El patrimonio cultural colombiano, una lucha constante por su protección

Artefactos de México, Colombia, Perú, Guatemala, Costa Rica, Ecuador y Panamá fueron vendidos por cientos de euros en la ciudad alemana. En los días previos y posteriores a la subasta, diplomáticos de estas naciones ofrecieron declaraciones oponiéndose a la venta y exigiendo al país europeo detener el evento que, a pesar de ello, se realizó.

Desde Colombia, el Ministerio de Cultura, la Cancillería y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) iniciaron las acciones pertinentes para restituir los artefactos colombianos identificados en el catálogo. El 27 de septiembre la entidad interpuso una denuncia ante la autoridad competente, que en este caso es la Fiscalía, para que se adelante la investigación correspondiente.

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En los días siguientes a la subasta, Nicolás Loaiza, director del ICANH, afirmó que habían puesto en marcha la hoja de ruta para recuperar los artefactos. En las declaraciones dadas de forma conjunta para El Espectador, el ICANH, la Cancillería y el Ministerio de Cultura afirman que “en el marco de la implementación del Programa Nacional para prevenir y contrarrestar el tráfico ilícito de bienes culturales y atendiendo a la necesidad de efectuar las gestiones necesarias para la recuperación de aquellos bienes que han salido de manera irregular del país, se ha hecho necesario establecer un procedimiento o protocolo que oriente el manejo de casos de venta y/o comercialización de bienes del patrimonio cultural colombiano en subastas o plataformas de comercio electrónico”.

El programa opera a través de un convenio de cooperación celebrado en 2017, el cual integran instituciones como el ICANH, la Fiscalía, Policía, Procuraduría, Cancillería, Aerocivil, DIAN, el Archivo General de la Nación, el Consejo Internacional de Museos (ICOM), SENA, el Servicio Geológico Nacional y la Facultad de Estudios de Patrimonio de la Universidad Externado. El convenio, creado originalmente en 2005, fue diseñado para “planear, desarrollar y ejecutar lineamientos y acciones como la actual construcción del ‘Protocolo en caso de venta y/o comercialización de bienes del patrimonio cultural colombiano en subastas o plataformas de comercio electrónico’, el cual es una hoja de ruta que no solo está pensada para el caso que nos consultan, sino que se construye para darle manejo a los casos de venta y/o comercialización de bienes del patrimonio cultural colombiano que se identifiquen en el exterior”.

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Además de este plan de acción, la Embajada de Colombia en Alemania se unió a declaraciones conjuntas con otros países afectados como México. Por ejemplo, Hans-Peter Knudsen Quevedo, embajador de Colombia en Alemania, respaldó las declaraciones del embajador de México en Alemania, Francisco Quiroga, quien de acuerdo con Infobae dijo “los pueblos originarios sufrieron un saqueo de sus bienes, de su patrimonio cultural, de su patrimonio más allá de lo cultural, se diezmaron sus poblaciones y su cultura en general, esa connotación es la que tiene. Yo no creo que los compradores de buena fe sepan, quieran ser parte de esa historia, de ese comercio”.

Entre las acciones conjuntas que se han tomado, destaca la audiencia solicitada por el GRULAC, grupo de discusión y concertación no vinculante de toda América Latina, ante la cancillería alemana para “establecer un canal de diálogo sobre este asunto y propender por la restitución de los bienes del patrimonio arqueológico”.

De acuerdo con el ICANH, el saqueo de artefactos en Colombia se inició en el siglo XVI durante la colonia y la república, extendiéndose por diferentes regiones del país. “Esta destrucción atraviesa todos los oficios y economías (guaqueros, intermediarios, coleccionistas nacionales y extranjeros, galeristas) que se lucran en menor o mayor grado del mercado ilícito que destruye este patrimonio”, afirman en el comunicado. “Sólo hasta la primera mitad del siglo XX surge la conciencia sobre la importancia de los objetos que conforman el patrimonio arqueológico colombiano y el patrimonio cultural mueble de periodos como la conquista, colonia y república, para los cuales se define en el país un régimen legal de protección”.

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Igualmente, durante esta época se incrementó la preocupación por el patrimonio cultural al establecerse que esta es una de las formas de tráfico más frecuentes en el país. Teniendo en cuenta esto, el ICANH afirma que es imposible determinar en dónde se encuentran las piezas arqueológicas que han salido del país ya que muchas de ellas no están registradas legalmente ante la entidad.

De acuerdo con la Ley 397 de 1997 el ICAHN “es la única entidad facultada por las disposiciones legales para aplicar el régimen de manejo del patrimonio arqueológico tanto en el nivel nacional, como en los diferentes niveles territoriales”, y al ser reconocida como tal es la autoridad que tiene la obligación de velar por la protección de los bienes del patrimonio cultural colombiano.

“Todas las acciones preventivas que se toman desde el ICANH corresponden a lo establecido en el régimen legal de protección, ya que en Colombia existe una legislación orientada a la protección, conservación y divulgación de los bienes pertenecientes al patrimonio arqueológico de la Nación con el fin de evitar su exportación ilegal, el tráfico ilícito o la comercialización, dado su valor cultural, histórico y científico”, afirman en el comunicado. Esto ha sido reforzado a través de diversas políticas públicas, convenios interinstitucionales y la implementación de tratados y convenciones multilaterales e internacionales que se desarrollan en la materia para asegurar la cooperación internacional.

Según la misma Ley que establece al ICANH como autoridad en esta materia, “los bienes del patrimonio arqueológico pertenecen a la Nación y son inalienables, imprescriptibles e inembargables”, por esta razón no tienen un valor económico y están por fuera del comercio. “Es obligación de todos los colombianos garantizar su protección, evitar su pérdida o destrucción y el tráfico o su exportación ilegal”, afirman las entidades gubernamentales.

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En cuanto a acciones preventivas que toma el ICANH, mencionan que periódicamente realizan “jornadas de capacitación y sensibilización acerca del patrimonio arqueológico colombiano y la normativa vigente relacionada con el tema, dirigidas a la comunidad en general y a diferentes organismos o entidades interesadas e involucradas en la gestión social del patrimonio arqueológico”.

Un caso similar a este ocurrió en Francia en septiembre de 2019 cuando se subastaron ocho piezas precolombinas identificadas como provenientes de Colombia entre un catálogo de 120 artefactos. La casa de subastas Millon y Asociados vendió piezas provenientes de Colombia, Guatemala y México. En este caso se convocó al Comité Técnico para prevenir y contrarrestar el tráfico ilícito de los bienes del patrimonio cultural colombiano y se dio aviso a través de la Embajada de Colombia en Francia al Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores de Francia.

Colombia ha suscrito diferentes tratados en lo que refiere a este a la protección y repatriación de bienes culturales como la Convención UNESCO de 1970, el Convenio UNIDROIT de 1995 y la Decisión Andina 861 de la CAN. Por lo que “implican un compromiso nacional de actuar con reciprocidad. Los principales instrumentos jurídicos de alcance internacional que han sido suscritos por el gobierno colombiano y que hoy en día hacen parte de la legislación interna colombiana son estos tratados”.

Artefactos de México, Colombia, Perú, Guatemala, Costa Rica, Ecuador y Panamá fueron vendidos por cientos de euros en la ciudad alemana. En los días previos y posteriores a la subasta, diplomáticos de estas naciones ofrecieron declaraciones oponiéndose a la venta y exigiendo al país europeo detener el evento que, a pesar de ello, se realizó.

Desde Colombia, el Ministerio de Cultura, la Cancillería y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) iniciaron las acciones pertinentes para restituir los artefactos colombianos identificados en el catálogo. El 27 de septiembre la entidad interpuso una denuncia ante la autoridad competente, que en este caso es la Fiscalía, para que se adelante la investigación correspondiente.

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En los días siguientes a la subasta, Nicolás Loaiza, director del ICANH, afirmó que habían puesto en marcha la hoja de ruta para recuperar los artefactos. En las declaraciones dadas de forma conjunta para El Espectador, el ICANH, la Cancillería y el Ministerio de Cultura afirman que “en el marco de la implementación del Programa Nacional para prevenir y contrarrestar el tráfico ilícito de bienes culturales y atendiendo a la necesidad de efectuar las gestiones necesarias para la recuperación de aquellos bienes que han salido de manera irregular del país, se ha hecho necesario establecer un procedimiento o protocolo que oriente el manejo de casos de venta y/o comercialización de bienes del patrimonio cultural colombiano en subastas o plataformas de comercio electrónico”.

El programa opera a través de un convenio de cooperación celebrado en 2017, el cual integran instituciones como el ICANH, la Fiscalía, Policía, Procuraduría, Cancillería, Aerocivil, DIAN, el Archivo General de la Nación, el Consejo Internacional de Museos (ICOM), SENA, el Servicio Geológico Nacional y la Facultad de Estudios de Patrimonio de la Universidad Externado. El convenio, creado originalmente en 2005, fue diseñado para “planear, desarrollar y ejecutar lineamientos y acciones como la actual construcción del ‘Protocolo en caso de venta y/o comercialización de bienes del patrimonio cultural colombiano en subastas o plataformas de comercio electrónico’, el cual es una hoja de ruta que no solo está pensada para el caso que nos consultan, sino que se construye para darle manejo a los casos de venta y/o comercialización de bienes del patrimonio cultural colombiano que se identifiquen en el exterior”.

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Además de este plan de acción, la Embajada de Colombia en Alemania se unió a declaraciones conjuntas con otros países afectados como México. Por ejemplo, Hans-Peter Knudsen Quevedo, embajador de Colombia en Alemania, respaldó las declaraciones del embajador de México en Alemania, Francisco Quiroga, quien de acuerdo con Infobae dijo “los pueblos originarios sufrieron un saqueo de sus bienes, de su patrimonio cultural, de su patrimonio más allá de lo cultural, se diezmaron sus poblaciones y su cultura en general, esa connotación es la que tiene. Yo no creo que los compradores de buena fe sepan, quieran ser parte de esa historia, de ese comercio”.

Entre las acciones conjuntas que se han tomado, destaca la audiencia solicitada por el GRULAC, grupo de discusión y concertación no vinculante de toda América Latina, ante la cancillería alemana para “establecer un canal de diálogo sobre este asunto y propender por la restitución de los bienes del patrimonio arqueológico”.

De acuerdo con el ICANH, el saqueo de artefactos en Colombia se inició en el siglo XVI durante la colonia y la república, extendiéndose por diferentes regiones del país. “Esta destrucción atraviesa todos los oficios y economías (guaqueros, intermediarios, coleccionistas nacionales y extranjeros, galeristas) que se lucran en menor o mayor grado del mercado ilícito que destruye este patrimonio”, afirman en el comunicado. “Sólo hasta la primera mitad del siglo XX surge la conciencia sobre la importancia de los objetos que conforman el patrimonio arqueológico colombiano y el patrimonio cultural mueble de periodos como la conquista, colonia y república, para los cuales se define en el país un régimen legal de protección”.

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Igualmente, durante esta época se incrementó la preocupación por el patrimonio cultural al establecerse que esta es una de las formas de tráfico más frecuentes en el país. Teniendo en cuenta esto, el ICANH afirma que es imposible determinar en dónde se encuentran las piezas arqueológicas que han salido del país ya que muchas de ellas no están registradas legalmente ante la entidad.

De acuerdo con la Ley 397 de 1997 el ICAHN “es la única entidad facultada por las disposiciones legales para aplicar el régimen de manejo del patrimonio arqueológico tanto en el nivel nacional, como en los diferentes niveles territoriales”, y al ser reconocida como tal es la autoridad que tiene la obligación de velar por la protección de los bienes del patrimonio cultural colombiano.

“Todas las acciones preventivas que se toman desde el ICANH corresponden a lo establecido en el régimen legal de protección, ya que en Colombia existe una legislación orientada a la protección, conservación y divulgación de los bienes pertenecientes al patrimonio arqueológico de la Nación con el fin de evitar su exportación ilegal, el tráfico ilícito o la comercialización, dado su valor cultural, histórico y científico”, afirman en el comunicado. Esto ha sido reforzado a través de diversas políticas públicas, convenios interinstitucionales y la implementación de tratados y convenciones multilaterales e internacionales que se desarrollan en la materia para asegurar la cooperación internacional.

Según la misma Ley que establece al ICANH como autoridad en esta materia, “los bienes del patrimonio arqueológico pertenecen a la Nación y son inalienables, imprescriptibles e inembargables”, por esta razón no tienen un valor económico y están por fuera del comercio. “Es obligación de todos los colombianos garantizar su protección, evitar su pérdida o destrucción y el tráfico o su exportación ilegal”, afirman las entidades gubernamentales.

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En cuanto a acciones preventivas que toma el ICANH, mencionan que periódicamente realizan “jornadas de capacitación y sensibilización acerca del patrimonio arqueológico colombiano y la normativa vigente relacionada con el tema, dirigidas a la comunidad en general y a diferentes organismos o entidades interesadas e involucradas en la gestión social del patrimonio arqueológico”.

Un caso similar a este ocurrió en Francia en septiembre de 2019 cuando se subastaron ocho piezas precolombinas identificadas como provenientes de Colombia entre un catálogo de 120 artefactos. La casa de subastas Millon y Asociados vendió piezas provenientes de Colombia, Guatemala y México. En este caso se convocó al Comité Técnico para prevenir y contrarrestar el tráfico ilícito de los bienes del patrimonio cultural colombiano y se dio aviso a través de la Embajada de Colombia en Francia al Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores de Francia.

Colombia ha suscrito diferentes tratados en lo que refiere a este a la protección y repatriación de bienes culturales como la Convención UNESCO de 1970, el Convenio UNIDROIT de 1995 y la Decisión Andina 861 de la CAN. Por lo que “implican un compromiso nacional de actuar con reciprocidad. Los principales instrumentos jurídicos de alcance internacional que han sido suscritos por el gobierno colombiano y que hoy en día hacen parte de la legislación interna colombiana son estos tratados”.