El Museo del Oro resguarda la colección orfebre más grande de Colombia. Una colección que inició el Banco de la República en 1939, cuando adquirió el famoso poporo quimbaya. A partir de ese momento, el Banco se convirtió en el primer comprador de piezas de oro huaqueadas en el país, con la noble misión de impedir que estas cayeran en manos de coleccionistas o terminaran en exhibiciones o depósitos de otros museos, en el exterior. Esta colección fue creciendo, pero mantuvo su carácter reservado hasta 1959, cuando finalmente la Junta Directiva decidió abrir una sala de exhibición al público. A partir de ese momento se consolida como uno de los museos más importantes del país y referente internacional del mito de El Dorado. A la fecha, ostenta una colección de más de 34.000 objetos de oro, además de otros tantos miles de líticos y de piezas cerámicas. Con ella se ha podido difundir nuestro pasado, en más de un centenar de exhibiciones itinerantes, en distintas ciudades del mundo.
Hasta ahí, la historia del Museo del Oro resulta intachable y loable, a pesar de haberse consolidado con piezas saqueadas, con escasa información del contexto arqueológico. Por ello, desde hace algunos años, viene adelantando un monitoreo de los proyectos arqueológicos que se desarrollan en el país, con el firme propósito de hacerse a las piezas orfebres procedentes de excavaciones científicas, dejándole el resto de materiales a los museos o casas de la cultura regionales, manteniendo la mirada sesgada con la que el Banco de la República inició en su momento esta colección. Se les reconoce también la minuciosa tarea de estudiar estos artefactos, con técnicas sofisticadas, buscando obtener y difundir nuevo conocimiento asociado con el desarrollo de la orfebrería y la metalurgia en este rincón de América del Sur.
La Constitución Política de Colombia, en su artículo 72, precisa que el patrimonio arqueológico conforma la identidad nacional y por ello pertenece a la Nación. Se trata de un patrimonio inalienable, inembargable e imprescriptible. La Ley 397 de 1997, modificada por el artículo 3 de la Ley 1185 de 2008, precisa el concepto de patrimonio arqueológico como “aquellos muebles o inmuebles que sean originarios de culturas desaparecidas, o que pertenezcan a la época colonial, así como los restos humanos y orgánicos relacionados con esas culturas”. Con esta última ley se reguló la posibilidad de tenencia, que significa que museos, tanto públicos como privados, así como cualquier ciudadano, puedan tener colecciones arqueológicas legalmente, sin ser sus dueños, siempre y cuando cumplan con las obligaciones de registro, manejo y seguridad de dichos artefactos. Este procedimiento fue regulado mediante el Decreto 1080 de 2015.
Sin duda, una de las grandes responsabilidades de los tenedores de piezas arqueológicas es la de permitir el acceso a las mismas, mediante espacios de exhibición o mediante consultas programadas a las colecciones de reserva, especialmente para investigadores. En este aspecto, el Museo del Oro tiene dos caras: una exhibición pública impecable y la otra, una menos amable, que restringe el acceso a las colecciones, casi que solo a sus funcionarios y a los amigos de ellos. Parecería que existe desde hace un tiempo una política institucional, no se sabe si del Banco o del Museo, para impedir que diversos investigadores puedan estudiar las piezas, desde perspectivas tan variadas como la historia del arte, la arqueología o la arqueometría. Aunque se hagan solicitudes con tiempo, aunque estos estudiantes, becarios o investigadores cuenten con avales de instituciones académicas de reconocido prestigio, la respuesta sigue siendo la misma: No.
Se entiende que la consulta de las piezas debe hacerse bajo ciertos parámetros de seguridad y de conservación, por parte del Museo, teniendo en cuenta horarios y condiciones preestablecidas. Lo que no puede suceder es que bajo este pretexto se haya hecho imposible, para algunos, acceder a la colección, mientras que otras pocas personas gozan de privilegios. Se trata de una flagrante violación al derecho de acceso al conocimiento, un derecho constitucional inalienable. Igual pasa si queremos acceder a “nuestro” patrimonio a través de imágenes digitales, para utilizarlas en un estudio, para acompañar una publicación, o para una clase o presentación. El acceso a las mismas también es restringido y obligan, como en mi caso, a surtir una suerte de pasos que resultan absolutamente kafkianos.
Hace unos meses, luego de terminar un artículo sobre arqueología marítima con un colega, pensamos que sería bueno ilustrar la navegación prehispánica con una imagen de la famosa balsa muisca, otra de las piezas emblemáticas del museo. Aunque tengo imágenes de esta pieza por mis visitas al museo, no tienen la calidad para una publicación científica. Por ello me dirigí por correo al Museo del Oro para solicitar dicha imagen. La respuesta inicial fue insólita. Me obligaban a remitir el manuscrito, para que ellos, no menciona quienes, evaluaran el contenido de nuestro documento y decidieran si nos compartían la imagen o no. Mi respuesta inmediata fue la de negarme a enviar el manuscrito, que ya fue evaluado por pares académicos en la revista, reiterando mi solicitud, teniendo en cuenta que es una pieza arqueológica, patrimonio de la Nación, no del Banco, y en ese sentido patrimonio de todos. De inmediato recibí una respuesta amable de su directora, que me explicó que hay un procedimiento institucional que se debe cumplir, aclarándome, eso sí, que aunque las piezas son patrimonio arqueológico de la Nación, las fotos son propiedad del Banco.
Posteriormente, me derivó con otra funcionaria que me contactó, me hizo llenar un formulario con el título del artículo, nombre de la revista y otras cosas más. Luego de enviar la información me pidió unos requisitos que estaban pendientes como el certificado de existencia y representación legal y copia de la identificación del representante legal de la revista. Una insólita exigencia para una publicación científica que, en ningún caso, exige documentos de esta índole a ningún autor. La práctica normal, aceptada internacionalmente, es la de precisar la autoría intelectual y patrimonial en la cita de los créditos de las imágenes de quien toma la foto o de la institución que la cede. Sobra decir que el trámite no lo adelanté para evitar hacer el ridículo.
Por ahora queda claro que el patrimonio arqueológico no es de todos, que las fotos de las piezas arqueológicas de la Nación, le pertenecen al Banco de la República, y que es esta institución la que decide en qué publicaciones aparecen sus imágenes (ya que los investigadores no podemos tomarlas), asumiendo derechos que no le corresponden. Una posición elitista y discriminatoria que hemos vivido numerosos investigadores, nacionales e internacionales, que buscamos aportar al conocimiento del pasado de este país y compartirlo de distintas maneras. Al final, estrategias que se complementan y que podrían potencializarse si el Museo del Oro y el Banco de la República revisan y corrigen sus políticas al respecto, haciéndolas inclusivas, facilitando y promoviendo el desarrollo de la investigación de las colecciones, y garantizando el acceso al conocimiento, un derecho compartido de todos los colombianos.
* Arqueólogo y profesor universitario.