La carta de navegación definitiva hacia el galeón San José

En el puerto de Cartagena, a bordo del buque ARC Caribe de la Armada Nacional, permanece en alistamiento un centenar de militares y científicos colombianos a la espera de la próxima orden de zarpe hacia las Islas del Rosario, con el fin de empezar a extraer piezas específicas de la carga del galeón San José, hundidas allí desde el 8 de junio de 1708. Junto a ellos está dispuesto el robot Lynx, cuyos brazos permitirán sacar las primeras muestras de oro, plata y cerámica después de más de tres siglos. Pero no es tan fácil como suena, por los múltiples factores técnicos, políticos y jurídicos en juego.

Doce millas adentro del mar Caribe colombiano y a 600 metros de profundidad permanece el naufragio colonial que más expectativa internacional ha despertado debido a que se trata de la nave mayor de una de las últimas expediciones conquistadoras ordenadas por la Corona española en el siglo XVIII para transportar riquezas del virreinato de Lima hacia Cádiz. Piratas ingleses la atacaron y terminaron hundiéndola en busca del tesoro que había cargado en Portobello, Panamá, consistente en lingotes de plata, oro, monedas, piedras preciosas, pagos de impuestos, bienes de comerciantes americanos y españoles, así como contrabando.

Luego de cuatro décadas de intrigas políticas y jurídicas, por fin un gobierno colombiano, el de Gustavo Petro, intervendrá formalmente los restos con un Plan de Manejo Arqueológico que le dará prioridad al método científico con el fin de conservar al máximo una invaluable cápsula del tiempo, protegida por normas constitucionales que la declaran Patrimonio Cultural Sumergido Único e Inalienable de todos los colombianos.

Eso significa que el tesoro que se convirtió en mito, por la leyenda del combate naval, por el posible valor de los metales (miles de millones de dólares) y por escritores como Gabriel García Márquez, que utilizó al galeón como protagonista hiperbólico de sus novelas Cien años de soledad y El amor en los tiempos del cólera, pasó a un segundo plano, al menos por ahora.

Para ello, el jueves y viernes pasados se reunieron en el Museo Naval de la Armada en Cartagena expertos nacionales e internacionales que dieron sus puntos de vista sobre lo que se debe hacer para un verdadero aprovechamiento patrimonial del galeón San José, descubierto oficialmente a finales de 2015, durante el gobierno de Juan Manuel Santos.

El simposio internacional “Perspectivas y desafíos en la investigación del hallazgo del Galeón San José” fue organizado por el Ministerio de las Culturas de Colombia, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh), la Armada Nacional y la Dirección General Marítima (Dimar).

Entre los conferencistas estuvieron Filipe Castro, de la Universidad de Coimbra (Portugal); Martijn Manders, de la Universidad de Leiden (Países Bajos); Nicolás Ciarlo, de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Stephanie Crette, de la Universidad de Clemson; Arturo Rey, de la Universidad de Edimburgo (Escocia), y Roberto Junco, del Instituto Nacional de Antropología e Historia (México). Junto a ellos expusieron arqueólogos submarinos colombianos, formados en universidades como el Externado para este proyecto. Todos recomendaron los más modernos métodos de arqueología subacuática y coincidieron que un trabajo serio implicará rigor absoluto y una paciencia a prueba de meses y años.

El punto de partida de esta nueva fase exploratoria, que se suma a la realizada entre 2015 y 2022, será una expedición entre abril y mayo próximos para culminar la prospección arqueológica del yacimiento a partir de la cual se extraerán y se llevarán a tierra los primeros objetos de la parte superficial del naufragio, según explicó el ministro de las Culturas, Juan David Correa.

Los expertos de la Armada, del Icanh y del Comité Técnico creado para el caso estudiarán piezas representativas, como monedas (macuquinas), lingotes de oro y plata, así como vajillas, para determinar su estado y sus posibilidades de conservación en un laboratorio que la Armada tiene listo en el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH), en Cartagena.

Se lee en uno de los informes del contraalmirante Hermann León, jefe de Intereses Marítimos de la Armada, que el principal punto de referencia corresponde a la inmersión del primer semestre de 2022, que permitió recolectar información más detallada gracias a los avances tecnológicos del vehículo robótico Lynx, operado a control remoto y de fabricación sueca, muchísimo más avanzado que el Remus, que logró las primeras imágenes del lugar en 2015. Ya tienen una base de datos con base en el trabajo científico adelantado desde el buque ARC Caribe por un equipo de investigación compuesto por oceanógrafos, hidrógrafos, expertos en robótica, arqueólogos e historiadores nacionales.

Eso permitió crear “un modelo tridimensional del área principal con el fin de comprender los procesos de transformación de este contexto arqueológico”. Destaca León que “se identificaron restos de madera que correspondían a las bandas del estribor y babor del barco, donde en algunos sectores yacían in situ cañones de bronce de diversos calibres sobre sus cureñas. Con la cámara del ROV se pudieron visualizar diversos datos relacionados con la fecha y el lugar de fabricación de algunos cañones en los que se aprecia inscrito: ‘Real Fábrica de Artillería de Sevilla 1655’”.

Explica que “junto a la artillería reposaban botijas y botijuelas, (vasijas cerámicas) para el transporte de vino y alimentos. En la zona del cargamento se observaron numerosas cajas de madera y metal con diversos tipos de carga, entre las que se contaban jeringas, posibles balas de armas de corto y largo alcance, joyas, monedas acuñadas, restos de espadas y cientos de tazas y platos de porcelana china Kangxi, adornada con distintas figuras alusivas a flora y paisajes”. En 1.200 horas de trabajo procesaron en alta resolución cerca de 60.000 fotogramas en un software especializado.

Al observar todo este material digitalizado, parte del cual fue expuesto en el simposio en Cartagena, el San José se muestra a la mano, pero al cierre del encuentro la directora del Icanh, Alhena Caicedo Fernández, advirtió que el Gobierno no tiene afán y que trabajará paso a paso para que al finalizar 2024 puedan explicar al país el plan definitivo de recuperación de esta memoria histórica y la renovada política de Patrimonio Cultural Sumergido. Uno de los expertos de la Armada consultados por El Espectador destacó que todo este esfuerzo permitirá en el futuro abordar hallazgos similares al San José, pues en sus inmediaciones hay detectados por lo menos 10 más por investigar y en todo el Caribe colombiano cerca de 200, por ahora nombrados como “anomalías” en el lecho marino.

El viernes pasado, la Red Universitaria sobre Patrimonio Cultural Sumergido, integrada por expertos de universidades y centros de investigación colombianos, le explicaron a este diario que el plan del gobierno Petro tiene fallas a nivel de procedimientos arqueológicos, históricos, jurídicos y retrasos en el cumplimiento de compromisos de actualización de la política sobre el tema, por lo que pidieron suspender cualquier intervención del galeón hasta que se hayan hecho las correcciones pertinentes. La directora del Icanh insistió en que todas estas sugerencias serán tenidas en cuenta en reuniones posteriores. El profesor portugués Filipe Castro opinó que el plan del gobierno es “impecable”.

Mientras quedamos a la espera de ver a flote los primeros objetos, un panorama más polémico se vislumbra. Paula Robledo Silva, directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, reveló en el mismo seminario en Cartagena que la demanda arbitral de la firma estadounidense Sea Search Armada (SSA) ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya se convirtió en “una amenaza real”, porque ese tribunal notificó esta semana al Estado colombiano que aceptó investigar la demanda por US$10 billones que SSA hace, apoyada en el derecho internacional, reclamando derechos comerciales por la mitad del valor del tesoro del San José, al considerarse descubridora del naufragio desde los años 80. Otra batalla legal que se suma a varias que durante tres décadas ha planteado SSA sin éxito y que puede librar a Colombia de ese oponente u obligarla a reconocerle una participación que rompería todos los planes de conservación expuestos. Los norteamericanos pedirían el embargo de cualquier bien que sea sacado de fondo del océano.

Esa posición es desestimada de plano por el Gobierno Nacional, que la considera “grotesca y abusiva”, porque nada de lo reclamado está demostrado. Pero la Corte ya había oído a las partes durante varias sesiones a finales del año pasado en Bogotá y ahora considera que hay mérito para asumir el caso y profundizar en pruebas y argumentos.

Lo único bueno fue que en esta instancia se negó la aspiración de España de ser admitida como parte interesada. No hay que olvidar que el San José era una nave con bandera española y la mayoría de los cerca de 500 tripulantes que se ahogaron en él tenían esa nacionalidad. Colombia no está obligada jurídicamente con España porque no suscribió la Convención de la Unesco, que le ha permitido a ese país recuperar la carga completa de otros galeones hundidos en diversos países.

Sin embargo, al citado simposio fue invitado el embajador de España, Joaquín de Arístegui Laborde, quien llamó a sumar a su país a las decisiones sobre el naufragio a través de un acuerdo bilateral de cooperación para la protección del patrimonio subacuático: “Hay algunos asuntos que nos separan sobre el galeón San José, pero nos ponemos a disposición para colaborar con el Gobierno de Colombia. Busquemos la forma de seguir trabajando juntos. Ese tesoro no es nada si no se comparte. Busquemos un equilibrio entre las diferencias y los elementos que nos unen”.

A intereses estadounidenses y españoles se suman reclamos como el de la etnia boliviana qhara qhara, pues de las minas de Potosí, entonces parte del Virreinato de Lima, fue extraída la plata que constituye la mayoría de la carga. El tata Samuel Flores Cruz estuvo en Cartagena, fue oído en el simposio internacional y le dijo a El Espectador que suscribirá con el gobierno de Gustavo Petro un acuerdo de inclusión histórica sobre el aporte de su cultura indígena “para poder dar paz a nuestros ancestros”. Países como Perú y Panamá también pueden pedir reconocimientos similares.

Aislado de las polémicas, a bordo del ARC Caribe las actividades no paran, los planes de exploración están en pie y el operativo de extracción controlada de abril se hará a un costo cercano a los US$5 millones. Luego seguirán más estudios y más debates a ver cuándo se podrá terminar de recolectar la información del yacimiento arqueológico del galeón San José y convertirla en un museo físico y virtual, construido con inteligencia artificial, para que todos lo visitemos y aprendamos más de nuestro pasado. Tal vez, por ese camino Colombia se concientice de la profunda importancia de sus océanos.

* Editor de El Espectador y autor del libro “El galeón San José y otros tesoros”, sello Aguilar.

En el puerto de Cartagena, a bordo del buque ARC Caribe de la Armada Nacional, permanece en alistamiento un centenar de militares y científicos colombianos a la espera de la próxima orden de zarpe hacia las Islas del Rosario, con el fin de empezar a extraer piezas específicas de la carga del galeón San José, hundidas allí desde el 8 de junio de 1708. Junto a ellos está dispuesto el robot Lynx, cuyos brazos permitirán sacar las primeras muestras de oro, plata y cerámica después de más de tres siglos. Pero no es tan fácil como suena, por los múltiples factores técnicos, políticos y jurídicos en juego.

Doce millas adentro del mar Caribe colombiano y a 600 metros de profundidad permanece el naufragio colonial que más expectativa internacional ha despertado debido a que se trata de la nave mayor de una de las últimas expediciones conquistadoras ordenadas por la Corona española en el siglo XVIII para transportar riquezas del virreinato de Lima hacia Cádiz. Piratas ingleses la atacaron y terminaron hundiéndola en busca del tesoro que había cargado en Portobello, Panamá, consistente en lingotes de plata, oro, monedas, piedras preciosas, pagos de impuestos, bienes de comerciantes americanos y españoles, así como contrabando.

Luego de cuatro décadas de intrigas políticas y jurídicas, por fin un gobierno colombiano, el de Gustavo Petro, intervendrá formalmente los restos con un Plan de Manejo Arqueológico que le dará prioridad al método científico con el fin de conservar al máximo una invaluable cápsula del tiempo, protegida por normas constitucionales que la declaran Patrimonio Cultural Sumergido Único e Inalienable de todos los colombianos.

Eso significa que el tesoro que se convirtió en mito, por la leyenda del combate naval, por el posible valor de los metales (miles de millones de dólares) y por escritores como Gabriel García Márquez, que utilizó al galeón como protagonista hiperbólico de sus novelas Cien años de soledad y El amor en los tiempos del cólera, pasó a un segundo plano, al menos por ahora.

Para ello, el jueves y viernes pasados se reunieron en el Museo Naval de la Armada en Cartagena expertos nacionales e internacionales que dieron sus puntos de vista sobre lo que se debe hacer para un verdadero aprovechamiento patrimonial del galeón San José, descubierto oficialmente a finales de 2015, durante el gobierno de Juan Manuel Santos.

El simposio internacional “Perspectivas y desafíos en la investigación del hallazgo del Galeón San José” fue organizado por el Ministerio de las Culturas de Colombia, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh), la Armada Nacional y la Dirección General Marítima (Dimar).

Entre los conferencistas estuvieron Filipe Castro, de la Universidad de Coimbra (Portugal); Martijn Manders, de la Universidad de Leiden (Países Bajos); Nicolás Ciarlo, de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Stephanie Crette, de la Universidad de Clemson; Arturo Rey, de la Universidad de Edimburgo (Escocia), y Roberto Junco, del Instituto Nacional de Antropología e Historia (México). Junto a ellos expusieron arqueólogos submarinos colombianos, formados en universidades como el Externado para este proyecto. Todos recomendaron los más modernos métodos de arqueología subacuática y coincidieron que un trabajo serio implicará rigor absoluto y una paciencia a prueba de meses y años.

El punto de partida de esta nueva fase exploratoria, que se suma a la realizada entre 2015 y 2022, será una expedición entre abril y mayo próximos para culminar la prospección arqueológica del yacimiento a partir de la cual se extraerán y se llevarán a tierra los primeros objetos de la parte superficial del naufragio, según explicó el ministro de las Culturas, Juan David Correa.

Los expertos de la Armada, del Icanh y del Comité Técnico creado para el caso estudiarán piezas representativas, como monedas (macuquinas), lingotes de oro y plata, así como vajillas, para determinar su estado y sus posibilidades de conservación en un laboratorio que la Armada tiene listo en el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH), en Cartagena.

Se lee en uno de los informes del contraalmirante Hermann León, jefe de Intereses Marítimos de la Armada, que el principal punto de referencia corresponde a la inmersión del primer semestre de 2022, que permitió recolectar información más detallada gracias a los avances tecnológicos del vehículo robótico Lynx, operado a control remoto y de fabricación sueca, muchísimo más avanzado que el Remus, que logró las primeras imágenes del lugar en 2015. Ya tienen una base de datos con base en el trabajo científico adelantado desde el buque ARC Caribe por un equipo de investigación compuesto por oceanógrafos, hidrógrafos, expertos en robótica, arqueólogos e historiadores nacionales.

Eso permitió crear “un modelo tridimensional del área principal con el fin de comprender los procesos de transformación de este contexto arqueológico”. Destaca León que “se identificaron restos de madera que correspondían a las bandas del estribor y babor del barco, donde en algunos sectores yacían in situ cañones de bronce de diversos calibres sobre sus cureñas. Con la cámara del ROV se pudieron visualizar diversos datos relacionados con la fecha y el lugar de fabricación de algunos cañones en los que se aprecia inscrito: ‘Real Fábrica de Artillería de Sevilla 1655’”.

Explica que “junto a la artillería reposaban botijas y botijuelas, (vasijas cerámicas) para el transporte de vino y alimentos. En la zona del cargamento se observaron numerosas cajas de madera y metal con diversos tipos de carga, entre las que se contaban jeringas, posibles balas de armas de corto y largo alcance, joyas, monedas acuñadas, restos de espadas y cientos de tazas y platos de porcelana china Kangxi, adornada con distintas figuras alusivas a flora y paisajes”. En 1.200 horas de trabajo procesaron en alta resolución cerca de 60.000 fotogramas en un software especializado.

Al observar todo este material digitalizado, parte del cual fue expuesto en el simposio en Cartagena, el San José se muestra a la mano, pero al cierre del encuentro la directora del Icanh, Alhena Caicedo Fernández, advirtió que el Gobierno no tiene afán y que trabajará paso a paso para que al finalizar 2024 puedan explicar al país el plan definitivo de recuperación de esta memoria histórica y la renovada política de Patrimonio Cultural Sumergido. Uno de los expertos de la Armada consultados por El Espectador destacó que todo este esfuerzo permitirá en el futuro abordar hallazgos similares al San José, pues en sus inmediaciones hay detectados por lo menos 10 más por investigar y en todo el Caribe colombiano cerca de 200, por ahora nombrados como “anomalías” en el lecho marino.

El viernes pasado, la Red Universitaria sobre Patrimonio Cultural Sumergido, integrada por expertos de universidades y centros de investigación colombianos, le explicaron a este diario que el plan del gobierno Petro tiene fallas a nivel de procedimientos arqueológicos, históricos, jurídicos y retrasos en el cumplimiento de compromisos de actualización de la política sobre el tema, por lo que pidieron suspender cualquier intervención del galeón hasta que se hayan hecho las correcciones pertinentes. La directora del Icanh insistió en que todas estas sugerencias serán tenidas en cuenta en reuniones posteriores. El profesor portugués Filipe Castro opinó que el plan del gobierno es “impecable”.

Mientras quedamos a la espera de ver a flote los primeros objetos, un panorama más polémico se vislumbra. Paula Robledo Silva, directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, reveló en el mismo seminario en Cartagena que la demanda arbitral de la firma estadounidense Sea Search Armada (SSA) ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya se convirtió en “una amenaza real”, porque ese tribunal notificó esta semana al Estado colombiano que aceptó investigar la demanda por US$10 billones que SSA hace, apoyada en el derecho internacional, reclamando derechos comerciales por la mitad del valor del tesoro del San José, al considerarse descubridora del naufragio desde los años 80. Otra batalla legal que se suma a varias que durante tres décadas ha planteado SSA sin éxito y que puede librar a Colombia de ese oponente u obligarla a reconocerle una participación que rompería todos los planes de conservación expuestos. Los norteamericanos pedirían el embargo de cualquier bien que sea sacado de fondo del océano.

Esa posición es desestimada de plano por el Gobierno Nacional, que la considera “grotesca y abusiva”, porque nada de lo reclamado está demostrado. Pero la Corte ya había oído a las partes durante varias sesiones a finales del año pasado en Bogotá y ahora considera que hay mérito para asumir el caso y profundizar en pruebas y argumentos.

Lo único bueno fue que en esta instancia se negó la aspiración de España de ser admitida como parte interesada. No hay que olvidar que el San José era una nave con bandera española y la mayoría de los cerca de 500 tripulantes que se ahogaron en él tenían esa nacionalidad. Colombia no está obligada jurídicamente con España porque no suscribió la Convención de la Unesco, que le ha permitido a ese país recuperar la carga completa de otros galeones hundidos en diversos países.

Sin embargo, al citado simposio fue invitado el embajador de España, Joaquín de Arístegui Laborde, quien llamó a sumar a su país a las decisiones sobre el naufragio a través de un acuerdo bilateral de cooperación para la protección del patrimonio subacuático: “Hay algunos asuntos que nos separan sobre el galeón San José, pero nos ponemos a disposición para colaborar con el Gobierno de Colombia. Busquemos la forma de seguir trabajando juntos. Ese tesoro no es nada si no se comparte. Busquemos un equilibrio entre las diferencias y los elementos que nos unen”.

A intereses estadounidenses y españoles se suman reclamos como el de la etnia boliviana qhara qhara, pues de las minas de Potosí, entonces parte del Virreinato de Lima, fue extraída la plata que constituye la mayoría de la carga. El tata Samuel Flores Cruz estuvo en Cartagena, fue oído en el simposio internacional y le dijo a El Espectador que suscribirá con el gobierno de Gustavo Petro un acuerdo de inclusión histórica sobre el aporte de su cultura indígena “para poder dar paz a nuestros ancestros”. Países como Perú y Panamá también pueden pedir reconocimientos similares.

Aislado de las polémicas, a bordo del ARC Caribe las actividades no paran, los planes de exploración están en pie y el operativo de extracción controlada de abril se hará a un costo cercano a los US$5 millones. Luego seguirán más estudios y más debates a ver cuándo se podrá terminar de recolectar la información del yacimiento arqueológico del galeón San José y convertirla en un museo físico y virtual, construido con inteligencia artificial, para que todos lo visitemos y aprendamos más de nuestro pasado. Tal vez, por ese camino Colombia se concientice de la profunda importancia de sus océanos.

* Editor de El Espectador y autor del libro “El galeón San José y otros tesoros”, sello Aguilar.