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El lunes 8 de agosto se radicó en el congreso el texto de la nueva Reforma Tributaria, que tiene como objetivo recaudar más de 25 billones de pesos. Más allá de las preocupaciones por los efectos que esto pueda tener en los hogares colombianos, el sector cultural también prendió las alarmas por los artículos que podrían afectar la vigente Ley del Cine y exenciones y deducciones del sector editorial.
Aunque el director de esta cartera afirmó en entrevista con Blu Radio que “si hay algún error estamos dispuestos a discutirlo, no queremos afectar el cine colombiano (…) Estamos dispuestos al diálogo y a corregir errores, pero no al regateo. Que pidan más beneficios a costa de otros que ya tenían. Hay objetivos claros del Gobierno”, el texto radicado contiene artículos que han causado controversia y han generado dudas en el sector cultural al ver que su producción podría verse afectada con esta reforma.
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A pesar de que el texto debe pasar por cuatro debates, sus detractores no se hicieron esperar. Ante los artículos que ponen en peligro la Ley del Cine representantes del sector audiovisual, junto a los senadores Gustavo Bolívar y Susana Boreal se reunieron la Ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Patricia Ariza, para discutir este tema.
Entre las derogaciones concebidas en el artículo 69 se contemplan el artículo 16 de la Ley 814 de 2003, conocida como Ley del Cine, el cual provee “Beneficios tributarios a la donación o inversión en producción cinematográfica”, y el inciso segundo del artículo 9 de la Ley 1556 de 2012, conocida como Ley de Filmaciones, el cual exige que el titular o productor de una obra cinematográfica garantice los derechos y prestaciones sociales del equipo que contrate para su proyecto.
En conversación con El Tiempo el experto en políticas culturales, Gonzalo Castellanos, comentó que gracias a la Ley del Cine Colombia pasó de realizar 200 películas desde el año 1915, a realizar 470 largometrajes en el tiempo que ha estado vigente esta ley. En un tweet el senador Gustavo Bolívar aseguró que la Ley 1556 “genera 8000 empleos, tiene hoy 58 proyectos de todo el mundo andando y revierte 3.4 pesos por cada peso deducido”. Frente a estas cifras el ex viceministro de cultura, David Melo, dijo a El Tiempo que “la Ley 1556 de 2012 empieza a generar una segunda fase que complementa la primera del 2003. En ese año empezamos a llegar a los territorios, empezamos a generar películas que los colombianos quisieron ver. Además, por cada peso que un colombiano deja en una sala de cine, un peso va a un fondo que ahora esta chiquito por la pandemia, pero que tenemos que reforzar”.
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Melo comentó que la Ley 1556 “crea un primer atractivo para que empresas extranjeras vengan a filmar en Colombia”, a pesar de que han sido pocas. El ex viceministro asegura que esta ley enseñó al sector audiovisual a “trabajar con extranjeros, mejoró nuestros estándares técnicos, generó beneficios para todos los municipios del país que sirvieron como locación y, sobre todo, nos posicionó internacionalmente”. Además, mencionó el avance que realizó el expresidente Iván Duque con el CINA para ir más allá de las películas, a la televisión y los videojuegos, lo que ha permitido que las historias y el talento colombiano lleguen a plataformas internacionales como Netflix y Amazon.
Mauricio Barrantes, miembro del círculo de críticos de cine de Bogotá, dijo a RCN “apenas el debate empieza, no se va a aprobar sin que haya una discusión abierta por parte de todos los sectores, pero es importante que representantes del sector audiovisual abramos esta discusión y le planteemos algo al gobierno. Si llega la reforma así como está en el Gobierno, creo que sí se va a ver afectada y va ser un golpe muy duro para la industria audiovisual. Entonces hay que pensar si esa es la propuesta del gobierno, un gobierno que además ha priorizado la cultura en todas sus propuestas”.
Por su parte, la Cámara Colombiana del Libro (CCL) emitió un comunicado en el que aseguran haber " iniciado la defensa del sector editorial ante todas las instancias de Gobierno, haciendo un seguimiento sistemático del proyecto, con el objetivo de garantizar el mantenimiento de los principios consagrados en la Ley del Libro, que promueve la producción y circulación de libros en el país”. En el caso editorial son dos artículos los que preocupan al sector: el artículo 69, que deroga los artículos 28 y 30 de la Ley 98 de 1993 y el numeral 8 del artículo 235-2 del Estatuto Tributario, y el artículo 9 de esta reforma, el cual modifica el artículo 240 del Estatuto Tributario.
Estas modificaciones y derogaciones eliminarían “de la exención de renta por derecho de autor para los escritores de libros. (...) La deducción en renta por ensanche o apertura de nuevas librerías. (...) La tarifa reducida en renta para empresas editoriales, que actualmente es del 9% y pasaría al 35%”.
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Castellanos afirmó que el modelo de hacienda pública que se ha venido implementando de inversión social por parte del Estado a través de los incentivos tributarios vigentes se verán afectadas por la reforma, pues “a mi modo de ver muy son delicadas. En primer orden asuntos del ecosistema del libro, hemos dicho que el el interés prioritario de este gobierno y de todos los gobiernos de cualquier sociedad es la lectura, la política de lectura. Los incentivos del ecosistema del libro se pueden ver afectados está afectando a los autores de libros impresos en Colombia que son todos, incluido el ministro de hacienda”. Castellanos asegura que los autores de libros impresos se verán afectados, pues según indica la reforma deberán pagar impuestos de renta sobre sus libros publicados a color. Al igual que la alerta emitida por la CCL, Castellanos considera que está en peligro el ensanche de librerías, al igual que el incentivo de inversión y financiación de proyectos culturales.
Además de estos cuestionamientos de ambos sectores, Castellanos también pone en tela de juicio la afectación que tendría la retención en la fuente de los trabajadores de la cultura, un avance logrado durante la pandemia. Igualmente aseguró que se vería afectado el descuento a las donaciones a organizaciones sin ánimo de lucro de carácter cultural. “La discusión y la defensa del sector cultura tiene que ser una defensa integral a los autores, a los libros, a las librerías, al cine colombiano, a las rentas de los trabajadores de la cultura y también a los incentivos audiovisuales más recientes”.