La presencia de lo privado en lo público
En las últimas semanas, en Perú y en Colombia, ocurrieron una serie de sucesos que formulan preguntas alrededor de la financiación y participación de las empresas privadas en los eventos públicos culturales: ¿estos dineros conducirían a la privatización de estos eventos? ¿Peligraría su libertad y esencia? Aquí una mirada sobre la relación entre ambos sectores.
Samuel Sosa Velandia
Durante siete días, organizaciones gremiales y algunos residentes de Cusco, Perú, estuvieron en paro luego de que se le adjudicara un contrato a Joinnus, una empresa privada, para que fuera la responsable de la venta de las entradas a la ciudadela de Machu Picchu.
Gracias por ser nuestro usuario. Apreciado lector, te invitamos a suscribirte a uno de nuestros planes para continuar disfrutando de este contenido exclusivo.El Espectador, el valor de la información.
Durante siete días, organizaciones gremiales y algunos residentes de Cusco, Perú, estuvieron en paro luego de que se le adjudicara un contrato a Joinnus, una empresa privada, para que fuera la responsable de la venta de las entradas a la ciudadela de Machu Picchu.
Le sugerimos leer: Tiempos de crisis para los recursos de la cultura de Medellín.
Las quejas contra la determinación del Ministerio de Cultura, que estuvo al frente de las negociaciones, alegaban una “privatización sistémica” de este parque arqueológico que pertenece al Estado peruano. Además, cuestionaban la comisión que sería debitada a la empresa por cada boleto vendido.
Leslie Urteaga, la líder de esa cartera, negó que esto significaba una privatización de lo público y que el paro era resultado de los intereses de algunas personas por beneficiarse del patrimonio cultural a través del mercado ilegal de venta de boletos. Por su parte, representantes de Joinnus comunicaron que estaban dispuestos a someterse de nuevo a un proceso de selección y renunciar a la comisión por entrada en un lapso de seis meses.
Ante el panorama de incertidumbre, caos y detención de las actividades en este punto turístico del país, Urteaga propuso una mesa de diálogo para encontrar una solución. Finalmente, el 31 de enero se logró un acuerdo en el que se definió que la comercialización de las entradas sería gestionada por medio de la plataforma de la Presidencia del Consejo de Ministros, que es de carácter público.
Este hecho suscitó una conversación sobre la injerencia y las implicaciones que trae la participación del sector privado y empresarial en eventos o escenarios culturales de índole pública. Incluso, en Colombia se dio este debate, luego de que se conociera el déficit presupuestario que tiene la Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín que afectó a los fondos distritales destinados para el desarrollo de la Feria de las Flores y otros eventos de la ciudad, por lo que la administración de Federico Gutiérrez exaltó que uno de los actores económicos más fuertes para la financiación de la feria serán los privados.
“Las cajas de compensación, los empresarios y Proantioquia nos han dado la mano. Esto no es nuevo, las ferias siempre han tenido aportes privados, pero lo importante es que estos sean administrados por la alcaldía”, dijo Manuel Córdoba, exsecretario de cultura de Medellín, a este diario un día antes de renunciar a su cargo. De igual manera, negó que este evento de la agenda cultural y pública fuese a privatizarse.
No obstante, esta preocupación ha sido persistente, pues en la primera administración de Gutiérrez denuncian algunos ciudadanos que se pusieron vallas durante el tradicional desfile de silleteros sin darles la posibilidad de ver el recorrido, a menos de que pagaran una boleta, que señalan, era costosa.
“Cuando piensen en Federico Gutiérrez, piensen en la privatización de la Feria de las Flores, fue él quien mandó a cerrar con lona blanca las calles para que no pudieran ver el desfile de silleteros sin pagar boleta”, escribió un usuario en su cuenta de X. Otro internauta comentó que: “La Feria de las Flores, que se creo como un sello cultural y de expresión campesina para unir a las diferentes formas de ciudad, se ha convertido en un espacio de segregación, de privatización, de arribismo social y para ganancia de pocos”.
Catalina Ceballos, directora de Asuntos Culturales de la Cancillería de Colombia, explica que es usual que los eventos organizados por las alcaldías y gobernaciones tengan participación de empresas privadas, ya que esa relación se da de manera natural: “es lo que implica habitar un estado, que exista una constante conversación entre todos los actores”.
“Las alianzas público-privadas son necesarias. Existe una simbiosis y un trabajo muy orgánico entre ambos sectores y no hay razón para satanizarlo. Es normal que se construya una relación, a pesar de que sus objetivos sean distintos, pues mientras el Estado propone el beneficio de un colectivo, lo empresarial prioriza el interés de unos focos, pero esto no quiere decir que no se puedan encontrar”.
También puede leer: Sobre el año de Arnoldo Palacios y la politización de una celebración.
Uno de los ejemplos que Ceballos trae a colación para referirse a esa alianza entre ambos sectores, es el Festival Rock al Parque, que es un evento de carácter público, pero cuenta con la participación de varias marcas privadas. Sin embargo, dice que es allí cuando el Estado debe garantizar que quienes hagan presencia en ese escenario estén ceñidos a la filosofía y las premisas con las que se gesta el espacio.
La exsecretaria de Cultura de Bogotá, Catalina Valencia, quien estuvo a cargo de ese despacho durante el periodo de Claudia López, reafirma lo mencionado por Ceballos. “Los secretarios deben encargarse de dialogar y de llegar a acuerdos con las marcas que consideren tienen un espíritu similar al evento. Por ejemplo, en el caso de Rock al Parque, nos aliamos con Levis, lo que permitió potenciar el festival, ya que además de tener recursos, hizo presencia en él”, cuenta Valencia, quien también reconoce que esta financiación privada es necesaria ante la falta de recursos estatales y distritales para la cultura.
“Desde lo público, los recursos, especialmente para la cultura, son limitados, por eso es que un secretario o quien esté coordinando el evento, tiene que salir a conseguir más dinero para hacer algo de calidad y accesible para todos los ciudadanos”.
Ceballos resalta que, si el deber de lo público es garantizar los derechos culturales de las personas y si la presencia de un actor privado supone la defensa de estos, debe fortalecerse esa relación.“No hay nada de malo si se garantiza el acceso de los derechos culturales por medio de contribuciones privadas, la complejidad del asunto está en que se quiera abordar la política pública desde lo purista en vez de elaborar hacia lo esencial, que son los derechos. Si lo público invierte en lo privado, es porque el Estado está apostándole también a una innovación radical, y si lo privado invierte en lo público es porque seguramente están encaminados a un objetivo común”, afirma.
Con esto, la funcionaria manifiesta que esta relación no es unidireccional, sino que también desde lo público se teje un puente que beneficia el desarrollo de iniciativas de carácter privado. Por ejemplo, menciona la importancia de la radio pública en el desarrollo de proyectos artísticos y culturales.
“Los primeros pódcasts que se hicieron en Colombia y que se divulgaron por medio de plataformas se emitieron en las emisoras públicas. Luego, estos proyectos fueron encontrando apoyo en lo empresarial. Es decir, el Estado invierte también en iniciativas que son el principio de algo que después el privado puede continuar”.
Podría interesarle: Juan David Correa y su discurso en pro de acciones mundiales en educación y cultura.
Bajo la mirada de ambas funcionarias, aunque los eventos oficiales llegasen a pasar a manos de una empresa, la cultura y las artes pertenecen a los ciudadanos. “Difícilmente se va a privatizar en su esencia y en su concepto, porque lo artístico y lo cultural son derechos, además de ser una política global. Así que, si un evento se llega a privatizar, su espíritu se mantendrá intacto y el Estado tendrá que garantizarlos”, asevera Ceballos.
Asimismo, la exsecretaria de cultura exalta el valor de la contracultura en estos casos, haciendo referencia a que los mismos artistas y hacedores de la cultura gestan y construyen sus propios escenarios. “Si uno mira el Carnaval de Barranquilla, que se volvió algo elitista, las personas que no pueden pagar han creado otros espacios en donde celebran su propia festividad. Eso es lo mismo que ocurre con los festivales de musical barrial y territorial, los cuales son el resultado de esa anteposición al establecimiento”.
En este punto, Ceballos y Valencia mencionan un concepto que resulta clave en esta discusión: la apropiación. La definen como la posibilidad de reconocerse como parte de algo y que ese sentido de pertenencia propicie la protección de un espacio.
“La cultura comienza con una idea, luego viene el momento de crear y producir, y después llega la apropiación, que tiene un elemento muy importante porque lleva a no ser simplemente un replicador, sino un reeditor. Es decir, que puedas reinterpretar y resignificar desde tu perspectiva y sentir. Si no hay apropiación, no hay cultura”.
Para aterrizar esta idea a la realidad, Valencia se refiere a lo ocurrido en 1998 con el Festival Rock al Parque, cuando durante la alcaldía de Enrique Peñalosa, la entonces directora de Idartes, Catalina Mesa, dijo que los recursos para dicho evento debían ser destinados a otros proyectos, que ella consideraba prioritarios para el sector cultural de Bogotá. Pero gracias un movimiento de personas se recolectaron más de 30.000 firmas, lo que ayudó a que el evento no fuera cancelado.
“El nivel de apropiación de la gente con los festivales al parque es gigante. Peñalosa no logró acabar con estos espacios y tampoco con su deseo de no construir la Cinemateca, esa fue una pelea que ganaron los mismos artistas”.
Por su parte, Ceballos también señala que el mismo sector ha sido el autor y responsable de propiciar las políticas públicas en defensa y protección de sus derechos, bienes y servicios culturales, lo que también obliga a que los gobiernos tengan que velar por su garantía y acceso. “La cultura es un sector que tiene un ministerio, que tiene recursos, que tiene unos líderes y ya con eso tiene la capacidad de protegerse”.
Ante ello, Valencia asevera que “es necesario que exista mayor responsabilidad de las empresas en los aportes a la cultura, pues en Colombia nos hace falta un camino muy largo por recorrer para afianzar ese compromiso”.
Cada jueves podrán recibir en sus correos el newsletter de El Magazín Cultural, un espacio en el que habrá reflexiones sobre nuestro presente, ensayos, reseñas de libros y películas y varias recomendaciones sobre la agenda cultural para sus fines de semana. Si desean inscribirse a nuestro newsletter, que estará disponible desde la segunda semana de marzo, puede hacerlo ingresando al siguiente link: https://docs.google.com/forms/d/1-4PxELp72z_Px_2zMp9Uz0CprTFW5ZUZTKNMayp4x-M/edit