Sobre la prohibición del matrimonio infantil en Colombia

¿Qué se trabaja en Profamilia?

Son varias líneas fundamentales. En primer lugar, contamos con alrededor de 52 clínicas en todo el país. Realizamos cerca de 4.000 brigadas móviles anuales en zonas rurales de difícil acceso, donde ofrecemos servicios de salud, información sobre derechos y educación integral en sexualidad para todas las edades. Además, tenemos una línea educativa que aborda la sexualidad como aspecto que nos acompaña toda la vida y con diversas manifestaciones. Otra área importante es la investigación, donde llevamos a cabo estudios para recopilar datos estadísticos e información. Finalmente, en la línea comercial nos enfocamos en garantizar el acceso a productos anticonceptivos, condones y pruebas de embarazo asequibles y de calidad en todo el país.

¿En qué consiste la red de jóvenes Profamilia?

Es un proyecto que surgió de la percepción de las necesidades que tienen los jóvenes en cuanto a derechos sexuales y reproductivos. Está conformada por más de 1.400 personas de todas las regiones de Colombia, entre los 12 y 24 años. Trabajamos en estrecha colaboración con ellos, involucrándolos en la elaboración de proyectos y propuestas para presentar ante distintas instancias. Su participación es crucial para comprender la diversidad del país, que incluye comunidades indígenas, afrodescendientes y población migrante, así como para representar a grupos como mujeres y personas LGBTI.

Actualmente, están trabajando en el proyecto de ley que busca eliminar el matrimonio infantil…

Este es un tema de suma importancia y complejidad, ya que somos de los pocos países en el mundo donde esta práctica aún está permitida. Es fundamental comprender que el matrimonio infantil no tiene que ver con el amor, sino que implica graves consecuencias, especialmente para las niñas. En la mayoría de los casos, estos matrimonios son decididos por terceros, y en más del 90 % de los casos las niñas son casadas con hombres mucho mayores. Generalmente, resulta en que las niñas abandonen la educación escolar, lo que afecta su futuro académico y profesional. Nuestro proyecto de ley surge de un análisis profundo de la normativa actual y de escuchar las realidades de niños, niñas y adolescentes en diferentes municipios de Colombia.

¿Qué problemáticas hay alrededor del tema?

Una de las problemáticas radica en la falta de conocimiento y conciencia sobre esta práctica, que muchas veces está naturalizada en la sociedad. Otra dificultad es la creencia errónea de que una ley que prohíba el matrimonio infantil limitaría la capacidad de los adolescentes para vivir su sexualidad de manera libre y responsable. Lo que se busca es, precisamente, proteger a las adolescentes, asegurando que estén de verdad preparadas para tomar decisiones tan importantes en sus vidas. Confiamos en que el Congreso contribuirá a eliminar esta práctica en Colombia.

¿Cómo se trabaja la protección de los derechos de infancia y adolescencia en Colombia?

A nivel normativo, Colombia cuenta con una política nacional bastante progresista. Este marco legal robusto aborda la diversidad de la población y reconoce los desafíos geográficos y las vulnerabilidades específicas. No obstante, aún existen barreras culturales y sociales que dificultan la implementación efectiva de estas políticas. Además, persisten problemas como la violencia intrafamiliar y el abuso sexual, que afectan especialmente a niños, niñas y adolescentes. A pesar de tener derechos reconocidos por la ley, muchos jóvenes enfrentan obstáculos para acceder a servicios de salud sexual y reproductiva, como anticonceptivos, debido a la estigmatización y la falta de información adecuada.

¿Qué se puede mejorar?

La negación de servicios de salud sexual y reproductiva es una problemática recurrente que suele estar acompañada de estigmatización por parte del personal de salud. Esta negación se manifiesta en frases que estigmatizan a quienes solicitan estos servicios, lo cual es inaceptable. Por eso, es importante reconocer que el personal de salud tiene la responsabilidad de brindar atención médica y asesoramiento de manera imparcial y respetuosa, sin emitir juicios de valor sobre las decisiones de las personas. Esto implica promover una cultura de respeto a los derechos humanos y el acceso igualitario a la salud para todas las personas, sin importar su género, orientación sexual o situación socioeconómica.

¿Cuáles son los retos para el futuro?

En primer lugar, es fundamental continuar produciendo evidencia y realizando investigaciones para comprender a fondo la situación de los derechos sexuales y reproductivos en Colombia. La crisis migratoria y el aumento de enfermedades de transmisión sexual, como el VIH, son fenómenos que demandan una atención urgente. Además, es necesario abordar el tema de los embarazos no deseados y garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Asimismo, enfrentamos una polarización grave en las discusiones sobre Derechos Sexuales y Reproductivos, donde es crucial promover el diálogo basado en evidencia y argumentos sólidos, en lugar desinformación. Para superar estos desafíos, es necesario generar compromiso a nivel nacional y de todos los sectores de la sociedad para proteger y garantizar estos derechos. Esto implica seguir presentando proyectos de ley, trabajar en colaboración con el sistema de salud y promover un cambio cultural que reconozca los derechos fundamentales para una vida digna y segura para todos, especialmente para niños, niñas y adolescentes.

¿Qué se trabaja en Profamilia?

Son varias líneas fundamentales. En primer lugar, contamos con alrededor de 52 clínicas en todo el país. Realizamos cerca de 4.000 brigadas móviles anuales en zonas rurales de difícil acceso, donde ofrecemos servicios de salud, información sobre derechos y educación integral en sexualidad para todas las edades. Además, tenemos una línea educativa que aborda la sexualidad como aspecto que nos acompaña toda la vida y con diversas manifestaciones. Otra área importante es la investigación, donde llevamos a cabo estudios para recopilar datos estadísticos e información. Finalmente, en la línea comercial nos enfocamos en garantizar el acceso a productos anticonceptivos, condones y pruebas de embarazo asequibles y de calidad en todo el país.

¿En qué consiste la red de jóvenes Profamilia?

Es un proyecto que surgió de la percepción de las necesidades que tienen los jóvenes en cuanto a derechos sexuales y reproductivos. Está conformada por más de 1.400 personas de todas las regiones de Colombia, entre los 12 y 24 años. Trabajamos en estrecha colaboración con ellos, involucrándolos en la elaboración de proyectos y propuestas para presentar ante distintas instancias. Su participación es crucial para comprender la diversidad del país, que incluye comunidades indígenas, afrodescendientes y población migrante, así como para representar a grupos como mujeres y personas LGBTI.

Actualmente, están trabajando en el proyecto de ley que busca eliminar el matrimonio infantil…

Este es un tema de suma importancia y complejidad, ya que somos de los pocos países en el mundo donde esta práctica aún está permitida. Es fundamental comprender que el matrimonio infantil no tiene que ver con el amor, sino que implica graves consecuencias, especialmente para las niñas. En la mayoría de los casos, estos matrimonios son decididos por terceros, y en más del 90 % de los casos las niñas son casadas con hombres mucho mayores. Generalmente, resulta en que las niñas abandonen la educación escolar, lo que afecta su futuro académico y profesional. Nuestro proyecto de ley surge de un análisis profundo de la normativa actual y de escuchar las realidades de niños, niñas y adolescentes en diferentes municipios de Colombia.

¿Qué problemáticas hay alrededor del tema?

Una de las problemáticas radica en la falta de conocimiento y conciencia sobre esta práctica, que muchas veces está naturalizada en la sociedad. Otra dificultad es la creencia errónea de que una ley que prohíba el matrimonio infantil limitaría la capacidad de los adolescentes para vivir su sexualidad de manera libre y responsable. Lo que se busca es, precisamente, proteger a las adolescentes, asegurando que estén de verdad preparadas para tomar decisiones tan importantes en sus vidas. Confiamos en que el Congreso contribuirá a eliminar esta práctica en Colombia.

¿Cómo se trabaja la protección de los derechos de infancia y adolescencia en Colombia?

A nivel normativo, Colombia cuenta con una política nacional bastante progresista. Este marco legal robusto aborda la diversidad de la población y reconoce los desafíos geográficos y las vulnerabilidades específicas. No obstante, aún existen barreras culturales y sociales que dificultan la implementación efectiva de estas políticas. Además, persisten problemas como la violencia intrafamiliar y el abuso sexual, que afectan especialmente a niños, niñas y adolescentes. A pesar de tener derechos reconocidos por la ley, muchos jóvenes enfrentan obstáculos para acceder a servicios de salud sexual y reproductiva, como anticonceptivos, debido a la estigmatización y la falta de información adecuada.

¿Qué se puede mejorar?

La negación de servicios de salud sexual y reproductiva es una problemática recurrente que suele estar acompañada de estigmatización por parte del personal de salud. Esta negación se manifiesta en frases que estigmatizan a quienes solicitan estos servicios, lo cual es inaceptable. Por eso, es importante reconocer que el personal de salud tiene la responsabilidad de brindar atención médica y asesoramiento de manera imparcial y respetuosa, sin emitir juicios de valor sobre las decisiones de las personas. Esto implica promover una cultura de respeto a los derechos humanos y el acceso igualitario a la salud para todas las personas, sin importar su género, orientación sexual o situación socioeconómica.

¿Cuáles son los retos para el futuro?

En primer lugar, es fundamental continuar produciendo evidencia y realizando investigaciones para comprender a fondo la situación de los derechos sexuales y reproductivos en Colombia. La crisis migratoria y el aumento de enfermedades de transmisión sexual, como el VIH, son fenómenos que demandan una atención urgente. Además, es necesario abordar el tema de los embarazos no deseados y garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Asimismo, enfrentamos una polarización grave en las discusiones sobre Derechos Sexuales y Reproductivos, donde es crucial promover el diálogo basado en evidencia y argumentos sólidos, en lugar desinformación. Para superar estos desafíos, es necesario generar compromiso a nivel nacional y de todos los sectores de la sociedad para proteger y garantizar estos derechos. Esto implica seguir presentando proyectos de ley, trabajar en colaboración con el sistema de salud y promover un cambio cultural que reconozca los derechos fundamentales para una vida digna y segura para todos, especialmente para niños, niñas y adolescentes.