duque no entendió lo que eso significaba, pero dejó instrumentos importantes”.

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A Castellanos le preocupa que haya la intención de hacer una ruptura, una construcción desde abajo en materia cultural. “Pueden profundizar en lo que existe, pero no hacer una línea de corte. Me parece imposible, sobre todo porque lo que se plantea como nuevo, es lo que ya se ha venido construyendo”.

Cuando el texto de la reforma tributaria aún era un proyecto, se propuso quitar el incentivo del impuesto de renta para las librerías y los autores literarios. En el sector audiovisual se habló de eliminar la deducción tributaria para quienes inviertan en hacer películas colombianas, además de la herramienta que promueve el trabajo audiovisual en Colombia (producciones internacionales que vienen a contratar talento local y que se les descuenta el 35 % sobre el monto de esas inversiones). De hecho, el grueso del sector se hubiese afectado: en 2018 se amplió el incentivo para todos aquellos que inviertan en cualquiera de los sectores culturales: danza, teatro, artes plásticas, literatura, música, etc. Cualquier persona que inyecte recursos en un proyecto cultural puede deducir de su renta un 165 % del valor de esa inversión, y este fue un recurso que tambaleó en aquel proyecto tributario.

Cada una de estas herramientas ha fortalecido los eslabones de promoción, producción, venta y consumo de las expresiones culturales y artísticas. Los efectos de que se debiliten conducen a que, además de que no haya oferta, la demanda disminuya, una consecuencia que va en contravía de la pretensión, por ejemplo, de elevar los niveles de publicación de escritores, apoyo a librerías, promoción de libros y aumentos de porcentajes en lectura.

Habría que fijarse en el incremento de la producción local, además de la percepción de Colombia en el exterior como un centro de producción audiovisual. Este crecimiento es intersectorial: impacta en el turismo, empleo, conocimiento e imagen del país.

Para Castellanos, sin estos incentivos es prácticamente imposible que esos niveles de evolución se igualen o aumenten.

El desenlace de esta historia con los proyectos de reformas tributarias se ha repetido muchas veces: además de que no se puede acabar con conquistas culturales que se consideran derechos fundamentales, continúan metiéndose incentivos que no representan mayores ingresos para el presupuesto fiscal, pero sí un retroceso importante para el sector, ¿por qué se repite? ¿Por qué regresamos a estas discusiones?

Gonzalo Castellanos: podría ser un sentido estratégico: los diferentes gobiernos, independientemente de su política gubernamental o su ideología, consideran que la cultura es un sector sensible. La única explicación que podría darle a eso es que se entiende que, si se abre esa discusión, la atención se desvía y, quizás, otros temas de mayor o igual relevancia pasan de largo. No encuentro otra explicación. Es muy raro que por más de 20 años se hayan hecho tantas reformas constitucionales para situar a la cultura en el centro de la agenda y del debate, y en cada reforma tributaria esas conquistas traten de quitarse.

***

Para Castellanos, hay que darles a los procesos la dimensión que merecen: en los últimos 20 años la política cultural ha tenido enfoque en derechos, territorios, reconciliación, paz y reconstrucción. Echeverría coincide con él en que la política cultural no se puede confundir con la visión gubernamental, y la primera tiene que ser una construcción institucional y comunitaria. Según Castellanos, esta siempre se ha centrado en el planteamiento de la paz. Según Echeverría, este es el objetivo principal de la actual administración. Los dos concuerdan con que se deben, entonces, garantizar los instrumentos. Hacer posible el ejercicio de esos derechos.

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Hace una semana, 320 niños de diferentes lugares del país unieron sus voces en el corazón de Bogotá. Se desplazaron desde Tocancipá, Chía, Sopó, Guatavita, Madrid, Funza, Soacha, Turbaco y Cali hasta el teatro Jorge Eliécer Gaitán, en la capital. Ahí le cantaron a la vida, a la paz. El mismo día, 6 de noviembre, se develó una placa en homenaje a quienes sufrieron el holocausto del Palacio de Justicia. “¡Que cese el fuego!”, se lee en el metal, junto a la lista, los nombres de todas las víctimas de la toma y retoma, incluyendo a aquellas de desaparición forzada. Allí, junto con los presidentes de las altas cortes, familiares de las víctimas y servidores judiciales, estaba la ministra de Cultura, Patricia Ariza. El Concierto Multicolor del coro infantil se configura como parte del “Estallido cultural, por la paz y por la vida”, que promueve la cartera que dirige, y la placa, como una de las actividades de “Memoria viva”, uno de los cuatro ejes de gestión del Ministerio. Los dos hechos dan cuenta de la dirección hacia donde se quiere encaminar el sector desde el Gobierno.

“El ‘Estallido cultural’ es parte del resultado de los cien días de gobierno por parte del Ministerio, pero se nos extendió mucho más. Va hasta diciembre. Entonces no es un evento, es un acontecimiento, de ahí vamos a sacar un libro, un documental, una cartilla”, cuenta, entre sorbos de café, Patricia Ariza. Nos explica que el “estallido” comenzó como una iniciativa ciudadana de parte de los artistas, a la cual decidió sumarse el Ministerio de Cultura. En la programación de este acontecimiento ahora hay más de mil certámenes. “Ya perdí la cuenta, afortunadamente. Lo digo como un elogio: se nos salió de las manos. Es como una especie de patrimonio de la sociedad. Todo el mundo se quiere unir ahora al estallido, pero hay un asunto muy importante: no son solamente las expresiones artísticas, sino también habrá diálogos, en los que vamos a conversar sobre el papel de la cultura en la paz y en la defensa de la vida. Es decir, también los artistas, y lo digo como artista que soy, vamos a estar ahí como sujetos no solo presentando, sino dialogando”.

El “Estallido cultural” tiene un apellido: “‘Por la paz y por la vida”. Al igual que sucede con el eje de trabajo “Cultura de paz”, un intento del Ministerio para que “la paz, que es un bien superior, se logre posicionar en el imaginario colectivo”, como lo afirma Ariza. “En un país que está en un proceso de posguerra, defender los derechos no es una novedad, es más una coherencia y una sensatez de un Gobierno que llega con una idea clara, y es que la cultura sí genera paz”, asegura Yalesa Echeverría, gestora cultural.

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Este acontecimiento es parte, entonces, de las novedades. Es casi que el nuevo proyecto bandera de esta nueva dirección para el sector, que recibió $701 mil millones de presupuesto para 2023.

Hablando de las maniobras, sobresale la discusión del proyecto de reforma tributaria. Es decir, para hacer un balance de los primeros cien días de este Gobierno con respecto a la cultura, también se debería tener en cuenta que fueron varios los estímulos que se pusieron en riesgo, pero que se “salvaron”.

Y es que, para muchos de los integrantes del sector, se sigue hablando de la cultura como algo que hay que “salvar”. Esto es lo que criticaron varios de los artistas que entraron a la discusión sobre lo que se arriesgó en aquel documento presentando por el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo. En varias de esas conversaciones se dijo, además, que el tiempo “se perdía”, justamente, en estas batallas, que en teoría ya se habían ganado: riesgos para incentivos ya conseguidos, cambios de nombre para políticas culturales o hasta las instituciones, regreso a debates sobre derechos culturales ya conquistados, pero que, de nuevo, tambaleaban.

Para Gonzalo Castellanos, que ha asesorado a la mayoría de los ministerios de Cultura en Colombia y ha participado en la construcción de las leyes para el sector, el Ministerio parece presentar un planteamiento de la paz que no existiera, como si se estuviese descubriendo ahora, pero sostiene que ninguna de las herramientas que se han creado durante los últimos 20 años obedece a ideologías. Para él, todas las leyes, regulaciones, incentivos y herramientas han servido, incluso, para hacerles contrapeso a gobiernos de derecha. “Ese concepto de la economía naranja se quiere revaluar, pero sobre todo porque nunca existió. Nunca tuvo un piso conceptual, es pobre. El gobierno Duque no entendió lo que eso significaba, pero dejó instrumentos importantes”.

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A Castellanos le preocupa que haya la intención de hacer una ruptura, una construcción desde abajo en materia cultural. “Pueden profundizar en lo que existe, pero no hacer una línea de corte. Me parece imposible, sobre todo porque lo que se plantea como nuevo, es lo que ya se ha venido construyendo”.

Cuando el texto de la reforma tributaria aún era un proyecto, se propuso quitar el incentivo del impuesto de renta para las librerías y los autores literarios. En el sector audiovisual se habló de eliminar la deducción tributaria para quienes inviertan en hacer películas colombianas, además de la herramienta que promueve el trabajo audiovisual en Colombia (producciones internacionales que vienen a contratar talento local y que se les descuenta el 35 % sobre el monto de esas inversiones). De hecho, el grueso del sector se hubiese afectado: en 2018 se amplió el incentivo para todos aquellos que inviertan en cualquiera de los sectores culturales: danza, teatro, artes plásticas, literatura, música, etc. Cualquier persona que inyecte recursos en un proyecto cultural puede deducir de su renta un 165 % del valor de esa inversión, y este fue un recurso que tambaleó en aquel proyecto tributario.

Cada una de estas herramientas ha fortalecido los eslabones de promoción, producción, venta y consumo de las expresiones culturales y artísticas. Los efectos de que se debiliten conducen a que, además de que no haya oferta, la demanda disminuya, una consecuencia que va en contravía de la pretensión, por ejemplo, de elevar los niveles de publicación de escritores, apoyo a librerías, promoción de libros y aumentos de porcentajes en lectura.

Habría que fijarse en el incremento de la producción local, además de la percepción de Colombia en el exterior como un centro de producción audiovisual. Este crecimiento es intersectorial: impacta en el turismo, empleo, conocimiento e imagen del país.

Para Castellanos, sin estos incentivos es prácticamente imposible que esos niveles de evolución se igualen o aumenten.

El desenlace de esta historia con los proyectos de reformas tributarias se ha repetido muchas veces: además de que no se puede acabar con conquistas culturales que se consideran derechos fundamentales, continúan metiéndose incentivos que no representan mayores ingresos para el presupuesto fiscal, pero sí un retroceso importante para el sector, ¿por qué se repite? ¿Por qué regresamos a estas discusiones?

Gonzalo Castellanos: podría ser un sentido estratégico: los diferentes gobiernos, independientemente de su política gubernamental o su ideología, consideran que la cultura es un sector sensible. La única explicación que podría darle a eso es que se entiende que, si se abre esa discusión, la atención se desvía y, quizás, otros temas de mayor o igual relevancia pasan de largo. No encuentro otra explicación. Es muy raro que por más de 20 años se hayan hecho tantas reformas constitucionales para situar a la cultura en el centro de la agenda y del debate, y en cada reforma tributaria esas conquistas traten de quitarse.

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Para Castellanos, hay que darles a los procesos la dimensión que merecen: en los últimos 20 años la política cultural ha tenido enfoque en derechos, territorios, reconciliación, paz y reconstrucción. Echeverría coincide con él en que la política cultural no se puede confundir con la visión gubernamental, y la primera tiene que ser una construcción institucional y comunitaria. Según Castellanos, esta siempre se ha centrado en el planteamiento de la paz. Según Echeverría, este es el objetivo principal de la actual administración. Los dos concuerdan con que se deben, entonces, garantizar los instrumentos. Hacer posible el ejercicio de esos derechos.

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