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El pasado 7 de noviembre, la corte de apelaciones rechazó la petición de anular el caso contra Yves Bouvier y Olivier Thomas, quienes están acusados de hurtar varias piezas de Picasso en 2015. Este caso se inició tras el descubrimiento de Catherine Hutin-Blay, hija de la última pareja del pintor español, de la desaparición de 70 dibujos y pinturas de una unidad de almacenamiento que rentaba en los suburbios de París.
Estas piezas habían sido almacenadas por Thomas, a quien en 2018 le habían encargado el retirar algunas obras de la colección personal de Jacquelin Picasso —madre de Hutin— de una propiedad ubicada en la Riviera Francesa, para ser colocadas en la unidad de almacenamiento que era propiedad de la empresa de Bouvier, Art Transit International.
Un restaurador también llamó la atención de Hutin, tras afirmar que, en 2012, realizó trabajos ligeros de conservación en cinco piezas en la unidad de almacenamiento, y que un año después, fue llamado para trabajar en tres obras de Picasso que se encontraban en el Puerto Franco de Ginebra. Además, dos retratos de Jacquelin Picasso habían sido vendidos por Bouvier a Dmitri Rybolovlev en 2013. Todos estos objetos habían sido reportados como perdidos.
Con estas acusaciones, Bouvier aseguró haber comprado los retratos al fallecido Jean-Marc Aittouares. Las autoridades no encontraron registro alguno de la transacción. El acusado además alegó que había realizado un pago de $9 millones de euros a Hutin por las piezas en 2010, pero la investigación confirmó que este dinero correspondía a una venta hecha mucho antes, con obras que no registraban en la lista de perdidos.
Tras estos descubrimientos, la corte acusó a Bouvier y Thomas por posesión de bienes robados, sumándole a este último un cargo por fraude, y el fiscal del caso promovió, en junio de este año, enviar a estos hombres a juicio. En un intento por detener estos procedimientos, los acusados solicitaron un aplazamiento por un posible conflicto de interés en el ente investigador, que presuntamente mantenía contacto con el abogado de Rybolovlev, con quien habían estado en conflictos legales desde 2015.
El juzgado de París negó la petición al no encontrar ningún registro de imparcialidad entre sus magistrados y agentes de la policía. La abogada defensora de Hutin afirmó que su clienta “se sentía aliviada de la posibilidad de un juicio, ya que lleva poco más de una década esperando que haya justicia” dijo para el medio The Art Newspaper.
En respuesta a esta negativa, el abogado Philippe Valent apeló a la alta corte de Francia para cancelar este dictamen, alegando que el juicio “niega las maniobras ocultas entre las partes interesadas a la vez de la deslealtad entre magistrados e investigadores”, afirmó en un comunicado. Esto se une a su preocupación por “el estado de la ley en un sistema democrático” y denunció que las acusaciones de Hutin son “alegatos absurdos por el supuesto robo de piezas que ya se habían pagado en su totalidad”.