La decisión de la Corte Constitucional que tiene en vilo al patrimonio nacional

A inicios de febrero de 2022, el Gobierno nacional radicó en el Congreso de la República el Plan Nacional de Desarrollo (PND): “Colombia, potencia mundial de la vida”, la hoja de ruta que definió el camino que debía tomar el país durante el mandato del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez. Desde entonces, este proyecto fue objeto de debates en la rama Legislativa, que en mayo de 2023 aprobó el informe de conciliación, pero que luego fue devuelto por la Corte Constitucional para subsanar un vicio de procedimiento.

A inicios de febrero de 2022, el Gobierno nacional radicó en el Congreso de la República el Plan Nacional de Desarrollo (PND): “Colombia, potencia mundial de la vida”, la hoja de ruta que definió el camino que debía tomar el país durante el mandato del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez. Desde entonces, este proyecto fue objeto de debates en la rama Legislativa, que en mayo de 2023 aprobó el informe de conciliación, pero que luego fue devuelto por la Corte Constitucional para subsanar un vicio de procedimiento.

Varios artículos tuvieron que ser votados de nuevo, lo cual ocurrió durante la fase final del año legislativo, que culminó el 20 de junio. Sin embargo, no todas las metas que se trazó el Gobierno prosperaron, pues algunas fueron declaradas inexequibles por la Sala Plena de la Corte. Entre ellas, el artículo 135 que proponía la creación de una tasa de manejo y protección de bienes arqueológicos para que el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) pudiera obtener recursos propios a partir de los servicios prestados. Es decir, se planteaba que la entidad cobrara por labores que antes prestaba de forma gratuita, con el argumento de robustecer su presupuesto para fortalecer su operación e infraestructura.

“El Instituto Colombiano de Antropología e Historia cobrará esta tasa a aquellas personas que requieran los servicios que actualmente presta relacionados con el Programa de Arqueología Preventiva (PAP) y las respectivas gestiones para el posterior otorgamiento de las autorizaciones de intervención arqueológica, así como en los demás proyectos, obras o actividades que requieran licencia ambiental, registros o autorizaciones equivalentes ante las autoridades competentes”, se lee en el artículo 135 del PND.

La determinación de la Sala Plena, que el año pasado admitió la demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 135 y el 169 (modificación a la tasa para la recuperación de los costos de los servicios prestados por la Dirección Nacional de Derechos de Autor), presentada por exmagistrados y abogados, determinó que las normas acusadas violaban el principio de unidad de materia. Esto significa que las medidas propuestas no guardan relación o no se encaminan a cumplir los objetivos generales del plan.

“La Corte Constitucional estableció que las tasas analizadas no tienen, únicamente, el propósito decantado en los artículos demandados, sino que se establecen como mecanismos de financiación tributaria de todos los proyectos y programas que están involucrados en la Ley 2294 de 2023 (PND), sin que se evidencien, específicamente, objetivos, metas, planes o estrategias que podrían tener relación directa y explícita con las disposiciones acusadas. Concluyeron que por el primer cargo deben ser declaradas inconstitucionales las normas demandadas”, explicó Alix Lesmes, jefa de la Oficina Jurídica del ICANH.

En ese sentido, el tribunal también encontró que el Artículo 135 desconoce la naturaleza de una tasa, que es la retribución que hacen los ciudadanos por la prestación de un servicio, y que ese dinero debe ir dirigido a compensar los gastos de la asistencia prestada. Pero en este caso se halló que con el artículo pretenden financiar otros proyectos. “La Corte analizó que la ley debe determinar el método para la definición de la base gravable de este tipo de tributos. Con base en ello, argumentaron que se desconoce la reserva legal para definir los elementos esenciales de la tasa”, agregó Lesmes.

De acuerdo con la ponencia, los magistrados Natalia Ángel Cabo, Diana Fajardo Rivera y Juan Carlos Cortés González consideraron que la norma sí debió declararse constitucional, mientras que Jorge Enrique Ibáñez Najar, Antonio José Lizarazo Ocampo y José Fernando Reyes Cuartas determinaron que era inexequible.

Los efectos de la declaración

Ante la decisión del tribunal constitucional, Alhena Caicedo, directora del ICANH, compartió una columna de opinión que llegó a este diario. En ella, la antropóloga expuso las razones y la relevancia de crear una tasa de manejo y protección de bienes arqueológicos. “Se propuso la reglamentación de una tasa de cobro asociada a la gestión de los PAP para garantizar un flujo de recursos propios hacia el Instituto que contribuyera a la conservación, investigación y divulgación del material arqueológico. Sin embargo, ante la declaración como inexequible del artículo 135 por parte de la Sala Plena de la Corte Constitucional, quedó en vilo la posibilidad de fortalecer las capacidades institucionales para investigar y resguardar el patrimonio arqueológico nacional”, escribió.

Según contó la directora, quien habló para El Espectador, el ICANH asumió la responsabilidad de garantizar que todos los sitios arqueológicos y bienes muebles, inmuebles y contextos de tipo arqueológico que se detecten en el marco de los programas de arqueología preventiva sean recuperados, documentados, resguardados, estudiados y divulgados. Esa labor ha implicado que las empresas o entidades que ejecutan proyectos, como carreteras, deban recibir una licencia que los haga responsables de la protección de los vestigios arqueológicos del lugar en donde se está ejecutando. Sin embargo, Caicedo aseguró que tanto privados como entes territoriales la han evadido, lo que ha implicado que el instituto deba intervenir y duplicar sus esfuerzos, a pesar de no tener los recursos necesarios.

“La reserva arqueológica nacional, que está bajo nuestra protección, viene siendo alimentada desde del siglo pasado. Nosotros somos los dueños y protectores de todo el material arqueológico que ha salido de la investigación científica, de los hallazgos fortuitos en las recuperaciones de las repatriaciones, así como lo que resulta de los programas de arqueología preventiva. Con todo eso, la reserva ya no da abasto, estamos desbordados y no tenemos espacio, pero aun así tenemos la obligación de protegerlo”, dijo Caicedo, que además se refirió a las necesidades de ampliar los equipos técnicos y ofrecer condiciones que dignifiquen sus labores. Por esa razón se incluyó el artículo en el PND. No obstante, la directora asegura que esta ha sido una propuesta de hace varios años.

“Cuando se estaba formulando el PND planteamos la posibilidad de generar esta tasa para robustecer nuestras finanzas, porque hemos permanecido con las uñas y, a pesar de las ayudas del actual Gobierno, todavía es insuficiente. La idea de cobrar una tasa no es desproporcionada: es un cobro que se hace por el trámite del licenciamiento. Nos pareció justo poder contar con los recursos que también apoyen la reserva, que no interesa que esté disponible para poder investigar y estudiar nuestra historia”, aseguró Caicedo, quien agregó que la Corte les brindó la oportunidad de contrargumentar, lo que no tuvo el efecto esperado.

“Le estamos apostando a un proyecto de país que valore el patrimonio arqueológico, que entienda cuáles son las raíces profundas de los que somos como colombianos, pero esto está chocando con el proyecto de desarrollo en términos de infraestructura, que no está considerando el patrimonio ni las maneras de entender y cuidar la identidad arraigada”.

La directora del Instituto está desconcertada y con plena consciencia de que serán años de trabajar sin lo necesario, pero asegura que seguirán con su compromiso de “velar por la historia y la memoria del país”. Asimismo, se muestra optimista en el actual gobierno, que ha aumentado su presupuesto para la cultura. En esa línea, la jefa de la Oficina Jurídica del ICANH indicó que esperan que, a través de la modificación a la Ley de Cultura 397 de 1997, que está impulsando el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, se incluya una tarifa por concepto de los servicios arqueológicos que presta el Instituto.