"Hasta que el Estado no aclare sus nexos con el paramilitarismo el genocidio en Colombia va a continuar", Daniel Feierstein

Cuando Daniel Feierstein comenzó a estudiar el genocidio, lo hizo por sus raíces judías. La experiencia del nazismo lo atravesó y tuvo que comenzar a hurgar debajo de las almas y de los muertos para entender. Para entenderse. Para descifrar esa palabra creada por el judío polaco Rafael Lemkin, que la había inventado después de su investigación acerca del exterminio de armenios, sirios y griegos de manos del Estado moderno turco, pero que fue aceptada a nivel social y penal después de que exterminaron a su pueblo, en 1946, luego del holocausto judío. Las Naciones Unidas usaron el concepto para definir que “el genocidio es la negación o la destrucción de un grupo social a través del terror”.

Después de que Feierstein se zambulló en esa historia al otro lado del océano, al frente de él estaba pasando algo similar. Comenzó a observar lo que ocurría en Argentina: una dictadura que desaparecía, hostigaba y torturaba a sus detractores y que de a pocos fue eliminando a cada uno de ellos. Después de eso Feierstein no volvió a ser el mismo. Trabajó con organismos de derechos humanos  para pelear una batalla bestial: contra la impunidad. Reabrió el proceso de juzgamiento a los involucrados en los crímenes y logró que se aceptara que esas muertes, esas desapariciones, eran un genocidio. “Mi vida tenía que estar dedicada a eso”, sentenció el sociólogo, que viene por primera vez a Colombia para presentar en la Filbo su libro “El genocidio como práctica social” (Fondo de Cultura Económica, 2011).

¿Por qué es importante haber creado el concepto genocidio?

Es fundamental la creación de ese concepto y después transformarlo en figura legal porque habla de una práctica muy distinta a todas las otras prácticas que conocíamos en el código penal. Un genocidio no es un homicidio, no es una suma de homicidios, no es una serie de masacres o de horrores, es algo muy específico que es el intento de destruir la identidad de un pueblo. No existía ningún concepto para abordarlo ni ninguna herramienta legal para abordarlo. Necesitábamos conceptualizarlo para poder enfrentarlo, no sólo legalmente. Para poder enfrentar cualquier práctica necesitas entenderla y para entenderla necesitas nombrarla.

¿Cuál es la diferencia entre masacre y genocidio?

Masacre es un término muy amplio que da cuenta de cualquier proceso de muerte masiva. Las masacres pueden ser espontáneas, pueden ser el resultado de una confrontación específica en alguna guerra, pueden ser la represión puntual de algún hecho; eso, obviamente no les quita su horror. Pero, lo que no hay en una masacre es la intención de usar el terror para destruir la identidad: la masacre, podría decirse, es una reacción, mientras que el genocidio nunca es una reacción, el genocidio es una intención planificada. Un proyecto para transformar la identidad de un pueblo.

En el caso colombiano, ¿qué caso podría tomarse como un genocidio?

Yo creo que en Colombia hubo varios genocidios. Lo que pasa es que no todo el conflicto armado fue el genocidio. Me parece que ese es el tema más delicado de este país, donde hubo simultáneamente un conflicto armado y un genocidio. El conflicto armado y el genocidio son dos cosas distintas. La guerra tiene determinadas características y determinadas lógicas que tienen que ver con la confrontación de distintos sectores sociales, mientras que el genocidio es otro tipo de proyecto que se propone la destrucción de la identidad. Ha ocurrido en distintos casos históricos, como el nazismo, lo mismo que pasa en Colombia: la guerra y el genocidio coinciden, es decir, ocurren en el mismo período histórico. Lo importante a nivel político es poder distinguir un momento del otro. Porque una guerra requiere un proceso de paz y de reconciliación entre quienes libraron la guerra, pero un genocidio no puede saldarse con impunidad ni reconciliación. Me parece que es fundamental distinguir esos dos procesos. Colombia vivió distintos momentos de prácticas genocidas, los dos más fuertes fueron toda la política dirigida a los sectores rurales, y sobre todo comunidades indígenas y campesinas, por parte del aparato estatal y los paramilitares, y luego, el caso más tratado jurídicamente, el de la Unión Patriótica. Son dos procesos que dejan claro su contenido genocida y, si bien se encuentran articulados con la guerra, sus objetivos no son los objetivos de la guerra. El aniquilamiento de la Unión Patriótica se hace en el contexto de un proceso de paz, cuando uno de los bandos en conflicto decide incorporarse al espacio político y transformarse en un partido. Por lo tanto, hubo una fuerte convicción del Estado para impedir esa posibilidad y lo hizo a través del terror y la persecución sistemática de sus miembros. Lo mismo ocurrió con el intento de transformar la estructura productiva colombiana a partir del ataque a determinadas comunidades indígenas o comunidades campesinas. Creo que el gran desafío del caso colombiano es poder distinguir entre estas dos situaciones. Creo que requieren políticas distintas.

¿Cuál es la importancia de distinguir qué fue un genocidio y qué fue parte del conflicto armado?

Una sociedad no puede avanzar con la impunidad de genocidas. El tejido social no puede sanar si los responsables de prácticas genocidas no se hacen responsables de las consecuencias de sus acciones. Si no son atravesados por el aparato judicial, si no son sometidos a la ley, es imposible que esas conductas no se sigan repitiendo. Mientras, en el contexto del conflicto armado existe la posibilidad de evaluar distintos acuerdos dentro de un proceso de paz para poder, de alguna manera, reconstruir el lazo social en función de que no es la misma gravedad de los hechos ocurridos en una guerra que el diseño sistemático de un proyecto de exterminio. Me parece que esa es la importancia de poder entenderlo. Básicamente hay que diferenciarlos para saber cómo abordar estos dos tipos de conflicto.

¿Qué hacer cuando el Estado no reconoce un genocidio?

Yo creo que lo más común es que los estados no reconozcan su responsabilidad en procesos genocidas. Ahí está la enorme importancia del conjunto de la sociedad, de las organizaciones sociales, de los movimientos de los derechos humanos y, por supuesto, de la academia. Ellos deben intentar clarificar a la población, no sólo a los miembros del aparato estatal. Hay que aclarar lo ocurrido, tanto en una guerra como en un genocidio. El nivel de afectación de quienes sufren ese proceso es tan alto que lleva mucho tiempo poder percibir lo que ocurrió y poder ordenar dentro de la sociedad ese proceso. Sobre todo en un conflicto tan largo como el colombiano, en donde cada uno de sus factores ha tenido lógicas diferentes: desde la pelea por las tierras hasta el narcotráfico. La academia no puede ser abstracta: los conceptos sirven para actuar, así que en esos espacios se debe propender por la creación de esos conceptos. El sentido del conocimiento en cualquier disciplina es poder generar consecuencias en la acción, y creo que en ese sentido hay una responsabilidad enorme en las ciencias sociales. Es una responsabilidad de todos señalar cuál sería el camino más útil para la sociedad, más aún cuando el Estado va por donde no es.

En los últimos 14 meses han asesinado en el país a 120 líderes sociales, sobre todo de zonas rurales. ¿Podría decirse que es el inicio de un genocidio?

Ese trabajo de periodización que he realizado del genocidio en Colombia es muy difícil de distinguir, por la continuidad del conflicto. La pregunta sería: ¿es la etapa de un nuevo proceso genocida o es la continuidad de algo que ha concluido? Uno de los problemas actuales de este país es que no se ha detenido el paramilitarismo y esa debería ser la prioridad número uno en cualquier proceso de paz. Si se sigue garantizando la impunidad de quienes participaron en prácticas genocidas es muy difícil que se pueda detener la práctica genocida, por más que se detenga el conflicto. Porque son actores que se creen autorizados para continuar con esas prácticas. Lo bueno es que en Colombia sí ha habido procesos judiciales, en específico con el caso de la UP.

¿Los procesos genocidas tienen un “modus operandi”, comparten similitudes?

Por lo general, siempre hay una serie de cuestiones que se repiten en diferentes procesos genocidas. Una de ellas es el rol de las organizaciones paraestales. Esto es muy común y por lo general se encuentra en la etapa de hostigamiento. Pero los casos de Colombia y México, donde la relación del Estado y lo paraestatal nunca termina de quedar clara, son como una avanzada de una nueva modalidad de implementación del genocidio. En ambos países no hay un golpe militar que establezca un gobierno dictatorial, continúa la formalidad democrática y por eso la participación estatal es más mediada. En la mayoría de los procesos genocidas hay un momento de confusión donde operan las organizaciones paraestatales y luego, por lo general, el Estado asume la coordinación de ese proceso de exterminio. Acá, por el contrario, el aparato paraestatal nunca ha desaparecido y por eso el Estado se ha desentendido de unas prácticas que surgieron desde su propio riñón. Para que el Estado afronte sus nexos con el paramilitarismo va a tener que haber una revolución social.

¿Cuáles son los roles más importantes en los grupos que cometen genocidio?

En un genocidio hay distintos tipos de funciones. Lo más importante es poder desarmar al grueso de los que participan en un proceso genocida. Los principales no son los que lo diseñan, los que odian a aquella población que persiguen, sino los que obedecen. Todo un sistema montado sobre el sistema de la obediencia y de no hacerse responsable de las consecuencias de las acciones. Muchos de los genocidas no están contentos con lo que hacen, tienen problemas para asumirlo, pero lo resuelven desde la lógica de la obediencia. El elemento central para combatir la posibilidad de cualquier genocidio es poder construir en la población la idea de hacernos cargo de nuestros hechos y que en ese sentido tenemos la capacidad de oponernos a aquello que nos indigna. De resistirnos, de hacer lo que no queremos hacer. Lo que demuestra la historia de los procesos genocidas es que esto no necesariamente cuesta la vida. Hay mucha gente que se ha opuesto a procesos genocidas, a desempeñar tareas en esos procesos y se pierde el trabajo o hay un traslado —un tipo de castigo—. No es necesariamente algo que requiera un altísimo nivel de heroísmo, pero es algo que puede detener la maquinaria de la muerte.

Cuando Daniel Feierstein comenzó a estudiar el genocidio, lo hizo por sus raíces judías. La experiencia del nazismo lo atravesó y tuvo que comenzar a hurgar debajo de las almas y de los muertos para entender. Para entenderse. Para descifrar esa palabra creada por el judío polaco Rafael Lemkin, que la había inventado después de su investigación acerca del exterminio de armenios, sirios y griegos de manos del Estado moderno turco, pero que fue aceptada a nivel social y penal después de que exterminaron a su pueblo, en 1946, luego del holocausto judío. Las Naciones Unidas usaron el concepto para definir que “el genocidio es la negación o la destrucción de un grupo social a través del terror”.

Después de que Feierstein se zambulló en esa historia al otro lado del océano, al frente de él estaba pasando algo similar. Comenzó a observar lo que ocurría en Argentina: una dictadura que desaparecía, hostigaba y torturaba a sus detractores y que de a pocos fue eliminando a cada uno de ellos. Después de eso Feierstein no volvió a ser el mismo. Trabajó con organismos de derechos humanos  para pelear una batalla bestial: contra la impunidad. Reabrió el proceso de juzgamiento a los involucrados en los crímenes y logró que se aceptara que esas muertes, esas desapariciones, eran un genocidio. “Mi vida tenía que estar dedicada a eso”, sentenció el sociólogo, que viene por primera vez a Colombia para presentar en la Filbo su libro “El genocidio como práctica social” (Fondo de Cultura Económica, 2011).

¿Por qué es importante haber creado el concepto genocidio?

Es fundamental la creación de ese concepto y después transformarlo en figura legal porque habla de una práctica muy distinta a todas las otras prácticas que conocíamos en el código penal. Un genocidio no es un homicidio, no es una suma de homicidios, no es una serie de masacres o de horrores, es algo muy específico que es el intento de destruir la identidad de un pueblo. No existía ningún concepto para abordarlo ni ninguna herramienta legal para abordarlo. Necesitábamos conceptualizarlo para poder enfrentarlo, no sólo legalmente. Para poder enfrentar cualquier práctica necesitas entenderla y para entenderla necesitas nombrarla.

¿Cuál es la diferencia entre masacre y genocidio?

Masacre es un término muy amplio que da cuenta de cualquier proceso de muerte masiva. Las masacres pueden ser espontáneas, pueden ser el resultado de una confrontación específica en alguna guerra, pueden ser la represión puntual de algún hecho; eso, obviamente no les quita su horror. Pero, lo que no hay en una masacre es la intención de usar el terror para destruir la identidad: la masacre, podría decirse, es una reacción, mientras que el genocidio nunca es una reacción, el genocidio es una intención planificada. Un proyecto para transformar la identidad de un pueblo.

En el caso colombiano, ¿qué caso podría tomarse como un genocidio?

Yo creo que en Colombia hubo varios genocidios. Lo que pasa es que no todo el conflicto armado fue el genocidio. Me parece que ese es el tema más delicado de este país, donde hubo simultáneamente un conflicto armado y un genocidio. El conflicto armado y el genocidio son dos cosas distintas. La guerra tiene determinadas características y determinadas lógicas que tienen que ver con la confrontación de distintos sectores sociales, mientras que el genocidio es otro tipo de proyecto que se propone la destrucción de la identidad. Ha ocurrido en distintos casos históricos, como el nazismo, lo mismo que pasa en Colombia: la guerra y el genocidio coinciden, es decir, ocurren en el mismo período histórico. Lo importante a nivel político es poder distinguir un momento del otro. Porque una guerra requiere un proceso de paz y de reconciliación entre quienes libraron la guerra, pero un genocidio no puede saldarse con impunidad ni reconciliación. Me parece que es fundamental distinguir esos dos procesos. Colombia vivió distintos momentos de prácticas genocidas, los dos más fuertes fueron toda la política dirigida a los sectores rurales, y sobre todo comunidades indígenas y campesinas, por parte del aparato estatal y los paramilitares, y luego, el caso más tratado jurídicamente, el de la Unión Patriótica. Son dos procesos que dejan claro su contenido genocida y, si bien se encuentran articulados con la guerra, sus objetivos no son los objetivos de la guerra. El aniquilamiento de la Unión Patriótica se hace en el contexto de un proceso de paz, cuando uno de los bandos en conflicto decide incorporarse al espacio político y transformarse en un partido. Por lo tanto, hubo una fuerte convicción del Estado para impedir esa posibilidad y lo hizo a través del terror y la persecución sistemática de sus miembros. Lo mismo ocurrió con el intento de transformar la estructura productiva colombiana a partir del ataque a determinadas comunidades indígenas o comunidades campesinas. Creo que el gran desafío del caso colombiano es poder distinguir entre estas dos situaciones. Creo que requieren políticas distintas.

¿Cuál es la importancia de distinguir qué fue un genocidio y qué fue parte del conflicto armado?

Una sociedad no puede avanzar con la impunidad de genocidas. El tejido social no puede sanar si los responsables de prácticas genocidas no se hacen responsables de las consecuencias de sus acciones. Si no son atravesados por el aparato judicial, si no son sometidos a la ley, es imposible que esas conductas no se sigan repitiendo. Mientras, en el contexto del conflicto armado existe la posibilidad de evaluar distintos acuerdos dentro de un proceso de paz para poder, de alguna manera, reconstruir el lazo social en función de que no es la misma gravedad de los hechos ocurridos en una guerra que el diseño sistemático de un proyecto de exterminio. Me parece que esa es la importancia de poder entenderlo. Básicamente hay que diferenciarlos para saber cómo abordar estos dos tipos de conflicto.

¿Qué hacer cuando el Estado no reconoce un genocidio?

Yo creo que lo más común es que los estados no reconozcan su responsabilidad en procesos genocidas. Ahí está la enorme importancia del conjunto de la sociedad, de las organizaciones sociales, de los movimientos de los derechos humanos y, por supuesto, de la academia. Ellos deben intentar clarificar a la población, no sólo a los miembros del aparato estatal. Hay que aclarar lo ocurrido, tanto en una guerra como en un genocidio. El nivel de afectación de quienes sufren ese proceso es tan alto que lleva mucho tiempo poder percibir lo que ocurrió y poder ordenar dentro de la sociedad ese proceso. Sobre todo en un conflicto tan largo como el colombiano, en donde cada uno de sus factores ha tenido lógicas diferentes: desde la pelea por las tierras hasta el narcotráfico. La academia no puede ser abstracta: los conceptos sirven para actuar, así que en esos espacios se debe propender por la creación de esos conceptos. El sentido del conocimiento en cualquier disciplina es poder generar consecuencias en la acción, y creo que en ese sentido hay una responsabilidad enorme en las ciencias sociales. Es una responsabilidad de todos señalar cuál sería el camino más útil para la sociedad, más aún cuando el Estado va por donde no es.

En los últimos 14 meses han asesinado en el país a 120 líderes sociales, sobre todo de zonas rurales. ¿Podría decirse que es el inicio de un genocidio?

Ese trabajo de periodización que he realizado del genocidio en Colombia es muy difícil de distinguir, por la continuidad del conflicto. La pregunta sería: ¿es la etapa de un nuevo proceso genocida o es la continuidad de algo que ha concluido? Uno de los problemas actuales de este país es que no se ha detenido el paramilitarismo y esa debería ser la prioridad número uno en cualquier proceso de paz. Si se sigue garantizando la impunidad de quienes participaron en prácticas genocidas es muy difícil que se pueda detener la práctica genocida, por más que se detenga el conflicto. Porque son actores que se creen autorizados para continuar con esas prácticas. Lo bueno es que en Colombia sí ha habido procesos judiciales, en específico con el caso de la UP.

¿Los procesos genocidas tienen un “modus operandi”, comparten similitudes?

Por lo general, siempre hay una serie de cuestiones que se repiten en diferentes procesos genocidas. Una de ellas es el rol de las organizaciones paraestales. Esto es muy común y por lo general se encuentra en la etapa de hostigamiento. Pero los casos de Colombia y México, donde la relación del Estado y lo paraestatal nunca termina de quedar clara, son como una avanzada de una nueva modalidad de implementación del genocidio. En ambos países no hay un golpe militar que establezca un gobierno dictatorial, continúa la formalidad democrática y por eso la participación estatal es más mediada. En la mayoría de los procesos genocidas hay un momento de confusión donde operan las organizaciones paraestatales y luego, por lo general, el Estado asume la coordinación de ese proceso de exterminio. Acá, por el contrario, el aparato paraestatal nunca ha desaparecido y por eso el Estado se ha desentendido de unas prácticas que surgieron desde su propio riñón. Para que el Estado afronte sus nexos con el paramilitarismo va a tener que haber una revolución social.

¿Cuáles son los roles más importantes en los grupos que cometen genocidio?

En un genocidio hay distintos tipos de funciones. Lo más importante es poder desarmar al grueso de los que participan en un proceso genocida. Los principales no son los que lo diseñan, los que odian a aquella población que persiguen, sino los que obedecen. Todo un sistema montado sobre el sistema de la obediencia y de no hacerse responsable de las consecuencias de las acciones. Muchos de los genocidas no están contentos con lo que hacen, tienen problemas para asumirlo, pero lo resuelven desde la lógica de la obediencia. El elemento central para combatir la posibilidad de cualquier genocidio es poder construir en la población la idea de hacernos cargo de nuestros hechos y que en ese sentido tenemos la capacidad de oponernos a aquello que nos indigna. De resistirnos, de hacer lo que no queremos hacer. Lo que demuestra la historia de los procesos genocidas es que esto no necesariamente cuesta la vida. Hay mucha gente que se ha opuesto a procesos genocidas, a desempeñar tareas en esos procesos y se pierde el trabajo o hay un traslado —un tipo de castigo—. No es necesariamente algo que requiera un altísimo nivel de heroísmo, pero es algo que puede detener la maquinaria de la muerte.