Desde el 23 de diciembre de 1991 existe en Brasil una norma jurídica que ha generado varias controversias: la Ley Federal de Incentivo a la Cultura o ley Rouanet, que permite, entre otras cosas, que las personas naturales y jurídicas puedan invertir en acciones culturales a cambio de exenciones fiscales. “Es la ley de financiamiento cultural más importante de Brasil”, dice Alfredo Manevy, exviceministro de Cultura de Brasil 2008-2010 y exsecretario nacional de Políticas Culturales 2006-2008. Cuando Luiz Inácio Lula da Silva subió al poder en 2003 propuso que se le hiciera una modernización a aquella ley, porque “el 80% de los dineros públicos salía por inversiones fiscales, mientras que el 20 % por fondos públicos”. Es decir, que para ese entonces la intervención estatal en materia cultural era casi que nula.
Lo anterior, propiciaba un escenario de inequidad, ya que la inversión por incentivos fiscales es un certificado que el Estados ofrece a las empresas privadas para que tengan derecho a elegir los proyectos culturales en los que quieren invertir. Entonces, las compañías seleccionaban a aquellos que eran más visibles o “con mucha concentración en el mercado”. Los que quedaban a un lado, sin apoyo, eran los proyectos más pequeños, esos de gente desconocida o provenientes de pueblos indígenas. “Lo que hizo Lula fue ampliar el presupuesto de los fondos públicos con el fin de buscar un equilibrio y aumentar la presencia del poder público en el fomento a la cultura”. Sin embargo, aunque se dieron discusiones sobre los incentivos fiscales, y su concentración en la región más rica de Brasil, estos no fueron eliminados.
Durante la presidencia de Jair Bolsonaro, la ley Rouanet se mantuvo, pero “ya ni siquiera se discutía cómo mejorarla o preservarla”. Lo que no continuó fue el Ministerio de Cultura, que decidió eliminar tras su posesión en 2019. Lula da Silva prometió, durante un discurso que pronunció en octubre de 2022, que recuperaría el ministerio y crearía el comité estatal de cultura para que todos puedan acceder a ella y se convierta en una industria de generación de empleos. “Al que le teme a la cultura no le gusta el pueblo, la libertad ni la democracia, y ninguna nación del mundo será una verdadera nación si no tiene libertad cultural”.
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Manevy espera que en el tercer mandato de Lula da Silva, que se inició el 1 de enero, se regrese a una “normalidad cultural”, “que todo el sistema de financiación cultural sea restablecido, en especial su presupuesto”. Aspira también a que retornen aquellas discusiones sobre la ley Rouanet, pues dice que deben seguir existiendo espacios para que las empresas privadas continúen invirtiendo en cultura, pero cree que es necesario que los fondos públicos tengan predominancia en el apoyo cultural en Brasil, “porque hay una gran demanda represada de todos estos años de pandemia y Bolsonaro”. Si el escenario fuera como lo planteado por Manevy, el Ministerio de Cultura quizá “asuma su responsabilidad como formulador de una política pública”.
Durante los dos gobiernos anteriores de Lula da Silva, según Manevy, la cultura fue entendida en tres dimensiones: simbólica, económica y como un derecho para todos. Entonces, no se trataba solo de los números que pudiera producir la cultura, de los empleos que pudiera generar, sino también de fomentar “las múltiples expresiones culturales de la sociedad brasileña”. Pero, en realidad, el Estado fue visto no como un creador de cultura, sino de condiciones para su quehacer. Es decir, que se encargaba de generar escenarios para que los artistas y los consumidores pudieran crear y producir cultura.
Durante aquellos años, también el Ministerio de Cultura se artículo con otros como el de salud, medio ambiente y educación, ampliando así el concepto y comprensión de la cultura. Asimismo, el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística hizo las primeras investigaciones culturales. Y es que antes de un censo que realizó la entidad en 2010, Brasil “ni siquiera sabía cuántas lenguas se hablaban en su territorio”, como menciona en un documento el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe Bajo los auspicios de la UNESCO. Tras los datos arrojados por aquella medición, se conoció por primera vez la existencia de 274 lenguas, aunque “los lingüistas calculan que el número oscila entre 160 y 180, considerando que muchas pueden ser variedades de una misma lengua”.
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Quizá la protección, promoción y reconocimiento de la diversidad lingüística en Brasil, se materializó con el Decreto N° 7.387, emitido el 9 de diciembre de 2010 por Lula da Silva, por medio del cual se creó el Inventario Nacional de la Diversidad Lingüística, “bajo la gestión del Ministerio de Cultura, como instrumento de identificación, documentación, reconocimiento y valorización de las lenguas que hacen referencia a la identidad, a la acción y a la memoria de los diferentes grupos que forman la sociedad brasileña”, como reza en su primer artículo. Esa norma también permitió que se desarrollaran proyectos para identificar y documentar las lenguas indígenas que estaba en peligro de desaparecer. Más allá del tema lingüístico, aquellos pueblos, durante los dos periodos presidenciales de Lula da Silva, tuvieron la posibilidad de presentar proyectos para el Ministerio de Cultura.
El reconocimiento en material cultural no solo cobijó a los indígenas, sino a todos los grupos de las ciudades, las periferias y el campo que hacían cultura sin la ayuda del gobierno, quienes pasaron a ser apoyados por medio de convocatorias. “No es el Estado el que crea algo, pero apoya grupos que ya trabajaban en el territorio”. Manevy dice que hay expectativa porque ese proyecto regrese con el nuevo mandato de Lula da Silva porque dejó de existir.
Quién sabe si todas aquellas cosas del pasado realmente retornarán en materia cultural durante la tercera presidencia de Lula da Silva y cuáles se erigirán por primera vez, pero lo cierto es que, como dice Manevy, “todos necesitamos de cultura”.
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