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En la obra tienen un papel de primer orden María del Socorro Martínez, Olga Cristancho y Claudia Carrasquilla, tres mujeres determinantes para que las denuncias de la víctima llegaran tanto a la Fiscalía General de la Nación como a la opinión pública. Nombradas por el arzobispo Óscar Urbina, las dos primeras, Martínez y Cristancho, hicieron parte, en Villavicencio, de una comisión arquidiocesana para el cuidado de los niños, niñas y adolescentes hasta que fueron excluidas arbitrariamente de la investigación. Carrasquilla es la actual abogada de Pedro, cuyo expediente, sin mayores avances, reposa actualmente en poder de Claudia Piedad González, directora de la Unidad de Infancia y Adolescencia de la Fiscalía, mientras se intensifican las amenazas contra la vida de la víctima.
Fruto de su investigación, Barrientos llegó a la conclusión de que fueron al menos 38 los sacerdotes de la arquidiócesis de Villavicencio involucrados en los abusos contra Pedro en un periodo de 20 años. Uno de los abusadores, Cristobal de Jesús Puertas, ya había sido denunciado en Miami, en 2010, por otro caso; e incluso se había visto obligado a llegar a un millonario acuerdo con el sobreviviente. Sin embargo, tal y como lo demuestra el periodista, en la última década, el sacerdote regresó a Villavicencio y fue asignado por el actual arzobispo, al menos, a tres parroquias, configurándose así un caso de encubrimiento eclesiástico.
“A pesar de que Urbina conocía las acusaciones contra este sacerdote, lo siguió pasando de parroquia en parroquia sin informar en su momento a las comunidades o a las autoridades civiles”, sostiene el periodista. El hecho emparenta el sistema de encubrimiento de la Iglesia católica en la capital del Meta con lo que viene ocurriendo también en Medellín, bajo el gobierno eclesiástico del arzobispo Ricardo Tobón. En Dejad que los niños vengan a mí, su primer libro, Barrientos ya había explicado cómo el actual arzobispo de Medellín dio su visto bueno para que el padre Roberto Cadavid Arroyave, un sacerdote suspendido ad cautelam del ministerio sacerdotal en 2012, se incorporara a la diócesis estadounidense de Brooklyn, a pesar de las denuncias sobre pederastia que pesaban sobre sus hombros. Hecho que, tras ser descubierto en 2017, llevó a que Nicholas Anthony DiMarzio, arzobispo de dicha jurisdicción eclesiástica, denunciara a Tobón ante la Congregación para la Doctrina de la fe.
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Entre el cúmulo de denuncias resulta particularmente grave una que involucra al arzobispo de Bogotá, Luis José Rueda, actual presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, por nombrar como párroco de Nuestra Señora de Belén, en el barrio Egipto, a un misionero llamado Oswaldo Jaramillo Osorio, señalado también por Pedro como integrante de la red de explotación sexual sacada a la luz por sus denuncias. Además hay una referencia por parte del periodista Juan Pablo Barrientos a un caso de encubrimiento que, según este, involucra al cardenal Rubén Salazar y “al pederasta Nelson William Montes Lizarazo, quien abusó de una niña desde los diez años hasta que la dejó en embarazo a los quince”. Según Barrientos, el purpurado “autorizó y recomendó al pederasta para que trabajara en la Diócesis de San Carlos en Venezuela”, a pesar de que, al menos desde 2008, ya se tenía conocimiento en la Curia del comportamiento del sacerdote.
Sobre ambos casos quise consultar directamente a la Arquidiócesis de Bogotá. Sin embargo, no fue posible acceder a una entrevista con el actual responsable de la entidad. Quien sí se pronunció fue Luis Manuel Alí, obispo auxiliar, encargado de la Oficina para el Buen Trato. Este último manifestó que la Arquidiócesis ha hecho indagaciones sobre Oswaldo Jaramillo, pero que no tiene conocimiento, hasta el momento, de ninguna investigación eclesiástica ni civil abierta contra el misionero. Según Alí, en caso de recibir alguna acusación de forma directa, la misma Arquidiócesis de Bogotá denunciaría civilmente al religioso.
Sobre el caso de Nelson William Montes, el prelado dijo que “hubo situaciones que no fueron claras en la manera como se manejaron esas informaciones”, motivo por el cual, según él, el caso fue revisado nuevamente en 2017, hasta que el sacerdote recibió la máxima pena canónica, esto es, la expulsión del estado clerical. “Fueron muchos años que se dejó pasar esa situación”, añadió Alí. “Esperamos no reaccionar de una manera tan lenta ante esas situaciones, sino de manera más expedita cada vez más”.
“Las elegidas”
“Acá ustedes no tienen nada que hacer”, les dijo a María del Socorro Martínez y a Olga Cristancho monseñor Darío Álvarez Botero, uno de los enviados del Tribunal Eclesiástico de Apelación. A su lado, con igual arrogancia, según recuerdan las abogadas, se encontraba el padre Francisco Niño, el otro enviado.
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Martínez y Cristancho renunciaron irrevocablemente a la comisión arquidiocesana en la que habían tenido conocimiento de la historia de Pedro, en rechazo al maltrato recibido desde su primer encuentro con ambos sacerdotes. Y enviaron cartas de protesta por lo ocurrido al papa Francisco y al nuncio apostólico, Luis Mariano Montemayor, sosteniendo que la incorporación de dichos sacerdotes a la investigación estaba plagada de irregularidades, al punto que estas habían configurado, de hecho, una usurpación de las funciones que ellas venían desempeñando.
Sin Martínez y sin Cristancho las denuncias del sobreviviente no hubieran sido atendidas. Tampoco estas hubieran llegado a conocimiento de la Fiscalía, que el 12 de abril de 2020 efectuó una inspección judicial en las instalaciones de la curia arquidiocesana de Villavicencio, un hecho sin precedentes. Sin la acción diligente de ambas abogadas, tampoco se hubieran presentado las suspensiones proferidas por el arzobispo contra la mayoría de los sacerdotes involucrados, según la víctima, en la red de explotación sexual de la que él se vio preso siendo todavía menor de edad. Con razón el periodista Juan Pablo Barrientos sostiene que “la inclusión de las mujeres en la estructura de poder de la Iglesia católica es uno de los elementos clave para que el abuso sexual a menores de edad disminuya”.
De ahí que resulte tan grave la exclusión de ambas profesionales de la investigación eclesiástica sobre el caso más aberrante sobre abuso sexual conocido dentro del clero colombiano. Como resulta escandaloso, a la luz de los datos reunidos por Barrientos, el hecho de que mucha información que reposaba desde hacía muchos años en los archivos de la Arquidiócesis de Villavicencio y que hubiera podido servir para evitar la repetición de formas de violencia sexual contra menores de edad fue mantenida en secreto por los últimos tres arzobispos de la jurisdicción eclesiástica: Alfonso Cabezas, Octavio Ruiz y Óscar Urbina.
Se sabe ahora, incluso, que, a pesar de que la Iglesia católica había encontrado responsable de abusos contra menores a José Ignacio Galeano, uno de los sacerdotes involucrados en la red criminal de explotación sexual contra Pedro y otras personas, aquello nunca fue informado a las autoridades colombianas. Lo que lleva a pensar que en cualquier lugar del país puede estar acechando alguien cuya condición de abusador no era un secreto para sus superiores.
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La historia se repite. Entre un libro y otro, Juan Pablo Barrientos ha llegado a la conclusión de que Ricardo Tobón y Óscar Urbina, respectivamente arzobispos de Medellín y de Villavicencio, son también “los dos arzobispos con más denuncias conocidas por encubrimiento a curas pederastas hasta el momento”. Con un agravante que debe ser esclarecido por las autoridades. Cito al autor de Este es el cordero de Dios: “Urbina es el primer arzobispo de Colombia que es denunciado por abuso sexual a menor de edad”.
* Nombre cambiado por cuestiones de seguridad.