“Las reglas del fuego”: la toma del Palacio de Justicia

Descaradamente urbano, el M-19 había roto, al desprenderse también de las Farc, con una tradición insurreccional que siempre había tenido por escenario las zonas agrarias. Burletero y confianzudo, manejaba un lenguaje desprovisto de severidad, una mezcla de marxismo, agnosticismo y bacanería que les permitía a sus militantes ir a los combates como si se tratara de rumbas, disparar como si fuera un gozaderal, convertir la guerra en una fiesta de llamaradas y aventuras en la que hasta los fracasos lograban ser grandiosos.

Carlos Arturo, compañero de Álvaro Fayad en tiempos de la JUCO de la Universidad Nacional, lo recordaba muy puesto y erudito en el manejo del lenguaje adusto de las teorías de Marx, Engels y Lenin, y por eso después se extrañaba de que en su nueva condición de fundador del Eme, se refiriera a Lenin como “ese man”. Le sonaba rarísimo y desconocido.

El más espectacular de sus desastres había sido el del Palacio de Justicia, en noviembre de 1985, cuando cometieron dos imprevisiones: una de orden organizativo —haberse puesto los dos comandos, de treinta personas cada uno, la cita crucial en la décima con segunda, sin aclarar si la décima o la segunda eran carrera o calle, con lo que cada grupo fue a dar a un lugar distinto: uno al sur de la ciudad, por el hospital de La Hortúa, y otro a La Candelaria, desperdigándose y quedando la misión a cargo de apenas la mitad de los comisionados— y otra de carácter político: haber supuesto que tener de rehén al poder Judicial en Colombia, congregado íntegro con su Corte Suprema y su Consejo de Estado en aquel Palacio, iba a movilizar, en procura de su rescate sano y salvo, y concediéndoles a sus captores lo que pidieran, la solidaridad de los otros poderes, como si los jueces le hicieran falta a la república en vez de estorbarle.

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Cuenta la leyenda lo que ocurrió en el Salón de Crisis apenas transcurridas tres o cuatro horas de aquella toma: el ministro de Guerra, general Miguel Vega Uribe, conminó al mandatario Belisario Betancur y a su gabinete íntegro a no negociar, so pena de asumir él mismo el gobierno si se le llevaba la contraria. Lo que se llama un golpe. Solo un ministro, el de Justicia, Enrique Parejo González, expresó su desacuerdo ante la tajante decisión, pero le tocó dejarlo apenas como una constancia en el acta, mientras los restantes colegas miraban hacia el techo. Sobre el propio presidente y Jaime Castro, ministro de Gobierno —quienes tenían entre los rehenes el primero a su hermano, Jaime Betancur, y el segundo a su esposa, Clara Forero—, quedaron dudas de si habrían asentido a la rotunda determinación en el caso de no haberse salvado ya sus parientes, quienes ya estaban libres en la calle. Y todo el mundo sospechó que Vega Uribe, antes de ponerse difícil, había instruido a sus tropas para que le dieran prioridad al rescate de ese hermano y esa esposa, magistrados ambos con corona. Sin ese par de obstáculos afectivos, preponderantes, lo siguiente era pan comido, de modo que se ignoró la súplica, digna y desesperada, del presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes Echandía, quien decidió transmitirla por todas las radios después de haber insistido en vano en que el presidente le contestara al teléfono: “¡Por favor, que nos ayuden! ¡Que cese el fuego! La situación es dramática. ¡Estamos aquí rodeados de personal del M-19!”.

Y empezó entonces un holocausto demencial del que la memoria del mundo —que lo presenció por televisión— no lograría recuperarse en mucho tiempo, pues jamás, en vivo y en directo, la humanidad había tenido al frente suyo, por tantas horas, un edificio de concreto, de cinco pisos y una manzana, convertido en un horno en el que se achicharraban docenas de personas cuyas almas ascendían entre lenguas de fuego y se atomizaban como pavesas entre una humareda que ennegrecía a toda la ciudad durante el día, para después, en las horas nocturnas, mimetizarse con la oscuridad total y un silencio absoluto que ni siquiera logró ser profanado por los gritos de los locutores de un partido del campeonato doméstico que la ministra de Comunicaciones, Nohemí Sanín, hizo transmitir de emergencia por televisión para distraer el nerviosismo. Esa noche del 6 de noviembre hasta la luna se replegó cobardemente para no chamuscarse. A medianoche, cuando el fuego amainó y se escuchaban las últimas crepitaciones, los bogotanos fundaron un recuerdo ácido e imperecedero que aunque les entristeció el gesto más aun de lo acostumbrado, los urgió de clemencia, los inclinó a saludarse unos a otros en un súbito afán reconciliatorio, los convirtió en pedigüeños de afecto para curarse de la humillación y rescatar la autoestima.

Aquella noche nacieron también un miedo, revuelto con piedad, frente a la audacia de los guerrilleros del M-19 y un asco distinto hacia el Ejército y la Policía, que habían demostrado esa fascinación por lo dantesco y ofrecido esa descarada puesta en escena de hombres camuflados y con los rostros pintados que se descolgaban a las terrazas desde los helicópteros, de tanques que cabeceaban como monstruos metálicos mientras trepaban disparando por las escalinatas, de lanzallamas que dirigían sus chorros hacia enormes ventanas reventándoles los vidrios, de rockets que perforaban las paredes de hormigón, de camilleros histéricos que se tropezaban y dejaban rodar por el suelo a víctimas ennegrecidas, de siluetas de rambos voluntarios que se recortaban contra el amarillo de la candela, todos ellos bajo las órdenes del coronel Alfonso Plazas Vega, sobrino de ese general Vega Uribe, el ministro de Guerra, el mismo que tenía al presidente y sus ministros sin decir ni pío, mirando atónitos las columnas de humo que se levantaban desde la sede de las altas cortes apenas dos cuadras al sur. Sacó el tío su pecho lleno de colgandejos honoríficos, mirando orgulloso a todos esos miembros civiles que eran la plana mayor del poder Ejecutivo, cautivos suyos de facto, cuando su sobrino, el hijo de su hermana, el consentido de la familia Vega, apareció por televisión sacándose de la manga una frase inmortal con la que respondió a un periodista que le preguntó, en el fragor de aquella barahúnda y cuando todavía quedaban muchas personas vivas adentro, qué se proponía hacer el Ejército en ese momento: “Salvar la democracia, maestro”. Había sido una pregunta casi técnica, algo esperanzada en que, según pintaban los cosas, los militares tenían ya el dominio de la situación, por lo que cabía esperarse que los guerrilleros que aún quedaran vivos, no muchos, podrían rendirse, y en cuanto al personal civil, los magistrados, por ejemplo, ser rescatados con vida, aunque fuera algunos, pues el fuego lo abrasaba todo y parecía milagroso imaginar sobrevivientes, aunque los había, muy escasos, según se supo luego, agazapados en los baños o en rincones providenciales donde les zumbaban las balas y los cohetes, se asfixiaban con el humo o se cocinaban al vapor por la temperatura del piso y las paredes.

Pero como salvar la democracia no admite tregua, y otro general, Samudio Molina, por radio, instruía “fumigar todo”, Plazas Vega se paró en la raya y ordenó ejecutar a quien se moviera por dentro y a quien hubiera alcanzado a salir vivo, para que no quedaran testigos de aquella conflagración, sin importar si era una empleada del aseo, un funcionario de ventanilla, un abogado que manejaba un pleito, un magistrado, un guerrillero, un cocinero o camarero del restaurante en el que hasta ese día se alimentaron los miembros de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. A quienes salieron, por fin, de esas tinieblas a la luz de la plaza, de aquel horno a la frescura del aire libre, tosiendo felices, rengueando sin dejar de correr, con la ropa humeando como muñecos de año viejo y la piel renegrida y sangrante, los hacinaron en la Casa del Florero —patrimonio arquitectónico desde cuyo balcón, el 20 de julio de 1810, José Acevedo y Gómez había inflamado a los neogranadinos contra la Corona española— y de allí los sacaron en camiones sin que hubiera vuelto a saberse de ellos.

Descaradamente urbano, el M-19 había roto, al desprenderse también de las Farc, con una tradición insurreccional que siempre había tenido por escenario las zonas agrarias. Burletero y confianzudo, manejaba un lenguaje desprovisto de severidad, una mezcla de marxismo, agnosticismo y bacanería que les permitía a sus militantes ir a los combates como si se tratara de rumbas, disparar como si fuera un gozaderal, convertir la guerra en una fiesta de llamaradas y aventuras en la que hasta los fracasos lograban ser grandiosos.

Carlos Arturo, compañero de Álvaro Fayad en tiempos de la JUCO de la Universidad Nacional, lo recordaba muy puesto y erudito en el manejo del lenguaje adusto de las teorías de Marx, Engels y Lenin, y por eso después se extrañaba de que en su nueva condición de fundador del Eme, se refiriera a Lenin como “ese man”. Le sonaba rarísimo y desconocido.

El más espectacular de sus desastres había sido el del Palacio de Justicia, en noviembre de 1985, cuando cometieron dos imprevisiones: una de orden organizativo —haberse puesto los dos comandos, de treinta personas cada uno, la cita crucial en la décima con segunda, sin aclarar si la décima o la segunda eran carrera o calle, con lo que cada grupo fue a dar a un lugar distinto: uno al sur de la ciudad, por el hospital de La Hortúa, y otro a La Candelaria, desperdigándose y quedando la misión a cargo de apenas la mitad de los comisionados— y otra de carácter político: haber supuesto que tener de rehén al poder Judicial en Colombia, congregado íntegro con su Corte Suprema y su Consejo de Estado en aquel Palacio, iba a movilizar, en procura de su rescate sano y salvo, y concediéndoles a sus captores lo que pidieran, la solidaridad de los otros poderes, como si los jueces le hicieran falta a la república en vez de estorbarle.

Le sugerimos leer Ana Barletta: “Esclarecer la verdad siempre será importante”

Cuenta la leyenda lo que ocurrió en el Salón de Crisis apenas transcurridas tres o cuatro horas de aquella toma: el ministro de Guerra, general Miguel Vega Uribe, conminó al mandatario Belisario Betancur y a su gabinete íntegro a no negociar, so pena de asumir él mismo el gobierno si se le llevaba la contraria. Lo que se llama un golpe. Solo un ministro, el de Justicia, Enrique Parejo González, expresó su desacuerdo ante la tajante decisión, pero le tocó dejarlo apenas como una constancia en el acta, mientras los restantes colegas miraban hacia el techo. Sobre el propio presidente y Jaime Castro, ministro de Gobierno —quienes tenían entre los rehenes el primero a su hermano, Jaime Betancur, y el segundo a su esposa, Clara Forero—, quedaron dudas de si habrían asentido a la rotunda determinación en el caso de no haberse salvado ya sus parientes, quienes ya estaban libres en la calle. Y todo el mundo sospechó que Vega Uribe, antes de ponerse difícil, había instruido a sus tropas para que le dieran prioridad al rescate de ese hermano y esa esposa, magistrados ambos con corona. Sin ese par de obstáculos afectivos, preponderantes, lo siguiente era pan comido, de modo que se ignoró la súplica, digna y desesperada, del presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes Echandía, quien decidió transmitirla por todas las radios después de haber insistido en vano en que el presidente le contestara al teléfono: “¡Por favor, que nos ayuden! ¡Que cese el fuego! La situación es dramática. ¡Estamos aquí rodeados de personal del M-19!”.

Y empezó entonces un holocausto demencial del que la memoria del mundo —que lo presenció por televisión— no lograría recuperarse en mucho tiempo, pues jamás, en vivo y en directo, la humanidad había tenido al frente suyo, por tantas horas, un edificio de concreto, de cinco pisos y una manzana, convertido en un horno en el que se achicharraban docenas de personas cuyas almas ascendían entre lenguas de fuego y se atomizaban como pavesas entre una humareda que ennegrecía a toda la ciudad durante el día, para después, en las horas nocturnas, mimetizarse con la oscuridad total y un silencio absoluto que ni siquiera logró ser profanado por los gritos de los locutores de un partido del campeonato doméstico que la ministra de Comunicaciones, Nohemí Sanín, hizo transmitir de emergencia por televisión para distraer el nerviosismo. Esa noche del 6 de noviembre hasta la luna se replegó cobardemente para no chamuscarse. A medianoche, cuando el fuego amainó y se escuchaban las últimas crepitaciones, los bogotanos fundaron un recuerdo ácido e imperecedero que aunque les entristeció el gesto más aun de lo acostumbrado, los urgió de clemencia, los inclinó a saludarse unos a otros en un súbito afán reconciliatorio, los convirtió en pedigüeños de afecto para curarse de la humillación y rescatar la autoestima.

Aquella noche nacieron también un miedo, revuelto con piedad, frente a la audacia de los guerrilleros del M-19 y un asco distinto hacia el Ejército y la Policía, que habían demostrado esa fascinación por lo dantesco y ofrecido esa descarada puesta en escena de hombres camuflados y con los rostros pintados que se descolgaban a las terrazas desde los helicópteros, de tanques que cabeceaban como monstruos metálicos mientras trepaban disparando por las escalinatas, de lanzallamas que dirigían sus chorros hacia enormes ventanas reventándoles los vidrios, de rockets que perforaban las paredes de hormigón, de camilleros histéricos que se tropezaban y dejaban rodar por el suelo a víctimas ennegrecidas, de siluetas de rambos voluntarios que se recortaban contra el amarillo de la candela, todos ellos bajo las órdenes del coronel Alfonso Plazas Vega, sobrino de ese general Vega Uribe, el ministro de Guerra, el mismo que tenía al presidente y sus ministros sin decir ni pío, mirando atónitos las columnas de humo que se levantaban desde la sede de las altas cortes apenas dos cuadras al sur. Sacó el tío su pecho lleno de colgandejos honoríficos, mirando orgulloso a todos esos miembros civiles que eran la plana mayor del poder Ejecutivo, cautivos suyos de facto, cuando su sobrino, el hijo de su hermana, el consentido de la familia Vega, apareció por televisión sacándose de la manga una frase inmortal con la que respondió a un periodista que le preguntó, en el fragor de aquella barahúnda y cuando todavía quedaban muchas personas vivas adentro, qué se proponía hacer el Ejército en ese momento: “Salvar la democracia, maestro”. Había sido una pregunta casi técnica, algo esperanzada en que, según pintaban los cosas, los militares tenían ya el dominio de la situación, por lo que cabía esperarse que los guerrilleros que aún quedaran vivos, no muchos, podrían rendirse, y en cuanto al personal civil, los magistrados, por ejemplo, ser rescatados con vida, aunque fuera algunos, pues el fuego lo abrasaba todo y parecía milagroso imaginar sobrevivientes, aunque los había, muy escasos, según se supo luego, agazapados en los baños o en rincones providenciales donde les zumbaban las balas y los cohetes, se asfixiaban con el humo o se cocinaban al vapor por la temperatura del piso y las paredes.

Pero como salvar la democracia no admite tregua, y otro general, Samudio Molina, por radio, instruía “fumigar todo”, Plazas Vega se paró en la raya y ordenó ejecutar a quien se moviera por dentro y a quien hubiera alcanzado a salir vivo, para que no quedaran testigos de aquella conflagración, sin importar si era una empleada del aseo, un funcionario de ventanilla, un abogado que manejaba un pleito, un magistrado, un guerrillero, un cocinero o camarero del restaurante en el que hasta ese día se alimentaron los miembros de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. A quienes salieron, por fin, de esas tinieblas a la luz de la plaza, de aquel horno a la frescura del aire libre, tosiendo felices, rengueando sin dejar de correr, con la ropa humeando como muñecos de año viejo y la piel renegrida y sangrante, los hacinaron en la Casa del Florero —patrimonio arquitectónico desde cuyo balcón, el 20 de julio de 1810, José Acevedo y Gómez había inflamado a los neogranadinos contra la Corona española— y de allí los sacaron en camiones sin que hubiera vuelto a saberse de ellos.