La Ley de Espectáculo Público y las salas de teatro en arriendo
La Ley de Espectáculo Público desde su creación fue un gran alivio para los diferentes escenarios artísticos que a través de su apoyo lograron adecuaciones físicas, técnicas y estructurales, pero en medio de una circunstancia poco habitual como una pandemia, se ha convertido en una camisa de fuerza que pone en riesgo la continuidad de varios proyectos artísticos.
Argenis Leal
“Estoy trabajando en otros proyectos y áreas para poder pagar el arriendo de mi sala de teatro” afirma Rodrigo Rodríguez, director de Ditirambo Teatro. Compañía con más de 30 años de trayectoria, que en el 2019 recibió el apoyo para adecuación de infraestructura y compra de equipos otorgado por el Ministerio de Cultura y la Secretaria de Cultura Recreación y Deporte a través de la Ley de Espectáculo Público. Fueron varios meses de júbilo y felicidad; este apoyo les permitió mejorar baños, cafetería y comprar equipos de luces y sonido de última tecnología, entre otras adecuaciones; pero nunca se imaginaron que cuatro meses después, su sala sería cerrada y que se quedarían sin recursos para seguir adelante, obligados a mantener un espacio que los está llevando a la quiebra, debido al pago de los cánones de arrendamiento que superan los siete millones de pesos mensuales.
A partir de la aprobación de la ley 1493 del 2011, conocida como la Ley de espectáculos públicos, existen beneficios y medidas en materia de incentivos fiscales, trámites y reducción de impuestos, para la realización de eventos culturales masivos. Con la contribución parafiscal cultural de la LEP, se gravan las boletas y los derechos de asistencia con un precio igual o superior a 3 UVT ($ 106.821). El Ministerio de Cultura recauda este tributo en todo el país y gira los recursos a los municipios y distritos en los que se generan, con el fin de que los inviertan en la construcción, adecuación, mejora y dotación de escenarios para las artes escénicas, que se entienden como espacios donde circulan producciones de danza, música, teatro, magia y circo sin animales en todas sus modalidades o géneros y que tienen una programación permanente, estable y continua, abierta al público.
La reinversión en infraestructura escénica ha permitido la adecuación de más de 170 escenarios en todo el país, como Ditirambo Teatro y su sede ubicada en el barrio Galerías, pero al recibir dicha inversión los grupos a cargo o titulares de los escenarios, además deben garantizar la disposición, tenencia, vocación y uso del escenario por un término superior a diez años a partir del momento del desembolso de los recursos. Y es ahí donde empieza el conflicto, ya que varios de estos grupos o titulares, no son dueños de los predios y han adquirido contratos de arrendamiento a largo plazo que en este momento no se encuentran en condiciones de mantener, ya que la principal fuente de recursos, debido a las medidas tomadas para el control de la COVID 19, se ha visto afectada.
Es por esto que Ditirambo Teatro, Casa E, La Ventana Circo, Ensamblaje Teatro y Teatrino Don Eloy, entre otras organizaciones culturales, piden a las entidades públicas llegar a un acuerdo que les permita superar esta crisis y poder proyectar sus escenarios a futuro. “Las salas de teatro que estamos en arriendo y somos parte de LED, tenemos un problema gigante, estamos cerradas, no tenemos recursos, no tenemos cómo pagar nuestras obligaciones. Queremos visibilizar la indolencia, nos encontramos en un estado de fuerza mayor, queremos poder llegar a un acuerdo diferente con el Ministerio y La Secretaría. Cuando nosotros aceptamos la contraprestación del premio jamás nos imaginamos una pandemia, pero ocurrió. Llevamos cinco meses cerrados respondiendo por un montón de dinero de arriendos, sin la posibilidad de entregar el espacio a sus dueños, recoger o llevarla la infraestructura a una bodega. Las entidades a cargo sólo nos dicen: esa es la ley y hay que cumplirla, otra solución es devolver la dotación, pero eso tampoco es viable, nosotros llevamos seis años cumpliendo a cabalidad con los compromisos, sólo queremos pasar de la mejor manera esta tragedia en la que nos encontramos y en un año o dos, o cuando todo se normalice, abrir de nuevo el espacio” afirma Erika Ortega, directora de la Ventana Circo, única sala especializada en espectáculos de circo de Bogotá.
Para Víctor Sanabria del Teatrino Don Eloy, ubicado en la localidad de Antonio Nariño, sala enfocada en espectáculos infantiles de pequeño formato con capacidad para 50 personas, el futuro es desalentador: “Nosotros recibimos un apoyo locativo en el 2013 para remodelación. Pero mantenernos siempre ha sido difícil, ahora más en medio de la pandemia, gran parte de nuestro equipo ya no está trabajando, no tenemos como sostenerlo, además el espacio no se puede utilizar para otras actividades y aunque permitan abrir los teatros, para nosotros no es posible cumplir con las exigencias de bioseguridad” afirma, dejando en el aire la pregunta: ¿Cuántas personas podrían tener en cada función? y ¿cuánto deberían cobrar a cada espectador para lograr los recursos que necesitan y cumplir con los compromisos?
“Estoy trabajando en otros proyectos y áreas para poder pagar el arriendo de mi sala de teatro” afirma Rodrigo Rodríguez, director de Ditirambo Teatro. Compañía con más de 30 años de trayectoria, que en el 2019 recibió el apoyo para adecuación de infraestructura y compra de equipos otorgado por el Ministerio de Cultura y la Secretaria de Cultura Recreación y Deporte a través de la Ley de Espectáculo Público. Fueron varios meses de júbilo y felicidad; este apoyo les permitió mejorar baños, cafetería y comprar equipos de luces y sonido de última tecnología, entre otras adecuaciones; pero nunca se imaginaron que cuatro meses después, su sala sería cerrada y que se quedarían sin recursos para seguir adelante, obligados a mantener un espacio que los está llevando a la quiebra, debido al pago de los cánones de arrendamiento que superan los siete millones de pesos mensuales.
A partir de la aprobación de la ley 1493 del 2011, conocida como la Ley de espectáculos públicos, existen beneficios y medidas en materia de incentivos fiscales, trámites y reducción de impuestos, para la realización de eventos culturales masivos. Con la contribución parafiscal cultural de la LEP, se gravan las boletas y los derechos de asistencia con un precio igual o superior a 3 UVT ($ 106.821). El Ministerio de Cultura recauda este tributo en todo el país y gira los recursos a los municipios y distritos en los que se generan, con el fin de que los inviertan en la construcción, adecuación, mejora y dotación de escenarios para las artes escénicas, que se entienden como espacios donde circulan producciones de danza, música, teatro, magia y circo sin animales en todas sus modalidades o géneros y que tienen una programación permanente, estable y continua, abierta al público.
La reinversión en infraestructura escénica ha permitido la adecuación de más de 170 escenarios en todo el país, como Ditirambo Teatro y su sede ubicada en el barrio Galerías, pero al recibir dicha inversión los grupos a cargo o titulares de los escenarios, además deben garantizar la disposición, tenencia, vocación y uso del escenario por un término superior a diez años a partir del momento del desembolso de los recursos. Y es ahí donde empieza el conflicto, ya que varios de estos grupos o titulares, no son dueños de los predios y han adquirido contratos de arrendamiento a largo plazo que en este momento no se encuentran en condiciones de mantener, ya que la principal fuente de recursos, debido a las medidas tomadas para el control de la COVID 19, se ha visto afectada.
Es por esto que Ditirambo Teatro, Casa E, La Ventana Circo, Ensamblaje Teatro y Teatrino Don Eloy, entre otras organizaciones culturales, piden a las entidades públicas llegar a un acuerdo que les permita superar esta crisis y poder proyectar sus escenarios a futuro. “Las salas de teatro que estamos en arriendo y somos parte de LED, tenemos un problema gigante, estamos cerradas, no tenemos recursos, no tenemos cómo pagar nuestras obligaciones. Queremos visibilizar la indolencia, nos encontramos en un estado de fuerza mayor, queremos poder llegar a un acuerdo diferente con el Ministerio y La Secretaría. Cuando nosotros aceptamos la contraprestación del premio jamás nos imaginamos una pandemia, pero ocurrió. Llevamos cinco meses cerrados respondiendo por un montón de dinero de arriendos, sin la posibilidad de entregar el espacio a sus dueños, recoger o llevarla la infraestructura a una bodega. Las entidades a cargo sólo nos dicen: esa es la ley y hay que cumplirla, otra solución es devolver la dotación, pero eso tampoco es viable, nosotros llevamos seis años cumpliendo a cabalidad con los compromisos, sólo queremos pasar de la mejor manera esta tragedia en la que nos encontramos y en un año o dos, o cuando todo se normalice, abrir de nuevo el espacio” afirma Erika Ortega, directora de la Ventana Circo, única sala especializada en espectáculos de circo de Bogotá.
Para Víctor Sanabria del Teatrino Don Eloy, ubicado en la localidad de Antonio Nariño, sala enfocada en espectáculos infantiles de pequeño formato con capacidad para 50 personas, el futuro es desalentador: “Nosotros recibimos un apoyo locativo en el 2013 para remodelación. Pero mantenernos siempre ha sido difícil, ahora más en medio de la pandemia, gran parte de nuestro equipo ya no está trabajando, no tenemos como sostenerlo, además el espacio no se puede utilizar para otras actividades y aunque permitan abrir los teatros, para nosotros no es posible cumplir con las exigencias de bioseguridad” afirma, dejando en el aire la pregunta: ¿Cuántas personas podrían tener en cada función? y ¿cuánto deberían cobrar a cada espectador para lograr los recursos que necesitan y cumplir con los compromisos?