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La reunión, que se celebró con motivo del 50 aniversario de la convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, exportación y transferencia de propiedades ilícitas de bienes culturales, buscaba reforzar las herramientas de dicho tratado y propulsar su ratificación por un mayor número de países.
“El tráfico ilícito ha sido reconocido como una prioridad por el G20 en julio”, dijo el subdirector de Cultura de la Unesco, el chileno Ernesto Ottone, que recordó que las autoridades internacionales han confirmado que la destrucción de bienes supone una amenaza para la paz y la seguridad internacional.
La directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, se refirió en concreto al caso de Afganistán, un país con “riquezas culturales excepcionales”, pero donde hay un “riesgo de destrucción y de tráfico ilegal”.
“Necesitamos asumir una nueva ambición. Conseguir la mayor coalición para garantizar que nuestra acción es lo más efectiva posible”, dijo Azoulay, quien destacó que es un momento “difícil” en la lucha contra esta lacra global.
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“Hemos recibido información de Afganistán según la cual ciertos depósitos han sido saqueados. Nuestros instrumentos son muy distintos a los que había hace quince años. Gracias al trabajo de inventario, garantizaremos que todos esas obras vuelvan a su país de origen”, dijo Ottone.
Este responsable de la Unesco recordó, además, que el Estado Islámico se está sirviendo de los bienes saqueados y vendidos en el mercado negro para su financiación, una práctica que también se da en África, en zonas donde actúan grupos terroristas.
Por otro lado, el chileno señaló que la pandemia ha dejado a muchos museos y lugares protegidos en situación de vulnerabilidad.
La reunión se organizó en torno a tres paneles con representantes de China, uno de los principales mercados de arte; África, el continente más afectado por la expropiación ilícita de bienes culturales; pero también Europa y América Latina, víctimas igualmente de ese problema.
Margaritis Schinas, vicepresidente de la Comisión Europea, explicó que Europa es uno de los principales destinos de los bienes saqueados. Puso como ejemplo la situación en Alemania, donde según un reciente estudio solo el 2 % de los bienes culturales vendidos o comprados en el país tenían un origen legal.
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Los ponentes insistieron en algunas de las prioridades en la lucha contra el tráfico de bienes, como la necesidad de establecer un marco legal más ambicioso y claro, la integración de los actores del mercado del arte en la problemática y la mejora de las herramientas tecnológicas para asegurar la trazabilidad de las obras.
Faltan, además, estadísticas públicas sobre el volumen y la naturaleza de este tráfico.
Algunas de las conclusiones de este encuentro y las preocupaciones mostradas por los especialistas serán tomadas en consideración para el futuro plan de la UE contra el crimen organizado y el robo de bienes culturales, que se pretenden aprobar el año próximo.
El arqueólogo y exdirector del Museo Nacional de Kenia, George Abungu, insistió en la importancia de concienciar a los ciudadanos de que la herencia cultural es una herramienta de riqueza social, educativa e identitaria, esencial para la supervivencia de las comunidades.
En África, la ratificación de la convención de 1970 es además “crucial” para mejorar la tramitación y los mecanismos de restitución de bienes que fueron robados o vendidos durante la colonización.