El concepto de violencia en el exterminio político de la Unión Patriótica

Un suceso que aporta a la justicia. Este lunes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), condenó al Estado colombiano por su responsabilidad en el exterminio del partido Unión Patriótica. Más de 6.000 victimas dejó esta persecución que desapareció, mató y obligó a varios de sus militantes y simpatizantes a exiliarse entre las décadas de 1980 y 1990.

Un suceso que aporta a la justicia. Este lunes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), condenó al Estado colombiano por su responsabilidad en el exterminio del partido Unión Patriótica. Más de 6.000 victimas dejó esta persecución que desapareció, mató y obligó a varios de sus militantes y simpatizantes a exiliarse entre las décadas de 1980 y 1990.

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La Unión Patriótica, que se creó en mayo de 1985 como resultado de los diálogos de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y la guerrilla de las FARC en el municipio de La Uribe, Meta, surgió como el que sería uno de los intentos de transición de varios miembros del grupo armado hacia la política, y desde su fundación se mostró como una alternativa a los partidos tradicionales en Colombia (Libera y Conservador).

Logrado el acuerdo y la consolidación del partido Unión Patriótica, el Estado estaba en la obligación de conceder todas las garantías para que la UP, el partido Comunista (que vio en esta nueva fuerza política una opción para crecer y ofrecer otra opción al país) y los desmovilizados de las FARC, pudieran reintegrarse a la vida civil y participar activamente en la política. Sin embargo, tras dos años del acuerdo y la aparición del partido, se presentó el asesinato de Jaime Pardo Leal, que había sido candidato a la presidencia en las elecciones de 1986 por la UP.

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Gloria Flórez de Pardo, esposa de Jaime Pardo Leal, cuenta en el libro El baile rojo: relatos no contados del genocidio de la UP, texto de Yezis Campos, que: “Jaime era una de las personas más amenazadas del país, a raíz de todas sus denuncias y de todo lo que quería hacer. Pensar diferente aquí es muy complicado… El día que lo asesinaron veníamos todos con él, nuestros hijos y yo. Ese día veníamos de una finquita que teníamos en La Mesa. Él estaba feliz. Le gustaba mucho ir a la finca. Salimos de allá a las tres y media de la tarde, un domingo, con un clima muy lindo. Faltando un cuarto para las cuatro, los asesinos nos igualaron en otro carro en la carretera de camino hacia Bogotá y le dispararon, lo asesinaron. A Jaime duraron amenazándolo dos, casi tres años seguidos, todos los días, de día, al medio día, por la mañana, por la tarde, por la noche, tanto que llegamos a acostumbrarnos a esa vida... Ya cuando Jaime murió, el 11 de octubre de 1987 -por eso cada 11 de octubre se conmemora el Día Nacional por la Dignidad de las Víctimas del Genocidio contra la Unión Patriótica- , empezaron a matar a la gente seguido, seguido, seguido. Todas las semanas, todos los días había muertos de la Unión Patriótica. Eso era una cosa selectiva, una cosa constante. A toda hora había la noticia de que habían matado a fulano, y a los que no lograban matar, les hacían atentados”.

El asesinato de Jaime Pardo Leal fue solamente el inicio y el anuncio de una violencia sistemática contra los miembros del partido de la Unión Patriótica. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, que publicó en 2018 el libro Todo pasó frente a nuestros ojos: el genocidio de la Unión Patriótica 1984-2002, “Dado que la violencia contra la UP no se agotó en el homicidio o la desaparición forzada, es importante mencionar la documentación sobre víctimas no fatales que la Corporación Reiniciar ha aportado en el expediente contra el Estado colombiano en la Comisión IDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos). Para el periodo 1984-2002, Reiniciar reporta 2.049 víctimas sobrevivientes de hechos de violencia como amenaza, tentativa de homicidio, tortura, violencia sexual y violación de garantías judiciales como la detención arbitraria o las judicializaciones infundadas, desplazamiento forzado y exilio. Entre éstas, 1.098 son víctimas de desplazamiento forzado y exilio, 353 lo son de amenaza, 249 de tentativa de homicidio, 151 de detención arbitraria, 116 de tortura, 80 de judicializaciones infundadas y 2 de violencia sexual. En este último caso vale la pena señalar que se evidencia un subregistro, pues el Observatorio de Memoria y Conflicto ha documentado 5 casos, mientras que, en el desarrollo de esta investigación, Reiniciar identificó 27 casos.

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Lo anterior significa que el universo de las víctimas de las distintas modalidades de violencia que fueron perpetradas contra los miembros de la UP fue de 6.201. También es necesario mencionar que el Observatorio de Memoria y Conflicto, así como la Corporación Reiniciar han documentado hechos de violencia posteriores a la suspensión de la personería jurídica de la Unión Patriótica en el año 2002. Reiniciar ha documentado 1.148 víctimas no fatales entre 2003 y 2006, mientras que el Observatorio de Memoria y Conflicto ha registrado 64 asesinatos y desapariciones entre 2003 y 2016″.

Son pocas las personas que sobrevivieron a la violencia sistemática contra la UP. Esto también lo muestra el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica: “Este universo de víctimas revela la dimensión desproporcionada de la violencia contra la UP y muestra dos características relevantes sobre cómo se perpetró. La primera se refiere a la prevalencia de una violencia de exterminio físico de los militantes del movimiento político, pues los militantes asesinados y desaparecidos doblan a las víctimas de la violencia no letal. No se trató de una violencia para hostigar, fue una para exterminar, pues prevaleció el asesinato y la desaparición sobre las amenazas y el desplazamiento forzado. La segunda refuerza la anterior y se refiere a la letalidad de los ataques, pues se registran 249 víctimas de tentativa de homicidio en contraste con 3.618 asesinados, lo que significa que solo 6 de cada cien víctimas de atentados contra su vida lograron sobrevivir”.

Una de esas personas es Aida Avella, que actualmente es presidenta de la Unión Patriótica y senadora por la Lista de la Decencia. En el libro ya citado de Yezid Campos, cuenta que “El día del atentado contra mí fue el 7 de mayo de 1996… Entonces ese día un carro extraño que estaba situado en el tercer puente, en la salida de la Autopista Norte, se nos venía acercando. Nosotros tratamos de salir de ahí, pero inmediatamente una camioneta verde se nos unió… Todos veníamos muy prevenidos; pensábamos que era otro seguimiento. Nosotros veníamos por la primera hilera de carros a la derecha y el chofer iba entrando como hacia el carril del centro. Yo había sacado mis conferencias para leer cuando, de pronto, el escolta que venía en el puesto de atrás pegó un grito muy fuerte: “¡Nos disparan, nos disparan con una bazuca!”… Yo dije: “¡Me mataron! (...) Estas cosas lo hacen a uno tomar decisiones que a lo mejor nunca hubiera tomado. Yo tomé la decisión de salir del país. Fueron veintitrés años recibiendo amenazas. Tres veces había salido del país porque había grupos que me iban a matar. La cuarta vez finalmente me dispararon. Milagrosamente no dieron en el blanco. Yo pienso que, sin embargo, había que continuar la vida y había que continuar trabajando por Colombia, por la paz y por un país más justo donde todos podamos vivir en condiciones dignas. Ese interés, eso que motivó mi militancia en mis épocas juveniles, todavía sigue perfectamente vivo y actual”.

Es clave lo que dice el informe del CNMH cuando habla de una “prevalencia de una violencia de exterminio físico de los militantes del movimiento político”, pues ese concepto lo trató a mediados de siglo XX la filósofa alemana Hannah Arendt, quien en el libro Sobre la violencia escribió que: “Políticamente hablando lo cierto es que la pérdida de poder se convierte en una tentación para reemplazar al poder por la violencia […] y que la violencia en sí misma concluye en impotencia. Donde la violencia ya no es apoyada y sujetada por el poder se verifica la bien conocida inversión en la estimación de medios y fines. Los medios, los medios de destrucción, ahora determinan el fin, con la consecuencia de que el fin será la destrucción de todo poder”.

El exterminio de la Unión Patriótica lastimosamente es el reflejo de lo que ha sido una buena parte de la historia política de Colombia. Con la aparición de este movimiento y con el poder que poco a poco fue adquiriendo en el país con su discurso de transformación social, grupos armados con vínculos estatales persiguieron y eliminaron a la mayoría de los integrantes y partidarios de la UP. Bajo esa lógica de violencia, y teniendo en cuenta lo dicho por Arendt, puede comprenderse que este triste episodio de nuestra historia se dio en buena parte como un método de dominación ejercido por la violencia como herramienta que, en determinado punto y como bien terminó siendo, detentó el poder de la clase política tradicional.

En Comprensión y política, Arendt dijo: “Comprender quiere decir, más bien, investigar y soportar de manera consciente la carga que nuestro siglo ha puesto sobre nuestros hombros; y hacerlo de una forma que no sea ni negar su existencia ni derrumbarse bajo su peso. Dicho brevemente: mirar la realidad cara a cara y hacerle frente de forma desprejuiciada y atenta, sea cual sea su apariencia”. Y comprender el exterminio de la Unión Patriótica es justamente hacernos cargo de ese episodio violento y hacernos conscientes del mismo para evitar que vuelva a suceder, y si bien parece que perdemos de nuevo esa batalla frente a tantas y tantas muertes de líderes sociales y desmovilizados de las Farc, es menester que como sociedad recordemos la desaparición y violencia sistemática que se ejerció sobre este movimiento político para recobrar, de una u otra forma, la confianza y la defensa de la democracia en Colombia.