Ministro TIC da su versión sobre la concesión del Canal Uno, que sacó CM& del aire
Luego de las denuncias hechas por el senador Wilson Arias y el director de RTVC, Hollman Morris, hacia el Ministerio TIC por la supuesta compra del Canal Uno por el Grupo Prisa, el ministro Mauricio Lizcano salió en defensa de su cartera.
Desde octubre de 2024, tras una publicación de Gustavo Petro sobre la adquisición de Canal Uno por el Grupo Prisa, el canal de televisión ha estado sujeto a inspecciones del Ministerio del Trabajo y SuperSociedades. Un grupo de senadores de la Comisión Sexta, —Wilson Arias, Guido Echeverri Piedrahíta y Sandra Yaneth Jaimes Cruz— enviaron derechos de petición a estos dos entes gubernamentales para indagar sobre las afirmaciones del presidente, reportó La Silla Vacía.
Mediante un hilo en la red social X, el canal Wally Opina publicó el pasado 27 de noviembre una investigación acerca de la concesión para operar Canal Uno entregada al grupo Plural Comunicaciones S.A.S. —conformado por CM&, NTC y RTI y la estadounidense HMTV UNO—, adjudicada en 2017 por el entonces Ministro TIC, David Luna.
La filial norteamericana presentó, según Wally Opina, una “capitalización de acreencias”, lo que la llevó a tener el 100 % de las acciones del canal, para cederla a Phoenix Media S.A.S., una sociedad recién creada. Esta última llegó a un acuerdo con el Grupo Prisa, en septiembre de 2024, para transmitir sus contenidos a través de la señal de Canal Uno.
La Superintendencia de Sociedades (SuperSociedades) afirmó que la supuesta compra de Prisa a Canal Uno era inexistente, ya que “el vínculo que existe entre Plural Comunicaciones S.A.S. y Caracol Primera Cadena Radial Colombiana S.A., es de tipo contractual, en virtud de la suscripción de un contrato de licenciamiento de contendido”, apuntó para La Silla Vacía.
Luego del aplazamiento del debate de control político al ministro TIC, Mauricio Lizcano, y al director de SuperSociedades, que debía realizarse el pasado 27 de noviembre, el senador Wilson Arias publicó un video en su cuenta de X, en el que mencionaba que la cancelación fue producto de uno de la petición de uno de los citantes al debate. Sugirió, además, que aquello se trataba de un intento de “censura” de las partes acusadas.
El pasado 28 de noviembre, el ministro Mauricio Lizcano respondió a estas acusaciones del senador de la Comisión Sexta a través de un video en sus redes sociales. En esta publicación, calificó las afirmaciones de los congresistas como “tergiversaciones de la verdad” y “hechos convertidos en verdades a medias”. Recordó que la “ley 182 de 1995 es muy clara en decir que el concesionario es libre de configurar su parrilla de programación, sin que el Estado pueda censurarlos o hacer control previo”.
Mencionó también una reunión que tuvo con Yamid Amat, director de CM&, en la que expresó su interés en que el noticiero siguiera al aire, apuntando que “fue Canal Uno en acuerdos privados con CM&, los cuales el Gobierno no conoce y no tendría que conocer, terminaron sus contratos y por eso salió del aire”.
La revista Forbes Colombia reportó que el Ministerio de las TIC contrató a la Universidad Nacional para realizar un estudio económico sobre la posibilidad de la prórroga de la concesión hasta 2037, que se encuentra amparada por la ley 1978 de 2019. Para esta prolongación, la cartera del Estado debe definir el valor que tendría este acuerdo por el tiempo adicional al previamente estimado.
Forbes también mencionó que el grupo dueño de Canal Uno, Plural Comunicaciones S.A.S., depende de la alianza con el Grupo Prisa para sostenerse, ya que reportó una caída del 12.65 % en 2023 comparado con las ganancias de 2022. Además, resaltó que la compañía Kantar Ibope, registró una reducción de 0.1 puntos de rating luego de la salida del Noticiero CM&.
Desde octubre de 2024, tras una publicación de Gustavo Petro sobre la adquisición de Canal Uno por el Grupo Prisa, el canal de televisión ha estado sujeto a inspecciones del Ministerio del Trabajo y SuperSociedades. Un grupo de senadores de la Comisión Sexta, —Wilson Arias, Guido Echeverri Piedrahíta y Sandra Yaneth Jaimes Cruz— enviaron derechos de petición a estos dos entes gubernamentales para indagar sobre las afirmaciones del presidente, reportó La Silla Vacía.
Mediante un hilo en la red social X, el canal Wally Opina publicó el pasado 27 de noviembre una investigación acerca de la concesión para operar Canal Uno entregada al grupo Plural Comunicaciones S.A.S. —conformado por CM&, NTC y RTI y la estadounidense HMTV UNO—, adjudicada en 2017 por el entonces Ministro TIC, David Luna.
La filial norteamericana presentó, según Wally Opina, una “capitalización de acreencias”, lo que la llevó a tener el 100 % de las acciones del canal, para cederla a Phoenix Media S.A.S., una sociedad recién creada. Esta última llegó a un acuerdo con el Grupo Prisa, en septiembre de 2024, para transmitir sus contenidos a través de la señal de Canal Uno.
La Superintendencia de Sociedades (SuperSociedades) afirmó que la supuesta compra de Prisa a Canal Uno era inexistente, ya que “el vínculo que existe entre Plural Comunicaciones S.A.S. y Caracol Primera Cadena Radial Colombiana S.A., es de tipo contractual, en virtud de la suscripción de un contrato de licenciamiento de contendido”, apuntó para La Silla Vacía.
Luego del aplazamiento del debate de control político al ministro TIC, Mauricio Lizcano, y al director de SuperSociedades, que debía realizarse el pasado 27 de noviembre, el senador Wilson Arias publicó un video en su cuenta de X, en el que mencionaba que la cancelación fue producto de uno de la petición de uno de los citantes al debate. Sugirió, además, que aquello se trataba de un intento de “censura” de las partes acusadas.
El pasado 28 de noviembre, el ministro Mauricio Lizcano respondió a estas acusaciones del senador de la Comisión Sexta a través de un video en sus redes sociales. En esta publicación, calificó las afirmaciones de los congresistas como “tergiversaciones de la verdad” y “hechos convertidos en verdades a medias”. Recordó que la “ley 182 de 1995 es muy clara en decir que el concesionario es libre de configurar su parrilla de programación, sin que el Estado pueda censurarlos o hacer control previo”.
Mencionó también una reunión que tuvo con Yamid Amat, director de CM&, en la que expresó su interés en que el noticiero siguiera al aire, apuntando que “fue Canal Uno en acuerdos privados con CM&, los cuales el Gobierno no conoce y no tendría que conocer, terminaron sus contratos y por eso salió del aire”.
La revista Forbes Colombia reportó que el Ministerio de las TIC contrató a la Universidad Nacional para realizar un estudio económico sobre la posibilidad de la prórroga de la concesión hasta 2037, que se encuentra amparada por la ley 1978 de 2019. Para esta prolongación, la cartera del Estado debe definir el valor que tendría este acuerdo por el tiempo adicional al previamente estimado.
Forbes también mencionó que el grupo dueño de Canal Uno, Plural Comunicaciones S.A.S., depende de la alianza con el Grupo Prisa para sostenerse, ya que reportó una caída del 12.65 % en 2023 comparado con las ganancias de 2022. Además, resaltó que la compañía Kantar Ibope, registró una reducción de 0.1 puntos de rating luego de la salida del Noticiero CM&.