Posible intervención ilegal al galeón San José: ¿a un paso de la impunidad total?

Desde el año 2015 el galeón San José ha venido siendo portada de diarios y noticia en radio y televisión, de medios nacionales e internacionales. El interés se ha concentrado en el supuesto valor comercial de su carga, que ha pasado de 5 mil a 20 mil millones de dólares. Poco se le ha dedicado a su historia, a los peligros que lo acechan y a su importancia histórica y arqueológica para la humanidad, que incluyendo los gobiernos colombianos de turno, intencionalmente pretenden desconocer.

El galeón San José fue una embarcación de la corona española, que hizo parte de la Flota de Tierra Firme. Su papel, como el del resto de esta flota, era el de traer mercancías de Europa para comercializar en América, en los puertos de Cartagena de Indias y la feria de Portobelo en Panamá. A cambio, como resultado de estas negociaciones comerciales, los barcos regresaban a España cargados de plata y oro, proveniente de Bolivia, perlas extraídas del Pacífico panameño y esmeraldas colombianas, además de los menajes y joyas de los pasajeros que hacían el tornaviaje a la península ibérica. Esto los hacía un objetivo prioritario de piratas, corsarios y armadas de países enemigos. Por supuesto su fin era el de capturar los barcos, hacerse a sus caudales y tomar prisioneros para negociar su rescate. En el caso del San José, en medio de confusas circunstancias, 600 pasajeros y tripulantes, con el galeón cargado como un féretro enorme, terminó hundido en inmediaciones de las islas del Rosario, sin conseguir llegar a salvo al puerto de Cartagena de Indias, en junio de 1708.

A partir de ese momento, el galeón San José ha despertado la codicia de políticos y cazatesoros, que han querido buscarlo y saquear su contenido, con el único propósito de comercializar su carga. Desde 1979 Colombia le ha dado permiso a empresas de cazatesoros para buscar este galeón. La sociedad Glocca Morra Company fue la primera empresa que dijo haber encontrado el fabuloso naufragio en marzo de 1982. Al año siguiente esta empresa le cedió los derechos a Sea Search Armada, otra empresa de cazatesoros que sigue operando en el mundo. En este mismo año, 1983, el Estado colombiano firma un acuerdo con Columbus Exploration Limited y Columbus America Discovery Group, tratando de sacar del negocio a la empresa anterior. Para 1988, en un nuevo intento de los políticos colombianos para saquear el galeón, se adelantaron negociaciones con cazatesoros suecos que, por fortuna, no llegaron a concretarse. Finalmente fue el expresidente Santos quien hábilmente promovió la Ley 1675 de 2013, y su decreto reglamentario, para saquear el Galeón San José que, no es coincidencia, se anunció su hallazgo en 2015 , como parte de un complejo entramado político y privado para facilitar que una empresa de cazatesoros recién creada, Maritime Archaelogy Consultants Switzerland AG (MAC), se le adjudicase, sin licitación alguna, la búsqueda del galeón San José. Esta empresa hace parte de una operación global a cargo de Ocean Infinity Group Ltd, dirigida por Anthony Clake, que ayuda a numerosos millonarios a encontrar ingeniosos refugios para su capital. Uno de esos refugios es la búsqueda de naufragios con compañías variadas que, mediante trucos de contabilidad, alivian a los más ricos de pagar sus impuestos. Se trata de una práctica que ya está en los ojos de los inspectores de impuestos británicos. La otra práctica de estas empresas, documentada en otros naufragios, es la de trasladar una pequeña colección de objetos a lo que ellos denominan “almacenamiento húmedo”, es decir, a un lugar en las inmediaciones que no pueda ser detectado, como fue documentado en el 2017 con el SS Mantola, al que se le retiraron una cantidad sustancial de barras de plata que no dejaron rastro alguno. La investigación asociada con la fuente opaca de ingresos que maneja esta compañía, se develó recientemente por periodistas e investigadores de Businessweek (ver https://www.bloomberg.com/features/2023-deep-sea-treasure-hunter-hedge-funds/?embedded-checkout=true).

Esta empresa de cazatesoros contrató los servicios del cubano-americano Roger Dooley, un saqueador de pecios que ha hecho su fortuna trabajando para diferentes empresas que trafican con patrimonio cultural sumergido alrededor del mundo. El expresidente Santos lo graduó como “arqueólogo” y lo presentó como el gran especialista en el tema. Tanto es su poder que consiguió que este personaje se reuniera durante los primeros días de gobierno con el presidente Gustavo Petro, buscando retomar el plan original, que se viene reviviendo desde el ICANH y el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, con el apoyo de la Armada Nacional y la Dirección General Marítima.

Del pálido gobierno de la economía naranja, podemos rescatar la declaratoria del naufragio como Bien de Interés Cultural, en enero de 2020, protegiéndolo de cualquier intervención que tenga objetivos comerciales. Sin embargo, hay un detalle muy importante que ha pasado por alto y al que las autoridades colombianas le han querido restar importancia (por no decir ocultar): la posible intervención ilegal sobre el galeón San José, a manos de MAC, durante la campaña de 2016. Esta empresa contaba con un permiso de exploración, que en ningún momento les permitía la intervención del contexto arqueológico, toda vez que una actuación directa sobre el naufragio, corresponde a una actividad destructiva e irreversible. Aunque la información geofísica y fotográfica de MAC no la tiene el Estado colombiano, alguna de ella estuvo disponible en el portal del Ministerio de Cultura y pudimos acceder a ella y estudiarla, confirmando que el contexto presentaba cambios evidentes y, en ese sentido, se había perfeccionado un posible delito.

Con el apoyo del colega Rodrigo Pacheco Ruiz, especialista en arqueología de profundidad, coinvestigador del Maritime Archaeology Project en el Mar Negro, que entre sus muchos logros estuvo el de documentar, sin intrusión, un naufragio griego a 2000 m de profundidad, se hizo la tarea de revisar la escasa información disponible, pero suficiente para caracterizar la escena de un posible crimen. (detalles https://www.youtube.com/watch?v=IYVl5kD65uY&t=1s)

El análisis del Dr. Pacheco tuvo como base dos fuentes de información, por un lado los datos obtenidos en 2015, del sonar de barrido lateral, que mostraban un panorama amplio del galeón San José, además de cuatro fotografías en alta resolución, que se habían usado para anunciar su hallazgo. La otra fuente de información que permitía contrastar esa evidencia, correspondía al ortomosaico realizado por MAC en su operación sobre el naufragio en el 2016. La evaluación de los datos es contundente.

En tres de las cuatro fotos de detalle, no se identifican cambios sustanciales en la superficie del fondo marino, lo que demuestra su equilibrio. Algunos de esos cambios se relacionan con la posición de la cámara que nos ofrece una perspectiva diferente. Sin embargo, en una de las fotos se observan cambios más drásticos, que no pueden ser resultado de la actividad biológica. La exposición de artefactos en el ortomosaico del 2016, que estaban semi enterrados en el 2015, dan cuenta de una eventual intervención.

Detalle del galeón San José en donde se aprecia la exposición del color de la superficie de una botija que estuvo bajo el sedimento, sin llegar a adquirir la pátina que se forma por su exposición directa durante tres siglos.

El dato más contundente resulta de comparar la imagen del sonar de barrido lateral, que emite ondas acústicas, como un murciélago, y recibe anomalías acústicas que nos ofrecen una imagen en dos dimensiones del fondo marino. Sin embargo, los cambios evidentes en las alturas del fondo marino se ven reflejados en esta imagen del sonar, en forma de sombra acústica. Esa sombra indica una sobreelevación de esta sección del naufragio, que en el ortomosaico del 2016 no existe. Un cambio drástico en el contexto arqueológico que no tiene explicación natural alguna, salvo la posible intrusión ilegal al pecio, cuyos resultados desconocemos. Incluso es evidente la diferencia en los colores de los sedimentos en la sección intervenida. Como en otras experiencias de este sofisticado grupo de cazatesoros, es posible que se hayan retirado algunos artefactos para reservarlos en húmedo en futuras operaciones, sin que todas las autoridades colombianas de turno, hubiesen estado al tanto de ello.

Por tales motivos la Veeduría Nacional para el Control Social del Patrimonio Cultural Sumergido, en cabeza de Francisco Muñoz, presentó una denuncia penal en enero de 2021, ante la Fiscalía General de la Nación, por el presunto saqueo del galeón San José, que no ha prosperado. Sorpresivamente distintos funcionarios, adscritos al ICANH, al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes , la Armada Nacional, la DIMAR y la Agencia para la Defensa Jurídica del Estado, sin pruebas técnicas, han insistido en la integridad del contexto arqueológico. El hecho de querer adelantar una extracción parcial de objetos, sin un propósito científico claro y sin contar con un laboratorio de conservación, como lo demuestra el pobre plan de manejo arqueológico que acaba de ser divulgado por el ICANH, sugeriría que es una estrategia para borrar evidencias y evitarle a los implicados, que ahora posan de asesores del gobierno, de enfrentar en los tribunales las serias denuncias que pesan en su contra. Las numerosas irregularidades alrededor del galeón San José han sido oportunamente denunciadas, pero los poderosos intereses detrás de este galeón, han conseguido superar tres gobiernos consecutivos.

Desde el año 2015 el galeón San José ha venido siendo portada de diarios y noticia en radio y televisión, de medios nacionales e internacionales. El interés se ha concentrado en el supuesto valor comercial de su carga, que ha pasado de 5 mil a 20 mil millones de dólares. Poco se le ha dedicado a su historia, a los peligros que lo acechan y a su importancia histórica y arqueológica para la humanidad, que incluyendo los gobiernos colombianos de turno, intencionalmente pretenden desconocer.

El galeón San José fue una embarcación de la corona española, que hizo parte de la Flota de Tierra Firme. Su papel, como el del resto de esta flota, era el de traer mercancías de Europa para comercializar en América, en los puertos de Cartagena de Indias y la feria de Portobelo en Panamá. A cambio, como resultado de estas negociaciones comerciales, los barcos regresaban a España cargados de plata y oro, proveniente de Bolivia, perlas extraídas del Pacífico panameño y esmeraldas colombianas, además de los menajes y joyas de los pasajeros que hacían el tornaviaje a la península ibérica. Esto los hacía un objetivo prioritario de piratas, corsarios y armadas de países enemigos. Por supuesto su fin era el de capturar los barcos, hacerse a sus caudales y tomar prisioneros para negociar su rescate. En el caso del San José, en medio de confusas circunstancias, 600 pasajeros y tripulantes, con el galeón cargado como un féretro enorme, terminó hundido en inmediaciones de las islas del Rosario, sin conseguir llegar a salvo al puerto de Cartagena de Indias, en junio de 1708.

A partir de ese momento, el galeón San José ha despertado la codicia de políticos y cazatesoros, que han querido buscarlo y saquear su contenido, con el único propósito de comercializar su carga. Desde 1979 Colombia le ha dado permiso a empresas de cazatesoros para buscar este galeón. La sociedad Glocca Morra Company fue la primera empresa que dijo haber encontrado el fabuloso naufragio en marzo de 1982. Al año siguiente esta empresa le cedió los derechos a Sea Search Armada, otra empresa de cazatesoros que sigue operando en el mundo. En este mismo año, 1983, el Estado colombiano firma un acuerdo con Columbus Exploration Limited y Columbus America Discovery Group, tratando de sacar del negocio a la empresa anterior. Para 1988, en un nuevo intento de los políticos colombianos para saquear el galeón, se adelantaron negociaciones con cazatesoros suecos que, por fortuna, no llegaron a concretarse. Finalmente fue el expresidente Santos quien hábilmente promovió la Ley 1675 de 2013, y su decreto reglamentario, para saquear el Galeón San José que, no es coincidencia, se anunció su hallazgo en 2015 , como parte de un complejo entramado político y privado para facilitar que una empresa de cazatesoros recién creada, Maritime Archaelogy Consultants Switzerland AG (MAC), se le adjudicase, sin licitación alguna, la búsqueda del galeón San José. Esta empresa hace parte de una operación global a cargo de Ocean Infinity Group Ltd, dirigida por Anthony Clake, que ayuda a numerosos millonarios a encontrar ingeniosos refugios para su capital. Uno de esos refugios es la búsqueda de naufragios con compañías variadas que, mediante trucos de contabilidad, alivian a los más ricos de pagar sus impuestos. Se trata de una práctica que ya está en los ojos de los inspectores de impuestos británicos. La otra práctica de estas empresas, documentada en otros naufragios, es la de trasladar una pequeña colección de objetos a lo que ellos denominan “almacenamiento húmedo”, es decir, a un lugar en las inmediaciones que no pueda ser detectado, como fue documentado en el 2017 con el SS Mantola, al que se le retiraron una cantidad sustancial de barras de plata que no dejaron rastro alguno. La investigación asociada con la fuente opaca de ingresos que maneja esta compañía, se develó recientemente por periodistas e investigadores de Businessweek (ver https://www.bloomberg.com/features/2023-deep-sea-treasure-hunter-hedge-funds/?embedded-checkout=true).

Esta empresa de cazatesoros contrató los servicios del cubano-americano Roger Dooley, un saqueador de pecios que ha hecho su fortuna trabajando para diferentes empresas que trafican con patrimonio cultural sumergido alrededor del mundo. El expresidente Santos lo graduó como “arqueólogo” y lo presentó como el gran especialista en el tema. Tanto es su poder que consiguió que este personaje se reuniera durante los primeros días de gobierno con el presidente Gustavo Petro, buscando retomar el plan original, que se viene reviviendo desde el ICANH y el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, con el apoyo de la Armada Nacional y la Dirección General Marítima.

Del pálido gobierno de la economía naranja, podemos rescatar la declaratoria del naufragio como Bien de Interés Cultural, en enero de 2020, protegiéndolo de cualquier intervención que tenga objetivos comerciales. Sin embargo, hay un detalle muy importante que ha pasado por alto y al que las autoridades colombianas le han querido restar importancia (por no decir ocultar): la posible intervención ilegal sobre el galeón San José, a manos de MAC, durante la campaña de 2016. Esta empresa contaba con un permiso de exploración, que en ningún momento les permitía la intervención del contexto arqueológico, toda vez que una actuación directa sobre el naufragio, corresponde a una actividad destructiva e irreversible. Aunque la información geofísica y fotográfica de MAC no la tiene el Estado colombiano, alguna de ella estuvo disponible en el portal del Ministerio de Cultura y pudimos acceder a ella y estudiarla, confirmando que el contexto presentaba cambios evidentes y, en ese sentido, se había perfeccionado un posible delito.

Con el apoyo del colega Rodrigo Pacheco Ruiz, especialista en arqueología de profundidad, coinvestigador del Maritime Archaeology Project en el Mar Negro, que entre sus muchos logros estuvo el de documentar, sin intrusión, un naufragio griego a 2000 m de profundidad, se hizo la tarea de revisar la escasa información disponible, pero suficiente para caracterizar la escena de un posible crimen. (detalles https://www.youtube.com/watch?v=IYVl5kD65uY&t=1s)

El análisis del Dr. Pacheco tuvo como base dos fuentes de información, por un lado los datos obtenidos en 2015, del sonar de barrido lateral, que mostraban un panorama amplio del galeón San José, además de cuatro fotografías en alta resolución, que se habían usado para anunciar su hallazgo. La otra fuente de información que permitía contrastar esa evidencia, correspondía al ortomosaico realizado por MAC en su operación sobre el naufragio en el 2016. La evaluación de los datos es contundente.

En tres de las cuatro fotos de detalle, no se identifican cambios sustanciales en la superficie del fondo marino, lo que demuestra su equilibrio. Algunos de esos cambios se relacionan con la posición de la cámara que nos ofrece una perspectiva diferente. Sin embargo, en una de las fotos se observan cambios más drásticos, que no pueden ser resultado de la actividad biológica. La exposición de artefactos en el ortomosaico del 2016, que estaban semi enterrados en el 2015, dan cuenta de una eventual intervención.

Detalle del galeón San José en donde se aprecia la exposición del color de la superficie de una botija que estuvo bajo el sedimento, sin llegar a adquirir la pátina que se forma por su exposición directa durante tres siglos.

El dato más contundente resulta de comparar la imagen del sonar de barrido lateral, que emite ondas acústicas, como un murciélago, y recibe anomalías acústicas que nos ofrecen una imagen en dos dimensiones del fondo marino. Sin embargo, los cambios evidentes en las alturas del fondo marino se ven reflejados en esta imagen del sonar, en forma de sombra acústica. Esa sombra indica una sobreelevación de esta sección del naufragio, que en el ortomosaico del 2016 no existe. Un cambio drástico en el contexto arqueológico que no tiene explicación natural alguna, salvo la posible intrusión ilegal al pecio, cuyos resultados desconocemos. Incluso es evidente la diferencia en los colores de los sedimentos en la sección intervenida. Como en otras experiencias de este sofisticado grupo de cazatesoros, es posible que se hayan retirado algunos artefactos para reservarlos en húmedo en futuras operaciones, sin que todas las autoridades colombianas de turno, hubiesen estado al tanto de ello.

Por tales motivos la Veeduría Nacional para el Control Social del Patrimonio Cultural Sumergido, en cabeza de Francisco Muñoz, presentó una denuncia penal en enero de 2021, ante la Fiscalía General de la Nación, por el presunto saqueo del galeón San José, que no ha prosperado. Sorpresivamente distintos funcionarios, adscritos al ICANH, al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes , la Armada Nacional, la DIMAR y la Agencia para la Defensa Jurídica del Estado, sin pruebas técnicas, han insistido en la integridad del contexto arqueológico. El hecho de querer adelantar una extracción parcial de objetos, sin un propósito científico claro y sin contar con un laboratorio de conservación, como lo demuestra el pobre plan de manejo arqueológico que acaba de ser divulgado por el ICANH, sugeriría que es una estrategia para borrar evidencias y evitarle a los implicados, que ahora posan de asesores del gobierno, de enfrentar en los tribunales las serias denuncias que pesan en su contra. Las numerosas irregularidades alrededor del galeón San José han sido oportunamente denunciadas, pero los poderosos intereses detrás de este galeón, han conseguido superar tres gobiernos consecutivos.